Una vasta experiencia de luchas del movimiento de mujeres y de la intensificación en estos últimos años, para enfrentar fenómenos como la violencia doméstica, la trata, derechos sexuales y reproductivos, aborto, acoso sexual e igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, hacen visible que muchos de estos hechos han sido considerados naturales. Habiéndose logrado que distintos organismos del gobierno tomaran algunas iniciativas para abordar la gama de problemas enunciados, creemos necesario interrogar ese conjunto de prácticas e introducir una reflexión acerca de la relación de nuestras propuestas, los logros, las dificultades y las perspectivas. Por lo tanto resulta pertinente un debate sobre el carácter del Estado en el sistema capitalista, diferenciando el gobierno, como sistema administrativo aparentemente neutro con su base material y su andamiaje jurídico.

A través de los medios nos llegan distintas voces: algunas piensan que el problema es la transparencia, los estilos de gestión, donde faltan decisiones meditadas [1]. Otras critican los rimbombantes anuncios gubernamentales que no se sostienen en las prácticas y los compromisos políticos que se caen ante la falta de decisión para sostenerlos [2]; o se sorprenden por las declaraciones del presidente uruguayo cuando fundamenta su veto a la Ley aprobada en el Congreso sobre derechos sexuales y reproductivos que admite el aborto [3], así como [4] por la designación del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, como presidente de la Comisión de Educación del Episcopado. La iglesia tiene a su fiel representante para seguir oponiéndose a la educación sexual y a toda iniciativa que pueda favorecer a la libertad de elección de la mujer sobre su propio cuerpo. Tampoco es novedad su interrelación con los funcionarios políticos. Sobre los antagonismos entre los sectores progresistas y los más retrógrados, trataremos de ahondar no sólo con declaraciones, sino buceando en los métodos y vías en que éstos últimos detentan el poder, aunque llamen a un diálogo social.

Desde otra perspectiva Atilio Borón [5] analiza el tema del poder y del estado en la sociedad capitalista “dividida estructuralmente entre una clase apropiadora y explotadora y un amplio y cada vez más heterogéneo conglomerado de oprimidos – y algunos que ni siquiera pueden ser explotados” (…)

¿Cómo se ejerce el poder?
Las clases dominantes instituyen por diversas vías y métodos, un orden social que consagra los privilegios de las minorías propietarias y que a través de una compleja cadena de mediaciones deposita en manos de los capitalistas el control de la economía, la política, la cultura y de prácticamente todos los sectores de la vida social. Y es precisamente esa posibilidad de instituir un orden a través de un complejo sistema de mediaciones lo que garantiza que el dominio de los capitalistas (con sus aliados y sus representantes políticos e ideológicos) pueda, bajo ciertas circunstancias, asumir un ropaje exterior ‘democrático’.

¿Cuál es el papel de las mediaciones?
Las mediaciones ocultan la falsa imagen de un consenso muy amplio en torno al orden social vigente y su desigual distribución de recursos, mismo que según sus beneficiarios, se ratifica en el irrestricto respeto que supuestamente garantiza para el disfrute de las libertades individuales

¿Qué papel cumple la represión?
El orden en el sistema capitalista se sostiene mediante la represión, a través del “castigo y escarmiento” pero también ejemplo aleccionador.

Este orden tuvo y tiene efectos en la conducta desde la más tierna infancia dentro y fuera de las instituciones (educacionales, familiares y laborales) Hemos internalizado, independiente de nuestra voluntad, de este modelo, forma parte de la cultura. Su cuestionamiento siempre despierta sospecha y en períodos dictatoriales se agudizó con represión directa sobre el propio cuerpo, tratando de inhibir el pensamiento. En el sistema educativo; al autoritarismo habitual se agregó una consigna: EL SILENCIO ES SALUD.

Asimismo en las relaciones laborales, se puede pensar dentro de ciertos límites. En las negociaciones colectivas, se acuerda los términos en que se vende la fuerza de trabajo. Las medidas de fuerza, toma de establecimientos, corte de calles, se suelen reprimir, pues la propiedad privada es inviolable y “la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro.”

