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2do. Juicio en la Mega-causa Campo de Mayo

[6/11/2009] El lunes 2 de noviembre comenzó el 2do. Juicio en la Mega-causa Campo de Mayo, en Hipólito Yrigoyen 4591- Florida, Provincia de Buenos Aires. LOS JUZGA UN TRIBUNAL, LOS CONDENAMOS TODOS. BIGNONE EN EL BANQUILLO

(F: H.I.J.O.S.)

Comenzó el juicio al último dictador

El último presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, y otros ex generales que comandaron Campo de Mayo, comenzaron a ser juzgados ante el Tribunal Federal número 1 de San Martín, acusados de 58 secuestros, desapariciones y tormentos en esa guarnición militar.

Centenares de familiares levantaron las fotos de las víctimas apenas los imputados ingresaron en fila a la sala de audiencias, donde se destacaba la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y miembros de organismos de derechos humanos, entre ellos Taty Almeida, Angela Boitano e HIJOS.

"Se trata de uno de los juicios más esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de lo crímenes allí cometidos", dijo Alak, quien se declaró interesado "personalmente" por haber patrocinado, tras la restauración democrática, denuncias de enterramientos clandestinos en el cementerio de Boulogne.

En los alrededores de tinglado de la localidad de Florida, conseguido a último momento por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para sesionar, un centenar de manifestantes de la Corriente 26 de Julio y el PC agitaban banderas.

A último momento fue excluido del juzgamiento el ex jefe de la escuela de ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, a quien el tribunal declaró "sin las facultades mentales plenas", aunque recomendó rehacer las pericias en seis meses.

En cambio, solo autorizó a abandonar la audiencia por la jornada inicial al ex jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, afectado por un "cuadro de diarreas" con certificado médico.

Los restantes acusados son los ya condenados generales Jorge Omar Riveros, que fue jefe del Comando de Instituto Militares de Campo de Mayo, y Jorge Osvaldo García, que comandó la escuela de infantería; el ex jefe de la inteligencia militar Carlos Tepedino, y Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos".

Este es el segundo juicio donde se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, donde funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención de los cuales, a diferencia de la ESMA, hubo muy pocos sobrevivientes, la mayoría de los cuales comenzará a testimoniar en los próximos días.

Los primeros casos leídos hoy referían a detenidos que lograron identificar su lugar de cautiverio a los conocidos como "El Campito" y La Casita", de donde fueron "blanqueados" en la comisaría de Bella Vista, a cargo del también imputado comisario Germán Montenegro.

El TOF 1de San Martín, que integran jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti, Daniel Alberto Cisneros y Lidia Soto (sustituto), sesionará los martes, miércoles y jueves, con un máximo de cinco horas, para preservar la salud de los acusados, en su mayoría octogenarios que tras eludir la justicia durante tres décadas, llegan al juicio bajo el régimen atenuado de prisión preventiva domiciliaria.

El último dictador, al banquillo

Reynaldo Bignone será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo. Riveros y Verplaetsen van por su segunda condena. Debuta el coronel Tepedino, ex jefe del Batallón de Inteligencia 601.

Por Diego Martínez

Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos "sólo fueron 8.000", comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Última escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos "El Campito", "Las casitas", el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al "Campito" de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, "entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces" a quienes "no se les pide adhesión pero sí memoria". El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos" y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien PáginaI12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977, y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. "El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra", celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a "El Campito", donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. "El Alemán", que usaban una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón o Víctor, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias Gordo o Fito, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó PáginaI12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el "Operativo Murciélago". Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.

Cacho Scarpati, presente

Por D.M.

Militante de la Resistencia, miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas, oficial mayor de Montoneros, Juan Carlos Scarpati fue secuestrado el 28 de abril de 1977 luego de recibir ocho balazos, incluidos dos en la cabeza que le hicieron perder el conocimiento mientras lo trasladaban a Campo de Mayo. Durante veinte días en estado de coma, cuadro que no impidió interrogarlo, fue asistido por una cautiva que se negó a quitarle la vida. "La muerte era un estado de liberación que no todos tuvieron la suerte de alcanzar", escribió años después.

Cuando pudo caminar lo obligaron a realizar tareas de mantenimiento con la capucha verde oliva a media asta, un salto cualitativo en un chupadero donde la regla era pasar día y noche sentado en el suelo, con capucha y grilletes, sin apoyarse, sin hablar y sin moverse, y que además le permitió conocer en detalle los recovecos de mayor centro clandestino del Ejército.

Pronto comprendió que el destino unánime de quienes caían en manos del general Riveros era "el traslado" y comenzó a soñar con la fuga. El 17 de septiembre, en La Plata, donde un compañero había sugerido que el "Loco César" podía marcar una emisora de Radio Liberación, aprovechó un descuido, redujo a un guardia y escapó. Recuperó a su hija y a los tres meses logró salir a Brasil.

