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Modulo Básico de Derechos Humanos [6/04/2006]
Por Ricardo Peidro Una sociedad donde la Justicia en todas sus manifestaciones contenga a los seres humanos es un objetivo que alientan las luchas populares desde las entrañas de la Historia. En ese sentido la CTA es de por sí una organización que brega por los Derechos Humanos: una justa distribución de la riqueza que garantice la dignidad de la vida es prioridad en nuestro accionar cotidiano. • Desde la casi habitual represión Terrorismo de Estado y Genocidio en Argentina Es a partir del 24 de marzo de 1976 donde se despliegan niveles de represión inéditos para quebrar la organización popular y disciplinar a la sociedad en su conjunto. La CTA lo planteó claramente en la presentación como querellante ante el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid a cargo del Juez Baltazar Garzón, cuando aquí las leyes de impunidad impedían el accionar de la justicia: “Fue un plan concertado por los grandes grupos económicos y las fuerzas armadas para implementar el terrorismo de estado y el genocidio con el objetivo de disciplinar socialmente la clase trabajadora para obtener una más alta tasa de ganancia y concentración económica. La reivindicación de todos los compañeros detenidos- desaparecidos es una tarea insoslayable de la Central, que se expresa: • En la exigencia de justicia, así nos presentamos junto a otras organizaciones de Derechos Humanos en Madrid, Italia, en los Juicios de Verdad, Primer Cuerpo de Ejercito, Juicio Oral a Scilingo Al iniciarse los Juicios de la Verdad, se dieron debates entre los participantes y patrocinantes de estos procesos (organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales). Mientras algunas organizaciones hermanas opinaban que la existencia de los juicios como generadores de verdad - sin duda imprescindible - eran necesarios de por sí aunque no se profundizaran en el castigo a los culpables, la CTA y otras organizaciones, sostenían que ese era solo un importante paso pero se debía avanzar en la exigencia de Nulidad de las Leyes de Impunidad e Indultos a los Genocidas. Otra línea de trabajo, que como CTA planteamos incansablemente es sobre la necesidad de recuperar la militancia, los ideales y las banderas políticas de las/los compañeras/os víctimas del terror dictatorial. Las tendencias a denunciar únicamente la desaparición y la tortura puede invisibilizar la lucha popular por los derechos económicos, sociales, culturales (DESC) para la construcción de un país justo. La resistencia a la Dictadura por parte de los trabajadores y sus organizaciones populares forma parte de la lucha para evitar lo que llamamos el genocidio por planificación de la desigualdad. Como en todo genocidio la primera víctima es la verdad. La dictadura militar intentó inscribir la matanza en un tiempo sin memoria. Pero la verdad es tan insistente como las olas del mar. En las cuentas secretas de los Bancos Suizos, en las inmensas riquezas de generales y almirantes, en los miles de desaparecidos, en los niños arrancados de los vientres de sus madres, en los pedazos rotos de nuestros sueños están las verdades y las causas del genocidio. La década del setenta del siglo pasado alumbró con golpes de Estado y se extendió como una mancha de crueldad a toda América Latina, y de exterminios sin cuentos en Argentina y Chile. Los Militares impusieron la sangre, la descapitalización aberrante, la degradación de nuestras empresas y de los servicios estatales, el aumento de la miseria y el invento del hambre. Nuestra historia ha sido, en muchos casos, un ensayo preliminar del genocidio perpetuado por la dictadura de 1976. Cuando la inmigración pobló nuestro país de innumerables arrojados de Europa, el desprecio de la oligarquía Argentina, otrora indígena, negro o mestizo, se trasladó rápidamente a "los hombres tarados y corrompidos que nos había enviado Europa". (Clodomiro Cordero 1916). En 1931, luego del golpe de Estado, en su primer discurso al país el Dictador y Gral. José F. Uriburu diría "He venido a limpiarlos de gallegos y gringos anarquistas". En 1976, El general Camps opinaría que es justo liquidar a cien sospechosos aunque solo 5 resulten culpables. Por eso estamos aquí, para honrar la vida y pedir justicia para nuestros compañeros. Cuando decimos planificación