[28/10/2009] El presente material es una propuesta alternativa frente al presupuesto 2010 presentado por el poder ejecutivo.
Dicho material propone medidas concretas para abordar los problemas mas urgentes demostrando que existen los recursos para darle solución a la problemática social y productiva en Argentina; Pudiendo hacer frente a la crisis económica y que no recaiga sobre los sectores populares
Frente al presupuesto presentado por el Ejecutivo, que no contiene partidas que expresen una política dirigida a solucionar los problemas más urgentes de la Argentina, presentamos en el presente material una propuesta alternativa al Presupuesto 2010, en el que se proponen medidas concretas para abordar la problemática social y la productiva, demostrando que existen recursos para hacerla posible. Consideramos que esta propuesta presupuestaria pone en marcha un conjunto de medidas fuertemente reactivantes, para que la crisis no descargue sus costos sobre los sectores populares. Es más, pretende transformarla en una oportunidad para replantear las condiciones de desarrollo de la economía y de la sociedad argentina. En el presente dictamen demostramos que es posible hacerlo. Depende de la voluntad política del gobierno nacional.
Las medidas que proponemos pueden diferenciarse según dos grandes ejes temáticos
Medidas sociales:
POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS UNIVERSAL, con el objetivo de atender la situación de los menores mediante una asignación universal por pibe de $ 135, que permita que siete millones de menores de 18 años perciban lo que hoy les niega el sistema de asignaciones familiares. El costo anual de esta medida asciende a $5.833,3 millones.
UNIVERSALIZAR LA JUBILACIÓN MÍNIMA, para atender la situación de medio millón de mayores en edad de jubilarse , que hoy no la reciben. El costo anual de esta medida asciende a $3.275,4 millones.
SEGURO DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA JEFES Y JEFAS DE HOGAR DESOCUPADOS, que permitiría que casi medio millón de jefes de hogar actualmente sin empleo cobren una asignación equivalente al salario mínimo ($1.500), para que efectivamente el salario mínimo opere como piso de ingresos. El costo anual de esta medida asciende a $2.538,1 millones.
AUMENTO SALARIAL DE 14 % A LOS ESTATALES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS, para resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público nacional frente a una hipótesis realista del aumento de precios. El costo anual de esta medida asciende a $2.355,8 millones.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MOVILIDAD, para que las jubilaciones estén atadas al salario avanzando, paulatinamente, hacia el 82 % móvil, desmontando la trampa de la fórmula actual que garantiza la producción de excedentes financieros en el ANSES a costa de mantener en umbrales de subsistencia los haberes previsionales
DEMOCRATIZACIÓN DEL ANSES, para que el uso de los activos acumulados por los jubilados sea orientado en función de sus intereses, y no como fondo de financiamiento al pago de los acreedores y los diversos paquetes anti – crisis que pretenden sostener el crecimiento del nivel de actividad haciendo abstracción del contenido del mismo (cúpula concentrada y extranjerizada).
Medidas productivas:
a) RECUPERAR LA RENTA PETROLERA para que el precio del barril que se vende en el mercado interno tenga que ver con el costo de producción local (u$a 8.-) y no con el precio internacional (u$a 70.-). Para que esto sea posible necesitamos dar de baja los decretos desreguladores y privatizadores que se implementaron en los ’90 y que aún mantienen su vigencia, ubicando a ENARSA como un actor estratégico en el mercado petrolero al otorgarle las áreas que se vayan recuperando vía aplicación y exigencia de cumplimiento del marco legal contractual (por caso, máximo de 5 áreas por empresa, incumplimiento de compromisos de inversión). De este modo, podremos hacer de ENARSA una empresa testigo en el mercado petrolero, que fije condiciones al resto de las petroleras (precio, calidad, inversiones, cuidado del medio ambiente). Así podemos dar de baja al festival de subsidios que, en materia de energía y transporte, ha crecido explosivamente en los últimos años y que ha ido a parar a manos de un puñado de empresas petroleras.
b) RECUPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, CONSTITUYENDO UN FONDO PARA EL DESARROLLO FERROVIARIO, que recupere la industria ferroviaria y conecte pueblos del interior como un motor clave para el desarrollo productivo. Para el primer año proponemos constituir el citado Fondo por un total de $7.410 millones. Por otro lado, promovemos la creación de un FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL NACIONAL para apuntalar la estratégica actividad de los astilleros nacionales. Para la constitución de este Fondo proponemos asignar un total de $3.900 millones en el primer año.
c) CONSTRUIR UN FONDO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA PARA FINANCIAR CAPITAL DE TRABAJO, RECONVERSIÓN EMPRESARIA, MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, APOYO TECNOLÓGICO Y FORMACIÓN, para emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, fábricas recuperadas, cooperativas, asociaciones, etcétera, que maximice el impacto ocupacional, el desarrollo tecnológico y el balance de divisas. Para la constitución de este Fondo proponemos asignar un total de $6.100 millones en el primer año.
En síntesis, las medidas propuestas tienen un costo adicional de $31.412,6 millones a los previstos en el proyecto oficial del Presupuesto 2010.
-Descargar el documento completo-
el presente documento realiza un análisis del el Decreto 1602 que otorga la asignación según el gobierno "universal" para protección social por hijo menor a 18 años.
Después de años de que parte de la sociedad argentina protagonizara un creciente proceso político que construyó las condiciones de un consenso social sobre la necesidad de instituir un derecho a un ingreso básico universal para el conjunto de los menores de la Argentina (proceso político donde la experiencia del FRENAPO que protagonizaran diversas organizaciones sociales y populares en el año 2001 es una referencia insoslayable) el Gobierno Nacional ha respondido con el dictado de un decreto que no se ajusta adecuadamente a la demanda planteada.
Estos números muestran que, lejos de la pretensión de reabrir un canje ya instrumentado en peores condiciones que las originales, se intenta premiar a quienes fueron comprando en el mercado a precios de remate la deuda en default. Sin embargo, hay una pregunta que está por detrás de todo este análisis: porqué reabrir el canje del 2005 cuando se puede instrumentar un nuevo canje en peores condiciones que el anterior y no modificar la ley 26017? Quizá la respuesta esté en el forzado maridaje de la suspensión de la “ley
cerrojo” y las características de la propuesta que se efectivice. Un nuevo canje en peores condiciones podría tener cualquier forma, por ejemplo sólo entregar bono Discount en la misma relación del 2005, pero sin el cupón PBI ni el reconocimiento de intereses vencidos. Si se llevara adelante la propuesta de Barclays mencionada, los tenedores estarían, más allá de que los instrumentos son similares, en mejores condiciones que si hubieran tomado la decisión de canjear en el 2005
