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Líderes campesinos paraguayos detenidos en Argentina [10/02/2009] Salieron de Paraguay huyendo de la represión, pero lejos de encontrar asilo, fueron detenidos en Buenos Aires y encarcelados.
Un juez argentino ha dado luz verde a la extradición, ahora recurrida. «Si los extraditan, lo más probable es que los maten", alega la defensa. Arístides Luciano Vera, Roque Rodríguez, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Agustín Acosta y Gustavo Lescano esperan desde la prisión argentina Marcos Paz la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre, el Juzgado Nacional de lo Correccional y Criminal número 4, a cargo de Ariel Lijo, concedió la extradición de estos seis paraguayos por el secuestro y muerte en 2004 de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cuyo cuerpo apareció en febrero de 2005. Ellos niegan los hechos y la única prueba acusatoria es un testimonio más que dudoso. «Paraguay es un país con grandes desigualdades sociales y una dura lucha política entre los sectores de la oligarquía paraguaya, muy ligados a Estados Unidos. Es una de las oligarquías más conservadoras de Latinoamérica. Tras 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, los que gobiernan ahora, del Partido Colorado, son los continuadores de la dictadura en una supuesta democracia. En los últimos cinco años han muerto 200 campesinos y, entre 3.000 y 4.000 marines ocupan el país, principalmente en la frontera con Bolivia», subraya a GARA el abogado argentino Negro Soares que está al cargo de la defensa de estos seis presos paraguayos, cinco pertenecientes al Partido Patria Libre (PPL) y otro al movimiento campesino. A la hora de analizar su situación, Soares se remonta a 2002, año en el que mataron al vicepresidente de Paraguay. El entonces presidente, Raúl Cubas, tuvo que dimitir por la revelación de su implicación en esta muerte. «Este hecho trajo consigo una gran lucha interna política con vínculos con la oligarquía y el narcotráfico. En 2004, se produjo el secuestro de Cecilia Cubas y un considerable aumento de la represión contra los movimientos populares y agrarios. La dirección del Partido Patria Libre fue básicamente diezmada, casi todos están presos o exiliados», remarca. A modo de ejemplo, recuerda la detención ilegal e intento de desaparecer a dos dirigentes del PPL en enero de 2002. Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí fueron secuestrados y torturados durante dos semanas. Tan sólo una filtración y la acción de sus propios familiares y amigos consiguió rescatarlos con vida de una prisión clandestina. La implicación de los aparatos del Estado fue un hecho notorio y constatable que provocó la destitución de los ministros de Justicia y de Interior así como del fiscal general. El caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este clima repreviso, los seis optaron por presentarse voluntariamente ante el juez de instrucción Pedro Mayor que, al no haber pruebas, rechazó en varias ocasiones procesarlos por la muerte de Cecilia Cubas y la adopción de cualquier medida cautelar. Pero en cuanto el Gobierno paraguayo supo que, siguiendo la recomendación del embajador argentino en Asunción y en compañía de su abogada, habían ido a Argentina en busca de asilo, solicitó su extradición. Tres de ellos fueron detenidos por la Interpol en la sede del Cepare (Comité de Elegibilidad para Refugiados) el 2 de mayo. Otros dos lo fueron en una modesta casa de Florencio Varela y el último, cerca de su lugar de trabajo. En contra de lo que suele suceder en este tipo de casos, el proceso judicial se llevó a cabo en un tiempo casi récord. «A los abogados de la defensa no nos permitieron ninguna prueba y el magistrado aceptó la extradición». El pasado martes Soares presentó el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial argentina. Ese mismo día, 4.000 personas exigieron la puesta en libertad de estos seis presos paraguayos, que han recibido el respaldo de la mayoría de organismos de derechos humanos. «En el recurso adjuntamos la declaración pública del presidente Duarte, que dijo que `no parará hasta aniquilar los últimos residuos del Partido Patria Libre’. Si los extraditan, lo más probable es que los maten porque a sus compañeros y allegados los están acribillando en sus domicilios o en la cárcel. Hay elementos suficientes para que Argentina les dé refugio», concluye Soares. Ahora, se abre un indeterminado periodo de espera. Saben que hay muchos intereses políticos en juego pero «están muy esperanzados y agradecidos por la solidaridad recibida». Publicado en Rebelión.org También en Opinión y Debates Berlusconi nos repugna, pero no nos sorprende La Central de Trabajadores de la Argentina ha manifestado su profundo y más enérgico rechazo a las expresiones que tuvo el Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi que ofenden la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos. Violencia y delito ¿Qué hacer? Hay que aceptar definitivamente que el delito, que genera inseguridad cotidiana, es producto de un problema bastante más profundo. Guerra sucia y prensa cómplice Los medios ocultan la verdad. Atribuyen toda acción violenta a enfrentamientos entre chiítas y sunnitas, sin pruebas ni fundamentos. Son cómplices del genocidio perpetrado por Washington. El símbolo es esa mujer que da vueltas sola en un pueblo del norte. Es la plaza de Ledesma, en Jujuy, donde está el ingenio. La mujer es Olga Aredes, de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Ahora, los argentinos asesinamos a maestros. Después de la célebre “desaparición de personas”, llamada la “Muerte Argentina”, nos gusta el detalle y nos especializamos en docentes. Este 28 de mayo conmemoramos 20 años por la declaración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Rechazo a la ley antiterrorista No podemos menos que rechazar y manifestar nuestro marcado repudio a los contenidos y filosofía de una indefinida ley antiterrorista aprobada por el Congreso de la Nación. Fue un triunfo de la verdad sobre la impunidad. La condena al ex capellán de la policía bonaerense, Cristian Von Wernich, implica una reivindicación para los organismos de derechos humanos y los luchadores populares que claman por justicia y castigo a los culpables del horror durante la última dictadura militar. Criminalización y represión del conflicto social En nuestro país tanto la criminalización de la protesta como la penalización de la pobreza son dispositivos fundamentales del poder económico para mantener el statu quo en el marco de una injusta distribución de la riqueza. La CTA exige justicia por Fuentealba La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acompaña a la CTERA en la Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad del día de hoy junto a otras organizaciones sociales, territoriales y de derechos humanos, en el marco de protestas en todo el país al cumplirse un año del asesinato del docente Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén. |
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