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Numerosa presencia de activistas y dirigentes en la Audiencia Pública realizada en el Congreso de la Nación
Rigane exigió un Plebiscito vinculante para definir la política sobre deuda externa

El miércoles 9 de marzo/10, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, tuvo lugar la audiencia pública para, convocada por el interbloque conformado por los partidos Proyecto Sur, Partido Socialista y el GEN. Los compañeros Víctor De Gennaro, Secretario de Relaciones Institucionales; José Rigane, Secretario de FeTERA, Secretario de Organización de CTA Nacional y Carlos Chile, Secretario Adjunto de CTA Capital, hicieron uso de la palabra. En sus intervenciones sustentaron la ilegalidad e inmoralidad de la deuda y comprometieron el apoyo a la lucha contra la pretensión del pago de deuda a costas del progreso del pueblo argentino. Por su parte, los diputados propusieron la conformación de una comisión investigadora en el Congreso.

(Agencia FeTERA. Nancy Hidalgo 10.03.10). El dirigente gremial, José Rigane, inició la discusión sobre la deuda externa, haciendo un sintético análisis, desde la óptica de los trabajadores, sobre la realidad laboral existente en la Argentina, la misma que es sinónimo de: precarización, trabajo en negro, pobreza, salarios con escaso poder adquisitivo, distorsión de lo que significa no ser un desocupado y señaló la importancia de “generar un debate profundo que termine en un plebiscito vinculante donde el pueblo les indique a los legisladores la forma de definir la política en materia de deuda externa.”

A continuación transcribimos la intervención del compañero José Rigane.

“En la Argentina existe un evidente agravamiento de la crisis económico-social. Hoy, ostentamos, en forma vergonzante, el incremento del número de pobres e indigentes a lo que se suman: precarización laboral, puestos en negro, desempleo, ensanche de la brecha salarial, inflación que deteriora de manera violenta el bolsillo de los laburantes y que trae como consecuencia la disgregación familiar, la presencia de problemas sicológicos y físicos, que se tornan en un martirio que los trabajadores no pueden afrontar.

Llegar a la ridiculez de establecer que un individuo tiene empleo porque está incluido dentro de alguno de los planes del Gobierno, es sin lugar a dudas, una valoración distorsionada de lo que significa no ser desocupado, de este modo nos estamos autoengañando porque así seguiremos sometidos a las imposiciones del sistema liberal que trata de establecer un parámetro de dignidad, acorde a si uno gana un peso más o un peso menos.

Como país no necesitamos endeudarnos más, tenemos superávit comercial y fiscal y una importante acumulación de reservas internacionales, obviamente, comprometidas con normas que las subordinan al régimen del capital; tanto como para cubrir la base monetaria de funcionamiento del capitalismo local, como la garantía sobre títulos públicos emitidos para frenar la inflación por emisión monetaria; sin lugar a dudas, argumento falaz del ideario neoliberal imperante.

Hay que subrayar que uno de los argumentos del Fondo para el pago de deuda se apoya en la necesidad de obtener nuevos créditos internacionales para refinanciar la deuda. El Poder Ejecutivo quiere negociar nuevo financiamiento al tiempo que cancela vencimientos y para eso el Fondo del bicentenario.

Y surge así, lo medular en la discusión, que es la pertenencia de las “reservas”, si éstas son del Estado, entonces los dueños son los ciudadanos de ese Estado y por lo tanto se debe generar un debate profundo que termine en un plebiscito vinculante donde el pueblo les indique a los legisladores la forma de definir la política en materia de deuda externa.

Necesitamos facultar una amplia discusión sobre el uso de los fondos públicos, pues son cuantiosas las necesidades populares insatisfechas, por lo tanto, todos los recursos deben orientarse al objetivo de terminar con la pobreza, la miseria, el desempleo, la flexibilización y la explotación de la fuerza de trabajo.

El anuncio de constituir un Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad, por unos 6.569 millones de dólares, constituye una clara señal del gobierno al poder económico mundial sobre la voluntad de cancelar vencimientos en el corto plazo.

Así también, vemos que el Gobierno ratifica la orientación de reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, marcado a fuego con la cancelación anticipada al FMI a comienzos del 2006 y una voluntad votada mayoritariamente por el Parlamento a fines del 2009 para suspender el “cerrojo legal” que impedía la reapertura del canje de la deuda con los acreedores internacionales que no ingresaron al canje en mayo del 2005 (holdouts) por unos 30.000 millones de dólares.

Pasaron 26 años y el régimen constitucional desoye acciones políticas y legales como la iniciada oportunamente por Alejandro Olmos contra autoridades del BCRA y de la Dictadura Militar entre 1976 y 1983, que generó sentencia del Juez Ballestero en el 2000 y apenas suscitó una sesión de discursos sin efectos concretos.

La deuda no solo no debe ser pagada, sino que debe ser auditada e investigada, retroactivamente al saldo presentado en tiempos de la Dictadura, así como el BCRA no puede, ni debe ser autónomo y se deben establecer políticas económicas para un modelo productivo que contenga las necesidades populares nacionales y regionales y no las del régimen del capital en su etapa de dominio transnacional.

En Argentina se realizaron y realizan juicios contra los dictadores por afectar los derechos humanos, pero no se los juzga por sus actos económicos, sociales e institucionales, más allá del simbólico efecto hasta ahora de la sentencia judicial del 2000. La responsabilidad es de la Dictadura y de los gobiernos constitucionales de estos años que convalidaron y potenciaron la subordinación local al poder económico mundial vía endeudamiento. Es una regularidad que debemos combatir, denunciar y superar en la construcción de una alternativa política popular.

Se debe instalar otra discusión en la Argentina, en el camino de los ejes planteados por la democratización de la sociedad; la distribución de la riqueza y el ingreso; la defensa soberana de los recursos naturales. Si lo que se pretende es aumentar el gasto público, no hace falta utilizar reservas para pagar la deuda; debe decirse en qué se gastará, cuales son las necesidades a satisfacer y generar el sujeto popular que luche por hacer valer los intereses y necesidades populares insatisfechas.

La deuda es ilegítima desde su origen y promovió desde un principio una amplia concentración del ingreso y la riqueza. Ante la continuidad de una hipoteca impagable y ya cancelada varias veces, la sociedad necesita resolver su independencia, más aún en tiempos del bicentenario. Por lo tanto el debate prioritario es si Argentina continúa sometida a la disciplina del sistema mundial en crisis, o repudia la deuda y encara con decisión la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial.”

Estuvieron presentes los diputados Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano, Margarita Stolbizer, Eduardo Macalusse, Fabio Basteiro, Jorge Cardelli, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Jorge Cardelli, Cecilia Merchán, Victoria Donda, Graciela Iturraspe, Verónica Benas, Miguel Bonasso.

Representando a distintas organizaciones sociales, civiles, gremiales, hicieron uso de la palabra: Mario Cafiero, Mario Mazzitelli del PSA, Humberto Tumini de Libres del Sur; Alejandro Olmos; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Juan Carlos Alderete de la CCC; el Embajador Miguel Espeche Gil; Profesor Moisés Resnick Brenner; Manuel Campos Janeiro, Secretario del Foro argentino de la deuda externa, Sacerdote Angel Furlán de la Iglesia Luterana; Marcelo Ponce Núñez, Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

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