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Juicio de Campo de Mayo
“El objetivo del genocidio fue destruir un modelo de organización sindical”

[4/02/2010] Por Carlos Saglul. Declararon el martes los últimos testigos del Juicio por los crímenes en Campo de Mayo. Fue el turno de Claudia Belingeri, integrante de la Comisión Provincial por la Memoría, quien aportó amplia documentación y Víctor De Gennaro, referente histórico de la CTA quien subrayó la complicidad del poder económico con el genocidio, que tuvo como objetivo “instalar un modelo económico contrario a los intereses de los trabajadores y las mayorías populares”.

El doctor Luis Bonomi, abogado de los organismos de derechos humanos explicó a ACTA que lo central del testimonio de Claudia Belingeri fue la documentación que aportó sobre el accionar de los organismos de inteligencia. Trajo testimonios que van de 1956 a 1998. Caído Perón se comienza a organizar desde el poder un mapa de como se va gestando la organización popular.

Según el testimonio de Belingeri, para establecer a quien había que secuestrar se crearon tres mesas de trabajo. Estaban dedicadas a los trabajadores, los estudiantes y la Iglesia. “Lo que más les preocupaba era la organización sindical”.

En este último aspecto, Bonomi señaló que “fue central el testimonio de Víctor de Gennaro. El dirigente de la CTA explicó que después del 55 se dieron cuenta que no alcanzaba con meter presos a los dirigentes obreros combativos, había que calar más hondo: era necesario destruir a las comisiones internas de las fábricas, porque allí estaba el corazón de la organización de los trabajadores”.

Según Bonomi, “De Gennaro se cuidó que quedara claro de que el golpe de Estado del ’76 tenía por objetivo un fin económico y sus ideólogos no fueron otros que los grandes empresarios aliados al imperialismo y el capital transnacional”.

Este proceso acumula cuatro causas en las que se encuentran imputados: Santiago Omar Riveros (comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Fernando Exequiel Verplaetsen (jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo); Jorge Osvaldo García (director de la escuela de infantería de Campo de Mayo). Cabe recordar que los tres acusados ya fueron condenados por el mismo tribunal en agosto pasado a las penas de prisión perpetua, 25 y 18 años de prisión respectivamente, en el juicio por la muerte de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra de Avellaneda.

También están imputados Reynaldo Benito Bignone (segundo comandante del Comando de Institutos Militares en 1977); Eugenio Guañabens Perelló (director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate “General Lemos”); Carlos Alberto Tepedino (jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito durante el año 1978) y Germán A. Montenegro (comisario de la Comisaría de Bella Vista en 1977).

Los delitos que se les imputan son: allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, durante los años 1976 a 1978, ocurridos en el Centro Clandestino de detención de Campo de Mayo.

Complicidad de los grupos económicos

Uno de los ejemplos más claros de la complicidad empresaria en el genocidio que recordó De Gennaro fue el caso de la empresa Mecedes Benz que tenía un centro clandestino de detención y torturas propio, donde eran secuestrados sus delegados. Héctor Rato, trabajador de la empresa, escuchó como los directivos daban las direcciones de los obreros que había que desaparecer. “El torturador Lavayen, encargado de picanear a los trabajadores, fue nombrado poco después jefe de Recursos Humanos de la empresa. Uno de los gerentes de la compañía fue denunciado por la apropiación de dos niños, hijos de desaparecidos".

La conducción del SMATA a cargo del recientemente fallecido José Rodríguez, llegó a acordar con la empresa alemana en 1975 que el uno por ciento de la venta de cada coche sería destinado a la erradicación de elementos indeseables, esto es la denominada “guerrilla industrial”.

De Gennaro también se refirió al caso de Astilleros Astarsa donde fue barrida la comisión interna y de la ex Dálmine donde sucedió algo similar. El abogado de la querella señalo que “quedó claro que por un lado estaba la burocracia sindical, como siempre aliada a las patronales y por el otro, los dirigentes combativos y las comisiones internas que -segun el terrorismo de estado- había que desaparecer”.

"Lo nuevo era que esta vez, los cambios que pensaban llevar adelante en el país eran tan terribles que no bastaba con comprar algunos dirigentes y matar otros", apuntó De Gennaro. "Había que terminar con toda forma de organización popular, romper con todo nexo solidario. Después de la masacre los índices de desocupación y pobreza crecen como nunca en la Argentina", indicó el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA.

De acuerdo a lo señalado por Bonomi, “para marzo esperamos tener las sentencias”. Se cerrará así un capítulo de la investigación y el juicio sobre lo sucedido en el mayor campo de concentración de la dictadura militar que se inicio en marzo de 1976, pero quedarán asignaturas pendientes. La más importante, según se desprende de los testimonios de De Gennaro y otros testigos de este juicio: sentar en el banquillo a los autores intelectuales del genocidio, los que hicieron las listas, aquellos que hoy gozan de una riqueza cuya construcción se amparó en una de las grandes masacres de la historia argentina".

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