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Argentina necesita gobiernos que comprendan lo que pasa en el mundo y que no improvisen, (Arturo Illia, 1982)
.LA ACCIÓN DE ORO DE YPF S.A.

Fuente: Colaboración de la Fundación Arturo Illia

“Como se sabe, Repsol es una empresa bajo control estatal...”, “Como el estado argentino no sólo privatizó YPF sino, además, vendió su acción de oro, se quedó inerme ante los españoles...”, “Esa acción dorada le confería a la Argentina poder de veto o, sin llegar a esos extremos, como mínimo voz en el directorio” “De haber conservado esa arma, el gobierno argentino hubiese podido condicionar, desde su misma gestación, los planteos que la misma petrolera le realizaría a él mismo sobre asuntos como las retenciones.

El Instituto de la Energía y la Infraestructura de la Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz, en su informe de febrero de 2006, entre otros temas, explica la acción de oro del gobierno español, vencida el 6 de febrero pasado, y la acción de oro (potestad jurídica) del Estado argentino sobre YPS S.A.

Recurrentemente emerge el tema de la Acción de Oro (Golden Share). En estos días lo ha hecho traspasando las fronteras nacionales y ha estado referido a la caída legal de la potestad de veto que el Estado Español tenía para impedir el copamiento accionario de la petrolera Repsol YPF SA por parte de compradores indeseables a los intereses españoles. Así se ha dado cumplimiento a lo dispuesto oportunamente por quien dispusiera la venta de la petrolera estatal española, el socialista Felipe González, como también a las regulaciones de tinte neoliberal que emergen de la Unión Europea. De inmediato el Ministro de Industria declaró que el gobierno del PSOE no estaría entusiasmado ante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y que podrían existir dificultades, “debido a la presencia de Repsol en algunos mercados como Argentina”. Al poseer Repsol YPF SA el 99,9% del capital social de YPF SA el tema se ha prestado a distintos comentarios, que recrudecieron ante versiones sobre el interés de la privada británica British Petroleum (BP) y Ente Nazionale de Idrocarburi (ENI), actualmente mixta con participación mayoritaria del Estado Italiano, en la adquisición de la misma. Surgió el interrogante sobre si la existencia entre los activos de Repsol YPF SA de las acciones de YPF SA y, en virtud de que las Leyes Nº 25.145 (de Privatización de YPF SA) y su modificatoria Nº 24.474 establecen la necesidad de contar son el acuerdo del Estado Nacional ante determinadas situaciones que afecten la composición accionaria y sus aspectos esenciales de funcionamiento, obliga a contar con el acuerdo del Gobierno argentino, tanto sea desde el punto de vista legal como desde el de dotar de seguridad a una inversión significativa.

El entonces candidato presidencial Néstor Kirchner, en el transcurso de su campaña denunciaba que en los 90 se había entregado el patrimonio energético e incluso la Acción de Oro de YPF; se comprometía, vehementemente, a recuperarlo. (...)

Ya electo Presidente, y en respuesta a críticas cada vez más severas referidas a la concordancia y más que eso, a la protección y ampliación de los intereses de las petroleras actuantes en el país -los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos- se ha vuelto a esgrimir desde el PEN, como justificación de la imposibilidad de cambiar la situación heredada de los 90, que el gobierno carece de facultades legales para revertirla haciéndose especialísima mención a la pérdida de la institución llamada “Acción de Oro” de YPF S.A. El Dr. Kirchner olvida que Repsol SA, ahora llamada Repsol YPF SA, es una empresa dirigida por capitales privados españoles pero que no ha dejado de ser la herramienta más importante de las inversiones externas del Reino Borbón. Recientemente, a fines del 2005, el Presidente de nuestra Nación fue sólo informado de los planes de inversión de la petrolera española aprobados en España y que muestran una clara preferencia por Europa y China; como en la época de la Colonia, los Virreyes recibían las instrucciones desde España; no importa si se trata de las inversiones más importante que puede requerir nuestra economía. En la reciente crisis boliviana que derivara en la elección de Evo Morales, el Gobierno argentino actuó desembozadamente en defensa de los intereses de las petroleras.

