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- 27/09/08 - entervista a Hugo Yasky
“La fórmula de movilidad es insostenible y permite manipulaciones”

Fuente: Politica On Line.
[27/09/2008] La CTA tiene varios frentes de batalla. La reestatización de Aerolíneas, los conflictos docentes, la demanda de personería y la movilidad jubilatoria, son los más recientes. Y su secretario general, Hugo Yasky, habla de todos.

Por Francisca Valsecchi

Con voz cansada y una cadencia pausada explica que, además, tiene una lucha histórica a la que le va a dar pelea hasta el final. La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que surgió como una ferviente opositora a las políticas del gobierno de Carlos Menem en los 90, exige hace años la personería gremial que la equipararía legalmente a la Central General del Trabajo (CGT), liderada por Hugo Moyano.
El jueves pasado se suspendió la sesión en el Senado para tratar el proyecto de ley de movilidad jubilatoria que mandó el Gobierno al Congreso, porque legisladores de la oposición y el oficialismo objetan la fórmula diseñada por el titular de la Anses, Amado Boudou, para calcular los haberes de los jubilados. Yasky no sabe si estar alegre o triste. Es parte de la compleja realidad.

“La ley nos permite superar una situación histórica en la que los aumentos jubilatorios se daban por decreto y quedaba a los caprichos del gobierno del turno –razona el maestro de escuela- Pero claramente la ley se queda a mitad de camino”.

¿Por qué?

Porque la fórmula que se plantea aplicar no sólo es muy compleja sino que, además no está completamente vinculada al salario de los trabajadores activos. Tampoco se aplicaría retroactivamente a los haberes que fueron reducidos en 2002 y 2006. Este proyecto deja muchos flancos sin cerrar. Esto lo planteamos cuando se trató en la Comisión de Diputados. E, incluso, fue un momento en que coincidimos con la CGT. Y presentamos un escrito con los ejes que nosotros creemos que tiene que tener la nueva legislación.

¿Cuáles son esos ejes?

Queremos que se restituyan los aportes patronales que fueron eliminados en la época de (Domingo) Cavallo, avanzar sobre un modelo único jubilatorio de reparto solidaria y terminar con la actual dualidad que existe entre este sistema y el privado de la AFJP. Esto constituye una condición imprescindible para que el reparto sea sustentable y se pueda plantear la recuperación del 82 por ciento de las jubilaciones sobre el salario activo. Y que sea que se respete el principio de intangibilidad de los fondos de los jubilados. Porque sino, de qué vale tener una buena recaudación si van a la cuenta general y se quedan en el camino o son utilizados para otros fines.

En la CTA, tres economistas distintos calcularon con la fórmula de Boudou, cuánto cobraría un jubilado hoy y les dio un resultado distinto a cada uno de ellos, ¿cómo puede ser?

Es que es una fórmula que está divida en dos. Una mitad es clara y la otra no. La primera, está vinculada al salario, pero la segunda, consiste en una ecuación matemática muy compleja que tiene en cuenta el aumento de la contribución del Anses, la cantidad de afiliados que se incorporan al sistema y, de todas las variables, se elige la menor. Esta complejidad hace que no se sepa a ciencia cierta cuánto arroja para el año que viene, la aplicación de esta fórmula. Hubiéramos querido que toda la fórmula estuviera vinculada al salario porque entendemos a la jubilación como una extensión de él.
Nosotros pedimos que se vincule totalmente con un índice Ripte que hasta hace tres meses se publicaba en la página de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.

¿Y ahora no se publica?

Creo que no.

¿Por qué?

Porque empezó a generar dudas alrededor del Gobierno porque este índice “competía” con las cifras que daba el Indec. No cerraban las cuentas.
El argumento del Gobierno para dividir en estas dos partes a la fórmula es que, de esta manera, el jubilado no queda librado sólo a los aumentos salariales del sector activo del trabajo, sino que también se tendría en cuenta la inflación, ya que ella se suma a los impuestos…
Es que hay una lógica que es irrebatible. Si los trabajadores son los que con sus contribuciones, determinan los fondos que conforman el Anses, esa jubilación tiene que estar vinculada a la movilidad de esos salarios. Esa es la única fórmula consistente. Lo demás tiene que ver con una visión economicista donde se le da más preponderancia a la búsqueda de equilibrio en la agenda del Anses que a la necesidad de reparar una situación de injusticia que se comete hace muchos años.
Si se garantizara que el promedio de los salarios determina el promedio de la jubilación, y se lograra avanzar en el combate contra el trabajo en negro, no tendría por qué haber impedimento alguno para que esos aumentos se pudieran solventar. Por eso digo que hay que terminar con la dualidad del sistema. Si todos los trabajadores aportan, no hay razón para pensar que va a haber un vaciamiento de la caja. Los argumentos del Gobierno no prioriza la garantía de un ingreso digno, sino que garantiza un autofinanciamiento del Anses. Y esto no es incompatible. Sobre todo porque todavía existe un recurso disponible en caso de que se necesite echar mano.