de la desigualdad estamos sosteniendo que la instalación de la represión, el terror y la muerte por parte de la dictadura, no fueron “extralimitaciones” ni exclusivamente “un objetivo militar”: necesitaban la desarticulación de las organizaciones populares, era necesario quebrar la resistencia de los trabajadores, de ahí que el 67% de las/os desaparecidas/os eran trabajadores. Del mismo modo la desocupación, la precarización, la exclusión y el hambre que se profundizaron en la década del 90, no fueron “efectos no deseados” sino perfectamente planificados para la instalación de la distribución de la riqueza más regresiva de la historia y que continúa hasta nuestros días. Refundar estructuralmente la sociedad Argentina y poner en marcha un nuevo proyecto dominante fue el objetivo principal del golpe de Estado de 1976. La dictadura militar intentó redefinir en forma irreversible, las características sociales, económicas y políticas que le habían permitido a los sectores populares cuestionar el poder y comenzar a debatir un proyecto de transformación. Solo comprendiendo la magnitud y relevancia de lo que estaba en disputa es que puede entenderse la funcionalidad del accionar represivo y del golpe abierto en aquella época. Este asentó la viabilidad de su propuesta en los sectores de mayor poderío económico y transformó al terror y a la reestructuración económico-social en las herramientas principales del proyecto fundacional que se puso en marcha el 24 de marzo. Sobre estas bases el régimen militar avanzó a lo largo de tres líneas fundamentales. • La reestructuración social y productiva. El cambio en la dinámica y en las condiciones productivas que generara la industrialización fue un objetivo fundamental del régimen militar. Bajo el alegato de la supuesta ineficiencia de la industria Argentina se escondía el verdadero sentido del proceso de desindustrialización que, apertura mediante, puso en marcha la dictadura. Se trataba en realidad, de destruir aquel sector productivo cuya estructura y funcionamiento brindó el marco para las condiciones sociales y las alianzas políticas que constituían la base de sustentación de los sucesivos proyectos populares. Solo así puede entenderse que, en nombre de la competitividad, casualmente hayan sido destruidas aquellas ramas industriales que más potencialidad presentaban en el nuevo escenario internacional y bajo el nuevo paradigma productivo (Ej. electrónica y bienes de capital). Las alteraciones producidas en la estructura económica fueron profundas y expresan la medida de la crisis que soportan, aún hoy, los sectores populares. Durante aquellos años se produjo una continua y significativa redistribución del ingreso desde los sectores asalariados hacia los que no lo eran mediante la caída del salario real, el redimensionamiento del mercado laboral y el cambio sectorial de la ocupación, el deterioro de las condiciones de trabajo y el aumento de la jornada laboral. Sin embargo, esto no da cuenta de todos los cambios registrados, ya que entre los empresarios hubo sectores perjudicados por la crisis (los pequeños y medianos empresarios) mientras que otros se beneficiaron con ella: el grupo de las empresas oligopólicas, dentro de las cuales también se produjeron rupturas significativas que dieron lugar a una nueva configuración del poder económico. La redefinición del Estado implicó su creciente subordinación al proceso de acumulación dominante, al tiempo que se eliminaba toda forma de ’redistribución de ingresos hacia los sectores populares. En este marco se inscriben la privatización total o parcial de empresas, la orientación de la demanda estatal en favor de las firmas oligopólicas, la drástica disminución del presupuesto para educación y salud y la concentración creciente de la presión tributaria sobre el consumo y los salarios. Un puñado reducido de grupos económicos (no más de 30), un conjunto de empresas extranjeras y un reducido número de acreedores externos encontraron en esta reformulación del Estado una pieza clave para su expansión. Por último, la reconstrucción de las condiciones de dominación hizo centro en la desarticulación política de la clase trabajadora. Y transformó al terrorismo de Estado en el mecanismo principal de disciplinamiento del conjunto de la comunidad. A partir de estas líneas de acción expuestas, la sociedad Argentina