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Triunfo de la lucha popular [29/07/2010] Por resolución de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, los fiscales deberán pedir la intervención del Asesor de Incapaces y de defensores. Esto se desprende de la resistencia a los desalojos en los barrios populares, como ocurrió en el violento desalojo de Gorina, en donde la CTA y el Foro por los Derechos de la Niñez tuvieron un rol fundamental para relocalizar a las familias.
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, hizo lugar al pedido del Defensor Penal Juvenil de La Plata, Julián Axat, que intervino en representación de los menores de edad en el desalojo que se realizó en la localidad platense de Gorina, y con fecha del 13 de julio, emitió una resolución “en virtud de presuntas infracciones al art. 181 del Código Penal en las que se encuentran involucrados niños y niñas en cada uno de los Departamentos Judiciales de la Provincia, la resolución 1119/2008 dictada por la Defensoría General de la Nación”. Axat, junto al defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganón, pidieron al Ministerio Público Fiscal participar en los procesos de desalojos ante delitos de usurpación de propiedad con el objetivo de garantizar la tutela y defensa de los derechos de los niños. Esto compromete a los fiscales, defensores, municipios y a la provincia, para que, en caso de desalojos, busquen soluciones habitacionales para las familias. Javier Frías, abogado de la CTA provincia de Buenos Aires y del Foro por los Derechos de la Niñez, señaló que "es una disposición saludable por cuanto pone un freno a todos los atroces desalojos que se vienen ordenando en los últimos tiempos y que priva a las personas de uno de los derechos cruciales para el desarrollo digno, puesto que una vivienda digna y adecuada hace a la esencia misma de la persona”. Para el letrado, se trata de “un paso importante, fruto de una lucha que venimos dando poco a poco distintas organizaciones y funcionarios en la aplicación del nuevo paradigma de niñez. De todas formas, es necesario además que el Fiscal o el Juez que entiendan en una usurpación den vista de la causa a los organismos territoriales de aplicar el sistema de promoción y protección de derechos de los niños, estos son, el Servicio Local y el Servicio Zonal, por mandato del art. 18 y 19 de la ley 13.298 y 18, 19 y 44.1 del decreto 300”. Frías consideró que “con esos organismos actuando en los casos de desalojo junto al Asesor, y dando vista asimismo a las carteras estatales provinciales y municipales que tienen el deber de asergurar una vivienda digna y adecuada como lo manda la Constitución, cumpliendo además con la ley 7165 (que pocos conocen) y con la Observación 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (que pocos aplican), el marco protectorio es posible". Derecho a la viviendaLa resolución judicial considera a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en donde se reconoce “el derecho del niño a la vida y al desarrollo de un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y el correlativo deber estatal de adoptar, en conformidad con el máximo de sus recursos disponibles y en concordancia con el principio rector del interés superior del niño, todas las medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, al vestuario y a la vivienda (art. 27)”. Además, cita al sistema universal de protección de derechos humanos, en donde “el derecho a una vivienda adecuada se encuentra expresamente reconocido en el artículo 11 inc. 1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la protección especial del niño; la Carta de la organización de Estados Americanos, en donde figura el “expreso compromiso en orden de asegurar el acceso al derecho a una vivienda adecuada por parte de todos los sectores de la población”; los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y el art. 36 de la Constitución provincial, en donde se encuentra consagrado el Derecho a la vivienda digna; y el derecho a la protección especial de los niños, reconocido por las leyes de protección integral sobre los derechos de la niñez (26.062 en el ámbito nacional, 13.298, 13.634 en la provincia). La Procuración refiere que “no caben dudas de que los derechos fundamentales de los niños a acceder a una vivienda y a gozar de una protección especial por parte de la familia, de la sociedad y el Estado en razón de su condición de personas en desarrollo, se encuentran gravemente comprometidos en los casos en que, a instancias de un particular o del propio Estado, se adoptan, en el marco de procesos de desalojo y/o de investigación iniciadas en virtud de la presunta comisión del delito de usurpación, medidas tendientes al reintegro de un inmueble, en el que habitan personas menores de edad”. Apela al art. 59 del Código Civil, que establece que “los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación” y el artículo 494 que “son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de los menores e incapaces si en ellos no hubiese intervenido el ministerio de menores”. Con referencia al articulo 23 de la Ley orgánica el Ministerio Público (12.061) establece que “le corresponde al Asesor de Incapaces intervenir en todo asunto judicial o extraoficial que interese a la persona o bienes de los incapaces, tomar contacto inmediato y directo (....) aunque no exista causa judicial en trámite, (...), peticionar en nombre de ellos, por propia iniciativa, cuando carezcan de representantes o existan entre estos y los incapaces conflicto personal u oposición de intereses o resulte