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Buenos Aires, 30 de agosto de 2003
Informe preliminar sobre la situación de las personas con discapacidad en La Argentina

[15/07/2003]

El Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, integrado activamente por las cuatro organizaciones de la sociedad civil firmantes del Convenio que resolvió su integración (CTA, AMIA, Foro-Pro.y Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires), agradeciendo el asesoramiento y la participación de los organismos públicos de defensa y promoción de derechos, cuya nómina se incluye al final de este texto, ha resuelto dirigirse a la autoridades gubernamentales y al conjunto de la sociedad, con el objeto de hacer conocer un primer informe preliminar, sobre la situación de las personas con discapacidad en punto a la vulneración de sus derechos fundamentales.

1.- Documentos

Para ello ha tenido en cuenta los siguientes documentos:

a) Los informes técnicos y declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos que formulan recomendaciones en materia de Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (Ley 25.280)

b) La Constitución Nacional, la legislación vigente en materia de promoción de derechos de las personas con discapacidad, o la referente a políticas públicas universales, que contiene normas específicas sobre discapacidad

c) La Carta Abierta sobre Ciudadanía e Integración de las Personas con Discapacidad del mes de octubre de 2001.-

d) El Proyecto de Decreto Reglamentario de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad, elaborado por el Grupo de Trabajo designado por la Secretaría de Derechos Humanos y que contó con la participación de organismos públicos y no gubernamentales.

e) El Acta Compromiso firmada por representantes de los partidos políticos en abril de 2003

f) La Declaración de Quito que recomienda la aprobación de una Convención Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aprobada por representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe, convocados por la UNESCO

2.- Exhortación a los poderes del Estado y a la sociedad civil

A las y los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, cabe exigirles genuina voluntad política para elevar las condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad, a partir del pleno reconocimiento de su ciudadanía, es decir de su condición de sujetos plenos de derecho. La discapacidad debe ser abordada por una Política de Estado y no relegada a un plano meramente asistencial o delegada en la sociedad civil, con deserción de las agencias del sector público. Se trata también de garantizar una efectiva trasversalidad de las políticas, en relación con las personas con discapacidad.

Al Poder Judicial exigirle que asuma una actitud de vigilancia a fin de garantizar el estricto respeto por la legislación vigente y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, en relación con los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido creemos indispensable que se impulsen capacitaciones de las y los funcionarios judiciales, con el propósito que interpreten de una manera clara, las disposiciones normativas atendiendo a la situación de las personas con discapacidad.

Al mundo del trabajo, incluyendo a los sindicatos y a las organizaciones empresarias les pedimos que tengan en cuenta tanto en los convenios colectivos de trabajo, como en la vida cotidiana en las empresas, la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.

A los medios de comunicación social: les solicitamos que divulguen una imagen positiva y digna de la población con discapacidad, que coadyuve a eliminar los estereotipos culturales que impiden la potenciación social, económica, política y cultural del colectivo de las personas con discapacidad y de cada una de ellas.
Ha llegado la hora de establecer un compromiso público y definido. Los dirigentes argentinos de todos los sectores gubernamentales, políticos, sindicales, empresarios, educativos, comunicacionales, de las organizaciones no gubernamentales, deben decir en concreto si van a permitir que continúe el maltrato y la negación de los derechos de las personas con discapacidad o si la igualdad de trato y de oportunidades garantizados por los tratados internacionales, la Constitución Nacional (art. 75, inc. 23) y la legislación vigente, se va a traducir en lo inmediato y en los hechos en una nueva y vigorosa política de integración social, cultural, laboral y económica de las personas con discapacidad, a partir de una clara, definida y significativa asignación presupuestaria.

3.- Cuadro de situación

Queremos expresar nuestra alarma por la situación crítica en que se encuentran las personas con discapacidad en la Argentina y por lo que implica la indiferencia por parte de muchos organismos del Estado e incluso por la propia sociedad civil, frente al incumplimiento de la legislación vigente, la ineficacia o inaplicabilidad de muchas políticas públicas y la comisión de actos discriminatorios.