Pero qué es el Estado? Desde este marco conceptual, A. Borón analiza tres dimensiones analíticamente separables.

“En primer lugar, el estado capitalista es un estado de clase y, en cuanto tal, “representa” la condensación de las relaciones de dominio y supeditación que existen en un determinado momento del desarrollo social. Esa y no otra es “representatividad” de la vida estatal: no representa la voluntad de todos los/las ciudadanos como pretende el saber convencional de las ciencias sociales sino el provisorio equilibrio a que se llega en la lucha de clases. Equilibrio que no borra la existencia de una clase dominante, más o menos diversificada o unificada según los casos y su enfrentamiento con las clases dominadas. Y como estado capitalista su lógica de funcionamiento lo lleva a garantizar incesantemente la reproducción de las relaciones capitalistas de producción. (…)

El estado es también un aparato administrativo, político, legal, pero esta superestructura descansa sobre un conjunto de relaciones de fuerzas entre las clases fundamentales, sus aliados y sus representantes políticos (…) Cabe recordar que el estado, en tanto conjunto de aparatos administrativos, burocráticos, legales e institucionales tiene, como su fundamento final y decisivo el monopolio de la violencia.

En tercer lugar el estado también aparece como un escenario “neutro” dónde se dirimen los grandes enfrentamientos sociales. Apariencia que oculta su esencia clasista para mejor garantizar el predominio de la clase dominante.

Sería oportuno abrir el debate en una fecha próxima al 8 de marzo, Día internacional de la mujer trabajadora.

Es una fecha en que las mayorías de las mujeres del mundo realizamos diagnósticos y con renovadas esperanzas propuestas. En este trabajo ejemplificaremos dos situaciones, algunas de Argentina y otras de España, que dan cuenta sobre los términos en que se declama y se actúa en cuanto a los derechos de las mujeres:

Economía y demografía

La judicialización de los derechos

En Argentina las organizaciones que convocaron a la Vigilia por los derechos en marzo de 2008, lo hicieron a partir.

“A 100 años. Dice la tradición que fue en homenaje a la lucha de las obreras textiles de Nueva Cork que murieron en 1908 cuando los dueños incendiaron la fábrica que ellas ocupaban en reclamo de 10 horas de jornada laboral, descanso dominical e igual salario por igual trabajo. (…).

Pero sosteniendo que, a la histórica exclusión de la vida económica y política de las mujeres, se suma la constante pérdida de derechos conquistados. (…) y lanzaron las siguientes propuestas:

 Trabajo genuino con aportes jubilatorios y obra social, con igualdad de oportunidades y trato.

 Un salario igual a la canasta familiar.

 A igual trabajo, igual salario.

 Más y mejores jardines maternales en empresas y barrios.

 Leyes específicas para combatir la Violencia laboral

 Inclusión en la negociación colectiva de cláusulas con perspectiva de género, en la que se debe contar con la presencia de mujeres negociadoras.” [6]

En España encontramos declaraciones en la revista Trabajadora (CCOO) reclamos negociar planes de igualdad en las empresas que contemplen medidas de acción positiva en el acceso al empleo, a la formación, a la promoción y en las condiciones laborales. [7]

Es innegable que el tema de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el campo laboral es un tema que se está imponiendo a través de distintas acciones.

Pero es un hecho objetivo que los informes sobre este tema, tanto en Europa como en América Latina encuentran algunos denominadores comunes:

 las crisis económica y la afectación de los puestos de trabajo

 las diferencias salariales;

 la segregación ocupacional,

 a falta de infraestructura a cargo del Estado para ocuparse de la crianza de los niños y niñas;

 la flexibilidad laboral y/o flexiseguridad [8];

 la derogación en Francia de las 35 horas semanales;

 los intentos de imponer en Europa la jornada de 65 horas semanales.

Numerosos son los interrogantes que surgen frente a este panorama:

¿cuándo se descansa?

¿cómo se conjugan con las medidas de conciliación entre la vida laboral la vida familiar.

