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Sistema Nacional Integrado de Salud
Volver a Carrillo

por Arturo M. Lozza
[11/02/2009] El por qué la CTA y otras organizaciones sindicales, sociales, médicas y de derechos humanos, convocan a construir en conjunto un sistema público, gratuito y universal de salud.

Fui testigo hace poco de uno de los miles de forcejeos que ocurren a diario en el servicio de salud: una gerenciadora de obra social y su empresa de transporte le negaban a una paciente con trasplante hepático reciente, el traslado a un laboratorio. La enferma andaba aún con el barbijo puesto ya que, a un mes de la complicada operación, cualquier contagio podría mandarla a la tumba. No hubo argumento que hiciera cambiar la decisión negativa: “a ese paciente no lo trasladamos”, podrá estar al borde de la muerte, pero si ese servicio no está incluido en el contrato, podrá morirse, podrán los médicos gritar, pero no viaja.

Lamentablemente, estas son las reglas de juego imperantes: en la medicina privada o en la gerenciada, los pacientes no son seres humanos, son clientes. Y esto es así porque, del mismo modo que el país sufrió la flexibilización, el saqueo y una desindustrialización severa desde la dictadura, algo similar ocurrió con la salud.

BM en lugar de la OMS

Bajo las concepciones del neoliberalismo, las líneas de acción ya no las fijan en realidad las organizaciones políticas como la ONU, la OEA, o la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino las del poder económico como el Banco Mundial o el BID que han introducido el concepto de que la salud no es un derecho sino una mercancía, y que sólo la puede recibir aquel que la puede pagar. Para esa concepción, la salud es un bien que se consume y que se vende, es decir, todo lo contrario de la política que impulsaba el Ministro de Salud Pública entre 1946 y 1954, Ramón Carrillo, y todo lo contrario de lo que aspira y necesita el conjunto del pueblo y de lo que proponen los trabajadores de la salud.

El Estado, especialmente a partir de los años 90, se ha ido apartando de sus obligaciones en materia de salud para dejar campo libre al negocio de laboratorios trasnacionales, clínicas privadas, prepagas, distribuidoras de fármacos y gerenciadoras de las obras sociales alrededor de las cuales, el sindicalismo empresario hace su agosto. Los más grandes beneficiarios han sido las multinacionales del medicamento que, al poner en práctica usos desnaturalizadores de la medicina, apelan a trampas y cohechos (lo llaman marcketing) para asegurar mayúsculos negocios.

Lo denuncia Ricardo Peidro, secretario General de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA) y secretario de Derechos Humanos de la CTA: resulta imposible para la industria farmacéutica –nos dice- negar lo evidente: los incentivos, “negocios”, falsos trabajos científicos que muchas veces se utilizan y que no son más que una pantalla para la promoción de medicamentos con mecanismos ligados a la corrupción. Sí –asegura-, la industria farmacéutica entrega incentivos para que se receten más tal o cual medicamento. Estamos hablando de un sector como la industria farmacéutica –añade- donde hay un gran ausente: la regulación y fiscalización del Estado”.

Se hicieron intentos de avanzar con una Ley Nacional para fijar un Código de Ética de Promoción de Medicamentos, que fue aprobada en Diputados pero naufragó en los pasillos del Senado. Ante la incapacidad del Estado, los visitadores médicos en muchos casos son rehenes de esta situación ya que se disciplina a cualquier trabajador que se oponga a estas prácticas con la discrecionalidad de poder despedirlo si no cumple la tarea encomendada. El caso del laboratorio estadounidense Abbott es paradigmático.

La atención sanitaria

Bajo esos parámetros, el acceso a la salud constituye hoy, en Argentina, un problema grave. Más aún, a partir de este milenio y la crisis socioeconómica, es donde el hospital público se vio ante una fabulosa sobrecarga de demanda ya que millones de trabajadores desocupados quedaron marginados de los servicios de salud que antes les brindaba su Obra Social.

