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Criminalización y represión del conflicto social [10/02/2009] En nuestro país tanto la criminalización de la protesta como la penalización de la pobreza son dispositivos fundamentales del poder económico para mantener el statu quo en el marco de una injusta distribución de la riqueza.
En este contexto, durante el 2007 se produjo un fuerte retroceso en nuestro país con la sanción de la Ley Antiterrorista, que establece severas penas, de hasta veinte años de prisión, para quienes sean acusados de pertenecer a organizaciones acusadas de participar en actos vinculados a una supuesta “guerra contra el terrorismo”, que es a todas luces una excusa promovida por los EEUU para implantar “su” terror al margen de todo el derecho internacional desarrollado con posterioridad a la segunda guerra mundial. Sin embargo, la aplicación local de esta ley podrá tener consecuencias muy graves para las organizaciones del campo popular en general, y para los sindicatos en particular. En efecto, leyes similares a la aprobada en nuestro país son actualmente utilizadas para reprimir la actividad de organizaciones sindicales en España y del pueblo mapuche en Chile. El peligro de su aplicación extensiva en nuestro país debe operar como razón suficiente para que desde la CTA impulsemos acciones para lograr su derogación. Mientras tanto, entendemos que esta ley, en la práctica, funcionará como un nuevo marco jurídico represivo del cual se nutrirá el sistema judicial argentino para continuar persiguiendo y criminalizando a los luchadores sociales de todo el país. La penalización de muchos tipos de reclamos públicos actuará, de esta manera, como elemento de disuasión en causas populares. Un ejemplo de la existencia de una regionalización de estos conflictos es la arbitraria detención de seis integrantes del Movimiento de Campesinos del Paraguay, quienes han solicitado refugio político en nuestro país. La CTA ha realizado un acompañamiento permanente en el pedido de libertad y refugio de estos compañeros. En este sentido, observamos con gran preocupación la reaparición de los procesos penales como mecanismo de amedrentamiento y control social de los militantes populares, tal como ha sucedido en los casos de los hospitales Garraham y Francés, los motosierristas de Misiones, y los trabajadores del Subte. Este proceso se complementa con la persistencia de estructuras represivas enquistadas en el aparato del Estado. Desde el regreso de la democracia en 1983 han sido asesinadas por causas de gatillo fácil alrededor de 1700 personas, a pesar de las muchas purgas y desplazamientos realizados, la situaron sigue siendo crítica. Las fuerzas policiales continúan manejándose con un nivel de impunidad, que afecta por sobre todo, a los sectores mas vulnerables. La Ley Antiterrorista, legitima el poder de la represión en este sentido. Paradójicamente muchos jueces suelen ser garantistas a la hora de juzgar a los responsables de estos crímenes: desde 1983 a la actualidad tan sólo siete causas en todo el país han tenido condena de prisión perpetua por el delito de tortura seguida de muerte, a pesar de ser una práctica recurrente en dependencias de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, un logro en ese sentido es que en la Provincia de Jujuy, en un hecho que no registra antecedentes, se haya juzgado a policías involucrados en la muerte de militantes populares. La CTA Jujuy, con el fundamental apoyo de la Organización Tupac Amaru, permitieron sostener este proceso que, luego de 15 meses de investigación, concluyó con el dictado de las condenas para los responsables del asesinato de Josué Mendoza, militante de la Tupac. Finalmente, la última y brutal expresión este retroceso ha sido el asesinato del docente Carlos Fuentealba, que volvió a mostrar la persistencia de dichos aparatos represivos en la estructura estatal. Nuevamente, desde el gobierno de la provincia de Neuquén se intentó presentar un hecho político como un supuesto exceso. Por el contrario, se trató de un policía prontuariado en actividad, que disparó a sangre fría contra un militante popular que reclamaba contra un gobernador que favorece claramente los intereses de las compañías petroleras privatizadas, y que ningunea los derechos de los trabajadores. En tal sentido, dichos asesinatos políticos no resultan de un exceso, sino de la consecuencia de la concentración y extranjerización de los recursos naturales, al margen de los intereses populares. En este contexto, resulta más actual que nunca promover, desde la CTA, las acciones que sean necesarias para fortalecer la campaña por el reclamo de justicia por el crimen de Carlos Fuentealba. También en Opinión y Debates Berlusconi nos repugna, pero no nos sorprende La Central de Trabajadores de la Argentina ha manifestado su profundo y más enérgico rechazo a las expresiones que tuvo el Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi que ofenden la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos. Violencia y delito ¿Qué hacer? Hay que aceptar definitivamente que el delito, que genera inseguridad cotidiana, es producto de un problema bastante más profundo. Guerra sucia y prensa cómplice Los medios ocultan la verdad. Atribuyen toda acción violenta a enfrentamientos entre chiítas y sunnitas, sin pruebas ni fundamentos. Son cómplices del genocidio perpetrado por Washington. Líderes campesinos paraguayos detenidos en Argentina Salieron de Paraguay huyendo de la represión, pero lejos de encontrar asilo, fueron detenidos en Buenos Aires y encarcelados. El símbolo es esa mujer que da vueltas sola en un pueblo del norte. Es la plaza de Ledesma, en Jujuy, donde está el ingenio. La mujer es Olga Aredes, de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Ahora, los argentinos asesinamos a maestros. Después de la célebre “desaparición de personas”, llamada la “Muerte Argentina”, nos gusta el detalle y nos especializamos en docentes. Este 28 de mayo conmemoramos 20 años por la declaración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Rechazo a la ley antiterrorista No podemos menos que rechazar y manifestar nuestro marcado repudio a los contenidos y filosofía de una indefinida ley antiterrorista aprobada por el Congreso de la Nación. Fue un triunfo de la verdad sobre la impunidad. La condena al ex capellán de la policía bonaerense, Cristian Von Wernich, implica una reivindicación para los organismos de derechos humanos y los luchadores populares que claman por justicia y castigo a los culpables del horror durante la última dictadura militar. La CTA exige justicia por Fuentealba La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acompaña a la CTERA en la Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad del día de hoy junto a otras organizaciones sociales, territoriales y de derechos humanos, en el marco de protestas en todo el país al cumplirse un año del asesinato del docente Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén. |
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