ingresó en un proceso que ubicó en un extremo de la estructura económico, social al sector asalariado con una escasa participación en el ingreso, y con un sensible deterioro en sus condiciones de vida. En el otro, consolidó una fracción de los grupos dominantes originados en una estructura empresarial integrada y/o diversificada, que aumentaron su control sobre los mercados, subordinaron al Estado en su proceso de acumulación y adquirieron gran capacidad para determinar el rumbo económico, social y político de nuestro país. Más aún, difícilmente puedan entenderse los límites que exhibe el proceso democrático argentino sin aludir al nuevo esquema social que instaló la dictadura militar. Doctrina Militar y Represión La naturaleza esencial del golpe de 1976 y su claro intento de reformulación de la estructura los comportamientos sociales le otorgaron sentido y dirección al accionar represivo. En este contexto, los militares abonaron la idea de que LA CRISIS Y LA REPRESION, actuando de manera conjunta y simultánea, configuraban un dispositivo sumamente eficaz para disciplinar y subordinar a los sectores populares. Esto significa que incluyeron en la noción de Seguridad la necesidad de inducir transformaciones tales que al promover una creciente alteración productiva, modificaran, desde sus propias bases, el comportamiento de la sociedad. Al mismo tiempo, la idea del ANIQUILAMIENTO de las organizaciones populares adquiere una centralidad desconocida ex tendiendo su aplicación al conjunto de la comunidad. En este esquema la noción de SUBVERSIVO involucró a toda forma de organización, resistencia o disidencia frente a los objetivos del Proceso Militar. Por Último, cobró relevancia en la estrategia castrense la necesidad de impulsar EL ENFRENTAMIENTO A LA SUBVERSION EN EL CONJUNTO DE LA REGION, desarrollando acuerdos de coordinación represiva con las Fuerzas Armadas de los países vecinos (Plan Condor). Los instrumentos para disciplinar el comportamiento social fueron diversos. Centralmente podrían precisarse cuatro formas represivas que en su articulación definieron la estrategia terrorista que en 1976 aplicó el Estado Argentino son estas: REPRESION LEGAL: en este marco se inscriben todas las estrategias en las cuales el propio Estado asume la responsabilidad de lo que está ejecutando. En concreto los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo constituyen un ejemplo de esta modalidad. REPRESION ILEGAL: remite al mecanismo de secuestro, tortura, y desaparición seguida de muerte o posterior liberación, donde el Estado operó como una asociación ilícita y sin asumir la responsabilidad de la coerción que desplegaba a partir de detentar el monopolio en el uso de la fuerza. NORMAS REPRESIVAS DE CARACTER INSTITUCIONAL: referimos en este punto al andamiaje legal puesto en vigencia y dirigido a silenciar y cercenar las libertades más elementales. Incluimos aquí la definición de normativas que apelando a la imprecisa noción de subversivo permitían tanto en el campo privado como en el público la posibilidad de efectuar persecuciones políticas por la vía de promover el despido con causa. REPRESION ECONOMICA: la inducción de la crisis como modo de reestructurar la sociedad Argentina acompañó la desaparición física con la desaparición real y concreta de sectores y empresas, así como también con la merma en los ingresos y la destrucción del empleo. Aspectos éstos que debilitaron también la capacidad de respuesta y resistencia de los diversos sectores sociales. Las cuatro modalidades descritas se articularon otorgándole una especial centralidad a la represión ilegal. Este fue el mecanismo considerado idóneo para maximizar el terror sobre el conjunto comunitario y al mismo tiempo, reducir el coste político del genocidio que se estaba desarrollando. En este sentido, la dictadura esgrimió falaces argumentaciones que transformaron secuestros en enfrentamientos o que señalaron la fuga al exterior de los que eran denunciados como víctimas de detenciones ilegales (desapariciones). Así. en el discurso dictatorial los desaparecidos estaban cómodamente instalados en Europa y no torturados y secuestrados en algún campo de concentración. La Represión sobre el Movimiento Obrero “En las proximidades de Constitución una patrulla militar de las fuerzas legales sorprendió a un activista que incitaba al