La opinión oficial sobre la Acción de Oro fue especialmente tratado en una nota publicada en el ahora oficialista Página 12 del 28 de octubre de 2004, titulada “Cortina se hizo humo: que significa para la Argentina”. Nada indica que la misma haya cambiado. En esa nota se señalaba lo siguiente: “Como se sabe, Repsol es una empresa bajo control estatal...”, “Como el estado argentino no sólo privatizó YPF sino, además, vendió su acción de oro, se quedó inerme ante los españoles...”, “Esa acción dorada le confería a la Argentina poder de veto o, sin llegar a esos extremos, como mínimo voz en el directorio” “De haber conservado esa arma, el gobierno argentino hubiese podido condicionar, desde su misma gestación, los planteos que la misma petrolera le realizaría a él mismo sobre asuntos como las retenciones. En cambio, al haber renunciado irresponsablemente en tiempos de Roque Fernández a ese recurso legal, al Estado sólo le queda el expediente de la presión política, del apriete sin norma que lo respalde” (la negrita es propia).

Ante tal cúmulo de inexactitudes expiatorias que pueden ser revitalizadas en cualquier momento, es necesario formular los siguientes comentarios:

1.- En el Reino Democrático de España, Repsol YPF S. A. es una empresa con capitales privados mayoritariamente españoles, predominantemente del sector financiero, y sin olvidar a grupos estadounidenses, que cotizan en las Bolsa de Madrid, Nueva York y Buenos Aires. Su Casa Central está en Madrid. Consecuentemente, el control estatal del Estado Español no es accionario, es político, con lo cual se demuestra que, en los países más importantes, a pesar de haber privatizado su petrolera pública, ésta sigue siendo una herramienta fundamental puesta al servicio de los más importantes intereses estratégicos del Estado; el reemplazo de Alfonso Cortina por Antonio Brufau, apenas asumida la Presidencia por Rodríguez Zapatero así lo demuestra. Como se señaló al inicio de este trabajo, en el transcurso de este mes, el Estado Español perdió el poder de veto que le otorgaba la llamada Acción de Oro.

Bolivia marcha a la reorganización de su empresa estatal YPFB; los primeros contactos del Presidente electo son con los gobernantes de aquellos países que poseen empresas petroleras estatales o privadas actuantes en su territorio: Repsol, Total y Petrobrás. Argentina es un simple comprador de gas pues Enarsa es, hasta ahora, una pantalla para que el gobierno argentino facilite los emprendimientos de Repsol YPF SA e incluso de Petrobrás. Argentina, a contramano de su historia; no tiene peso estratégico alguno.

2.- En Argentina, la española REPSOL YPF S..A es poseedora del 99% del capital de YPF S.A. El 1% restante pertenece a diversos pequeños accionistas, dentro de los que se cuenta el Estado Nacional con 1.000 acciones, equivalentes al 0,02% del mismo. La empresa radicada en Argentina YPF SA es una sociedad anónima especial, creada por la Ley de Privatización de YPF y Federalización del Subsuelo N° 24.145, con una participación minoritaria del Estado Nacional.

Se conoce como Acción de Oro a la potestad que han conservado algunos Estados en ciertas sociedades privatizadas, -especialmente las petroleras y prestadoras de servicios públicos esenciales- consistente en la participación obligatoria y aceptativa en determinadas e importantes decisiones empresarias.

La Ley N° 24.145 y su modificatoria N° 24.474 establecen que, “Mientras el Estado Nacional conserve al menos una (1) acción de la Clase A, se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para:

1. Decidir su fusión con otra u otras sociedades.

2. Aceptar que YPF SA sufriera una situación de copamiento accionario consentido u hostil que represente la posesión del 51% del capital social

3. Transferir a terceros, la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco de la Ley N° 17.319... de modo que ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF SA.

