La información recogida para los seis casos analizados demuestra de manera contundente que existió un patrón común de funcionamiento que se repitió con características muy similares en todos estos grandes establecimientos fabriles: la colaboración de las distintas empresas con las fuerzas represivas mediante la provisión de vehículos, infraestructura, dinero y/o personal, el otorgamiento de libre acceso a las plantas y la remoción de cualquier obstáculo al accionar de las fuerzas armadas, además de la aceptación de la contratación de personal encubierto, con el objetivo de vigilar a los trabajadores y recibir informes de inteligencia sobresus acciones.
Sin embargo, esta síntesis preliminar da cuenta únicamente de un primer
nivel de complicidad de las empresas con las fuerzas militares. Los
testimonios y las pruebas aportadas respecto a estos seis casos -que
coinciden con evidencias, contundentes o fragmentarias, disponibles sobre otros casos, como el de Saiar, analizado por Horacio Verbitsky en
otro artículo de este suplemento- demuestran que los grandes grupos empresarios hicieron mucho más que apoyar la acción de las fuerzas militares.
Entre los documentos recientemente desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos existen algunos muy útiles para comprobar la información que se tenía en la época respecto a la relación entre empresas y fuerzas militares. En un documento de 1978 cuyo objeto principal era informar sobre la desaparición de 19 obreros del gremio ceramista, que trabajaban en la empresa Lozadur, se afirma, no ya con referencia específica a la fábrica en cuestión, sino en términos genéricos: “Creemos que en general hay un alto grado de cooperación entre directivos y las agencias de seguridad -dice el informe- dirigido
a eliminar terroristas infiltrados de los lugares de trabajo industriales, y a minimizar el riesgo de conflictos en la industria. Autoridades de seguridad comentaron recientemente a la embajada - sin referencia especial al caso de Lozadur- que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial.” [1] Es decir, de acuerdo a los funcionarios estadounidenses, el afán represivo de los empresarios era tal, que las propias fuerzas armadas, adalides de la lucha contra la subversión, debían “filtrar” sus denuncias.
Al mismo tiempo, el documento señala que la principal causa de
“denuncia” de trabajadores por parte de los patrones era su desempeño
como activistas gremiales.
Para reconstruir los circuitos de relación entre empresas y fuerzas militares puede resultar útil el testimonio que brindó uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario, conocido como Francisco Bueno, o Banegas. En su declaración ante organismos de derechos humanos en Europa durante los primeros tiempos de la democracia sostuvo:
«Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la
galería La Favorita, en el séptimo piso, oficina 701, bajo el nombre de la
empresa INROS, Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina
donde se distribuía el trabajo de información... De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las fábricas Massey
Ferguson, John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el cordón
industrial del Gran Rosario... Las informaciones eran directamente entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios especializados... El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona del cordón industrial era Cacho Marengo, ese era el seudónimo.
El nombre real es Montenegro... El se dedicaba estrictamente a la parte
de recolectar los papeles que preparaba el personal de gerencia de esas
fábricas... Había otra persona que se encargaba de la zona un poco más
alejada de San Lorenzo, que era el enlace con el servicio de informaciones de la policía de San Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz, aunque el nombre real era Orefice». [2] Este trabajo de recepción y selección de información que preparaban los jerárquicos de las empresas de la región habría comenzado, de acuerdo al testimonio del represor, en el año 1974, dos años antes del golpe del 24 de marzo, lo cual parece altamente plausible a la luz de las informaciones que indican que la represión a los trabajadores de muchas de las empresas estudiadas no comenzó a partir del golpe militar, sino por lo menos un año antes.
Los datos recogidos y testimonios como el precedente indican que los
directivos de las grandes empresas no sólo aceptaron la represión a sus
trabajadores, sino que la demandaron y guiaron, proporcionando listados de trabajadores a ser secuestrados y aportando recursos para el funcionamiento de la maquinaria de la represión. Toda la evidencia disponible apunta a demostrar que los mecanismos mediante los cuales las fuerzas armadas y los sectores empresarios articulaban sus intereses y necesidades se hallaban institucionalizados, implicaban una cierta burocracia y organización, y adquirieron formas similares incluso en regiones distantes entre sí y actividades económicas disímiles.
¿Cuáles fueron los motivos por los que estas empresas se involucraron,
hasta el extremo de volverse co-responsables, en la política represiva?