Sin inversiones, con personal insuficiente y magros salarios, con reducción de insumos, escasez de camas y ambulancias, el hospital publico fue sin embargo el que hizo frente a la crisis gracias a sus profesionales, a enfermeros y al conjunto de los trabajadores de la salud que fueron los que más resistieron la política neoliberal de privatización de la atención de la salud y la enfermedad.

Hoy es cosa corriente –comprueba un estudio realizado por el médico sanitarista José Carlos Escudero, profesor en las Universidades de La Plata y Luján- que tanto en la atención primaria de la salud (APS) como en las cirugías, los “turnos” se den a plazos eternos; además, falta personal técnico y profesional, dado que las vacantes suelen no cubrirse, Las consecuencias son que la consulta que se logra suele ser tardía, y la demanda oculta muy extendida. Los servicios de APS –agrega- están descoordinados, la relación de referencia/contrarreferencia quebrada, los profesionales que trabajan en el primer nivel están aislados, desjerarquizados y sin incentivos en centros que no pocas veces cobran aranceles. Y como si esto fuera poco, existen diversos mecanismos tanto en hospitales como en APS que no asisten a pacientes de otra jurisdicción. Ante tal cuadro, la conclusión de Escudero es que el “sistema” de salud pública es cualquier cosa menos un sistema: reina la fragmentación agravada, además, por políticas focales.

Para el doctor Hugo Amor, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) la atención de la salud en su provincia está en peligro en cuanto a la capacidad para dar las prestaciones que la población necesita debido a dos factores principales: la cantidad de camas a nivel hospitalario no se ha adecuado al crecimiento de la población y existe carencia de recursos humanos, profesionales y no profesionales. Hay hospitales de construcción reciente –nos informa- que no pueden utilizarse a pleno en su capacidad por carecer de personal, tal el caso del hospital de kilómetro 32 de González Catán, o el de Florencio Varela –el más moderno de Argentina- que no sólo no está aun presupuestado sino que funciona solo en un 7% de su capacidad instalada porque no hay personal un nombrado.

Un pasado luminoso y un presente gris. Es la realidad, realidad que sufre quién tiene la desgracia de enfermarse.

Un amplio movimiento

Hace seis años que el Foro Social de Salud y Medio Ambiente de la Argentina viene denunciando situaciones de este tipo y elaborando proyectos para intervenir en el campo de las políticas públicas. Una de ellas, por ejemplo, propone duplicar la inversión en los 1.500 hospitales y en los 6.000 centros de salud dependientes del Estado para garantizar un shock que duplique la oferta pública de servicios gratuitos, con provisión de medicamentos provenientes de la producción estatal. Sin embargo, ni esta ni otras propuestas obtuvieron respuestas.

Por lo tanto, sus integrantes –la CTA, ATE-Salud, CICOP, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), otras organizaciones sindicales como el gremio de visitadores médicos (AAPM) y movimientos sociales, se reunieron este agosto en la Facultad de Medicina con otras numerosas organizaciones como la Corriente Salvador Mazza, la Comisión de Salud del Movimiento Libres del Sur, la ONG internacional Médicos del Mundo, la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el MTR de Florencio Varela y resolvieron lanzar una amplia convocatoria nacional bajo el lema “Volver a Carrillo”.

En el cierre de esa trascendente asamblea, Jorge Yabkowski, presidente de la FESPROSA, advirtió acerca de las barreras que se interpondrán: meterse en el tema de salud, es meterse con la mafia de los laboratorios trasnacionales, las patentes, los seguros privados y los sindicalistas convertidos en empresarios que tienen fuertes intereses en este segmento. La reforma democrática del sistema de salud –agregó- implica un grado de confrontación elevadísimo. No se arregla el sistema de salud sin una batalla política. Por eso, tenemos que ser capaces que las diferentes miradas del campo popular sean posible sintetizarlas en una plataforma en común por la transformación de la salud pública en Argentina, ese es el gran desafío".

Ejes de la campaña

“Uno de los principales ejes de esta campaña –nos explica Silvia León (ATE-Salud)- tiene que ver con que no es posible hablar de salud mientras nuestra gente tiene hambre”.

