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Michael Tanzer, economista graduado en Harvard, que había trabajado durante años para la Standard Oil de New Jersey, hacia los años 70’s denunciaba que la campaña sostenida por las grandes corporaciones petroleras internacionales en contra de la explotación estatal de los recursos hidrocarburíferos, se centraban en tres falacias: primera, que la exploración petrolera es un negocio muy “riesgoso”, segunda, que además requiere cifras cuantiosas de inversión y, tercera, que tan solo las compañías internacionales tienen el dinero y la capacidad técnica para correr dichos riesgos y alcanzar el éxito(1).

Para desmitificar dicha posición puede señalarse que: primero, lo que se consideran los riesgos como tal no existen, dado que la posible rentabilidad de un área puede ser fácilmente cuantificable con una mínima inversión en exploración geológica y geofísica (en aquellos años se conocía que en zonas de EE.UU. se podía establecer que de cinco pozos perforados uno sería productivo y en Medio Oriente dicho índice descendía de tres a uno) (2); segundo, en cuanto a las enormes inversiones seguramente son menores que las gigantescas sumas que se precisan en caso de importar, además de la pérdida que significa para un país el tener que resignar el desarrollo industrial por carecer de petróleo y gas; y, tercero, que la integración y el intercambio entre distintos estados dispuestos a enfrentar las políticas de los monopolios trasnacionales, podría resolver el tema de la inversión necesaria y la capacidad técnica, sobre todo si se contempla que el negocio petrolero no solo debe medirse desde su costo monetario sino desde la rentabilidad social.

Cabe destacar que, a pesar de su falsedad, ese discurso esgrimido por las compañías petroleras permanece vigente y puede escucharse todavía en ámbitos parlamentarios o en los medios masivos de comunicación, cada vez que se hace referencia a la crisis energética y la necesidad de ejercer algún control estatal sobre la explotación de los hidrocarburos.

Sin embargo, como puede vislumbrarse dichos posicionamientos no son nada nuevos y se vinculan con los sucesivos convenios establecidos entre las siete grandes empresas internacionales desde el Pool Associatión of 1928 (o Achnacarry Agreement), celebrado en Gran Bretaña como consecuencia de la guerra de los precios desatada en la India, que luego se extendió por Europa y América, y que había provocado serios prejuicios financieros para el sector.

En definitiva, durante el período que abarca los años 1928 a 1932, se constituirán las bases de la cartelización del mercado petrolero internacional que, para asegurar las ganancias de los monopolios, establecía tres ejes centrales que se comprometían a respetar para continuar formando parte del gran negocio : Primero, consensuar los márgenes de producción y exportación de las áreas productivas que cada una poseía a nivel mundial; segundo, convenir la forma de evadir y contrarrestar las leyes antitrust que el gobierno de los EE.UU. había impuesto para su mercado interno; y, tercero, impedir la competencia del petróleo ruso en el mercado internacional.(3)

Asimismo, puede considerarse que desde entonces las multinacionales del petróleo se constituyeron en pioneras de aquello que algunos autores modernos denominan la “geoeconomia”, es decir, la manipulación ejercida por parte de las compañías sobre sus respectivos estados para que presionen en favor de sus intereses, cada vez que se suscitaba un conflicto con algún gobierno del tercer mundo; sobrados ejemplos de dichas practicas podemos encontrar en la historia de las relaciones de las corporaciones con el mundo subdesarrollado. Ahora, para dichos intelectuales el problema se suscita cuando observan que dichas presiones, a partir del auge del neoliberalismo en los años 90’s, también se producen hacia el interior del mundo de los países avanzados (4).

En tal sentido, podemos recurrir a la historia del siglo XX de América Latina y recuperar la memoria de algunos hechos. En Venezuela, la llamada ley del petróleo de 1943, que permitía la entrega de concesiones a las empresas extranjeras y, a su vez, renovaba las explotaciones vigentes hasta el momento, ley que había sido aprobada por el parlamento casi sin modificaciones, había sido confeccionada el año anterior por la firma Hoover, Curtis y Ruby, estudio jurídico vinculado a la Standard Oil. Y, en 1960, cuando el gobierno de Betancourt firma el decreto de creación de la “Corporación Venezolana del Petróleo” (Corvepet), una publicación inglesa, The Economist Intelligent, publica: “La fundación de la compañía petrolera nacional es principalmente una medida política, llamada a satisfacer la aspiración del pueblo y tranquilizar al ala izquierda del partido del propio señor Betancourt, ala que durante los últimos meses exigió con insistencia la intervención del Estado en la industria petrolera. Ciertos observadores de Caracas aseguran que con la fundación de Corvepet el gobierno ha acallado las conversaciones acerca de la nacionalización de la industria petrolera, al menos por un tiempo”(5).

