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Un fallo obliga a Telefónica a equiparar el sueldo de sus empleados
Contra la discriminación salarial

Fuente: Pagina 12
[15/12/2008] Por Laura Vales (Página 12) - La Justicia condenó a Telefónica de Argentina a pagarles a cuatro ingenieros y un técnico sueldos equivalentes a los del resto del personal. Los empleados habían sido discriminados por afiliarse al sindicato Centro de Profesionales Telefónicos, de la CTA.

Con un fallo que destaca que la Constitución nacional fija igual
remuneración por igual tarea, la Justicia condenó a Telefónica de
Argentina a equiparar los sueldos de cuatro ingenieros y un técnico con
los del resto de su personal. Los ingenieros habían sido discriminados
salarialmente por afiliarse a su sindicato, el Centro de Profesionales
Telefónicos (CTA). Ahora Telefónica deberá pagarles los aumentos de
manera retroactiva y un extra de entre 20 mil y 35 mil pesos a cada uno
por daño moral.

El caso viene del año 2003, cuando la empresa presionó a los empleados
para que no se organizaran gremialmente. Por ese entonces, los
profesionales telefónicos habían empezado a reflotar su sindicato para
enfrentar una ola de despidos y planes de retiro voluntario. La presión
consiguió alejar a muchos del gremio, pero hubo un grupo que se negó a
desafiliarse. Fueron amenazados con la advertencia de que no tendrían
nuevos aumentos de sueldo, lo cual se concretó, ya que a partir de
entonces ninguno recibió las mejoras salariales otorgadas al resto por
la empresa, al tiempo que los congelaron profesionalmente, ya que la
compañía los mantuvo cumpliendo funciones secundarias, por debajo de sus
capacidades.

Los afectados presentaron una denuncia ante la Justicia y en diciembre
de 2006 ganaron un primer juicio, con un fallo que ordenó a Telefónica
dejar de discriminarlos. Tanto el Juzgado de primera instancia como la
Cámara dieron por probado que hubo discriminación gremial y ordenaron
"el cese de toda conducta que obstaculice el libre ejercicio del derecho
de agremiación y de todo acto discriminatorio contra los accionantes".

Este segundo juicio complementa a aquél, que no ordenó específicamente
pagarles los aumentos que dejaron de percibir. El segundo fallo fue
dictado por la jueza Viridiana Díaz Aloy el 27 de noviembre pasado.

Un dato significativo es que los protagonistas del caso —Pedro
Filipuzzi, Juan Valmaggia, Marcelo Grossi, Jorge De Franco y Carlos
Otegui, integrantes de la Gerencia de Redes Dedicadas— no tenían
experiencia sindical y la iniciaron después de cumplidos los 40 años. El
proceso de recuperación de su gremio ayudó a frenar las suspensiones
masivas. Al mismo tiempo, fue fortaleciendo a los profesionales que
inicialmente no se animaron a afiliarse, pero que se presentaron después
a declarar en los juicios, a los que llevaron pruebas de cómo la empresa
les dio aumentos a los que no estaban afiliados.

De manera sorprendente, el testimonio clave fue el del gerente encargado
de presionar a los trabajadores, a quien le tocó después ser víctima de
un plan de retiro. Expulsado de la compañía, declaró ante la Justicia y
confirmó que el único motivo por el que no se les habían dado los
aumentos a los demandantes fue la afiliación. El ex gerente detalló que
"todo el personal afiliado al Cepetel no recibió aumento, sin que
hubiera otros motivos, porque tenían buen desempeño, buena calificación
y los jefes habían pedido que se les aumentara el sueldo".

El fallo de la jueza Díaz Aloy se apoya en las garantías que la
Constitución establece en el artículo 14 bis. La magistrada señala que
el trato discriminatorio por razones gremiales "afecta la garantía
constitucional de igual remuneración por igual tarea receptada en el
artículo 14 bis".

La resolución sólo dispone el pago de las diferencias salariales a los
cinco que fueron a juicio. Como hubo más damnificados, la intención del
gremio es reclamar por los que faltan.

La historia parece así haber llegado a un final feliz, aunque algunos
hechos recientes indican que hay pocas ganas de ponerle un final a la
discriminación. A principios de noviembre hubo elección de delegados en
el sector donde trabajan estos ingenieros. Uno de los demandantes en el
juicio, Pedro Filipu-zzi, se presentó como candidato. El día de los
comicios, la empresa lo acusó de haber utilizado el mail corporativo
para enviar mensajes personales y le impuso una suspensión que le
impidió entrar a su lugar de trabajo. El sector decidió dejar constancia
ante una escribana que le impedía entrar a uno de los candidatos.
Realizaron las elecciones afuera de la compañía, en un bar al que los
trabajadores se trasladaron para votar. El sancionado resultó elegido
como nuevo delegado.

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