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A 30 años del golpe genocida
Documento elaborado por los organismos en La Plata

[27/03/2006]

La última dictadura militar implementó un plan represivo dirigido a desarticular las organizaciones populares, a desactivar el alto grado de movilización social existente y a sembrar el terror en la población, para generar las condiciones que hicieran viable un proyecto económico que supondría una brutal transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados del capital. El proyecto neoliberal no podía ponerse en práctica en Argentina sin el golpe: para saquear el país debían expropiar al pueblo de la soberanía y procurar quebrar su voluntad de lucha y su dignidad.
A pesar de la violencia de la represión, y de la eficiencia del Estado terrorista en el cumplimiento de su designio de disciplinar la sociedad, en Argentina hubo resistencia. Resistieron los trabajadores que intentaron seguir reclamando por sus derechos; resistieron los hombres y mujeres que fueron solidarios con quienes eran perseguidos; resistieron los militantes populares y estudiantes que buscaban la manera de sostener la lucha en condiciones brutalmente adversas; resistieron las madres que comenzaron a rondar la Plaza de Mayo; resistieron las Abuelas que siguen recuperando a los hijos de los hijos robados por sus asesinos; resistieron los que sobrevivieron para seguir peleando. Desde el reclamo de “aparición con vida” surgió en este país una nueva forma de la resistencia, que siguió creciendo y multiplicándose cuando - ya en democracia - el saqueo se profundizó, y la usurpación de la soberanía popular tomó la forma de la traición recurrente de los gobiernos ante las expectativas mayoritarias de empezar a construir un país diferente.
La dictadura hizo de nuestro país un campo de muerte y terror. Nos dejó miles de compatriotas desaparecidos, asesinados, exiliados, cesanteados. Dejó también millones de argentinos condenados al hambre y a todos los sufrimientos de la miseria. En esos años comenzó un proceso de vaciamiento del Estado y de liquidación de la estructura productiva nacional que se profundizó en los años posteriores a la recuperación de la institucionalidad democrática y llegó en la nefasta década de los 90 a una situación de descomunal concentración de la riqueza en manos de una minoría beneficiada por los artífices políticos de la entrega, que concluyeron la obra de los dictadores y prolongaron sus prácticas represivas resguardando la impunidad de los asesinos, persiguiendo a los luchadores, y castigando al pueblo empobrecido con el abuso permanente de las fuerzas de seguridad.
En diciembre del 2001, la resistencia popular hizo posible que comenzáramos a poner fin a los años del terror. Por eso hoy podemos reivindicar como avances del campo popular que el Congreso Nacional haya sancionado la nulidad de las leyes de impunidad, y que la nueva Suprema Corte de Justicia haya ratificado esa declaración. Que haya sido posible reabrir las causas penales contra los genocidas y que los asesinos empiecen a ser alcanzados, uno tras otro, por el brazo de una justicia que durante tantos años fue completamente ciega y sorda ante el clamor popular. Que la ESMA haya sido expropiada a los asesinos y que en ese mismo acto el actual gobierno nacional haya refutado públicamente la teoría de los dos demonios, el velo ideológico que contribuyó a sostener la impunidad y la mentira sobre nuestra historia.
Hoy, en Argentina, ya no hay quórum para el seguidismo a los dictados de los organismos financieros internacionales y debatimos un nuevo modelo de país en el marco de un escenario político nacional y latinoamericano favorable para el desarrollo de las fuerzas populares. En este país diezmado y empobrecido aún quedan muchas deudas pendientes y urgentes, pero hemos dejado de retroceder. Tenemos la oportunidad histórica de hacer de nuestras conquistas un punto de no retorno y de profundizar los cambios necesarios para liquidar la estructura que reproduce la injusticia.
Por eso consideramos necesario:
Que se declare la nulidad de los indultos a los genocidas.
Promover el avance de las causas penales para que los genocidas y sus cómplices cumplan prontamente cárcel común y efectiva.
La restitución de todos los niños - hoy jóvenes - secuestrados y apropiados por los represores y sus cómplices.
Que se investiguen y juzguen todos los casos de asesinatos por el gatillo fácil y la represión policial, y se ponga fin al accionar abusivo de las fuerzas de seguridad.
Que se avance en la búsqueda de una solución a la situación de los compañeros luchadores populares que permanecen imputados penalmente.
Promover una depuración de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, tendiente a asegurar el compromiso de sus integrantes con las garantías ciudadanas y la defensa de los derechos fundamentales.
Impulsar la reforma del Sistema Penitenciario y la exoneración de todos los agentes involucrados en casos de abuso de autoridad y corrupción. Exigir el cumplimiento de todas las garantías debidas a las personas privadas de su libertad.
Lograr la plena recuperación de un sistema de educación y salud de calidad para todos.
Que haya trabajo genuino, con salarios y jubilaciones dignas para todos los argentinos.
Recuperar el control estatal de las empresas privatizadas y de los recursos estratégicos para el desarrollo de una nación soberana.
Y efectuar todas las acciones que contribuyan a llevar adelante un proceso de redistribución equitativa de la riqueza.
Generar las condiciones que permitan saldar estas deudas es nuestro desafío. Porque el país que tenemos arrastra las secuelas del modelo que instaló la dictadura, pero es también el resultado de nuestra lucha, de la pelea que en cada momento hemos sabido y podido dar. La esperanza de terminar con la injusticia y de seguir avanzando en el camino de la liberación de nuestra patria sólo puede fundarse en nuestra capacidad de convocar a nuestro pueblo a sumar fuerzas para profundizar la ofensiva contra los sectores del privilegio y las viejas estructuras que han sido funcionales a su proyecto, y para construir una democracia sostenida en el ejercicio pleno de la soberanía popular.
A treinta años del golpe genocida, saber asumir ese desafío será nuestro mejor homenaje a los militantes populares desaparecidos y asesinados por la dictadura, y a todos los compañeros que hoy están en la memoria de la lucha por la dignidad, la justicia, y la libertad.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡PRESENTES!

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