Prioridades y acciones
DISTRIBUCION JUSTA DE LA RIQUEZA
• Terminar con el hambre y la pobreza en Argentina
La discusión sobre esta prioridad incluyó el acuerdo de la necesidad de políticas públicas que contienen la problemática del hambre y la pobreza. Implementación de políticas que punten al ingreso universal y la soberanía alimentaria: asignación para menores de 18 años; seguro de empleo y formación; salario universal vital y móvil; 82% móvil; sistema provisional universal y solidario.
• Trabajo digno para todos
Continuar con la pelea por la estabilidad laboral. Se reafirmaron las reivindicaciones de la CTA respecto al salario universal y el fondo federal del salario. Implementar la remuneración a las amas de casa. Declarar la emergencia sociolaboral rechazando todo despido y suspensión producto de la crisis del sistema capitalista. Promover la eliminación de los contratos basura en el Estado y el ámbito privado. Apertura de paritarias. Así también, el blanqueo y pase a planta permanente de los planes sociales del Estado nacional, provincial y municipal. Promover una ley nacional de expropiación para empresas recuperadas. Creación de ámbitos de formación, reflexión y producción de políticas a favor de la salud laboral y condiciones de trabajo dignas. Campañas contra la precarización y el trabajo en negro. Campaña por la eliminación de los edictos policiales que someten a las trabajadoras sexuales.
• Recaudación pública progresiva
Que en el marco de la crisis capitalista no sean, nuevamente, los trabajadores y el pueblo quienes paguen los costos. Esto incluye: una propuesta de reforma tributaria con exoneración de impuestos a las cooperativas de trabajo y mayor carga impositiva a las empresas, además de la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica.
SOBERANIA NACIONAL
• Recuperación soberana de los bienes naturales y servicios públicos
Se propuso la recuperación de los recursos naturales – petróleo, gas, minerales, agua, usufructo del mar tierra- y de los servicios públicos –transportes, comunicaciones, energía, puertos y vías navegables-, en tanto su condición de derechos humanos inalienables de toda la población.
Se enfatizó la discusión sobre el petróleo y la minería –de forma unánime-, y también, de la energía en general, el gas, el agua y la producción ictícola. Respecto al petróleo se propuso implementar una consulta popular para decidir la derogación de los contratos petroleros y su posterior nacionalización. En cuento a la actividad minera se acordó alentar la derogación del código minero. Acompañar las acciones en defensa del petróleo nacional previstas para el 12 de noviembre.
También, se propuso promover proyectos de ley y realizar campañas a favor de la garrafa social y la regulación del comercio pesquero con carácter protectivo. Además del Acuífero Guaraní.
• No a la concentración ni extranjerización de la tierra
Se propuso poner en marcha la reforma agraria que garantice la restitución de tierra a los pueblos originarios, el desarrollo justo de la producción nacional y la protección del medio ambiente. Promover la creación de la junta nacional de carne y grano.
• Derecho al transporte público
Se habló de la necesidad de impulsar un sistema de transporte nacional integrado para el desarrollo de las economías regionales a su vez, acompañado con la garantía de condiciones dignas del transporte público urbano. En tal sentido, se decidió acompañar la campaña “tren para todos”.
• Derecho a la información y la comunicación
Impulsar una nueva ley de radiodifusión que contenga los 21 puntos consensuados en la iniciativa ciudadana para la democracia comunicativa.
• Protección del medio ambiente
Evitar la contaminación a nuestra tierra y agua por parte de mineras y represas. Impulsar la investigación de nuevos métodos de producción no contaminantes y la consecuente formación en cultura ambiental.
DEMOCRACIA
• Democracia y garantismo sindical
Continuar con la lucha por la libertad y democracia sindical para garantizar la plena participación de los trabajadores y su derecho a organizarse. En tal sentido, promover la personería gremial de la CTA.
• Democratización de las instituciones gubernamentales
Promover cultura plebiscitaria, consultas populares, presupuesto participativo, referendums municipales, reformas de cartas orgánicas municipales, eliminación de listas sábanas, revocatoria de mandato ante incumplimiento público.
Impulsar la reforma judicial que democratice el sistema de justicia; reforme el sistema carcelario incluyendo la lucha por la no baja de imputabilidad, la derogación de la ley antiterrorista y el des-procesamiento de los presos políticos, participando activamente en la marcha de la resistencia y toda red de protección contra la violencia institucional.
Garantizar la representación ciudadana. En tal sentido, se enfatizó la representatividad de los jubilados y trabajadores en los organismos de seguridad social; el reconocimiento del pleno derecho y representación de los pueblos originarios y la articulación tanto con la lucha del movimiento de mujeres por la igualdad de género como con las organizaciones a favor de los derechos de personas discapacitadas.
SEGURIDAD SOCIAL
Se coincidió en el valor de la seguridad social como derecho humano fundamental pueblo en tanto aporte a una construcción que promueva el ejercicio y la conciencia del derecho a la salud, la educación, la niñez y la vivienda. En tanto el derecho a la salud pública se enfatizó la necesidad de prevenir la mortalidad por causas evitables: protección social a los niños y la mujer en situación de embarazo y maternidad; despenalización del aborto y promoción de leyes de emergencia sanitaria y producción pública de medicamentos. En tal sentido, se consensuó apoyar la campaña “Volver a Carrillo”
En tanto el derecho a la educación, se decidió promover la educación pública y gratuita, impulsando una campaña nacional de alfabetización y una visión multicultural de los planes educativos.
En tanto el derecho a la niñez, se enfatizó en recrear políticas públicas para niños y adolescentes que garanticen la protección e integridad física, moral y cultural de los niños y jóvenes. Se propuso la nacionalizar la creación de consejos de niñez y adolescencia; además, de la recuperación de espacios recreativos para jóvenes y niños.
