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Emotivo testimonio de Peidro en el juicio ABO

[24/02/2010] Por Gonzalo Basile. El secretario de Derechos Humanos de la CTA, Ricardo Peidro, declaró el lunes pasado en los Tribunales de Comodoro Py en la causa sobre el campo de concentración Club Atlético-El Banco-Olimpo -conocida como ABO- como sobreviviente, ex detenido-desaparecido, que en mayo del año 1977 estuvo en el Club Atlético dependiente del Primer Cuerpo del Ejército.

Dicha causa tiene procesados a los genocidas participes del Terrorismo de Estado implantado por la última dictadura militar donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a diecisiete imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas. Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica ya que se encuentra en libertad y el torturador Julio Simón, alias “Turco Julián”, entre otros genocidas.

La declaración a sala completa fue con la presencia además de familiares de Peidro junto a militantes de la CTA, quienes estuvieron acompañados por representantes de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de Hermanos, del Instituto de Espacio para la Memoria (IEM) junto a delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), de la Agrupación Germán Abdala de La Boca (ATGA-CTA) y miembros de la conducción de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA).

También se contaba con la presencia de la mayoría de los represores genocidas juzgados en el TOF2 como el "Turco Julían" Julio Simon, entre otros.

Ricardo Peidro fue secuestrado con su compañera en el año 1977 a partir de su militancia en la Tendencia Revolucionaria de la Juventud Peronista(JP). Luego estuvo en el exilio durante el año 1978. También declaró en la misma causa su compañera Gabriela Funes, militante de derechos humanos y trabajadora del INDEC actualmente.

Frente al relato exhaustivo de más de una hora sobre los hechos del secuestro, tortura y detención junto con las características del campo de concentración del Club Atlético, Peidro, en uno de los momentos más emotivos resaltó que "lo que teníamos en común todos los que estábamos en esta situación era ser militantes populares, lo cual sin duda marca que la política criminal tenía el objetivo de eliminar a un colectivo de la sociedad civil identificado como opositor al régimen y al modelo socio-económico imperante".

Para el secretario general de AAPM "buscaban claramente quebrarnos, pero no lo lograron. La resistencia de los compañeros y compañeras en el campo de concentración a pesar de las torturas, las vejaciones y humillaciones, los exilios internos y externos y la lucha de los trabajadores, fueron claves para que muchos de los sobrevivientes siguieran militando y este esfuerzo hizo que pudieramos dar testimonio para llegar a estos juicios en busca de la verdad y la justicia".

Y agregó: "El objetivo final era quebrarnos ya que todo el país era un gran campo de concentración. Pero entramos a esos campos de extermino militantes, y salimos militantes".

Por su parte, Gabriela Funes resaltó que "las dimensiones de los campos de concentración implicaban incluso que uno no era consciente de que un ser humano podía hacer las cosas que hacían los represores y genocidas en estos contextos".

En la declaración tanto de Peidro como de Funes se hizo hincapié en los militantes vistos en el campo de concentración y que aún continúan desaparecidos como: "Rubén Medina, Roxana Giovanoni, Leder (padre e hijo) y el militante uruguayo Gustavo Isaurralde también víctima de la Operación Cóndor, quien fue detenido en Paraguay trasladado a la Argentina y a la espera de que los militares uruguayos lo interrogaran".

"Desde la Central de Trabajadores de la Argentina nos reivindicamos como herederos de nuestros compañeros y compañeras que soñaron con otro país y que, a pesar de la muerte y la desaparición instalada desde el Terrorismo de Estado, siguen siendo parte nuestra", subrayó Peidro. Y añadió: "Aunados en su proyecto, en sus sueños y en su militancia seguimos necesitando la consolidación de la clase trabajadora como sujeto político de transformación hacia la liberación de nuestro país. Básicamente, el terror fue parte de la instalación de un proyecto económico que aún regula la vida cotidiana de los trabajadores; desindustrialización, inédito endeudamiento externo, concentración y extranjerización económica; esto gestó las condiciones para el aumento del desempleo, la precarización laboral y la expansión de la pobreza".

A su juicio, "no debemos caer en una trampa cultural y simbólica del propio poder: las denuncias únicamente de la desaparición y la tortura tienden a invisibilizar la resistencia y la lucha popular en el camino de la construcción de una sociedad justa y coloca a los compañeros sólo en el lugar de víctimas. Como si cada uno de los compañeros/ as que atravesamos el proceso sufriendo exilios internos o externos, cárcel o desaparición nos definiéramos exclusivamente como ex exiliados, ex presos o ex detenidos desaparecidos, cuando lo que nos define es nuestra identidad de militantes populares y no la foto de un momento histórico".

Peidro indicó que "debemos trabajar sobre la concepción de los derechos humanos no ya sólo ligados a los derechos civiles y políticos o de Memoria, Verdad y Justicia, sino desde una perspectiva integral y de ciudadanía universal hacia la región priorizando en esta etapa los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Trabajo, la Seguridad Social y Salud, Educación, Trabajo, Niñez, Pueblos Originarios y su lucha por las tierras con el Convenio 169 de OIT, Género, Juventud, entre otros. Es una trampa del sistema social vigente y del neoliberalismo tardío capturarnos sólo en que los derechos humanos radican en el terrorismo de Estado excluyendo los derechos sociales, económicos y ecológicos".

Por último, el Coordinador Nacional de la Constituyente Social afirmó: "Los 30.000 compañeros secuestrados y asesinados bajo la perversa figura de la desaparición no fueron el único saldo de la dictadura. Lo fue también la destrucción de miles de experiencias organizativas que construían un país más justo, la desarticulación de un proyecto de liberación nacional y la instalación, a partir de las políticas del neoliberalismo, de una matriz económica, política y cultural de profunda desigualdad vigente aún. De todas formas estos 30 años nos sitúan en un escenario diferente. Muchos de los responsables políticos-militares están presos estableciendo un antecedente histórico, aunque aún no hemos tenido el poder de juzgar a los responsables económicos que hoy siguen acumulando la riqueza que producen los trabajadores".

El caso

En la causa ABO diez de los imputados son de la Policía Federal, entre ellos el principal Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”, de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en un caso de protección de prostíbulos; el oficial Ricardo Taddei, alias “Padre” o “Cura”, detenido en 2006 en Madrid y extraditado desde España, donde vivió veinte años; el subcomisario Samuel Miara, alias “Cobani”, condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa; el suboficial Simón, que va en busca de su tercera condena; y el guardia Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”, por su destreza en las artes marciales.

Los últimos tres son investigados en primera instancia por abusos sexuales denunciados por sobrevivientes.

Acompañarán a los policías un agente del Servicio Penitenciario Federal, dos oficiales superiores de Gendarmería responsables de la seguridad de los centros clandestinos y los traslados a Campo de Mayo, y cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde se procesaba la información obtenida en las mesas de torturas y se ordenaban nuevos secuestros: su ex jefe, el coronel Carlos Alberto Roque Tepedino; el agente civil Raúl Guglielminetti, famoso por su eficacia en secuestros extorsivos a principios de los ‘80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín; el capitán Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, condenado en Neuquén por su actuación como jefe del Destacamento de Inteligencia 182.

Gómez Arenas será juzgado esta vez como segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Viamonte y Callao.

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