En 1949, Colombia crea su propia compañía nacional, la “Empresa Colombiana de Petróleo” (Ecopetrol), producto de la movilización del pueblo y de una resolución de la Corte Suprema de Justicia que obligaba al estado a nacionalizar áreas en concesión. Pero, en realidad, la fundación de la empresa nacional transformó la nacionalización en un negocio a la medida de la Standard Oil, dado que, por un lado, en la practica Ecopetrol funcionaba como una compañía mixta asociada a empresas privadas y, en segundo lugar, cuando poco tiempo después los convenios debieron ratificarse, se cedió la explotación de las zonas petroleras a la compañía norteamericana. Es importante destacar que el presidente que lleva adelante dicha políticas, Laureano Gómez, había llegado al poder como hombre protegido por el consorcio petrolero estadounidense.

Sin embargo, los casos más interesantes se dan con la creación de las empresas nacionales de México y Brasil. En 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas funda la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), como consecuencia de un prolongado conflicto entre el Sindicato de Obreros de la Industria del Petróleo y los oligopolios de EE.UU. e Inglaterra, que la Corte Suprema de México y el Consejo Federal resuelven a favor de los trabajadores, se expropian por decreto todos los bienes muebles e inmuebles de las compañías extranjeras al igual que todas sus filiales. Entonces, la Standard Oil de New Jersey designa a un abogado, Donald R. Richberg, para negociar con Cárdenas, con el fin de ofrecer la explotación conjunta aún reconociendo la nacionalización de los recursos. Por supuesto, Cárdenas rechaza totalmente la transformación de PEMEX en una sociedad anónima o empresa “mixta”.

En 1948 el presidente Dutra envía al parlamento brasilero una “ley del petróleo”, cuya redacción se encontraba basada en dos proyectos girados por la Standard Oil Co. de Brasil y la Shell-Mex de Brasil, que establecía la posibilidad de que las compañías por acciones (o sociedades anónimas) creadas en el Brasil pudieran contar hasta con un 40% de participación extranjera. Además, cuando trascendió que en la comisión parlamentaria habían intervenido en el asesoramiento dos abogados vinculados con los monopolios norteamericanos, Herbert Hoover Junior y Arthur Curtis, se originó un escándalo que impidió la sanción de la ley. Con la vuelta al poder de Getulio Vargas, llegaron en misión especial a Brasil los directivos del Chase Nacional Bank, David Rockefeller y Joseph Pogh. Luego de las negociaciones sobre la participación del capital extranjero en la explotación del petróleo, Vargas envía al Congreso el proyecto de ley para la creación de la corporación nacional Petroleo Brasileiro S.A., sancionada finalmente en 1951. El mismo establecía que las empresas internacionales podrían participar hasta un 49% de las acciones y que tendrían la misma representación que el capital estatal, cuatro miembros, en el directorio de la empresa. Producido un nuevo golpe de estado que casi lleva a la liquidación de Petrobrás por el gobierno de Café Filho asesorado por la Standard Oil, finalmente, costo muchos años de lucha al pueblo brasilero poder modificar la situación y conquistar la nacionalización del comercio interno.

“Nada nuevo hay bajo el sol”, sentencia la frase popular. Y, así, vemos como muchas veces las empresas mixtas o las sociedades por acciones sirvieron como pantalla para que desde el estado se garantizara una vez mas los objetivos primordiales de los oligopolios petroleros: la maximización de las ganancias y las posibilidades de exportarlas, la protección de sus inversiones contra toda posible nacionalización, y el incentivo en la lucha contra los competidores.

Y, en el caso argentino con la creación de ENARSA, si hay algo que queda puesto en evidencia, es como la dirigencia política pone en juego todo un sistema de simulación para ocultar su subordinación a aquellos intereses que nos llevaron hacia un modelo energético que se encuentra en crisis como consecuencia de la desinversión, la sobreexplotación y la libre disponibilidad de los recursos.

FeTERA-CTA

(1) Tanzer, Michael: Economía política de los monopolios del petróleo y países subdesarrollados. Ediciones periferia, Bs.As., 1975. Pág. 153.
(2) Ibit., pp.161 y 162.
(3) Vedota, Juan Carlos: El pacto y el petróleo. Todo es Historia, Bs.As., 1976. Pág. 96.
(4) Luttwak, Edgard: Turbocapitalismo. Quienes ganan y quienes pierden con la globalización. Crítica, Barcelona, 2000. Pp. 187 y 188.
(5) Volski, Víctor: América Latina, petróleo e independencia. Editorial Cartago, Bs.As., 1966. Pág.148.

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