“¿Cómo hacer que se tenga conciencia de que una Ley de Entidades Financieras nos toca a todos, en todos los sentidos de nuestra vida?”, se preguntó al inicio de la actividad Damián Rilo, miembro de la conducción del Partido Solidario (PSOL), que estuvo a cargo de la exposición.

Vale hacer un poco de historia. El objetivo de la Ley de Crédito Productivo es reemplazar la Ley 21.526, conocida como la Ley de Entidades Financieras, que es, sino el mayor, uno de los más claros emergentes de la alianza cívico-militar perpetuada en 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla. Dictada el 14 de febrero de 1977, aún hoy lleva las firmas de Videla, Martínez de Hoz, y del ministro de Justicia dictatorial, el brigadier Julio Gómez. Ese mismo año, en plena dictadura militar, Rodolfo Walsh escribía en su Carta Abierta a la Junta Militar: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. No se equivocaba. El reformateo de la matriz económica del país, con sus consecuencias políticas, sociales y culturales, fue y es el legado más atroz de esa alianza, continuado durante la década del noventa por el binomio Carlos Menem-Domingo Cavallo. La Ley de Entidades Financieras fue uno de sus siniestros legados.

El nombre del proyecto de ley que busca reemplazarla no es azaroso: como Ley de Crédito Productivo, sus fundamentos filosóficos, políticos y económicos apuntan hacia el direccionamiento del crédito hacia la producción –especialmente de Pymes, las mayores generadoras de empleo del país y motor fundamental del desarrollo productivo-, como condición necesaria para la redistribución de la riqueza.

“Lo que tenemos que hacer es que sea más rentable invertir en un crédito productivo que en la especulación financiera -sostuvo Rilo- Esta Ley de Crédito Productivo lo que hace es darle un real protagonismo al Estado como regulador de la actividad financiera del país. El mercado no existe más, no se regula más por oferta y demanda sino a partir de la política de Estado”.

El espíritu de este proyecto engloba, entre otros, dos claros conceptos: el primero, suplantar el objetivo de una mayor rentabilidad posible por el de una mínima rentabilidad necesaria; el segundo, que la actividad financiera deje de ser una función de acumulación de capital para ser un servicio público.

Según explicó Rilo, la regulación estatal partirá de tres pilares fundamentales: la tasa, el destino y la regionalidad, con una estrecha interrelación. El primero, la tasa, es el precio por el acceso al crédito, cuyo costo se traslada al precio de los productos. Por lo tanto, si la tasa es mas baja, el producto va a ser más barato, y viceversa. El objetivo es generar un marco en el cuál los bancos compitan en bajar la tasa, con el consiguiente aumento de los volúmenes de dinero para prestar. A su vez, Rilo sostuvo que “El costo del dinero debe ser segmentado”.

Con la ley vigente, las entidades financieras pueden direccionar el otorgamiento de crédito hacia los sectores que deseen. “Nosotros consideramos que se tiene que regular también el destino, es decir, se tiene que priorizar fundamentalmente todo lo que sea destinado a crédito productivo, a microemprendimientos, de Pymes, que a crédito de especulación”, sostuvo Rilo.
El tercer punto al que apunta la Ley de Crédito Productivo es la regionalización. Los grandes bancos son fundamentalmente urbanos, sumando otra dificultad en el acceso a crédito para los productores alejados de los centros financieros. La nueva ley, incluiría condiciones de territorialidad para asegurar la total cobertura financiera del país.

Tomando estas tres variables, la tasa, el destino y la regionalidad, toda entidad financiera que quiera operar en el país tendrá que cumplir una cuota mínima de créditos a determinado precio, fin y lugar.

A su vez, Rilo explicó: “Lo que cambia, además de estas cuestiones de macroeconomía, es el sujeto. El sujeto de la Ley de Entidades Financieras decretada por Videla y Martínez de Hoz y refrendada por el neoliberalismo de los 90 es el banco. Lo que nosotros hacemos es cambiar el sujeto. El sujeto es el usuario del capital financiero. ¿Cómo? Con créditos regulados según la tasa, el destino y la regionalidad. ¿Y porqué cambia el sujeto? Porque la ley determina que el sujeto sea el usuario”.

La reunión fue la primera de una serie promovida desde el espacio Juventudes Argentinas, que tienen como objetivo profundizar la articulación entre las organizaciones que forman parte del espacio a través de la formación en diversas temáticas que serán replicadas hacia el interior de cada una, para sumar herramientas que permitan a los militantes afrontar el debate público sobre estos temas.

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