3. 1.- No sabemos cuántas son las personas con discapacidad que habitan nuestro país. Dificultades en la realización del Censo Nacional impidió obtener datos ciertos sobre el tema. Puede estimarse no obstante que su número no es inferior a un 9% del total de la población y que ha crecido como consecuencia de la agudización de la crisis, con sus consecuencias de aumento de la extrema pobreza, la desnutrición y la exclusión social.
Dos sectores particularmente críticos son:
los niños que nacen con discapacidad o que las adquieren en los primeros años de vida como consecuencia de la desnutrición, fruto de la pobreza y la exclusión social
y los ancianos, que ven disminuidas sus fuerzas físicas, son más propensos a las enfermedades invalidantes y alcanzan hoy una más alta esperanza de vida, generalmente acompañada de una mayor fragilidad.

3.2. Nos preocupa la incidencia que el aumento de los índices de pobreza y desocupación tienen sobre la situación de las personas con discapacidad. La discapacidad tiene una transversalidad que la hace depender de factores sociales, económicos, culturales, educacionales y familiares.
La pobreza no solamente acentúa las consecuencias negativas de la discapacidad sobre las familias, sino que es en sí misma un factor que favorece el surgimiento de discapacidades, sea por la incidencia de condiciones de vida desfavorables, cuanto por la falta de accesibilidad a los servicios de salud, educación y rehabilitación, que acompaña, generalmente a la pobreza extrema y a la desocupación.

3.3. Afirmamos que en la Argentina, a pesar de los avances normativos, fruto de la legislación específica, los tratados internacionales de derechos humanos(particularmente la Convención Americana sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad(ley 25.280) y del texto de la Constitución Nacional reformada en 1994, se invisibiliza, discrimina y excluye a las personas con discapacidad, en lo social, político, laboral, económico y cultural. El reconocimiento efectivo de derechos requiere un cambio de actitudes tanto en los niveles gubernamentales y dirigenciales, como en el conjunto de la comunidad nacional. Se trata de tomar en cuenta tanto en las decisiones gubernamentales como en la vida cotidiana, el valor, la dignidad y la ciudadanía plena de las personas con discapacidad y viabilizar su participación.

3.4. Persisten enclaves culturales y barreras que tienden a la exclusión de lo diverso, de lo que no es considerado útil o se aleja de las pautas culturales dominantes de plenitud, inteligencia, salud y belleza, pese a que los procesos de integración han tenido ciertos avances positivos.
Un cambio cultural nos llevará desde una sociedad signada por el consumo y la explotación, hacia una comunidad solidaria, que valorando la diversidad y la dignidad de la vida, se base en el respeto a la inclusión de todas las relaciones humanas. Es necesario, en particular, terminar con las barreras físicas, culturales y comunicacionales que impiden la integración y el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.

3.4.1. Las ciudades en su mayoría carecen de accesibilidad en sus calles y aceras, así como en la mayoría de sus escuelas, edificios públicos y privados, estaciones ferroviarias y de subterráneos. Tampoco hay de modo suficiente adaptación de los espacios públicos y privados para personas afectadas por discapacidades, en particular, las visuales y auditivas.
Es necesario que el Estado cumpla con la responsabilidad que en tal sentido le asignan la Constitución Nacional, sus leyes y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional, sistemáticamente eludida por sucesivos gobiernos que, por acción u omisión, convirtieron en letra muerta las normas que amparan los derechos de estos ciudadanos.

3.4.2.. En particular nos preocupa la accesibilidad al transporte público. Hay leyes positivas para favorecer el acceso de las personas con discapacidad, pero acciones negativas de carácter corporativo y empresario, desde sectores de gobierno, se han manifestado en el pasado muy reciente en proyectos con los que el Poder Ejecutivo pretendió desconocer el fruto de años de lucha del sector. Ejemplo de ello son las modificaciones por decretos de dudosa constitucionalidad de resoluciones de la Secretaría de Transporte o de los contratos de concesión del servicio ferroviario de pasajeros, a través de los cuales se priorizan los intereses de las empresas privadas y se sigue postergando el acceso al transporte público de las personas con discapacidad.