¿Qué recurso?

La restitución de los aportes patronales, ya que eliminarlos fue una medida que fue arbitraria y confiscatoria y que supuestamente se tomó para generar mayor empleo, pero terminó convirtiéndose en una conquista de los empresarios a costa del vaciamiento del Anses.


¿Qué esperan que suceda en el Congreso?

El oficialismo va a intentar con un número ajustado ratificar lo que se votó en Diputados, pero hay un sector bastante amplio que comparten nuestra visión. No sé cómo saldrá la votación. La fórmula con la que se establece la movilidad es insostenible. Sólo se puede votar cerrando los ojos y haciendo un acto de fe en la propuesta del Ejecutivo. Se podría haber hecho algo mucho más transparente y sencillo. Esta fórmula se presta a manipulaciones y según quien la calcule, puede ir más para arriba o más para abajo.

Si votar este proyecto en el Senado es hacerlo a ciegas, ¿cómo se entiende que haya pasado por la Cámara Baja?

Porque en Diputados para el oficialismo es más fácil de conseguir la mayoría.

La senadora, María Eugenia Estenssoro comentaba que aplicando esta fórmula, las jubilaciones estarían incluso más retrasadas que hoy, ¿es así?

No creo, porque significaría que el oficialismo se dispara un tiro de escopeta ya que cuando esta fórmula se aplique ya van a estar en campaña electoral. No creo que cometa semejante torpeza política. Pero no queda la mejor ley.

Personería gremial


¿Qué respuesta tienen del gobierno a su histórico reclamo para que el Ministerio de Trabajo dé a la CTA la personería gremial?

Frente al Gobierno en general se sigue sosteniendo la demanda de una agenda que continúa postergándose. En los últimos meses hemos planteado al Ministerio de Trabajo que, independientemente de la personería a la que no vamos renunciar, se tienen que expedir de manera perentoria sobre las observaciones que ha hecho la OIT reclamando simetría de derechos entre las organizaciones simplemente inscriptas y las que tienen personería. CTA tiene lo primero, pero no lo segundo.

¿Qué cambia en su realidad el hecho de tener personería?

Implica tener descuento por planilla de la cuota sindical, gozar del fuero sindical. Es decir, de las protecciones que garantizan que aquellos que ejercen la actividad gremial, no puedan ser despedidos. También significa que podemos representar colectivamente a los trabajadores en una situación de conflicto. Esto es lo que se tiene que modificar. Además de nuestra demanda histórica que es la personería gremial, hoy pedimos la implementación de las observaciones de la OIT.

¿Cuál es el argumento que tienen para no dársela?

La vigencia de una ley que supuestamente establecería un modelo sindical restringido, donde se reconoce una sola central de trabajadores. Pero eso no está taxativamente planteado. Esto es lo que plantea (Hugo) Moyano y toda la CGT.
Este es un punto por el que la CTA está distanciada de la Central liderada por Moyano…
La relación de la CTA con la CGT depende de encontrar juntos la unidad en la acción en temas que sean vitales para los trabajadores. Pero persisten las grandes diferencias que tenemos en cómo concebimos el modelo sindical y la práctica de su democracia, cómo entendemos el protagonismo de la clase trabajadora en el proceso de transformación social.

¿En qué consisten esas diferencias?

Nosotros creemos en la autonomía respecto a los partidos políticos y el Estado, entendemos que las decisiones de una Central de Trabajadores se toman de puertas para adentro y sin ningún tipo de influencia. Nadie le pide a los trabajadores que se afilie a tal o cual partido, la cuestión sindical es independiente de cuál sea su concepción partidaria. Creemos en la democracia sindical como eje de la práctica, donde las autoridades sean electas por el voto directo y entendemos que el sindicalismo se tiene que proyectar hacia una acción de articulación con los movimientos sociales.
Estas diferencias no quiere decir que, ante hechos concretos, no vayamos a aunarnos en la acción para empujar un proyecto. Así es que vamos juntos a discutir el proyecto de movilidad jubilatoria y fuimos de la misma manera cuando se planteó la reestatización de Aerolíneas.

Aerolíneas Argentinas

¿Qué beneficio tiene para el país hacerse cargo de una empresa completamente endeudada, con una flota añeja y que no es rentable?

Creemos que la Argentina tiene que tener una línea de bandera, pero no por una cuestión chauvinista, sino porque tiene un fin social, cubre destinos aéreos que no son rentables para otras empresas. A ninguna empresa privada le interesaría volar a Corrientes, a Formosa, a Río Gallegos o La Pampa. Y un país con estas extensiones, no puede prescindir de una línea de bandera porque significaría desmembrar las distintas regiones. Es un proceso que viene a paliar una privatización que demostró hasta qué punto las políticas del 90 fueron sinónimo de desfalco y de saqueo.