Finalmente, respecto al derecho a la vivienda y el carácter social de la tierra urbana y rural, se convino en impulsar las políticas autogestionarias de organización; promover la asignación de recursos para las cooperativas de vivienda populares, además, de la restitución de las tierras rurales a los pueblos originarios.
Se consensuó en todas las comisiones que estas prioridades deberán expresarse una marcha nacional a realizarse desde todo el país hacia Capital Federal en el mes de diciembre de 2008.
Asimismo las comisiones se manifestaron en particular por
• No al pago de la deuda externa
• Justicia por Fuentealba
• La Derogación de todas las Leyes vigentes desde la Dictadura, entre ellas la Ley de Radiodifusión.
• No a la extradición de los campesinos paraguayos presos.
• Por la continuidad y profundización de los juicios a los genocidas y sus cómplices; y por la Aparición con Vida del compañero Jorge Julio López.
• Repudio al establecimiento de la cuarta flota en aguas latinoamericanas
• Apoyo al compañero presidente Evo Morales y la construcción de una nueva constitución boliviana
Estrategia institucional de la Constituyente / hacia la organización del movimiento político y social
• Unidad Popular de carácter constituyente
Se planteó con fuerza hacer explícita la voluntad de construcción de poder popular, en la forma de un movimiento político nacional, bajo la premisa de que es tiempo de no delegar más y de recuperar el protagonismo político desde las miles de experiencias de construcción en nuestro país. En este sentido, la unidad popular no debe limitarse ya a una política de resistencia, sino fortalecer su carácter constituyente, en tanto capacidad de enfrentar y transformar lo constituido.
• Estrategias de articulación local para una democracia directa
La Constituyente, en tanto construcción del movimiento, debe desplegarse como una herramienta de participación en cada territorio para disputar la política, como parte del proceso hacia la creación de un nuevo tipo de institucionalidad que plantee mecanismos de protagonismo popular –plebiscitos, referéndums, presupuesto participativo, etc.-. Se propusieron en esta línea diversas estrategias locales (consejos, asambleas, cabildos abiertos, etc.) que tengan como objetivo impulsar propuestas y políticas de carácter popular y a la vez poner en práctica el ejercicio de la democracia directa. Se planteó, por otra parte, la importancia de no desaprovechar las herramientas de intervención institucional ya existentes, con el cuidado de que esto no produzca divisiones o disputas al interior del propio proceso.
• Un espacio autónomo, colectivo, horizontal, participativo, pluralista y esencialmente no delegativo
A lo largo del debate se enunciaron algunas características que debiera tener esta herramienta política. Debe ser un espacio autónomo, colectivo, horizontal, participativo, pluralista y esencialmente no delegativo. Debe propiciarse como espacio centrado en la ética del cuidado –individual y colectivo– donde podamos aprovechar las diferencias para potenciar nuestra fuerza colectiva, sin lastimarnos. Debe constituirse mediante promover el protagonismo político tanto hacia adentro como hacia afuera, comprendiendo que la Constituyente Social no es propiedad de ninguna organización sino que somos todos aquellos que queremos construir una fuerza política de liberación.
• Líneas de trabajo en el plano organizativo: formación, comunicación y espacios de debate.
Tres líneas aparecieron acompañando el proceso interno de organización de la Constituyente: recrear espacios de debate que atraviesen la construcción; propiciar la formación política de los compañeros y compañeras; desarrollar y fortalecer medios de comunicación propios. Todo esto en línea con la construcción de conocimiento con una perspectiva desde los trabajadores, atendiendo a recuperar y documentar la producción de las organizaciones que integren la Constituyente, y con una impronta latinoamericana que abreve y alimente la construcción de una identidad propia en términos de mestizaje político, social y cultural. En este sentido, se estableció como estratégico profundizar la unidad e integración de los pueblos latinoamericanos con la participación en espacios como el Unasur, Mercosur, Pacto Andino y Caribeño.
• Constituyentes Provinciales y nuevo Encuentro Nacional
En cuanto a las formas y los tiempos de desarrollo del movimiento –y en paralelo a las acciones específicas acordadas (marchas, movilizaciones, campañas, etc.)– se propuso repetir el proceso que realizamos hacia Jujuy, es decir: trabajar y organizarnos localidad por localidad, confluir en Constituyentes provinciales alrededor de los meses de marzo y abril del año próximo y, finalmente, construir un nuevo Encuentro nacional a fin del primer semestre del 2009, para el cual los compañeros de Neuquén se han ofrecido como sede. En este proceso, es importante discutir especialmente la distinción de nuevos aliados –articulación con el Movimiento de Mujeres, los pueblos originarios, espacios de juventud, movimientos universitarios, etc.- en función de la consolidación y el crecimiento de un movimiento político.
Mirada sobre la coyuntura post-2007. Tres dimensiones de la política nacional: condiciones económicas, subjetividad social y sistema político.
Documento que indaga sobre el discurso del FRENAPO como operación fundamental para la producción de un acontecimiento político y un sujeto que lo encarne.
El siguiente documento es el producto de un trabajo de investigación de más de un año que intentó indagar, a la luz de la trayectoria de la CTA, sus fundamentos políticos primeros y sus enunciados constitutivos, aquellos con capacidad de apelación y de apropiación por parte de un nuevo sujeto de trabajo. Como síntesis -no como conclusión-, tres ensayos políticos y doce entrevistas a referentes nacionales y provinciales de ese momento de la Central. Fue publicado en formato de libro para el IV Congreso Nacional de la CTA, en diciembre de 2002.