4. La disolución voluntaria de YPF SA”.

Asimismo dispone que: ”Para tomar las decisiones referidas en los incisos 3 y 4... se requerirá además del voto afirmativo de las acciones Clase A,... la previa aprobación por ley”.

Ninguna de las mencionadas disposiciones tiene fecha límite temporal asignado.

Desde el inicio de la privatización el Estado designó un Director y Síndico con sus respectivos suplentes, siendo los síndicos propuestos por la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEN), que depende directamente de la Presidencia de la Nación y se rige por la Ley Nº 24 157, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En la gestión de copamiento hostil realizada por REPSOL SA, gracias a la Ley N° 24.474, el Ministro de Economía de Carlos Menem, Roque Fernández, le vendió el 20% del capital accionario que poseía el Estado, conservando sólo 1.000 acciones, con lo cual el Estado perdió la potestad de designar a sus directores y síndicos. Pero tal situación fue subsanada de inmediato mediante la modificación del Estatuto Social que, no solamente le permite mantener los cargos directivos y de control, sino que agregó una potestad limitativa más a las cuatro ya mencionadas, referida al acuerdo de las acciones Clase A para mudar el domicilio fiscal o legal de la Sociedad.

En el supuesto de que alguna de las multinacionales citadas al inicio o alguna otra, efectuara una OPA por las acciones de Repsol YPF SA y que la misma resultara exitosa, el Estado argentino se encontraría con que la dirección de YPF SA ya no pertenece a capitales españoles, con los cuales tiene hoy un acuerdo estratégico, al igual que con el Gobierno del PSOE. De acuerdo a nuestra Ley sería necesario el voto de las 1.000 acciones Clase A. Incluso dado el caso de que el comprador opinara legalmente en una forma distinta, sería muy riesgoso embarcarse en una operación millonaria sin la certeza de poder desarrollar normalmente sus operaciones en Argentina, donde, además de estar radicadas el 50% de las reservas de petróleo y gas, se generan más del 60% de las utilidades societarias.

Bajo la Administración Kirchner, el Estado Nacional designó al director titular y la SIGEN a los dos síndicos: no se entiende entonces como el Presidente y legisladores del Bloque justicialista siguen “quejándose” de la venta de la Acción de Oro. Estos datos son públicos, pueden ser consultados en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Desde la constitución del Directorio de la YPF privatizada no se conocen casos donde los representantes del Estado hayan planteado en las reuniones del cuerpo y en las Asambleas sus discrepancia con medidas violatorias de las leyes de la Nación, como la indexación del precio de los combustibles según las variaciones del precio internacional, expresamente prohibida por las Leyes de Convertibilidad y la Emergencia Pública vigentes; ni tampoco se conoce impugnación alguna sobre la prórroga de la concesión de Loma de La Lata con diecisiete años de anticipación, cuando el Dr. Rafael Bielsa era el Presidente de la SIGEN. Siendo un tema de trascendencia internacional, los argentinos desconocemos los pormenores de la reciente degradación de las reservas declaradas por Repol YPF SA, a pesar de que en la misma se incluyen áreas cuyos contratos de concesión pertenecen a YPF SA, como por ejemplo, Loma de la Lata, Acambuco y Ramos. La conducta del PEN parece guiada por la certeza de que los reservorios afectados están situados fronteras afuera.

No es cierto, en consecuencia, que al Estado le quede solamente la presión política para “apretar” a YPF S.A y que carezca de otros mecanismos, pues además de sus directores, síndicos y asambleístas, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes de la Nación, que son la fuerza de todos. No es que el gobierno no pueda, la realidad es que no quiere, porque, a pesar de sus discursos, comparte plenamente el modelo energético neoliberal.

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