En nuestro país, en forma pública y esporádica recibimos información sobre acontecimientos problemáticos en diversas empresas:

• 1º de febrero de 2008: “la sucursal argentina de la empresa multinacional proveedora de productos y servicios de diálisis más grande del mundo acaba de dejar en la calle a 138 mujeres, diez de ellas embarazadas y más de setenta por ciento víctimas de enfermedades laborales. El argumento utilizado es un incendio ocurrido a fines de 2007 en uno de los depósitos que Fresenius Medical Care tiene en su planta del parque industrial de Pilar, pese a que los sectores afectados se están reparando y a la existencia de otro importante depósito construido hace ocho meses. El caso viene a sumarse a otros hechos graves de violencia laboral sobre trabajadoras ocurridos en el último año, que se tradujeron en especias de discriminación, enfermedades e incluso de muerte. [9]

• La Cámara de Apelaciones del Trabajo dio la razón a una empleada que se dio por despedida cuando su empleador no tomó medidas para impedir que un compañero de tareas “le faltara el respeto y la hostigara constantemente con comentarios y gestos obscenos o cargados de contenido sexual que lesionaban su dignidad, su honor, su pudor, su derecho a la libertad sexual” (…) [10]

• Alterini y la cesantía de embarazadas: El candidato de la Unión Cívica Radical al rectorado de UBA, dictaminó a favor de la cesantía de mujeres embarazadas, durante su desempeño como Director General de Asuntos jurídicos de la intervención militar en la Municipalidad de Buenos Aires, en 1982. El único requisito que puso fue que primero terminara su licencia por maternidad, sólo si ya la habían iniciado.

• “A las seis de la mañana arranca la cinta transportadora en la planta de cosméticos y perfumes de Avon. A lo largo de la línea de producción cientos de manos femeninas llenan frascos, otras los cierran y otras los empaquetan. ¿viste la película de Charles Chaplin?, Bueno así, describe una de las chicas. A partir de 2000 esa cinta comenzó a aumentar su velocidad al ritmo de la precarización de los contratos y de las condiciones de trabajo. Hoy las trabajadoras de Avon que tienen tendinitis, operaciones y licencias por enfermedades se cuentan de a decenas. A fines de mayo, esa cinta transportadora se paró durante tres horas por primera vez en la historia de la compañía. A partir de entonces, comenzó una literal caza de brujas con aprietes y las amenazas que apelan al peor de los miedos de este tiempo: perder el trabajo.(…) [11]

• Cifras y rubros que se repiten: en rubros como hotelería o administración la mayoría del personal está compuesto por mujeres, mientras que en la industria del software ellos son mayoría: Las mujeres ocupan cargos de menor jerarquía que los varones, aún teniendo igual o mayor calificación que ellos [12].

Economía y demografía

Por un lado, muchas mujeres ya no eligen ser “dependientes” de los hombres.

“Las medidas tradicionalmente llamadas ‘natalistas’ y de conciliación se apoyan en la creencia de que la transformación de la familia ha sido la causa de la caída de la tasa de fecundidad. En base a esa creencia, muchas personas piensan que la única forma de recuperar dichas tasas de fecundidad es la vuelta de las mujeres al hogar aunque sea temporal y/o parcialmente.” [13]

El financiamiento de la seguridad social en Europa empuja a las “mujeres al hogar y a procrear.

Es interesante la respuesta de María Pazos, en la publicación citada:

En base a esa creencia, muchas personas piensan que la única forma de recuperar dichas tasas de fecundidad es la vuelta de las mujeres al hogar, aunque sea temporal y/o parcialmente. Nada más lógico aparentemente. En base a ello, piensan que más vale sacrificar en parte el capital humano de las mujeres, aún en detrimento de la eficiencia a corto plazo, con tal de resolver el problema demográfico que es uno de los mayores lastres de la economía a medio-largo plazo. Si esto fuera posible, tendríamos un conflicto de intereses entre los derechos de las mujeres y los de la economía. Pero no lo es: en los países donde ya tienen derechos civiles, las mujeres no están dispuestas a renunciar a su autonomía personal en aras de la maternidad. Es cierto que las prestaciones para el cuidado, si son incompatibles con el trabajo asalariado, tienen el efecto de disminuir la tasa de actividad de las mujeres con hijos, pero también lo es que estas mal llamadas ‘políticas natalistas’ no frenan la caída de la tasa de fecundidad (a pesar de las elevadas partidas de gasto público que suponen). (…)

Es evidente que la práctica de las mujeres en el espacio público, permitió hacer una experiencia en la que, en la medida de sus posibilidades, la mujer decide sobre su propio cuerpo, a pesar del peso que tiene la corriente biologista en la cultura.