Deben adoptarse medidas para lograr:

La intangibilidad de la legislación vigente en la materia y de las medidas y los fondos comprometidos en su cumplimiento
La inmediata modificación de la legislación en materia de transportes públicos de pasajeros para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente sobre accesibilidad y frecuencias.
Destinar los recursos disponibles prioritariamente al desarrollo de políticas y acciones dirigidas a la supresión de barreras culturales, económicas, físicas y comunicacionales.
La inmediata ejecución de un Plan Nacional de Accesibilidad Física y Comunicacional de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional que permita programar y coordinar acciones de difusión y concientización y de eliminación de barreras.

3.5. La escasa inserción laboral de las personas con discapacidad ha llevado los índices de desocupación a más del 90%, según datos relevados por el Ministerio de Trabajo.. Nuevamente es el prejuicio, la ausencia de políticas efectivas y la discriminación lo que nos ha llevado a esta situación de flagrante injusticia. Todo lo normativo se incumple en este campo:
el cupo del 4% en el empleo público;
la promoción eficaz del trabajo protegido -definidamente ausente-
la apertura del mercado de trabajo para los trabajadores con discapacidad que han recibido preparación profesional o técnica específica que los convierten en competitivos, tan reducida que es prácticamente inexistente.
Por ello reclamamos programas efectivos e incentivos para la inserción laboral de las personas con discapacidad, en el ámbito privado y terminar con la falacia, la desidia y el prejuicio que ha impedido hasta el presente el acceso al empleo público, respetando el criterio de a igual empleo igual remuneración, y garantizando un nivel de remuneración que permita cubrir el costo de la canasta familiar. También, reclamamos que no se despida a ningún empleado que adquiera una discapacidad, ni se le reduzca su salario.

3.6. La falta de asistencia y de políticas activas, que posibiliten la integración en el sistema educativo de los niños y jóvenes con discapacidad en situación de pobreza; por el rechazo manifiesto de las obras sociales para hacer la cobertura por tiempo prolongado en establecimientos especializados y finalmente, en la educación general básica, por el rechazo cultural que impide una mayor integración de los niños y jóvenes con discapacidad en las escuelas comunes, reduciéndola al posibilismo de los gobiernos de turno.
Percibimos también la ausencia de programas de educación temprana, media y superior y de educación de adultos para personas con discapacidad.
En este marco nos pronunciamos por la defensa y el fortalecimiento de la educación pública y su adecuado financiamiento, incluyendo por cierto la atención específica y la integración de los niños y los jóvenes con discapacidad.

3.7 En materia de salud y seguridad social la asistencia integral de las personas con discapacidad ha sufrido en los últimos años agravadas restricciones similares a las que padece el conjunto de la población, es decir: cobertura insuficiente, desguace del hospital público y de los servicios de las Obras Sociales; financiamiento inadecuado para el sector público.
En este punto hay que llamar la atención sobre la falta de recursos humanos e institucionales en gran parte del país. Es necesaria una política activa que lleve a universalizar las prestaciones a toda la población.
Se necesita una decisión clara en materia de prevención en todos sus niveles.
Dentro de este contexto un párrafo aparte lo requiere la situación del PAMI. Allí miles de personas con discapacidad han visto peligrar su derecho a la atención integral que demanda sus requerimientos básicos.
Es necesario ampliar el presupuesto de las pensiones no contributivas por invalidez porque es el modo con que las personas con discapacidad en situación de pobreza, puedan hacer frente a su situación
Cabe exigir un giro drástico de política, que restituya su capacidad de cobertura a los hospitales públicos y a las obras sociales sindicales; la solución integral de la atención de las personas con discapacidad con o sin cobertura y el abordaje del problema de la seguridad social, dándole al PAMI el sentido para el que fue creado.

3.8.- Financiamiento y presupuesto: Gran parte de las situaciones críticas y la insuficiencia descripta en los párrafos anteriores, tiene su origen en las restricciones presupuestarias y la desviación de fondos legalmente asignados al financiamiento de prestaciones sociales para las personas con discapacidad. Todos los gobiernos democráticos desde 1983 en adelante han restringido, desviado o negado fondos al financiamiento de las políticas públicas del área. Lo que era afirmado en los discursos era sistemáticamente negado en los hechos.
Por eso reclamamos, establecer políticas prioritarias para las personas con discapacidad, con un presupuesto suficiente y adecuado en los ministerios y demás organismos públicos.

