La realización de la cumbre iberoamericana en Mar del Plata (en estos días) nos permite pasar revista a la situación de los países involucrados y analizar las diferentes posibilidades que se presentan para el desarrollo.

Por un lado tenemos a los miembros de la península ibérica, no solo atravesando una profunda crisis, sino en preciso tiempo de violento ajuste que sufren los trabajadores y sectores populares, los más vulnerables al momento de describir el impacto de la crisis.

Tanto España como Portugal están identificados como próximo destino de una crisis que en Europa transitó el camino del ajuste en el “este” (ex países socialistas), en Grecia e Irlanda; como contra parte de una crisis de la banca francesa y alemana, los acreedores de una cuantiosa deuda pública que intenta superar la crisis fiscal de los Estados de la vieja Europa.

La etapa europea es la del desmantelamiento de lo que queda del Estado del Bienestar. Ahora se conoce en carne propia la situación de malestar que hace años transita el sur del mundo.

Esa crisis europea y su ajuste explican el discurso de los gobernantes de la península ibérica a favor de la liberalización de la economía y especialmente de la suscripción del acuerdo de libre comercio entre Europa y América Latina, especialmente con los países del Mercosur.

Es que las empresas españolas (y otras europeas) han invadido con sus inversiones el mercado regional y desde estos territorios surgen ganancias que equilibran las dificultades de esas mismas empresas con explotaciones en territorio europeo. Las ganancias producidas en Latinoamérica los empujan a demandar de la región nuevos resguardos a la “seguridad jurídica” de esas empresas y por eso buscan avanzar en tratados de libre comercio.

Por otro lado, la situación de la región latinoamericana es distinta a la europea, especialmente cuando se miran las cuentas macroeconómicas, que hace sugerir a algunos la lejanía de la crisis mundial. Son los que omiten el carácter transnacional del poder económico en la región y por eso, junto a los datos del crecimiento económico es necesario identificar a los beneficiarios de esa evolución económica, tanto como a la mayoría popular perjudicada.

Así se puede verificar que junto a la continuidad de las fabulosas ganancias de los sectores más concentrados de la economía regional, mayoritariamente asociados al carácter primario exportador que asumió el modelo de desarrollo en nuestros países, se convive con una realidad de insuficiencias donde la cruda realidad de Haití devuelve la cara más cruel del atraso y la miseria regional. Puede constatarse que Haití es proporcionalmente uno de los países de mayor emigración de profesionales, precisamente cuando la catástrofe local demanda de médicos y otros profesionales para atender imperiosas necesidades humanitarias. La región exporta recursos naturales y potencialidad humana, verificando la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.

Pero curiosamente, desde la pobreza e indigencia regional surgen algunas decisiones que sirven para pensar en términos alternativos.

Cuando desde los organismos internacionales se pregonan e impulsan modificaciones regresivas de los sistemas previsionales, desde Bolivia se asume un cambio en el régimen jubilatorio que tiene en cuenta la reducción de la edad de las jubilaciones, especialmente para trabajos insalubres, tal el caso de la minería. Ello pone en evidencia que no se trata solo de considerar la sustentabilidad económica del régimen jubilatorio en sí mismo, sino de generar las condiciones de solidaridad social del conjunto de la economía nacional para asegurar asignaciones previsionales para la totalidad de la población pasiva.

Es también el ejemplo ecuatoriano que en estos días “denunció” los tratados bilaterales de inversión (TBI) que otorgan seguridad jurídica a los inversores internacionales y que fueron negociados en recientes tiempos de ofensiva neoliberal del régimen del capital. Siendo Argentina el país que más tratados suscribió en los 90´, debiera observar con atención el ejemplo de las autoridades del Ecuador e imitar la decisión. Ello podría inducir una actitud regional de demolición de la institucionalidad neoliberal construida en la última década del Siglo XX.

Es el preámbulo necesario para el desarrollo de una nueva institucionalidad, lo que supone un cambio en el modelo de desarrollo, a contramano del libre comercio empujado por los transnacionales y los Estados. Es lo que faltó en la lucha contra el ALCA. La resistencia al libre comercio manifestada en la cumbre popular del 2005 en Mar del Plata, convergente con el accionar de los gobiernos del Mercosur y Venezuela, obturaron la posibilidad de discutir el ALCA. Fue un gran éxito y dejó una asignatura pendiente en la construcción de una nueva institucionalidad regional para el desarrollo soberano.

Ni ALCA, ni otros tratados de libre comercio es lo que necesita la región, ni con EEUU, ni con Europa, sino mecanismos nacionales de transformación de los modelos de desarrollo, con otros beneficiarios de la política económica y una articulación regional que suponga una integración para fortalecer la soberanía alimentaria, energética y financiera.