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Proponen bajar la imputabilidad de los menores
Pobres y violentos, mejor encerrarlos desde chiquitos

por Carlos Saglul
[18/02/2009] La detención de los supuestos responsables de la muerte del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro, entre los que había menores, y posteriores declaraciones de Daniel Scioli sobre la necesidad de discutir la baja de la imputabilidad de los menores renovó la polémica sobre el tema.

El gobernador bonaerense se lamentó que “una vez más nos encontremos con menores vaciando el cargador de una pistola calibre 45” sobre un ciudadano. Una audiencia más “distraída” que inocente fue saturada desde la televisión con numerosos episodios relacionados con la inseguridad. ¿Qué quieren poner del otro lado de las rejas esas señoras desencajadas que gritan delante de las cámaras en las marchas:” -hay que encerrar a esos menores asesinos, ya no podemos vivir-”.

Existió una ceremonia medieval que consistía, una vez al año, en sacar un par de reos de la cárcel y correrlos a pedradas por la calle hasta las afueras de la ciudad donde se los lapidaba. De esta manera, el pueblo lavaba sus pecados.

Si la desigualdad social y la miseria son un “pecado” social, indudablemente la criminalización de la pobreza tiene mucho de aquel rito. Invisivilizada detrás de la estadística, al hambre le crecen garras, y vocación de violencia. Nuevas cárceles, leyes más duras, escuadrones de la muerte, policías de gatillo fácil. Nada funciona, sin un reparto equitativo de la riqueza. Los que tienen mucho o poco, no duermen pensando en que vendrán por ellos, los que no tienen nada para perder. Es una guerra sin vencedores, donde los más jóvenes, a veces niños, son las principales víctimas.

La misma receta, el viejo mal

Para el doctor Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales (CELS), bajar la edad de imputabilidad de los menores es recurrir a políticas que ya fracasaron en todo el mundo. “Hay un montón de leyes de inclusión social que no son atendidas y habría que empezar por allí, antes de seguir saturando cárceles e institutos.

Palmieri recordó que durante la gestión de Carlos Rukauf al frente de la provincia de Buenos Aires se limitó la libertad condicional y con las marchas del ingeniero Juan Carlos Blumberg se endurecieron las penas y, como quedó demostrado, todo eso no redujo la criminalidad.

No obstante, aclaró que “es indudable que se necesita un sistema juvenil, pero eso no significa bajar la edad de imputabilidad”.

El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, lejos de la presión de los medios y las marchas, reconoció que se trata de atender la situación de 400 mil jóvenes que no trabajan ni estudian. Dijo que Buenos Aires “necesita un Plan Marshal que rescate a los que están destruidos. Hay que dejar de hablar de estadísticas para ir a buscar a esos chicos a las calles”.

Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) sostiene que “quien pretenda solucionar el problema de la inseguridad con la presión judicial o más policía, se equivoca. Hay una ausencia total de programas sociales para atender la dramática situación de los jóvenes. Esta sociedad no hace otra cosa que criminalizar la pobreza y ataca en especial a los jóvenes porque ellos son la principal esperanza de rebelión contra un orden injusto”.

El dirigente de los visitadores médicos aseguró que “algunos políticos y los medios de comunicación quieren que veamos en cada joven pobre un potencial enemigo. No es matando pibes pobres como vamos a terminar con la injusticia social, que es la raíz de la violencia y la inseguridad”.

Para Peidro, “es una hipocresía total o complicidad con el sistema de desigualdad social, hablar de bajar la imputabilidad de los jóvenes cuando se tienen todos los elementos para entender que no es un procedimiento que funcione para enfrentar la proliferación del delito”.

Vida de morocho pobre

Marcelo Sain, experto en el tema seguridad y ex funcionario de esa área en la provincia de Buenos Aires, señalo que “un hecho desgraciado que tiene como víctima a una persona de clase alta coloca a todo el sistema bonaerense en alerta. No reacciona así el gobernador Scioli cuando se trata de un morocho pobre”.

La vida tiene doble valor. No vale lo mismo cuando se trata de un pobre que la de los sectores pudientes que pueden ser escuchados por los medios de comunicación.

El Ministerio de Seguridad Bonaerense no cuenta con medios para enfrentar la cuestión social que es donde se encuentra la raíz del problema. Estigmatizar a los menores como delincuentes y no tomar medidas contra la desigualdad es peligroso. De cara al futuro genera más violencia.

También se refirió al tema, Hugo Godoy, secretario general de CTA bonaerense quien repudió la propuesta del gobernador Daniel Scioli:

“En la provincia logramos una nueva norma que terminó con la nefasta Ley de Patronato vigente desde la dictadura. Ahora hay que avanzar, garantizar los recursos para que se aplique integralmente y transformar las políticas públicas hacia la niñez y la adolescencia. Lo que el gobernador propone es un claro retroceso porque busca criminalizar a los chicos por la situación que padecen”.

Y advirtió: “No vaya a ser que con el tiempo nos anuncien la creación de la industria nacional de esposas para poner a nuestros bebes en las cunas, así nos aseguramos y garantizamos la seguridad”.

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