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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
"Marchamos por trabajo y salarios dignos"

por Gonzalo Basile
[8/03/2007] Es un día simbólicamente importante. Hace 99 años asesinaban a 129 obreras textiles en Nueva York, quienes jugaron su vida en reclamo de igualdad de derechos con los varones, la jornada de 8 horas, por el fin de la explotación laboral de niños y niñas, igual salario por igual trabajo y mejoras en las condiciones de trabajo. En el 2007, la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades nacional de la CTA nuevamente reivindicó esa y otras luchas históricas conmemorando en nuestro país el "Día Internacional de la Mujer Trabajadora", con una movilización a la Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país.

Con la impronta de recordar ese pasado histórico, pero también para resaltar el presente de lucha cotidiana de la mujer por trabajo y salario dignos, la secretaria de Género de la CTA a nivel nacional, Alejandra Angriman, en diálogo con ACTA, contextualiza y clama por las batallas que hoy se desarrollan para la igualdad de oportunidades, la necesaria mejora del salario, el rol del Estado y su ausencia, la mujer y su papel desde la clase trabajadora. Un debate amplio con muchas aristas todavía por conquistar.

Aunque hay un innegable valor simbólico e histórico sobre este día, también es sumamente trascendente resaltar cual es hoy la agenda pendiente de debate sobre la mujer en el 2007 ¿verdad?

Si. Desde la CTA reivindicamos las luchas pasadas pero sin revisionismos vacíos, por eso la importancia de las luchas presentes que llevan adelante las mujeres diariamente. Nadie se ocupa más que la mujer en el barrio, en el territorio, en los sindicatos, en la organización social o civil, en el Estado, en un intento permanente de organizarse. Si hay alguien que tiene claro que hay que organizarse para luchar por sus derechos los demuestran cotidianamente las mujeres. No sólo por los derechos propios sino por el del conjunto de los trabajadores y del pueblo.

Pareciera que desde esta perspectiva colectiva hoy fuera imposible instalar el rol protagónico de lo público por sobre el mercado y el individualismo salvaje que comunica constantemente su profunda filosofía: pisarle la cabeza al que tengo al lado para salvarse uno mismo. Lo público fue desapareciendo en estos últimos 32 años de escena. Y en ese marco se imponen esas percepciones tradicionales que tienden a creer que la presencia de las mujeres complejiza las situaciones laborales.

Un ejemplo de ello es esa máxima que se intenta instalar acerca de que el ingreso femenino al mercado laboral significa, de hecho, una baja de salario. Cuando en realidad es todo lo contrario. Aquí aparece el gran tema que me parece que es el eje articulador de la marcha de hoy: la necesaria mejora del salario que sea fijada por las necesidades de la clase trabajadora y no por el mercado.

Hablar de las necesidades de las mujeres desde lo colectivo y no desde los eslogan que intentan imponer los cortesanos del mercado todo poderoso implica toda una definición...

Este es un año indiscutiblemente de discusión salarial tanto de los trabajadores estatales como del sector privado. En ese marco, el piso de discusión es la ley. El primer derecho de la mujer a un ingreso justo es la definición del salario mínimo, vital y móvil garantizado por la Constitución nacional en el 14 bis y puntualizado en la Ley de Contrato de Trabajo donde un salario digno para la mujer como para el varón es el que debe asegurar “la alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Se trata de cumplir la ley. Por eso es indispensable, y lo ponemos en la escena pública con la movilización, la necesidad de convocar al Consejo del Salario, para que se defina una canasta familiar acorde a la ley que desde la CTA estimamos hoy en 2500 pesos. El Consejo debe definirlo de forma institucional y ese debe ser el piso salarial de una mujer como de un varón. Porque de eso se trata, de la igualdad entre la mujer y el varón en el ingreso. Y para eso debemos luchar colectivamente, porque el salario lo fijan las necesidades y no el mercado.

Pero está claro que hoy estamos muy lejos de ese escenario. Actualmente la mujer sigue siendo la que lleva la peor parte tanto en lo social como en lo laboral.

Está claro que las mujeres son las que más padecen la precarización de su trabajo con salarios de miseria. Sin ir más lejos, pensemos en las trabajadoras domésticas, de cuidados de niños y ancianos, de enfermos. En los registros es la mujer la que más informalizada está. La mayoría son jefas de familia que tienen que aceptar cualquier trabajo flexibilizado por el sometimiento a la necesidad pero también como principal estrategia de autoregulación del mercado. Eso implica que no tienen acceso a las asignaciones familiares, son trabajadoras informales, explotadas en muchos casos según lo demuestran los indicadores oficiales.

La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 4º, define el concepto de trabajo en sentido amplio, el cual es aplicable a toda la relación de empleo y no sólo a la regulada por el contrato de trabajo previsto por la misma ley. Así define el artículo: "Constituye trabajo toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración". Pensemos en una mujer que queda embarazada o tiene muchos hijos y está en situación de trabajo precario. El Estado debería garantizar los derechos de esa mujer embarazada más allá de la formalidad o no de su labor.

Sin embardo esto no ocurre...

La precarización, ya sea por contratación, tercerización, monotributo o informalidad, implica por ejemplo que no haya derechos de maternidad. Esta es una ausencia activa del Estado, quien no garantiza los mismos derechos para las trabajadoras formales que para las informales. Y no hacerlo implica, en muchos casos, el despido en los casos de maternidad y condenar a esos niños a la exclusión social. El derecho está, pero no se cumple.