Varios son los interrogantes que se formula la autora citada:

 ¿a quién favorece el modelo de sustentador masculino/esposa dependiente?;

 ¿es posible un cambio de modelo? Está pendiente la discusión del cuál debe ser el enfoque de las políticas públicas

En coincidencia con esta política natalista, “un partido neofascista de Basilicata, al sur de Italia anunció una ‘operación nostalgia’ para estimular los nacimientos que escasean en este país. Cada bebé que nazca en 2009 recibirá un regalo de 1500 euros (unos 6000 pesos) si los padres los inscriben con el nombre de Benito o Rachelle (Raquel).” [14]

La judicialización de los derechos

En el Nº20 de la revista Trabajadora, junio de 2006, se publica una investigación realizada por la Fundación Sindical de Estudios sobre la judicialización de los derechos de las mujeres en España.

En las 28 sentencias recogidas y comentadas se abordan temas tan dispares como la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre las medidas de acción positiva y su compatibilidad con el Derecho Comunitario, o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que afirma que “Constituye una práctica discriminatoria la disminución de salarios y de funciones durante la reducción de jornada por guarda legal.” (…)

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares afirma: es un despido nulo el de una trabajadora que con anterioridad al mismo había solicitado de la empresa reducción de su jornada laboral, porque condena la empresa a la readmisión de la trabajadora y al abono de los salarios de tramitación. (…)

El Tribunal superior de Justicia de Madrid declaró, en octubre de 2005, nulo el despido de una trabajadora que antes de finalizar su permiso de maternidad solicitó a la empresa una excedencia por cuidado de hijo.

Se dictaron sentencias como la emitida por el Tribunal constitucional en 2005 por discriminación por razón de sexo. En este caso, una trabajadora denunció la relegación progresiva de funciones y pérdida de estatuto profesional en la empresa en los sucesivos períodos de embarazo y maternidad que dio lugar, entre otras consecuencias a un peor trato profesional. Finalmente esta sentencia le dio la razón.

Curioso es también el caso en el que una trabajadora con categoría profesional de segundo piloto en una empresa de líneas áreas fue calificada como: “No apta circunstancial” por razón de embarazo. La sentencia del Tribunal constitucional afirma que la decisión de la empresa era discriminatoria.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla León estudió el siguiente caso: una trabajadora, con categoría profesional de ayudante ferroviario pasó a desempeñar de forma provisional y como consecuencia de su embarazo, funciones del puesto de factor; eso supuso que sus retribuciones fueran reducidas al dejar de percibir el plus de maniobras y el complemento de frenado, por lo que la trabajadora reclamó. La sentencia afirma que aún en el cambio de puesto de trabajo, en caso de embarazo, la trabajadora mantiene el derecho a conservar el conjunto de sus retribuciones y ratifica la condena a RENFE al abono de las diferentes retributivas reclamadas.

Vivimos una puja permanente entre una conquista y dos obstáculos. En el ámbito laboral queda cristalizada la reproducción del sistema y nuestros ejemplos serían infinitos.

Abrir un debate no es para cerrarlo con una conclusión pero sí repensar el sistema de relaciones que vivimos y repensar nuestras acciones, sin crear falsas expectativas, sino ubicándolas en una perspectiva que nos permita aunar iniciativas dentro de un proyecto superador.

Recuperando la historia del papel del estado, A. Borón dice que “es la instancia central donde se dirime la lucha por el poder. Sigue siendo la institución fundamental. Si estamos pensando en coyunturas de cambio o en coyunturas de transición, el estado asume una centralidad absolutamente ineludible en todos los procesos de cambio y no solamente en América Latina. El estado sigue siendo una institución decisiva. Si algo hizo el capitalismo en las últimas décadas fue acentuar las tendencias hacia la estatilización de la vida social. Hoy el capitalismo es mucho más estatalista que hace un siglo atrás.”

