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El monopolio Flecha Bus ya no logra esconder sus vicios
Apriete que va la marca

[3/08/2010] Después de monopolizar el transporte de pasajeros, los propietarios de Flecha Bus (y una docena de firmas que ya absorbieron) se propusieron mantener a raya a los obreros amedrentándolos con traslados, desmejoras salariales o despidos. Algunos se hartaron de las arbitrariedades y rompieron el silencio.

En diálogo con la revista “Análisis” sostuvieron que un triángulo de empresarios, funcionarios y gremialistas empaña la transparencia que exige el servicio, permite la adulteración de documentos, pone en riesgo numerosas vidas y mina derechos laborales. Afirmaron que a los choferes que deben descansar un mínimo de 12 horas no les dan siquiera dos horas, sólo para pagarles menos. Una ruptura sindical y un atentado con bombas molotov en Paraná le corrieron la cortina a un estado de tensión que permanecía acallado por la patronal. Al polémico monopolio de los Derudder se suma la embestida del correntino Juan Carlos Romero en el transporte urbano con ERSA.

Trabajadores del transporte consultados por “Análisis” en Paraná, incluidos choferes de ómnibus de larga distancia, empleados de boleterías, mecánicos, coincidieron en reprocharle a la firma Flecha Bus el incumplimiento de las normas laborales en forma permanente y la puesta en peligro de miles de pasajeros.

Adjudicaron a los empresarios haber tomado la coerción como un hábito, y señalaron que la patronal se aprovecha de un silencio naturalizado, ya que adopta medidas arbitrarias, dijeron, con modificaciones en las condiciones laborales sin dar explicaciones, o con amenazas directas de despidos para que sirvan de escarmiento.

Así, genera un lógico temor en muchos trabajadores a perder su fuente laboral o padecer la disminución de sus ingresos.

Los trabajadores dijeron que los incumplimientos de leyes laborales y de seguridad no deben tomarse como excepciones sino que es la norma, y se nota más en Flecha Bus porque es una firma que monopoliza muchos servicios (suponen que en el país tiene más de 2.500 trabajadores y 1.300 coches), pero también ocurre en otras empresas.

Libretas adulteradas

A la vez advirtieron que, en casos de accidentes, los trabajadores se ven perjudicados porque son conminados a adulterar sus libretas. Así, los papeles fraguados salvan a las empresas de sus responsabilidades.

Un sondeo realizado por la revista permitió constatar, por la coincidencia de los testimonios, que muchos choferes viajan sin el descanso que la ley manda, y ellos dicen que la patronal los obliga a modificar las libretas en las que deben registrar horarios y demás, y las posibilidades de resistir a esas exigencias en forma personal son por ahora escasas.

También aseguraron que los organismos obligados al control son parte del problema antes que de la solución, porque no cumplen su función y a veces, cuando actúan, sus procedimientos quedan bajo sospechas de soborno.

Contaron ejemplos extremos, de cómo gerentes de empresas privadas dan órdenes y hasta reprenden por teléfono a inspectores, esto no ya como un problema de Entre Ríos sino de varios puntos del país. “Después de algún accidente fatal controlan una semana, para aparentar”, se escuchó a un chofer en la terminal de Paraná.

Algunos de los consultados no ocultaron sus reclamos también contra la dirigencia sindical de la Unión Tranviarios Automotor –UTA-.

Dijeron que la situación del sector es inquietante y que a este estado no se pudo llegar sin connivencia de los gobiernos y algunos sindicalistas de viejos vicios.

En otras palabras, acusaron a ciertos gremialistas de arreglar con la patronal, e incluso de perseguir a obreros. Y como respuesta resolvieron organizarse en un nuevo gremio, la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA-CTA).

Patotas y fuego

Como una demostración del estado de cosas, el mismo día en que se debían reunir para conformar la delegación Entre Ríos de la UCRA, en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos –CTA- de Paraná, esa casa de la calle Tucumán recibió a la madrugada un atentado con bombas molotov que destruyó las puertas, y pudo provocar un desastre si no fuera por la intervención inmediata de vecinos que vieron el fuego y llamaron a la policía que tiene su sede provincial a 50 metros de allí. En las puertas aún se ven los efectos del incendio. Una cosa parecida había ocurrido meses atrás en la sede Tucumán de la UCRA.

El secretario general de CTA Paraná, Ricardo Sánchez, dijo que esperan que la investigación prospere en la Justicia provincial, y que por ahora no poseen pruebas de las razones del atentado o de los responsables, pero el pasado miércoles 7 de julio la única actividad que tenían prevista en esa Casa, y que habían divulgado, era la constitución de la UCRA, cuyo secretario general en Entre Ríos es el ex futbolista Sebastián Brites.

“Es grave, en un marco democrático nos retrotrae a épocas nefastas, es un accionar mafioso, netamente”, dijo Ricardo Sánchez. “Podemos tener diferencias metodológicas, ideológicas, pero no dirimirlas de esta manera, esto es un atentado que simboliza el desprecio de algunos sectores contra la construcción de nuevas organizaciones sindicales, un desprecio a los trabajadores”, insistió.

Con la boca abierta

Más allá de los asuntos gremiales, en los que se encuentra voces coincidentes sobre violaciones diversas al Convenio Colectivo (con perjuicios no sólo para los obreros sino también para los pasajeros), algunos trabajadores consultados afirmaron que si los choferes argentinos y los empelados de las boleterías pudieran decir la verdad de lo que conocen, y de lo que muchas veces se ven obligados a hacer bajo presión patronal y ante la ausencia del Estado que no los ampara (ellos consideran que muchos funcionarios están en connivencia con la patronal); en síntesis, si pudieran abrir la boca, la ciudadanía “quedaría con la boca abierta”.

Y no sólo por el estado del servicio sino también por la forma en que algunos empresarios (como por caso los Derudder) construyeron su imperio.

¿Qué es eso de la boca abierta?, preguntó ANÁLISIS, y las respuestas apuntaron a los inicios de la expansión de alguna firma, con viajes con apenas dos o tres pasajeros, mientras las planillas indicaban que el ómnibus estaba repleto.

Los obreros aseguraron que en los últimos años perdieron incluso el derecho básico a la libertad de expresión, reconocieron su hartazgo, y denunciaron numerosas medidas que consideraron verdaderos “aprietes” de la familia Derudder, propietaria de la mayoría de las empresas del transporte en virtud de la concentración de la propiedad ocurrida en los últimos 15 años.

* Extracto de la nota del periodista Daniel Tirso Fiorotto, de la Revista “Análisis” de Paraná. Para leer la nota completa clikee aquí.

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