cese de las actividades y trataba de impedir la concurrencia al trabajo de algunos operarios, siendo abatido por el fuego. Las fuerzas legales cumplían con la misión impuesta, tendiente a asegurar la libertad de trabajo”. (Este comunicado del primer cuerpo de ejército fue publicado por los medios de prensa el 4 de noviembre de 1977). Tal cual hemos descrito, el eje central del accionar represivo fue diseminar el terror sobre el conjunto deja comunidad. En dicho marco, adquirió centralidad la decisión ya mencionada de desarticular políticamente a la clase trabajadora. MUERTO EL PERRO SE ACABO LA RABIA, era el slogan preferido por el entonces Ministro de Economía para señalar la necesidad de desmontar el mecanismo que transformó a los sindicatos en protagonistas centrales a la hora de discutir los términos de la distribución del ingreso en nuestro país. Obviamente, la clausura de la actividad sindical legal fue la nota común del período dictatorial. Sin embargo, más allá de haber pretendido silenciar el accionar del sindicalismo, lo cierto es que la dictadura puso en marcha un dispositivo económico, político e ideológico destinado a conformar un nuevo tipo de organización sindical REFORZANDO LAS TENDENCIAS BUROCRATICAS MAS NEGATIVAS DE LA EXPERIENCIA SINDICAL ARGENTINA, LA DICTADURA PROCEDIO A GESTAR UN SINDICALISMO ABSOLUTAMENTRE LIGADO A LAS PRACTICAS E INTERESES DE LOS SECTORES DOMINANTES Y ASOCIADO, COMO UN APARATO MAS, A LA NUEVA DINAMICA ESTATAL. La consecución de este objetivo supuso poner en marcha distintos mecanismos. A saber: SUPRESION FISICA (desaparición y/o asesinato), DETENCION, EXILIO O DESPIDO de los cuadros dirigentes (en algunos casos Secretarios Generales de gremios que fueron intervenidos) y de comisiones gremiales internas cuyas prácticas en el espacio sindical suponían la confrontación con el Estado terrorista. Las investigaciones existentes demuestran que el 67% del total de detenidos-desaparecidos fueron trabajadores y gran parte de ellos cuadros intermedios o de base enfrentados con la conducción de su sindicato. Este hecho demuestra el claro intento de fracturar la estructura sindical, rompiendo la cadena de delegados y referencias intermedias que posibilitaban la enorme riqueza y capacidad de reacción del movimiento sindical argentino. Asimismo, esto permitía aislar a las conducciones nacionales a efectos de transformarlas en más permeables para el proceso de cooptación que se puso en marcha. Demoler la resistencia y romper la estructura gremial fueron dos objetivos centrales del accionar represivo. PRESERVACION FISICA Y PATRIMONIAL de los cuerpos dirigentes involucrados en prácticas sindicales que convalidaban las transformaciones impuestas por la dictadura. ESTABLECIMIENTO DE NORMAS INSTITUCIONALES (decretos y leyes) que clausuraban la actividad sindical, destruían todo margen o espacio para la negociación colectiva y suprimían transformando en ilegal todo intento de expresión y resistencia frente a la conculcación de derechos, empleo e ingresos. Rescatar la lucha y la resistencia de los trabajadores El silencio sobre las acciones militantes de los trabajadores durante la etapa no es producto de un descuido sino que está estrechamente vinculado a los efectos que generó la dictadura. Se evidencia en la instalación de la teoría de los dos demonios, en la cual no tenían cabida estas luchas ni tampoco la resistencia que sostenían los trabajadores a través de su militancia. El proceso utilizó todos los mecanismos a su alcance para transformar a los sindicatos en simple correas de transmisión de las demandas del Poder Ejecutivo. Por cierto en parte la tarea fue lograda. Una demostración palpable de esto, fue la declaración que en el marco del juicio a las juntas hicieron dirigentes sindicales respecto a que en el Movimiento Obrero no había desaparecidos. Sin embargo corresponde destacar que fue solo en parte, ya que la resistencia de los trabajadores frente al proceso dictatorial fue una de las claves de su debilitamiento y caída. Esta resistencia se mantuvo en forma ininterrumpida durante los años de régimen militar combinando con inteligencia y audacia distintas formas de lucha. La primacía de los sectores dominantes en la explicación de nuestra historia reciente ha redundado en absoluto desconocimiento del papel cumplido por la resistencia gremial. Tal