(InfoMoreno. Boletín 289). La movilización popular obligó al PEN a postergar la vigencia del descabellado incremento tarifario en los servicios públicos esenciales derivados del sector energético. Es de destacar la acción de FeTERA, DEUCO y otras entidades de usuarios que participan del Movimiento contra el Tarifazo. No pudieron con ellos los argumentos expuestos por los funcionarios actuantes, los mercenarios consultores funcionales a las empresas y los nuevos borocotizados” como ADECUA, que no alcanzaron a justificar ni siquiera en parte, la racionalidad y la necesidad de los aumentos.

Para nosotros el tarifazo es una consecuencia más del “Modelo de Mercado” impuesto en la década de los 90´, hoy vigente. Hemos señalado en nuestros documentos la necesidad imperiosa de retornar al modelo estatal, racional, centralizado, basado en las grandes empresas nacionales y con la imprescindible captura de las riquezas generadas. Desde 1907 hasta 1989 la energía fue una cuestión de Estado y la política de Estado consistió en considerar a los hidrocarburos como bienes estratégicos vinculados a la soberanía nacional y a los servicios públicos esenciales, dentro de un contexto que permitiera a todos los habitantes el acceso y la permanencia a los mismos, como también el desarrollo de nuestra industria.

Desde 1990, sintéticamente, se ´regalaron´ los activos, la implementación básica se fundó en el reparto” de negocios a los empresarios amigos, se otorgó libertad de precios o regímenes tarifarios que otorgaban altísimas utilidades, se las eximió de invertir y prácticamente, los controles no existieron. Los argentinos, viviendo un país autoabastecido, debimos pagar los precios internacionales de los combustibles, al igual que aquellos que son netamente importadores, y aceptar tarifas determinadas en base a modelos teóricos alejados de nuestros ingresos o nivel socioeconómico, que se regulaban en función de índices de EEUU, por esa época muy superiores a los similares internos; porcentuales de utilidades del 50 % sobre ventas netas, como los mostrados por las transportadores de gas natural, son desconocidos en el mundo. Ello dentro de un contexto donde no existieron limitaciones a los movimientos financieros, derivados de la toma de préstamos externos y su consecuente inversión financiera local y posterior remesa al exterior, actividad ajena a la que les era permitida contractualmente, la cual está ceñida a la prestación del servicio que les ha sido concesionado.

Hoy estamos padeciendo una grave crisis de desinversión, pues “El Mercado” decidió no correr riesgo y maximizar sus utilidades. Consecuentemente, día a día aparecen las consecuencias: no hay gasoil porque no alcanzan ni la declinante producción de petróleo, ni la producción de las refinerías locales, que son las misma de 1988; no hay generación y se recurre a los cortes no manifiestos, no alcanza el gas para satisfacer los requerimientos del mercado interno, del cual están excluidos.-al igual que en 1989- el 40 % de los compatriotas y, consecuentemente, la pérdida del autoabastecimiento integral logrado en 1985, va dando lugar a importaciones a valores generalmente más altos que los internos, finalmente trasladados a éstos, ya sea en forma directa o indirecta. Argentina, alejándose del autoabastecimiento, está perdiendo el manejo de una herramienta fundamental a su progreso económico; todo lo contrario a lo que sucede en Brasil, que aplica el sistema estatal centralizado que nosotros abandonáramos en 1990.

Las privatizaciones y la desregulación implicaron la adopción de un modelo –conjunto de normas e instituciones actuantes- de mercado donde no existieron empresas perdidosas (el pueblo fue el único perdedor), pero hubo ganadores de distinto nivel. En los dos procesos, el “padre” fue el Banco Mundial. En el caso de los sectores; el eléctrico y gasífero, la destrucción de la integración vertical y la consiguiente separación entre producción –actividad que no fue considerada servicio público, sino de interés público, que en la jerga privatista se denomina no regulada-, transporte y distribución, que sí fueron consideradas servicios públicos o reguladas, generó costos innecesarios originados, especialmente, en la descoordinación operativa –es emblemático el caso de la ruptura de la red de gasoductos troncales- y en la creación de gastos fijos repetitivos y por ende, sobrantes, como es el caso de las retribuciones de los presidentes, directores y planteles gerenciales.