En 1979 hizo su primera denuncia pública desde España ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la CADHU. Dibujó planos, detalló nombres de guerra y apodos de interrogadores, miembros de patotas y guardias. Contó que las sesiones de tortura incluían el uso de picanas automáticas, que durante horas efectuaban descargas eléctricas cada cuatro segundos, además de submarinos, ataques con perros de guerra, palizas hasta el desmayo y prácticas de karate, siempre con el enemigo atado y encapuchado.

"El traslado era sencillo", dijo: subían a 40 o 50 cautivos adormecidos a un camión, que los llevaba hasta la cabecera de la pista del Batallón de Aviación 601, donde los embarcaban en aviones con destino a alta mar. Antes les sacaban la ropa y la quemaban. Por las letras y números que les asignaban, calculó que hasta su fuga habían pasado 3.500 secuestrados por Campo de Mayo. Dio los nombres y apodos que conoció, tarea que continuó durante tres décadas.

"Detrás de cada nombre hay una historia de horror que cuesta imaginar y sin embargo ocurrió", escribió en 1979. "No fue obra de ’monstruos’ que cualquier ser normal reconocería apenas los viera. Su aspecto es normal y su actitud también. Tienen hijos, esposas y se creen buenos padres, defensores de ’la libertad’ y ’las buenas costumbres’. Las torturas, los desaparecidos, los ’traslados’, forman parte de la ’Guerra sucia’: es una política previamente calculada y fríamente ejecutada, y no producto de ’excesos de algunos grupos’ como se pretende hacer creer". Ese mismo año participó de la elaboración de un documento crítico de las organizaciones armadas y de la fundación en el exilio de la Agrupación Eva Perón. Ya en democracia recorrió los restos de "El Campito" con la CONADEP y se convirtió en el principal testigo de la causa.

El 24 de marzo de 2006 habló en Campo de Mayo. "No se entiende la saña y las desapariciones sin la historia previa", dijo, y enumeró: bombardeos de Plaza de Mayo, secuestro del cadáver de Evita, secuestro y desaparición de Felipe Vallese, fusilamientos en José León Suárez, en la cárcel de Las Heras, en Campo de Mayo y en Lanús; presos del CONINTES, traición de Frondizi, cárcel "por querer traer a Perón". "Hoy todo el mundo reivindica la lucha de los ’70 pero algunos no estuvieron", advirtió, y reclamó "que cada agrupación levante a los caídos con su identidad política".

"Hay que empezar a hablar no sólo de si se luchó o no, sino por qué se luchó. La oligarquía y el imperialismo, con el Ejército como mano de obra, luchó por un país con industrias caídas, entrega del patrimonio nacional, desocupados, hambre y exclusión. Nosotros luchamos por una patria más justa, un país con justicia social. La memoria debe ser integral", reclamó. "Los desaparecidos no eran seres anónimos, tenían un proyecto político, eran luchadores de organizaciones concretas", machacó. "Los sueños no se sueñan, los sueños se construyen", enseñó.

Cacho Scarpati murió a los 68 años el 16 de agosto de 2008, detalle que no le impedirá estar presente mañana. El Peronismo 26 de Julio, organización que fundó en 1985 y donde aún se lo considera secretario general, se concentrará a primera hora frente al galpón que oficiará de tribunal para exigir "castigo y cárcel común a los responsables de la ignominia", y para homenajear a su líder "como ejemplo de la Victoria".

FICHA TÉCNICA, Bignone al arco

Por D.M.

El segundo juicio por crímenes en Campo de Mayo comenzará a las nueve en un galpón que hasta hace una semana era la cancha de papi fútbol de la sociedad de fomento "José Hernández", en Hipólito Irigoyen 4595 de Florida. El proceso debió arrancar el martes en el Centro Cultural Munro, cedido por el municipio de Vicente López, pero se postergó cuando el intendente Osvaldo García dio marcha atrás por las quejas de comerciantes de la zona que temían por sus ventas. Querellantes y organismos de derechos humanos repudiaron una vez más la improvisación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura para garantizar el inicio de un proceso por delitos de lesa humanidad.

El tribunal que conducirá el juicio a Bignone, Riveros & Cía. estará integrado por Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros. Las organizaciones civiles que representan a las víctimas fueron organizadas en cinco grupos de querellantes e incluyen a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo y el colectivo Justicia Ya. En representación del Ministerio Público Fiscal actuarán los fiscales Marcelo García Berro, Javier De Luca y Juan Patricio Murray. La defensa oficial de los imputados estará a cargo de Carlos Palermo y Juan Carlos Tripaldi. Sólo el general Espósito será representado por su abogado particular, Hernán Vidal. A partir de la próxima semana las audiencias se realizarán de martes a jueves. Declararán alrededor de 130 testigos. La jornada inicial incluirá actividades en la calle coordinadas por la comisión "Justicia Zona Norte", conformada por organizaciones sociales y partidos políticos.

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