cual como decimos en un documento reciente: “Hoy, próximo a cumplirse el 30 aniversario del golpe desde la Central de los Trabajadores Argentinos buscamos generar nuevos interrogantes y respuestas colectivas, reconociendo que la lucha y militancia popular tienen constantes que hacen a la génesis de nuestras acciones y será sabiéndonos herederos de esos hechos que podremos encontrar nuevos elementos para seguir construyendo nuestra historia”. Nulidad de las Leyes de la Impunidad La nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto final son el fruto de la lucha y resistencia de nuestro pueblo contra la Impunidad. Esto permite la reapertura de causas que habían quedado congeladas al momento de su promulgación. Este hecho mas la recuperación de la ESMA y el cambio de miembros de la Corte Suprema que garantizaron la injusticia en la década del 90, son un hito importante para revertir años de impunidad y también destaca el compromiso de miles y miles de compañeros y sus organizaciones que no se dieron por vencidos y siguieron peleando en las peores condiciones en momentos que parecía que sostener determinadas convicciones y principios era como pregonar en el desierto. La CTA jugó un rol importante y está orgullosa de eso. El próximo paso es avanzar en la nulidad de los indultos a los militares otorgados por Carlos Menem. Las desigualdades sociales se profundizaron a partir de los años 90. Las respuestas institucionales a las protestas sociales que enfrentaron al modelo de hambre y entrega se caracterizaron por la represión directa, incluso el asesinato de 47 compañeros/ras desde el año 95 a la fecha y la persecución penal de miles de delegados sindicales, trabajadores desocupados, dirigentes sociales, religiosos. La reacción penal fue aumentando proporcionalmente al ritmo de la concentración de la riqueza, la desigualdad social y la entrega del patrimonio nacional. La criminalización de la protesta social fue ideada como un plan para detener la creciente oposición y resistencia de las organizaciones populares y como una herramienta más del control social. A la fecha más de 4000 personas están procesadas por resistir al modelo, de ahí que una tarea fundamental es la lucha por despenalizar la protesta social y la CTA esta comprometida en este sentido como una de sus trabajos prioritarios. Sostenemos entonces que es imposible llevar desde el Estado políticas coherentes de DDHH, si quienes bregan cotidianamente por defenderlos están perseguidos penalmente. Durante la década del ’90, en los momentos más descarnados de la implantación del modelo neoliberal, Carlos Menem- ejerciendo la presidencia - ordena a los fiscales a perseguir específicamente a quienes lideraban las luchas y protestas sociales, algunos de nuestros dirigentes llegaron a acumular más de 50 causas. En estos casos la CTA acompaña y patrocina a nuestras/os compañeras/os procesados por luchar. En este sentido la CTA ha recurrido a diversos mecanismos: • Denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y ante la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, FIDH, la decisión política de judicializar la protesta social mediante un documento que contiene el detalle de las causas. • Se han presentado también denuncias individuales en estos Organismos Internacionales, básicamente las que incluyen figuras como coacción agravada, u otras causas que implican cárcel como condena. • El 27 de septiembre del 2004 se presentó al Secretario de Derechos Humanos de Nación - Eduardo Duhalde - un informe de situación del tema de criminalización, el gobierno se comprometió a actuar pero aun no ha trabajado para generar el marco legal necesario para este objetivo. • Se elaboraron en el ámbito de la Cámara de Diputados 3 proyectos de Ley. El debate se daba entre las figuras de “amnistía” ó “desprocesamiento”, puesto que la amnistía implica la existencia previa de algún tipo de delito. La CTA sostenía que debía plantearse el desprocesamiento ya que negaba la existencia de delito en las luchas populares. Finalmente se logró una síntesis que dio lugar a un proyecto de Ley llamado “extinción de la acción penal y de la pena” presentado el 20 de octubre de 2004, no dando quórum, en la sesión que iba a tratarse, los bloques mayoritarios. El peso del discurso de la derecha basado en la “seguridad” y expresado en las movilizaciones