Pero ¿no sería más conveniente crear una nueva empresa y que los empleados pasaran trabajar en ella que hacerse cargo de una compañía endeudada y vaciada?

No, porque se perderían las rutas aéreas que ya tienen asignadas. Y eso, para una empresa de aviación, es el bien más preciado.

Pero quien designa las rutas aéreas es el mismo Estado…

No, son convenios internacionales. Aerolíneas tiene 21 rutas que se perderían.

Sí, en las internacionales, pero en las nacionales que son ese bien social del que hablaba…

También. Cuando parecía que Aerolíneas se desintegraba, muchas empresas iban a tratar de obtener los destinos que tiene. Se hizo lo correcto. Lo que no me parece es que se tenga que reprivatizar. Porque ahí es el Estado quien se hace cargo de las deudas, sanea la empresa y cuando empieza a ser operativa, se vuelve a privatizar; todos los ciudadanos pagamos lo que se debe y cuando las cuentas cierran, lo explota otro

El conflicto con el campo

Después del conflicto del campo, el Gobierno perdió el apoyo de algunos de los políticos que lo venía acompañando como el ex intendente de Córdoba, Luis Juez, o el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ¿cree que se debilitaron las bases?

El Gobierno sufrió un desgaste de político importante en ese conflicto. El intento de avanzar en una política que establecía retenciones sobre la renta extraordinaria de los productores agropecuarios era correcta, pero cometió el error de no poder separar claramente a los pequeños, medianos y grandes productores. Y esto hizo que se conformara una especie de alianza que se llamó Mesa Enlace, donde prevalecieron las posiciones de los sectores más poderosos vinculados a la Sociedad Rural y terminó con que no se pudiera aprobar la propuesta del Gobierno. Quedaron a salvo los grandes intereses y quedaron a la intemperie los verdaderos pequeños productores del campo que siempre estuvieron invisibilizados durante el conflicto porque está agrupados en organizaciones pequeñas cuya intervención mediática es casi nula.
Fue un proceso que significó un sangrado político para el oficialismo y que abroqueló a los grandes medios de comunicación en una batalla que buscaba generar condiciones de desgaste frente a un gobierno que podía emerger fuerte de ese conflicto. Y con esa fortaleza podía avanzar sobre otro tema que se había puesto en la agenda: la sanción de una nueva ley de radiodifusión. Pero esta discusión quedó subsumida debajo de los escombros de los conflictos y hoy se siguen prorrogando las concesiones.

Cuando el conflicto comenzó a tomar temperatura, el Gobierno afirmó que la recaudación para las retenciones eran para un plan distributivo…

Sigue estando ausente (interrumpe). Pedimos un modelo que se afiance la justicia social. Una de nuestras demandas es la extensión del subsidio por hijo para todos los trabajadores independientemente de que esté registrado o desocupado. Además, hay que plantear políticas que apuntalen un piso salarial de 1.200 pesos. Hoy en las provincias pobres, los haberes están por debajo del vital y móvil. Argentina tiene un mapa de la desigualdad que se ahonda en aquellas que tienen menores recursos y poco presupuesto, como todo el NEA y NOA. Hay que superar el modelo del derrame, y generar una política que esté apuntalada a medidas tributarias más justas y equitativas. Hoy el IVA es uno de los impuestos que más recauda y es regresivo, pero no se grava a las transacciones financieras. También se tendría que derogar la ley de entidades financieras que rige desde la época de la dictadura militar y que establece condiciones que beneficia al capital financiero sobre el productivo porque lo exime del pago de impuesto y deja a nuestro país a expensas del movimiento especulativo.

Educación

En las últimas semanas, hubo paros docentes reclamando un aumento salarial tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires y todavía el conflicto no se solucionó, ¿cuál será la acción de los gremios a partir de ahora?

En el caso de la provincia el motivo fue reacomodar el salario que se había pautado en marzo para tratar de recuperar el poder adquisitivo que se perdió después del alza de los precios, principalmente, luego de los cuatro meses de conflicto con las entidades agropecuarias. Esto se va a resolver con voluntad de ambas partes.

¿Y en el caso de la Ciudad, donde el ministro de Educación Mariano Narodowski parece no dar el brazo a torcer?

Ahí aparece otro tema que es el cuestionamiento de los gremios docentes a una política de cercenamiento de las becas de la escuela secundaria que es una medida regresiva. Es más complejo porque el Gobierno quiere tomar este conflicto como un caso testigo para demostrar que tiene capacidad para disciplinar las demandas de los sectores sociales y para dar cuenta que un Gobierno que fue elegido en nombre del eficientismo y de la capacidad de imponer unilateralmente políticas, está en condiciones de hacerlo. El gobierno de (Mauricio) Macri se embarca en una pulseada que va a significar más pérdida de días de clase y más situación de conflicto, donde quienes pagan el ato son los estudiantes.

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