En el caso del gas es bueno recordar a dos países cuyas empresas gasíferas estatales competían con nuestra Gas del Estado, en cuando a prestigio, y que están integradas verticalmente; en Francia, que no privatizó, Gaz de France sigue siendo estatal e integrada, pero en el Reino Unido, que sí la privatizó, Margaret Thacher no la ´descuartizó´, y la empresa sigue siendo una unidad societaria y operativa. En el sector eléctrico, quienes como nosotros siguieron el modelo del Bco. Mundial, padecieron serias crisis del modelo ante la libertad de precios de los generadores, como en California y en la costa este de EEUU y Canadá, donde el ingreso per cápita de sus habitantes en varias veces superior al de los argentinos.

Consecuente, las concesionarias de producción de la Ley de Hidrocarburos, YPF (Repsol YPF), Pan American Energy (Bridas y British Petroleum), Total, Tecpetrol, Vintage Oil, Petrobrás, Chevron y Sipetrol en conjunto, superan el 90 % de la producción de gas y petróleo, y siguen fijando libremente sus precios, o reclamando compensaciones cuando no lo pueden hacer. Recordemos que en 1993 se dictó la Ley de Convertibilidad que, sin dejar de lado que el peso era la moneda nacional de curso legal, estableció el patrón-dólar al fijar la paridad unitaria en un dólar por peso, condicionó la emisión a la existencia de reservas, liberó los movimientos de capital y prohibió cualquier tipo de indexación de precios o valores. En este caso, interesa señalar que nadie pudo indexar un precio (alquileres o salarios o deudas, por ejemplo) pero sí los petroleros que, con la recurrente anuencia gubernamental, siguieron aplicando el precio internacional. La sobreexplotación de los yacimientos, las exportaciones inconstitucionales e ilegales y la carencia de inversiones en exploración, son una parte determinante de la actual crisis del sector.

Por su parte los generadores eléctricos, en gran parte vinculados a las sociedades petroleras, consiguieron la sanción, vía decreto, del funcionamiento del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) donde la última unidad ofertada, es decir, la más cara, levanta el precio de las más baratas a ese nivel; esas sobreutilidades debían ser destinadas a inversiones, cosa que no sucedió, por lo que hoy carecemos de la generación necesaria y no existen planes privados para subsanar tal situación, que se ha hecho más crítica año tras año.

La crisis del 2001 motivó la sanción de la actual Ley de Emergencia Pública nº 25.561 que dispuso el abandono de la convertibilidad o patrón dólar, la pesificación de todos los precios y tarifas de las privatizadas y el análisis de cada uno de las mismas y la prohibición de indexar (mantuvo, incluso, la vigencias de la Ley de Convertibilidad en este aspecto).

Recién asumida la presidencia por Carlos Kirchner, el MORENO concurrió a la Secretaría de Energía y solicitó la reestructuración integral del sector energético, una investigación especial sobre los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos, los generadores eléctricos y la privatización del YPF, la aplicación estricta de la Ley sobre las irregularidades cometidas, una inmediata auditoría de reservas y la supresión de las exportaciones. Nada de lo peticionado fue concedido y, explícitamente -en una particular interpretación alejada del texto legal-, se nos hizo saber que estaban excluidas de cualquier revisión las actividades no reguladas; es decir, las concesionarias petrogasíferas y las generadoras eléctricas que, lógicamente, siguieron utilizando el precio internacional y el valor resultante del MEM.