Cifras oficiales hablan de 4 ó 5 muertes diarias consecuencia de la desnutrición, y 25 chicos que mueren por día por enfermedades que son prevenibles. “Esto habla –continúa señalando Silvia León-de la responsabilidad de un Estado que tiene en sus manos la posibilidad de evitar muertes infantiles. Por lo tanto, nosotros planteamos que tiene que haber una Asignación Universal para todos los hijos menores de 18 años, que permita que haya un plato de comida al mediodía, y otro a la noche”.

La salud tiene que ver con las condiciones de vida y la alimentación, hablar de la enfermedad, en cambio, tiene que ver, además, con el sistema sanitario y sus componentes, “y acá entran en juego los intereses de los laboratorios privados que buscan, como principio, que la gente se enferme para poder vender medicamentos en el mercado y seguir manteniendo las ganancias millonarias”, señala Silvia León.

Y agrega; “Nosotros tenemos que dar una pelea muy grande, por eso es necesario ponerse de acuerdo con las distintas organizaciones del campo popular sobre la base de algunos ejes que nos tendrían que unificar. La voluntad es la de lograr un gran arco de alianzas que nos fortalezca para traccionar en dirección a los cambios que el Estado debe pilotear”.

No se trata sólo de crear nuevos hospitales y centros de salud, se trata sobre todo de recursos humanos. “Necesitamos que se nombre personal suficiente para que en cada centro de salud exista un equipo que pueda trabajar en la prevención y para terminar con las largas colas y modernizar la atención: para eso se necesita personal”, advierte León.

¿Sobran médicos?

Dicen que hay demasiados médicos, sin embargo no son incorporados al sistema de salud pública, se les fijan condiciones laborales a destajo con bajísimos salarios en la medicina privada, y escasean en las zonas más carenciadas, donde mayor es la pobreza y la mortalidad infantil, como Formosa, Misiones o Chaco.

En la provincia de Buenos Aires el presupuesto para salud es muy bajo, es –nos revela Hugo Amor- 200 millones menor al de la Capital Federal para el triple de población y cinco veces más de población con necesidades básicas insatisfechas. “Se necesita con urgencia la incorporación de recursos humanos. Nosotros estimamos que faltan 1.500 profesionales y unos 2.500 no profesionales. El gobierno aceptó incorporar 700 profesionales pero como los contratos se hacen sólo por un año, estamos en la misma”.

Esta falta de personal se hace sentir sobre todo en el segundo y tercer cordón industrial donde existen dificultades incluso para cubrir emergencias en el área materno-infantil. Por lo tanto, hay que “Volver a Carrillo”, dice este gran movimiento que se está construyendo con el pleno respaldo de la CTA.

La obligación del Estado

El doctor Ramón Carrillo fue el que impulsó el sistema público, gratuito y de acceso universal en la prestación de salud. Duplicó durante su gestión el número de camas públicas en una época en que había mucho menos habitantes que ahora y por lo tanto se necesitaban menos camas que hoy.

“Esta política, aplicada en sus rasgos esenciales, no copiada, es la única que puede convertir a la salud en un derecho de la población, un derecho efectivo y real, tangible, que la gente lo perciba cuando necesite atención médica. Es decir, resolver los determinantes sociales, por un lado, y tener un sistema de salud que responda a sus necesidades sin tener que exigirle ninguna retribución económica.

Ese fue el sistema que quiso y empezó a construir Carrillo, y ese es el sistema que se empeñaron en destruir –y que no han podido por la resistencia de los trabajadores- todos los gobiernos que vinieron después de 1955 con honrosas excepciones como la del doctor Arturo Illia y su ministro Oñativia, que intentaron ponerle freno a las ambiciones de las multinacionales de los medicamentos”, señala el titular de CICOP.

“Nosotros –coinciden en destacar Silvia León y Hugo Amor-queremos un sistema financiado por el Estado al que puedan acceder todos los habitantes de nuestro país. Con lo que nos legó Carrillo –agregan- tenemos hoy una buena base para marchar hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud que permita dar este tipo de prestaciones universales”.

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