necesario para impedir la frustración de los derechos a la vida”. Por los argumentos expuestos, el fallo que lleva la firma de la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia, María del Carmen Falbo, resuelve “instruir a los fiscales y defensores oficiales para que, en el marco de los procesos vinculares con la presunta comisión del delito de usurpación y/o en los procesos de desalojo en los que se dispongan medidas de reintegro del inmueble que puedan afectar los derechos o intereses de personas menores de edad, soliciten (...) la intervención del Asesor de Incapaces, de conformidad con la protección especial que el derecho internacional de los derechos humanos pasó como el derecho constitucional reconocen a personas menores de edad”. Corresponsalía Buenos Aires. También en Secundarias Comunicado conjunto de la Lista 1 y la Lista 10 En la tarde de ayer dirigentes de la Lista 1 y la Lista 10, principales contendores en las elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina del jueves 23 de septiembre, dieron a conocer un comunicado conjunto en el que reafirman su voluntad de respetar las resoluciones de la Junta Electoral Nacional y el Comité Arbitral y a preservar la unidad de nuestra Central. La CTA repudia nuevo asesinato de dirigente sindical en Honduras La Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), encabezada por Ricardo Peidro, junto a la Red de Derechos Humanos de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) repudiaron el asesinato de Juana Bustillo presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (SITRAIHSS) y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Julio López, cuatro años sin respuestas Se cumplieron el sábado cuatro años de la desaparición del testigo Jorge Julio López y, en ese marco, miles de personas se movilizaron por varios puntos del país para exigir justicia y pidieron al Gobierno que tome la "decisión política" de esclarecer el caso. En La Plata tuvo lugar la movilización más importante, en la que se sumaron agrupaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, entre ellas, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Maniobra divisionista y patronal contra la Asociación de Empleados del Poder Judicial Trabajadores judiciales porteños y dirigentes de AEJBA se concentraron frente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en ocasión de la última reunión del plenario de consejeros, para denunciar mediante consignas, pancartas y una radio abierta, las prácticas antisindicales que en ese órgano se vienen llevando a cabo en complicidad con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN-CGT) y para exigir la inmediata reapertura de la Mesa Salarial donde se discuta una recomposición de los haberes como así también reiteraron otros reclamos sectoriales. Contundente triunfo de Luz y Fuerza Luego de un mes de conflicto los trabajadores luzyfuercistas marplateneses, enrolados en la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) le torcieron el brazo a la multinacional EDEA. El secretario general del gremio, José Rigane, informó en una asamblea de 600 trabajadores los términos del Acta-Acuerdo firmado con la empresa y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Encuentro del Cono Sur por la libertad de los Cinco Durante los días 11 y 12 de septiembre se realizó en Buenos Aires, el Primer Encuentro por los Cinco en el Cono Sur. Junto a los compañeros del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco y del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, participaron en las deliberaciones delegados de los hermanísimos países de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Nos honraron con su presencia la compañera Mirta Rodríguez, mamá de Antonio Guerrero y la abogada de los Cinco, la compañera Nuris Piñero. El juez federal en Jujuy, Mariano Wenceslao Cardozo, citó para hoy a la dirigente social Milagro Sala en la causa abierta por una denuncia del senador Gerardo Morales. Rigane: “EDEA desconoce las instituciones democráticas” “EDEA ha demostrado su desprecio por las instituciones democráticas y, lo que es peor, actúa con manifiesta impunidad”. Así se refirió el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane, al conflicto que mantiene en constante movilización a los trabajadores de la empresa distribuidora de energía. El último martes la protesta se extendió por las calles del centro de la ciudad donde hubo una radio abierta. Para fortalecer la organización Con la presencia de dirigentes de la conducción nacional de la CTA y de distintos gremios que luchan por la libertad y la democracia sindical, se presentó ayer en la sede de la FJA el "Manual del Delegado", elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la Central. "La idea es que se constituya en una herramienta para la clase trabajadora, con la certeza de que somos los trabajadores los sujetos centrales de la transformación de la sociedad", dijeron. Movilizaciones y paros de los profesionales de la salud en todo el país Por Carlos Saglul. En diálogo con ACTA, Jorge Jabkowsky, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (Fesprosa) describió la realidad del sector donde casi el treinta por ciento de los médicos tienen contratos irregulares con picos en el interior, como la provincia de San Luis. En ese Estado, el 90 por ciento de los profesionales renueva sus convenios laborales cada tres meses. “Exigimos una paritaria nacional, un piso de derechos, donde nadie gane menos del equivalente a la canasta familiar de su provincia", enfatiza. |
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