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Movilidad jubilatoria
Iturraspe presentó un proyecto de Reforma Previsional

[30/03/2010] La secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA bonaerense y diputada nacional por el Instrumento Electoral, Graciela Iturraspe, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que promueve una profunda reforma del Sistema Previsional en la Argentina. Establece el tan ansiado 82 por ciento móvil para las jubilaciones, y criterios de solidaridad y universalidad para nuestros viejos.

El proyecto fue promovido por la Secretaría de Previsión Social de la CTA, la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FeTraJub-CTA), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA), la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apedfa-CTA) y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

Tras finalizar con la prolongada tarea previa a la presentación del texto, Iturraspe destacó que "habría que resaltar que esta es una nueva ley, no seguimos emparchando la de Menem. Se plantea reestablecer el cálculo inicial del haber de una persona que se jubila, promediando los tres mejores sueldos de los últimos 10 años, reemplazando el calculo actual que perversamente logra que el primer haber sea del 52 % de lo que esa persona cobraba en actividad. Lo cual redunda en un envejecimiento de las plantas laborales sin abrir posibilidades a la juventud".

Añadió que "también transforma la figura jurídica de la ANSES, convirtiéndola en un instituto publico no estatal, conducido por los trabajadores en actividad y los jubilados, con representación del Estado".

Cabe destacar que este proyecto "es fruto del trabajo colectivo de más de un año y medio de trabajadores de la ANSES, del IPS, y jubilados organizados en distintos centros y federaciones con el aporte técnico y militante del doctor Horacio González", concluyó Iturraspe.

Concentración frente al Congreso

Las organizaciones de jubilados y pensionados de la CTA, patrocinantes de este proyecto de Ley Previsional, han convocado a la concentración que, en el marco de la Marcha 939 de los jubilados, se realizará el miércoles 7 de abril, a las 15, frente al Congreso Nacional.

La manifestación será para reclamar el tratamiento y en apoyo al proyecto de nueva Ley Previsional que con la colaboración del doctor Horacio González fuera presentado por la diputada nacional Graciela Iturraspe y apoyado por 13 legisladores, con número de presentación 1418D2010, dando inicio a una campaña nacional para lograr su sanción.

Fundamentos de una nueva Ley Previsional

"Nuestra propuesta de una nueva ley previsional se apoya en los principios y derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la OIT, en particular, en la denominada norma mínima de la seguridad social, el Convenio 102, que hasta la fecha no fue ratificado por nuestro país.

Hasta la reforma estructural que dio nacimiento, en 1994, a la ley 24241 regían a nivel nacional, en la Argentina, las leyes 18037 y 18038 que garantizaba a los trabajadores un beneficio definido dentro de un sistema de reparto que oscilaba, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, entre un 70 a un 82 % del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los tres años calendarios más favorables de los últimos diez años anteriores al año de cesación en los servicios; a su vez los haberes eran móviles en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones. Simultáneamente los trabajadores del Estado Nacional, provinciales y Municipales tenían regímenes que les garantizaban un haber de hasta el 82% móvil del sueldo, conforme el cargo desempeñado en actividad.

La reforma de los sistemas de protección social destruyó los distintos regímenes de seguridad social, no solo los nacionales, sino, también, las cajas provinciales que fueron transferidas a la ANSES, transformando la mayoría de los derechos sociales en mínimos asistenciales.

En todos los casos el principio rector fue la privatización y la desregulación de las prestaciones de la seguridad social. Formaba parte de la estrategia aprobada por el Consenso de Washington, impulsada por el Banco Mundial, de entregar al mercado las prestaciones que el Estado tenía que dejar de brindar.

Una política regresiva en materia de derechos de los trabajadores y de abandono de su responsabilidad constitucional por parte del Estado, acompaña todo ese período de nuestra historia.

Consideramos que hoy es el momento para presentar a la discusión de la sociedad, de las distintas instituciones sociales, políticas y económicas, las bases y principios sobre los cuales organizar la seguridad social para las futuras generaciones de trabajadores.

El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional es el punto de partida de una seguridad social que contemple el rol del Estado, no solo como garante del sistema sino, también, como sostén del mismo, instrumento fundamental para la redistribución de la riqueza. Ello, a través, del carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social, el seguro social obligatorio, a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía económica y financiera, la administración por los interesados, con participación del Estado, la movilidad de las jubilaciones y pensiones, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Esta norma constitucional corresponde leerla en clave con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y los convenios internacionales de la OIT.

Para la elaboración de una nueva ley se tiene en cuenta, también, las directivas dadas al legislador ordinario por el constituyente en el artículo 75 incisos 2 y 8 (distribución equitativa y solidaria de los recursos), 19 (desarrollo humano, progreso económico con justicia social), 23 (legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad).

Por todo ello, el proyecto de ley que se presenta ampara a todas las personas contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Se establecen diferentes niveles de cobertura para todos los miembros de la sociedad, el derecho a los beneficios derivados del seguro social que se suma a una asignación universal y una prestación proporcional que tiene por objeto mejorar sustancialmente las prestaciones del régimen previsional público.

La subsistencia de la ley 24.241, que creó el régimen de capitalización individual, como sistema central del régimen previsional, no es compatible con los lineamientos constitucionales enunciados por lo que se propone su derogación y reemplazo por el presente proyecto de ley.


Informe: Corresponsalía Buenos Aires

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