4.- Verificación permanente del cumplimiento de las políticas públicas de la discapacidad

La puesta en marcha de políticas y acciones de gobierno para alcanzar los objetivos planteados en cuanto al cambio de actitudes en el conjunto de la sociedad y al cumplimiento de la legislación vigente, requiere tanto un desempeño efecto de los organismos de control y verificación de políticas, como de u n mecanismo que articule eficazmente los esfuerzos de la sociedad civil, con la acción afirmativa de derechos a cargo de las agencias del Estado.
En este sentido creemos que es necesario fortalecer el rol y la tarea de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, lo que tal vez requiera un proyecto de ley que consolide su presencia necesaria en la administración pública como la agencia del Estado de afirmación de derechos de las personas con discapacidad, sin perjuicio de la convergencia en la acción con otras agencias del Estado que abordan temas de derechos humanos.
Las Naciones Unidas han comenzado a discutir el texto de una Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, impulse a través de sus áreas específicas la aprobación de la Convención, en consonancia con el espíritu de la Declaración de Quito, que puede ser un instrumento significativo del derecho internacional de los derechos humanos.
Con el mismo criterio creemos que es necesario impulsar desde el Poder Ejecutivo, la sanción de una ley incluyendo la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, entrer las Convenciones de Derechos Humanos, incorporadas a la Constitución Nacional, según el procedimiento establecido en el art. 75, inc. 22 del texto constitucional.
Finalmente la aprobación del Decreto Reglamentario de la Convención Interamericana `para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad (Ley 25.280), que se encuentra en trámite en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, permitirá contar con los instrumentos necesarios para impulsar con mayor eficacia la verificación del cumplimiento de las políticas públicas de discapacidad.
Este Comité de Evaluación, surgido de un convenio firmado el 15 de mayo, entre las cuatro organizaciones no gubernamentales firmantes, da a conocer este Informe Preliminar, como un aporte al gobierno presidido por el Dr. Néstor Kirchner, que ha comenzado su gestión el 25 de Mayo de 2003, con la esperanza puesta en el compromiso público oportunamente suscripto en su nombre, en la sede del Arzobispado de Buenos Aires, de impulsar un cambio sustantivo en las políticas públicas del área.
Los pasos dados por el Dr. Kirchner y su equipo de gobierno en materia de defensa y promoción de los derechos humanos constituyen positivos signos de esperanza, que esperamos anticipen un cambio tan sustantivo como profundo.

Por las organizaciones de la sociedad civil fundadoras del Comité

Carlos Ferreres (Dto. Discapacidad Central de Trabajadores Argentinos)

Abraham Felperín ( Sec. Discapacidad AMIA- Comunidad Judía)

Pablo Molero (Foro Pro y Comisión de Discapacidad del Arzobispado de
Buenos Aires)

Carlos Eroles (Coordinador del Comité de Evaluación)

Han colaborado en la redacción del texto y acompañan esta presentación:

Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las Personas Discapacitadas

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Auditoría General de la Nación

Instituto Nacional de Lucha Contra la Discriminación
la Xenofobia y el Racismo (INADI)

Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Intern. y Culto

Defensoría del Pueblo de la Nación

Subcomisión de Discapacidad de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano del Honorable
Senado de la Nación

Unidad para Personas con Discapacidad y Grupos
Vulnerables del Ministerio de Trabajo y S. Social

Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia

Consejo por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

También en Comité de Evaluación y Seguimiento

Análisis de la situación y las políticas públicas en relación con la afirmación de derechos de las personas con discapacidad

*_El Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (Ley N° 25.280_*), después de analizar los aportes de distintos miembros, particularmente de aquellos representantes de organismos del sector público que intervienen en su condición de adherentes u observadores, da a conocer el siguiente documento que intenta evaluar lo ocurrido durante el año 2005.

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