Esta precarización muestra claramente cómo las mujeres pueden ser funcionales a las necesidades del mercado, que termina regulando y ordenando ante la falta activa presencia del Estado. Por eso para la CTA es de sustancial importancia el Seguro de Empleo y Formación Universal, la Asignación universal para los hijos y la escolaridad para todas/os las/los menores de 18 años. Y por supuesto la tan imprescindible Libertad y Democracia Sindical que implicaría, por ejemplo, el derecho de esas mujeres violentadas en sus derechos laborales más básicos a permitirles organizarse.

Si el Estado no está, el mercado es el que fija la pauta. Una sociedad que es guiada por los designios del mercado es una sociedad librada a la supervivencia del más apto y condena a esas mujeres jefas de hogar a la brutalidad de sus vidas sumergidas en la exclusión social.

Bueno, pero también es verdad que ni siquiera a las mujeres que tienen trabajo formal se les cumplen sus derechos.

Claro. Por ejemplo: es vergonzoso y sumamente perverso que en la licencia por maternidad figure que la mujer no estuvo trabajando. Y a pesar de que es una asignación familiar que en todos los casos la cubre el Estado y no la patronal, la prédica empresarial y de sus departamentos de recursos humanos es una persecución permanente a las mujeres embarazadas. ¿Por qué se ponen tan locos en las empresas si ni siquiera pagan un centavo por el tema? Hoy, el embarazo en el sector formal privado sigue siendo una tragedia. Por eso es esencial ampliar esta discusión en el marco de la igualdad de derechos y oportunidades: es necesario promulgar una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo (20744) que disponga una licencia ampliada por maternidad, paternidad y adopción. Pero también poder fijarlos en nuestros Convenios Colectivos. Porque esta discusión implica incorporar cláusulas de igualdad de género.

Por ejemplo, que los varones tengan más días de licencia por paternidad. O la necesidad de jardines maternales desde los 45 días. Eso debe modificarse. Es decir, lo que intentamos es equiparar o igualar los derechos de las mujeres con los del varón. Sacando esos estereotipos tradicionales que tienden a determinar sólo a la mujer para determinadas acciones o roles.

Hablamos de las trabajadoras formales y de las precarizadas. Qué le queda a la mujer que pelea cotidianamente en los barrios, en el territorio, en el comedor.

Ni que hablar de las mujeres que cotidianamente conviven con el desamparo junto quizás a 5 o 6 o 7 hijos a su cargo. No acceden a los mínimos recursos para sobrevivir. Allí juega toda esa creatividad, entereza y valentía de la mujer para hacer frente a esa exclusión. Esa es la situación más admirable: organizarse frente a la catástrofe para luchar por su vida y la de sus chicos.

En este marco, los programas públicos focalizados que buscan detectar a la más pobre entre las pobres, las categorías burocráticas para acceder a una ayuda estatal, no hacen más que consolidar esa credencial de la pobreza y perpetuar esa situación de miseria. Por eso es muy importante que los movimientos territoriales impulsen, como lo hacen en la CTA, políticas públicas que tiendan al pleno empleo. Todos sabemos que hoy hay necesidades de empleo en el sector público en salud, educación, en la administración pública. Como también hay demanda en el sector privado. Es el empleo la mejor política social. Como a su vez es imprescindible que el gigantesco superávit fiscal actual sea volcado a resolver las necesidades de nuestro pueblo.

Cambiando de tema. ¿Que opina acerca del pedido de interrupción del embarazo de la nena de 14 años violada por su padrastro en Mar del Plata? Volvió a instalarse un tema sumamente evadido que es el derecho de la mujer a decidir...

El drama de esta niña de tan sólo 14 años, al igual que el que atraviesan miles de mujeres del país, exige un accionar rápido y sanitariamente efectivo desde el Estado, que debe garantizar el derecho a la salud y a una vida digna. No cumplir con la ley sólo genera la victimización de la niña y su familia y la profundización de los daños que ya ha sufrido en su salud y desarrollo psicofísico.

Por otra parte, estas situaciones también ocultan una situación que queda ceñida por la discusión del aborto: la violencia familiar cotidiana. Tal vez lo más importante, y que muchas veces no es resaltado centralmente en este debate del aborto, es que los temas que estamos tratando son problemáticas evidentemente ligadas a la pobreza: El aborto existe en Argentina.

Pero es sólo para aquellos que pueden pagar los miles de pesos que cuesta un aborto legal o ilegal pero “seguro” para realizarlo en el oscuro mercado de la salud. En realidad cuando se condena al aborto se está condenando a la población en situación de pobreza a restringirle sus oportunidades. Corresponde al Estado modificar la legislación despenalizando y legalizando el aborto, que se practique en los hospitales públicos con accesibilidad por el principio de ciudadanía o residencia, como principio esencial de salud pública en todo el territorio nacional.

La lucha por la educación sexual y el derecho a decidir libremente nuestra sexualidad es un derecho humano básico. Sin dudas necesitamos un efectivo cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en todas las provincias con control popular, acceso a todas las prestaciones médicas y métodos anticonceptivos en el sistema público de salud, como así también a la ligadura de trompas y vasectomía sustentados en las leyes nacionales. No puede ser que según la provincia y el humor o creencia de un Gobernador o un Ministro de Salud de turno, no haya acceso a los mecanismos anticonceptivos en el sector público. El tipo de políticas públicas que garantiza un estado son el reflejo del tipo de ciudadanía a la que se accede.

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