Los Tarifazos que afectan al conjunto de la población, que los acorrala ante el frío y el impedimento de poder usar el gas, la luz, el agua, que son tan imprescindibles hoy, responden a una política energética entreguista y desnacionalizadora cuyos costos son descargados sobre la población.

Política y modelo energético que deberían haberse cambiado. Política que benefició a las empresas multinacionales que descargan ahora sus “costos” (que nadie conoce) sobre la población, que no tiene ninguna responsabilidad en relación a la crisis energética instalada en nuestro país, desde la privatización y extranjerización de nuestras riquezas nacionales.

Los argentinos no tenemos responsabilidad de que nuestros recursos hayan sido depredados, de que nuestras reservas de petróleo, que teníamos por 17 años, ahora queden menos de 7 años; y las reservas de gas, que teníamos por más de 30 años, ahora queden menos de 8 años.

Los argentinos no somos responsables de que, teniendo esas reservas, ahora tengamos que importar gas y nos obliguen a pagar un impuesto de la manera que nos obligan a hacerlo. No somos responsables, tampoco, de que ahora tengamos que pagar un importe para formalizar un fideicomiso que las empresas usarán para hacer las obras que nunca se comprometieron a hacer y que ningún gobierno les exigió que hiciesen, como corresponde a una política seria.

Acá estamos en una situación de ciencia ficción, donde todo se descarga sobre los usuarios, afectando a los que menos posibilidad tienen para defenderse, sobre los poderes adquisitivos desvalorizados por la crisis. En el marco de esta situación, el gobierno decide estos aumentos, de manera ilegal, sin realizar audiencias públicas, violando las autonomías e independencia de los poderes, porque no se puede imponer aumentos por decretos, retroactividad y acumulativos. Sin embargo, estamos viviendo esta realidad, más digna de la ciencia ficción que de una democracia respetuosa de sus propias instituciones.

Convocamos a movilizarnos, a participar, a comprometernos, porque si queremos cambiar esto debemos hacerlo entre todos, en unidad, nadie lo va a hacer por nosotros.

¿Qué debe hacer el usuario ante los tarifazos?:

Primero: Todas las iniciativas que les permitan ir contra los tarifazos; lo principal es comprometerse y movilizarse.

Lo segundo es apoyar las iniciativas de los diputados, a nivel nacional, que han presentado un Proyecto de Ley para que se deroguen todos estos aumentos y el PUREE, que terminó siendo un castigo para todos los usuarios, tanto en el terreno del gas, como de la electricidad.

Lo tercero: las iniciativas de nivel judicial.

Lo cuarto: ir a la Defensoría del Pueblo y juntar todas estas voluntades en movilización para demostrar que aquí realmente hay un perjuicio muy serio y que hay una masividad en ese reclamo, para que quede claro que esto no sólo perjudica a algunos, perjudica a todos y se perjudica, de manera especial, a los que menos tienen y se perjudica a los que tienen salarios congelados y en particular aquellos que no tienen gas natural, que son entre 14 y 16 millones de argentinos que viven con gas licuado de petróleo (garrafa de cocina de 10 kg) que pagan 8 veces más que el metro cubico de gas natural.

La arbitrariedad del gobierno se expresa de diversas maneras:

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 En la decisión de modificar las tarifas y calificarlas como niveles R1, R2, R3… (y así de seguido) con lo cual hay una sorpresiva recategorización de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos consumidos en el año, imponiendo en función de eso, los nuevos incrementos tarifarios. Hay usuarios que pagaban 14 centavos el metro cúbico de gas y ahora pasaron a pagar 57 centavos el metro cúbico, cifra en la que está incorporado el impuesto por importación del gas (que es -más o menos- 27 centavos), donde el usuario no tiene ninguna responsabilidad.

 En haberlo decidido de buenas a primeras, sin previo conocimiento de los usuarios, que tendrían que tener conocimiento ante un aumento, con 30 días de anticipación.

 En pasar ilegalmente por alto la Audiencia Pública, instancia establecida por Ley.

 En imponerle carácter retroactivo, acumulativo.

En una Argentina cuyas riquezas naturales permiten la enorme posibilidad de vivir con dignidad sin padecer hambre, pobreza, indigencia, mortalidad infantil, las familias numerosas, las que menos solvencia económica tienen, las que están en peores condiciones sociales, se ven obligadas a estar limitándose para calentarse en pleno frio, en plena temporada de invierno.

Esta decisión gubernamental, que denunciamos como ilegal e inhumana, tiene “hijos” y “entenados”. Por un lado, afecta a millones de seres humanos, tan hermanos y tan argentinos como todo nuestro pueblo. Y por otro lado, responde, una vez más, a intereses de grupos multinacionales que se han beneficiado depredando nuestros recursos, extrayéndolos -como hasta ahora- sin control, a simple declaración jurada, con libre disponibilidad de las divisas obtenidas.

Nuestro accionar es decisivo.
Por eso, lo que va a cambiar esta situación, de un modelo energético fracasado, terminado, que nos llevó a esta crisis, no son los aumentos salvajes de tarifas: hay que cambiar el modelo energético, hay que recuperar el patrimonio de los recursos naturales y energéticos a manos del pueblo. Sólo así vamos a poder, entre todos, desarrollar una política energética de contenido social que dará las soluciones que necesitamos.