Analizando los efectos de la represión sobre los trabajadores, puede verse que ésta tuvo, por lo menos, dos grandes consecuencias. Un primer efecto tiene que ver con la transformación de las condiciones de trabajo, sociabilidad y organización en el ámbito de la fábrica. La represión, además de incluir los asesinatos, las desapariciones y las torturas de un grupo de trabajadores, implicó para la totalidad de los obreros una ruptura de los lazos afectivos y de solidaridad que habían constituido el punto de partida para la militancia sindical. Esto fue reemplazado, desde mediados de los años ’70, por un aislamiento
total entre los trabajadores y una prohibición de toda actividad
colectiva. Al respecto, resulta ilustrativo el testimonio de un obrero de Astarsa, que continuó trabajando en la fábrica hasta 1978, que declaró: “no hablaba con nadie... (...) De los muchachos no quedaba nadie, de los chicos con los cuales jugábamos al fútbol, nos juntábamos para Navidad, para Año Nuevo, no quedaba nadie (...) Después me entró
a pasar algo cuando iba a laburar a Astarsa... Cuando ya no estaban los muchachos... cruzaba la barrera para adentro y me entraba a doler la cabeza.” [3] Cabe destacar que aún en un contexto de aislamiento y represión, que en muchos casos implicó constante presencia militar dentro de la fábrica, muchos trabajadores continuaron organizándose y
luchando (como el ejemplo de la asamblea en Dálmine Siderca en 1979, entre muchos otros, demuestra), aunque varios de estos obreros pagaron esta “osadía” con su vida.
Como consecuencia de esta ruptura de los lazos sociales y políticos entre los trabajadores y la anulación legal de sus posibilidades de organización, el grado de explotación se incrementó. El testimonio de Daniel Hagelin, quien durante la dictadura militar fue obrero en Ford Motors Argentina es ilustrativo al respecto: «La jornada era casi de esclavitud.
Yo estaba en el área de prensa y balancines, que es una de las más duras de la fábrica por el tipo de trabajo, dentro de la planta de estampado, que es donde hacen el chaperío del vehículo. Las prensas eran de cuatro por cuatro metros, y para realizar la tarea no hacía falta intelectuales sino personas con mucha fuerza física.
En esa parte el trabajo era casi infrahumano, y los primeros reclamos en
democracia fue mejorar las condiciones del obrero en esa área... Siempre
los empleados de Ford... tuvieron buenos sueldos, y entre las terminales
automotrices era la primera o segunda. Pero durante el Proceso el
salario era magro, ocupaba el séptimo u octavo lugar; se mejoraron las
condiciones luego del ’83.» [4] La desarticulación de la actividad sindical en las plantas, y el disciplinamiento de la clase obrera, a sangre y fuego,
permitió a los empresarios un dominio casi absoluto sobre los trabajadores, y en consecuencia una importante baja en sus costos laborales.
Un segundo efecto de la política represiva se relaciona con el impacto
de estos cambios en cada uno de los contextos fabriles en las relaciones
políticas y sociales a nivel nacional. La política represiva y la anulación
de todo movimiento social de oposición fue una precondición para la implementación de un modelo económico que modificó radicalmente la estructura económica y social argentina, destruyendo las bases del modelo industrial vigente, para imponer, en cambio, un nuevo modo de acumulación centrado en la valorización financiera. En este contexto, estas empresas se beneficiaron, no sólo de su creciente poder sobre los trabajadores que les permitió una mayor explotación de los mismos y una disminución de su estructura de costos, sino de un nuevo modelo económico que las convirtió en beneficiarias de políticas especialmente dirigidas a acrecentar su patrimonio: programas de promoción industrial muy selectivamente otorgados, subsidios y rebajas impositivas, y transferencia al Estado de sus deudas privadas, entre muchas otras.
La política económica y la política represiva estuvieron, entonces, estrechamente relacionadas. Martínez de Hoz, el símbolo de la unidad de
intereses entre las grandes empresas y las fuerzas militares, estuvo lejos de ser un mero técnico, exclusivamente preocupado por cuestiones relacionadas con la política económica, como él mismo argumentó en varias entrevistas y alocuciones públicas. Por el contrario, tanto desde su posición de presidente de Acindar como desde su oficina del Ministerio de Economía Martínez de Hoz, al igual que los demás directivos de las empresas de los grandes grupos económicos, avaló y promovió lo que concibieron como la única forma viable de implementar una política económica que beneficiara a los más grandes grupos económicos de la Argentina, frenando el conflicto de clase, al que consideraban inaceptable:
el terrorismo de estado contra los trabajadores, que en la causa Ford se
denominó “terrorismo de empresa”.
La Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA) realizó la primera elección de autoridades, entre el 1 y 2 de julio. Los sindicatos y organizaciones que participaron emitieron un total de 14.365 votos positivos, que equivalen a un 44,24 por ciento del padrón general de la FETIA. Con estas elecciones los trabajadores del sector de la industria y los servicios dieron un gran paso para la reconstrucción de la organización y representatividad de los trabajadores del sector privado, en el marco de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).
Trabajadores del sector industrial de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y España realizaron un encuentro de formación para la negociación colectiva en el marco de la globalización, durante el mes de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. La discusión estuvo centrada en cómo lograr una mejor organización y acciones sindicales más potentes, teniendo en cuenta el rol cada vez más preponderante de las empresas transnacionales y la expansión del proceso de internalización del capital.
Los despidos por discriminación sindical no han dejado de ser moneda corriente. Con mayor o menos visibilidad, estos hechos que violan no sólo las normas constitucionales sino también tratados internacionales vigentes en nuestro país, están a la orden del día.