Desde esos momentos, las únicas tarifas que se mantuvieron congeladas son las domésticas; tanto en el gas como en la electricidad, y ellas representan un 25 al 30 % del total consumido anualmente. Las restante sufrieron distintos aumentos, no menores por cierto. En el caso eléctrico, la insuficiencia de gas natural, fueloil y gasoil hizo necesario recurrir a las importaciones, donde las diferencias con los valores locales fue cubierta por el Estado vía Cammesa o Enarsa. Es decir, las ganancias de las generadoras –un negocio privado especialmente protegido por el Gobierno, que lo eximió de la pesificación, el congelamiento y la revisión dispuesta por la Ley de Emergencia Pública– fueron cubiertas mediante subsidios que pagamos todos. Ahora bien, salvo las dos plantas térmicas aun no finalizadas –la San Martín y la Belgrano –las inversiones de estos privilegiados han sido nulas y, en virtud de esta circunstancia, el PEN puso en vigencia el Plan Energía Plus, mediante el cual los grandes consumidores deben arreglarse por su cuenta, bajo la promesa de poder vender libremente sus excedentes en el mercado local. En otras palabras, la ´protección´ de los generadores, genera la producción por el método más antieconómico que se conoce: la autogeneración. La previsible crisis económica, al afectar a los ingresos fiscales, obligó al Tesoro a reemplazar al aporte estatal por los aumentos tarifarios cargados a los usuarios domésticos.

Debemos tener presente que a la menor reactivación de la actividad económica o ante situaciones climáticas de temperaturas extremas, el agravamiento será inevitable, pues no existen previsiones que lo eviten: el Estado no está en condiciones de invertir mientras siga protegiendo al sector hiperrentable de la generación, no lo reestructure en forma integral y no recupere la renta petrolera.

El contexto gasífero ha recibido el aumento dividido entre un cargo tributario y el incremento de tarifas propiamente dicho, fijando como parámetro consumos anuales que alcanzan al 70 u 80 % del total de usuarios domésticos; al mismo tiempo, los aumentos a las industrias han sido mínimos. El primer cargo, creado mediante un decreto del PEN, resulta manifiestamente inconstitucional, ya sea porque en nuestra República los impuestos solamente los crea la Cámara de Diputados, que representa a los ciudadanos y no a los Estados, o porque si se invoca para dictarlo una ley que crea un cargo para destinarlo a obras, no se puede mediante un decreto reglamentario cambiar el destino y dedicarlo a financiar importaciones de gas natural. Pensar que la capacidad adquisitiva está medida por el consumo de gas, en un contexto donde el ´parate´ en las incorporaciones de usuarios a la red de gas natural es manifiesto desde hace varios años, es, cuando menos, equivocado.

La Ley 24.076 del Marco Regulatorio del Gas obliga a realizar audiencias públicas en forma previa a los incrementos de tarifas. Si bien no son vinculantes, esas asambleas obligan a todos los intervinientes a presentar sus pretensiones y, lógicamente, los productores deberán presentar sus costos; de acuerdo a lo sucedido en varias audiencias, invocar el criterio del precio internacional no resulta aceptable para los usuarios ni justificables para las productoras. Así como un carnicero compra la media res y distribuye su costo entre todos los cortes, asignándole más al lomo y menos al azotillo, deben los petroleros someterse a una auditoría integral de costos internos ciertos, donde expliciten cuales son los criterios que aplican para distribuir aquellos denominados indirectos entre la totalidad de sus productos, a saber: naftas, gasoil, fuel oil, GLP, gas natural, etc…Solamente si auditamos la integración vertical de los costos calculados en la forma señalada, podremos aceptar que sean necesarios aumentos de tarifas. También encontraremos explicación al hecho de que las transportistas y distribuidoras sigan mostrando balances con utilidades, después de varios años de congelamiento de sus ingresos. La Ley de Hidrocarburos brinda a la Secretaría de Energía todas las potestades necesarias para revisar las contabilidades de los concesionarios.

Cuando se habla de gas, surgen dudas que deberían ser aclaradas por el PEN: ¿cómo es que para importar solamente el 10 % de los 120 millones de m3 que se consumen diariamente, resulta necesario ‘inventar’ un cargo de tal magnitud? ¿Al haberse aumentado mínimamente las tarifas industriales, qué relación tiene el volumen importado de GNL con los insumos que requiere el Polo Petroquímico de Bahía Blanca? Si el Marco Regulatorio del Gas determina que una categoría de usuarios no puede subsidiar a otras, ¿en este caso no existe un subsidio de los residenciales a los industriales?

Muchos de estos interrogantes deberían ser resueltos si pretendemos que este nuevo conflicto generado por el aumento, ahora suspendido, no perdure y se reavive en breve tiempo. El Gobierno tiene la palabra, pero los usuarios no se quedarán callados.