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30 años de resistencia al genocidio
Formosa quiere saber
[18/04/2006] Este artículo fue publicado en la Agencia de la Central de los Trabajadores Argentinos, ACTA.
El 21 de marzo por la mañana, en la sede de la ATE Formosa, integrantes de ese gremio y de la CTA acompañaron al fiscal federal, Danilo Benítez, en una conferencia de prensa para anunciar los avances en tres causas que investigan la desaparición de personas en esa provincia entre los años 1976 y 1977. Antenor “Ñaño” Gauna, secretario general del gremio estatal formoseño, informó a ACTA esta tarde que estos anuncios “abren la puerta a la investigación de lo que aquí sucedió con nuestros compañeros detenidos-desaparecidos durante la dictadura” y que ahora “es necesario acompañar con acciones concretas este proceso”.
“La información está, lo sabemos, y ahora necesitamos que se abra la investigación”, expresó Gauna luego de la conferencia. El fiscal Benítez pidió hoy, acompañado por delegados y trabajadores de ATE y la CTA de esa provincia, que “se inicie el desenterramiento y la exhumación de cuerpos en dos lugares de la capital formoseña: uno era un centro clandestino de tortura, denominado la escuelita, que funcionaba bajo una dependencia policial; y el otro era un cementerio que estaba en las afueras de la ciudad y que posteriormente fue trasladado; hoy en ese lugar hay una plaza llena de juegos para niños”.
Además, el fiscal pidió la detención de Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y Cristino Nicolaides, de acuerdo a su responsabilidad en el nivel jerárquico: Jefe del Estado Mayor, General del Segundo Cuerpo y el General de Brigada de Corrientes, del cual dependía la zona, respectivamente. Por otra parte, se suma el pedido de detención del General Jorge Eusebio Rearte, Jefe de Operaciones en la etapa 1976-1977 mientras ocurrían los hechos más graves de violación de los derechos humanos en Formosa.
“Rearte era Jefe de Operaciones del Regimiento de Infantería de Monte 29, donde funcionó el mayor centro de detención clandestino que hubo en nuestra provincia. Ya estuvo detenido y fue liberado por falta de méritos por una decisión judicial totalmente infundada. Ahora resulta que en esa causa sólo están detenidos un cabo primero, un sargento y un teniente que era jefe de inteligencia y no lo está el responsable máximo y jefe de todos ellos”, expresó Gauna.
Durante la conferencia el fiscal pidió también que se libere “un exhorto al juez Baltasar Garzón en razón de declaraciones de un testigo bajo identidad reservada, quien en el año ’85 habló de las instrucciones que recibió para exhumar y enterrar cadáveres”. Gauna, por su parte, explicó que él participa activamente en este proceso ya que es “querellante en una causa que investiga el paradero de distintos compañeros detenidos-desaparecidos”. Luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que abre las puertas a investigaciones en todo el país, el secretario general de la ATE formoseña se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de Fausto Carrillo, un abogado paraguayo que trabajaba en esos años en Formosa. “Quería aportar todo lo que sé por haber sido detenido y permanecer desaparecido durante 3 meses y ser sometido a consejo de guerra”, indica Gauna, quien fue finalmente liberado en enero del ’84, con la vuelta de la democracia.
La causa Carrillo se inició a partir de una denuncia del doctor Martín Almada, quien luego de descubrir los archivos del terror en Paraguay, se presentó en esa provincia para investigar la desaparición del abogado Fausto Carrillo. “El juez empieza a tomar medidas y nosotros nos metemos como querellantes en esa causa. Sobre Carillo, primero se dijo que había sido apresado por fuerzas represivas paraguayas y tirado al río Paraguay. Pero después, en la investigación, el juez descubre que el abogado muere a consecuencia de la tortura en el centro de detención la escuelita”.
El dirigente explicó que esta tarea la lleva adelante junto a un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos, que “tomamos la iniciativa para que esta investigación avance y lleguemos a lo que estamos deseando todos, nuestro objetivo supremo, que es el descubrimiento de los cuerpos de los detenidos desaparecidos”. Visiblemente emocionado, indicó que “es una herida lacerante que hoy tiene la sociedad y una deuda que tenemos con toda esa historia negra que pasamos. Por eso estoy como querellante”.
Las causas abiertas
El fiscal Benítez lleva adelante tres investigaciones, iniciadas en su juzgado luego de la anulación de las leyes de la impunidad, en búsqueda de detenidos-desaparecidos formoseños. Las causas se han unificado ahora y el fiscal requiere que el juez tome medidas urgentes para avanzar. “Esto nos parece muy importante y alienta expectativas favorables. Porque además, al pedirnos nuestra sede para hacer los anuncios de hoy, estamos ayudando a que no se queden los datos en los pasillos de los juzgados y nadie se entere de nada. La gente debe saber y aportar para que esto nunca más suceda en la Argentina”, reflexionó Gauna. Todo comenzó en diciembre del año pasado. Gauna, como querellante, pidió a la Justicia el allanamiento de los organismos de seguridad que actuaron en esa época. Así, se pudo entrar simultáneamente en dependencias del Ejército, de la Policía Federal y de la provincia, de la Prefectura y la Gendarmería. “Encontramos documentos que muestran con mucha claridad el sistema represivo aplicado en Formosa y vinculado al Plan Cóndor, relacionado principalmente con el Paraguay. Se pueden encontrar todas las actividades y seguimiento de dirigentes obreros y estudiantiles”, explicó Ñaño.
Ahora los integrantes de la CTA deben nombrar un perito de partes para analizar la documentación, que permanece bajo guarda judicial. “Nosotros podremos acceder a esos papeles en estos días, cuando lo determine el juez, pero estamos pidiendo también la presencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, informó Gauna y recordó que son más de 30 los formoseños detenidos durante el primer año de la dictadura más los que fueron arrestados los días posteriores al 5 de octubre del año 1975, fecha en que ocurrió el copamiento, por parte de la organización Montoneros, del Regimiento de Infantería Monte. “Luego de ese hecho se desata una represión muy cruel, muy feroz. Llegaron a matar gente en las calles por el solo hecho de vestir de azul, ya que así vestían aparentemente los que coparon el cuartel. Murieron un chico de 15 años y un bombero, personas totalmente inocentes”, recuerda. También en Memoria, Verdad y Justicia
Informe de Derechos Humanos
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Modulo Básico de Derechos Humanos
Vecinos de San Cristobal contra la impunidad
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El Poder Judicial poco ha cambiado
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Documento de los Organismos
Introducción
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