POSADAS. Diferentes sectores sociales, entre los que se encuentra la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera), insisten en que la solución a la crisis energética es la re estatización del sistema eléctrico y la vuelta al concepto de la energía como un servicio público y no como mercancía.

“El modelo energético basado en la privatización y extranjerización fracasó en función de los intereses de los argentinos. Por eso hay que cambiar el modelo, queremos empresas que estén en manos del Estado, que se nacionalicen y trabajen en función de los intereses de los argentinos”, indicó José Rigane, titular de Fetera.

En su paso por la Capital misionera, el sindicalista insistió en que una cuestión fundamental es que esas empresas sean dirigidas por entidades que apunten a los intereses de los argentinos, de quienes deben beneficiarse con el servicio.
Se refirió a empresas nacionales mixtas que cuenten en su dirección con representantes que velen por los intereses de los consumidores, con organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, con entidades que representan a los trabajadores, y no que se transformen en empresas para los amigos del Estado.

“Deben ser empresas mixtas que estén conducidas por aquellos que defienden a los intereses de los argentinos, los que defienden los intereses de los consumidores, las organizaciones vinculadas al medio ambiente, a los trabajadores u otro tipo de entidades de este tipo que actúen como prestadores de un servicio público y no como vendedores de mercancías”, sostuvo el dirigente que llegó a Misiones para brindar una charla debate sobre la situación de crisis energética.

EL tarifazo

El incremento de tarifas en el mercado eléctrico, según Rigane, responde directamente al colapso de este modelo energético, donde se busca de forma permanente cuidar los ingresos de las grandes empresas multinacionales que son propietarias de los servicios.

Son varias las voces que se alzan contra este aumento, como también las acciones legales que se van realizando en diferentes puntos del país por el mismo tema (ver “Piden medida…”).

Las consecuencias de esta medida llega a todas los estratos de la sociedad, y no solo como sostiene el gobierno nacional, a los usuarios de mayores ingresos.
“El aumento hay que derogarlo por las consecuencias que trae al conjunto de la población, porque no es cierto que sólo afecta al alto consumo, además de que los incrementos son imposibles de pagar”, indicó Rigane.

Los motivos del pedido de derogación excede el fundamento de las consecuencias y lo sostienen en que en cuestiones técnicas, legales y en el golpe al poder adquisitivo de los trabajadores.

“Hay que derogarlo por razones técnicas, legales y por que afecta al salario de los trabajadores. Es ilegal porque no hubo audiencia pública para definirlo, además, por haber sido retroactivo, lo que va contra el código civil, porque nadie puede cobrar por un servicio que tiene un tiempo de facturación y que la misma se debe hacer con el precio que rige en el momento que se hace la lectura de consumo”, afirmó el titular de Fetera.

La política del parche

El sistema eléctrico nacional está colapsado, hay crisis cuando hay altas temperaturas, hay crisis cuando hay bajas temperaturas, había crisis cuando las fábricas producían con intensidad; por lo tanto, hay una crisis permanente y que se agrava cada vez más.

Los expertos en temas energéticos explican la crisis con la falta de inversión en el sector. De hecho, desde las empresas que se encargan de la generación o distribución de energía en el mercado mayorista, no se han realizado grandes inversiones, y es el Estado el que realiza las inversiones cuando existe alguna.
Los últimos incrementos de tarifas, que respondieron a la quita de una pequeña porción de los subsidios que recibe el sector energético -se quitaron 800 millones de pesos que se destinaban al mercado generador pero se siguen otorgando 9 mil millones de pesos a las empresas que transportan energía- desataron una catástrofe y significaron un golpe más a los bolsillos de todos los usuarios y no solo de los que más gastan.

Para Rigane, el Estado sólo presenta parches a los problemas y no trae soluciones. Así promueve el cambio de lámparas, apagar las luces de edificios públicos en determinados horarios, cambios de hora, todas medidas que serían buenas en un contexto de una empresa de energía que pertenezca al Estado. El problema esencial es la falta de un modelo energético nacional a largo plazo y que tome a la energía como un servicio público y no como una mera mercancía.

“Las políticas energéticas son erráticas son parches que terminan explotando en la factura del usuario se establecen políticas parciales y bajo esas iniciativas se genera un parche, pero no un modelo energético que ponga freno a la crisis y permita la continuidad y estabilidad en los servicios públicos”, indica Rigane.

Y agrega, “para eso hay que cambiar el modelo y volver a los conceptos iniciales, energía es un bien social ya que nadie puede vivir con dignidad si no tiene acceso al agua, al gas o a la electricidad, no tener acceso a eso es volver a la época de las cavernas”.

Charla debate sobre energía

Ayer, José Rigane, titular de Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), brindó una charla debate acerca de la crisis energética de la Argentina y la situación energética en la Región. “Más allá del tarifazo y el subsidio del Gobierno, creemos que es necesario discutir su vinculación con las represas, la soberanía, las lámparas de bajo consumo, el cambio horario, la salud, los cortes de luz, entre otros temas”, sostienen desde la delegación Misiones de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), organización que invitó a Rigane a disertar en la Provincia sobre estas cuestiones. Durante la charla expuso las razones del pedido de cambio de modelo energético.
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POSADAS. La Asociación Civil de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes de la Provincia de Misiones (USCCOM) presentó ante el Juzgado de Posadas, a cargo del Juez José Luis Casals, una medida cautelar contra el tarifazo eléctrico. Pide que el juez intime a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica SA (Camesa) para que retrotraiga las tarifas a los valores previos a la entrada en vigencia de la Resolución Nº1169/08 de la Secretaria de energía de la Nación, para la cual, en la misma presentación, se pide la declaración de inconstitucionalidad.

El motivo del pedido al juez para que intime a Camesa a retrotraer las tarifas es que se considera la decisión del aumento como desmedida porque está fuera de lo que plantea la resolución de la secretaria.

“Pedimos que se vuelva a los precios anteriores a la resolución Nº 1169 porque es desproporcionado el aumento que se aplico, además de desmedido y esta fuera de las pautas que fija la resolución.”, indicó Gustavo Tassano, representante de la USCCOM.

En la nota, concretamente, se le solicita al magistrado que dicte la medida cautelar con el fin de “garantizar los precios vigentes y efectivamente aprobados, anteriores a la resolución Nº 1169/08. Garantizar el normal suministro de electricidad en cuanto a la cantidad requerida por la empresa de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa). Garantizar y evitar que se vulneren los derechos constitucionales de propiedad y derechos de consumidor. Se ordene la suspensión de los cortes de energía eléctrica a los usuarios de Emsa y Cooperativas con motivo de falta de pagos”.