Esta tendencia la vivimos en nuestro país, se promueve por un lado la participación de la sociedad civil y por otro es grande la expectativa en el poder legislativo.

Aquella está estimulada en los últimos decenios por las agencias de Cooperación para el Desarrollo, multilaterales y bilaterales, para la Lucha contra la Pobreza y se aprueban en los organismos internacional [15], directrices y políticas operacionales.”En general se define “desarrollo participativo” como un proceso en el cual todas interesa-das, especialmente los más pobres, forman parte del diseño, el control, la toma de decisiones y la distribución y uso de recursos comprometidos en estas iniciativas. (la participación es también considerada un medio para realizar y mejorar la gobernanza democrática y para mejorar la efectividad en la entrega y administración de los servicios” [16]

Los millones de personas que están viviendo en condiciones de miseria en nuestro país no dan cuenta de la efectividad que proclaman estos organismos internacionales por medio de sus representantes locales.

En el Congreso de la Nación existen más de una docena de proyectos sobre la reglamentación del artículo 86 del Código Penal (abortos no punibles, despenalización del aborto y aborto legal, seguro y gratuito, violencia y acoso sexual.)

Me remito a algunos comentarios periodísticos que dan cuenta del estado de la cuestión:

•“Diputadas y diputados que el año pasado aprobaron por unanimidad el dictamen para prevenir y sancionar la violencia y el acoso sexual en el ámbito laboral no esperaban encontrarse con una actitud autista en el Senado, donde falleció la iniciativa. (…) La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), María José Libertino, autora de otro proyecto de ley sobre acoso, relaciona la ausencia de legislación con “las históricas deudas de 25 años de democracia, y eso genera una especie de hartazgo espiritual. Es uno de los temas en los cuales siempre pasa lo mismo, aunque la Argentina incumpla normas internacionales. Algo así como el juego de la oca: cada dos años, media sanción y vuelta atrás.” (…) la diputada Diana Conti presentó en 2005 un proyecto de ley elaborado por los juristas Gustavo Bossert y Ricardo Gil Lavedra, que incorporaba la figura del acoso sexual al Código Penal con penas de hasta cinco años para el acosador. La iniciativa apoyada por Conti, que en ese momento era senadora, no cuajó entre sus pares de cámara “y ni siquiera mi bloque me acompañaba. No creía en el efecto disuasorio de la amenaza de castigo penal”, supone. “Hubo afinidad con el proyecto de Recalde, pero visto a la distancia es evidente que no existió voluntad de avanzar en ningún sentido. En definitiva, sigue ganando la patronal”. [17]

Nos encontramos con distintas explicaciones del fracaso de la resolución de algunos problemas por la vía legislativa: el reconocimiento del poder que tienen los intereses de los empresarios y la complicidad de una parte importante de los legisladores, una caracterización psicológica de la conducta de los integrantes del Senado y la juventud de la democracia. Todos argumentos insuficientes, aquellos más convincente son los argumentos que reconocen que nuestras riquezas, el petróleo, gas y minerales están en manos de empresas multinacionales, titulando la nota: Que lo parió…25 años de democracia no lograron cambiar el modelo Martínez de Hoz. [18]

Lo realmente grave, es que ni siquiera se pueden aplicar políticas, aunque tengan objetivos limitados como los programas para evitar la mortalidad materna e infantil. De este problema da cuenta Ana Suppa [19] (ex Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación) a quien le pidieron la renuncia “justo cuando hay que dar a conocer las cifras anuales en relación a mortalidad materna e infantil (…) desde nuestra concepción, hay una cuestión fundamental: achicar el nivel de pobreza y de desigualdad social, para que las y los ciudadanos puedan acceder a la información y los servicios que brinda este programa (PNSS y PR).

Si la explicación de éstas es la derecha tenemos que reconocer que predominan en la mayoría de actos de este gobierno. Retomando a A. Borón, señala que el concepto de salud no existe en América Latina, “la salud es una cuestión de suerte” y más acertada es la explicación que el poder es una condensación de las relaciones sociales”.