convocadas por Blumberg prevaleció sobre los diputados del PJ y la UCR, que sumado a la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo impidió el tratamiento de la Ley. En la misma línea de disciplinamiento social, los Estados Unidos, bajo la Doctrina Bush, han promovido la instalación de una Ley Antiterrorista como condición de diversos préstamos. Y si bien los grupos de poder y el gobierno de EEUU lo fundamentan dentro de la lógica del terrorismo internacional, escondiendo su continua violación de los derechos fundamentales a nivel internacional, implica también una herramienta que podrá ser usada contra las organizaciones que cotidianamente luchan por los derechos humanos más elementales. El 30 de marzo del 2005 el gobierno sucumbió a la presión y con el voto del Partido Justicialista, la mayoría de la Unión Cívica Radical, el Recrear de López Murphy, el macrismo y algunos partidos provinciales, votaron esta ley. La CTA ante la sanción de la misma se sumó a otras organizaciones nacionales e internacionales y firmaron una declaración común denominada “Una Ley Contra el Pueblo”, donde se denuncia la vulneración de derechos individuales y de la autonomía nacional, como también el posible uso que puede darle los EEUU para instalarse en nuestro territorio, teóricamente para “defenderlo” pero en realidad para apropiarse de nuestras fronteras y recursos naturales. Es en este marco de exclusión de mayorías y tradición autoritarias de las llamadas “fuerzas de seguridad” que se ejerce una represión indiscriminada, especialmente sobre los sectores mas desprotegidos, carentes de derechos, que sufren las consecuencias de las policías bravas y gatillo fácil, criminalizando también la pobreza y poniendo como objetivo a los jóvenes, señalándolos como potenciales enemigos. En los casos que la CTA recibe denuncias de gatillo fácil, luego de recepcionarlas, las deriva a diversas organizaciones específicas o programas, como el denominado “Contra la Impunidad” que dependiendo del Ministerio de Justicia y a cargo de familiares de víctimas de gatillo fácil, cuenta con un equipo de abogados que patrocina y/o acompaña las causas iniciadas. La Constitución Nacional, en la reforma de 1994, incluye en el inciso 22 del artículo 75, los siguientes pactos internacionales y que por lo tanto hoy tienen rango constitucional: Si fueran cumplidos, viviríamos en otra sociedad. Pero sería ingenuo sostener que los DDHH tienen vigencia por estar incluidos en leyes y tratados. La tarea de construir poder propio para revertir una relación de fuerzas desfavorables para los sectores populares será la que vaya imponiendo las condiciones que revertirán la situación de catástrofe social que impuso el modelo de “genocidio por planificación de la desigualdad”. Como CTA tenemos mucho trabajo por delante y desde esta Secretaría planificamos: 1- Conformar mas equipos de profesionales del derecho e interdisciplinarios para acompañar las denuncias concretas de compañeras/os. 2- Avanzar en trabajar en la difusión y formación en relación a herramientas concretas para defendernos, conociendo nuestros derechos y los ámbitos y modalidades ya construidas. 3- Construir nuevas herramientas y articulaciones institucionales para dinamizar la defensa permanente de los derechos humanos violentados. 4- Articular las Secretarías y Departamentos de DDHH de la CTA para generar herramientas y dinámicas comunes. Pero básicamente afirmamos que sin la vigencia de los DDHH tal cual los contempla esta Central no es posible el desarrollo social ni individual, ya que representan la defensa de la vida misma, y en esto estamos comprometidos, por la memoria que nos impulsa, por el presente que nos compromete y por el futuro de las nuevas generaciones. También en Memoria, Verdad y Justicia Este artículo fue publicado en la Agencia de la Central de los Trabajadores Argentinos, ACTA. Vecinos de San Cristobal contra la impunidad Un libro inédito de un militante desaparecido en la dictadura Entre los papeles de Eduardo Garat quedó un ensayo sobre la Constitución de 1949, que será publicado por la organización Hijos. Se ofreció este fragmento el domingo 26 de marzo en el diario La Capital de Rosario. El Poder Judicial poco ha cambiado Documento elaborado por los organismos en La Plata Introducción |
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