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¿NACIONALISMO o XENOFOBIA en la clase Trabajadora Europea?

[14/04/2009]

El Gobierno del Reino Unido parece estar muy nervioso ante un conflicto con su clase trabajadora, con multitud de posibles escenarios, la misma se manifiesta con expresiones de protestas y huelgas locales contra la contratación de trabajadores de otros países de la Unión Europea. Estas manifestaciones han sido provocadas a raíz de la concesión de un contrato por parte de la empresa Total a la italiana IREM para ampliar la refinería de Lindsey, la tercera más importante del país. Ahora bien, esta empresa, que busca bajar salarios, ha priorizado la contratación de centenares de obreros italianos y portugueses, excluyendo así a los locales. Este descontento se ha extendido por casi todo el Reino Unido bajo la consigna "Empleos británicos para trabajadores británicos".

Con la lógica más cruel, los trabajadores británicos caen en la trampa de la xenofobia al reivindicar la preferencia de la mano de obra nacional para defender sus puestos de trabajo. El espectro sindical, está dividido entre la voluntad de solidarizarse con el desamparo de los trabajadores británicos y el rechazo a legitimar esta deriva xenófoba.

En este aparente callejón sin salidas, los gobiernos europeos no podrán sino constatar su impotencia: cualquier intervención iría en contra de las reglas comunitarias sobre la movilidad de los trabajadores en la UE que ellos mismos firmaron, lo que nos lleva a pensar que es imperioso dar un nuevo debate a cerca de la regulación comunitaria.

La triste realidad es que los gobiernos europeos han caído en la estrategia ultraliberal que ellos mismos han seguido y creado. Aceptar la lógica de la “desterritorialización” del capital y del trabajo supone, irreversiblemente, que los salarios compitan a la baja. Lógica perversa que consiste en jugar con las desigualdades de desarrollo económico y social, favoreciendo, de hecho, en Europa a los asalariados de los países menos desarrollados en detrimento de la posición adquirida por los más desarrollados. La ideología europeísta ha servido durante veinte años para enmascarar esta operación. La realidad conflictiva de Inglaterra no es la única. En España aumentan las tensiones tanto contra los trabajadores comunitarios (rumanos) como contra los no comunitarios, a los que se persigue, encarcela y criminaliza deportándolos a sus países de origen, después de haber explotado su fuerza de trabajo. Este brote nacionalista es entendido como “legítimo” a ojos de la opinión pública por el aumento del paro. Los países se hunden en una profunda espiral recesiva -el FMI prevé una caída del PBI del 2% en la zona euro- con un desempleo que se disparará. Así, algunos prevén en España que en el 2009 se superaran los cuatro millones de parados y tal vez los 4,5. En Francia una sola cifra resume la magnitud del seísmo: el número de horas de paro forzoso por reducción de jornada ha pasado de 200.000 en enero del 2008 a 13 millones en diciembre. Esta tendencia se da en toda Europa. La magnitud de la precariedad y de la pobreza resultante será devastadora.

Es de suponer que ante este escenario se produzcan tensiones sociales muy fuertes. Algunos partidos políticos de Derecha se aprovechan para sembrar el odio, la xenofobia y el “nacionalismo”, argumentando que el problema de la falta de trabajo y la inseguridad, fruto de esta, es causado por el ingreso de trabajadores extranjeros. Es por ello urgente tomar conciencia del alcance de la amenaza y de lo que está en juego. Por ello cave preguntarnos: ¿cómo construir una Sociedad Justa ante la deflación de los salarios, que ha sido aceptada por las elites políticas?

¿Qué hacer ante este problema? En primer lugar, hay que oponerse frontalmente a los ataques que se producen en contra del derecho de residencia de los inmigrantes irregulares establecidos. Se trata de defender los derechos adquiridos por extranjeros que han contribuido en gran medida a la riqueza nacional. Lo que aquí está en juego es en realidad el respeto por el Estado de derecho. En segundo lugar, hay que decirlo con todas las letras que la legislación comunitaria en materia de libertad de instalación de las empresas en Europa lleva consigo graves conflictos potenciales. Es indispensable por ello aplicar normas comunes y, en particular, cláusulas en contra del dumping social (y también medioambiental) es indispensable. Sería así razonable crear una autoridad que regule la competencia interna en la zona euro, cuyo objetivo sería imponer normas sociales y medioambientales mínimas a las empresas que se instalen fuera de su país. Sería el primer paso para la creación de un tratado social europeo igualitario, que fijaría criterios de convergencia en materia fiscal y social. Construir de manera efectiva una Europa social basada en la igualdad hacia arriba y no hacia abajo es la única manera de oponerse hoy a las reacciones xenófobas y al nacionalismo que amenazan a Europa.

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