Pablo Novillo
pnovillo@clarin.com

La ley Nº 1.893 establece que los discapacitados no paguen peaje en las autopistas porteñas. Tiene apenas dos artículos y fue promulgada en enero, y entonces en el Gobierno porteño afirmaron que para marzo estaría vigente. Pero una serie de demoras burocráticas hicieron que hoy, más de siete meses después, siga siendo letra muerta. Mientras tanto, los discapacitados continúan esperando.

La norma, una iniciativa del legislador Ricardo Bussaca, fue aprobada a fines del año pasado. ¿Qué dice? En su primer artículo establece que "en las autopistas explotadas en forma directa por el Gobierno de la Ciudad se otorgará un pase libre a los vehículos conducidos por personas con necesidades especiales". En su segundo artículo, marca que los beneficiarios "deberán gestionar el pase ante la autoridad a cargo de la administración de las autopistas. A ese fin, deberán presentar el Certificado Unico de Discapacidad". Esa autoridad a cargo es la empresa AUSA, que depende del Gobierno.

Las autopistas con peaje son cuatro: Illia (se abona $ 0,50), 25 de Mayo ($ 0,40 ó $ 2), Perito Moreno ($ 2) y Dellepiane ($ 2). La AU 9 de Julio Sur y la Cámpora son gratuitas para todos los usuarios. El beneficio iba a correr para los discapacitados radicados en Capital, pero también para los que viven en otras jurisdicciones.

La ley Nº 1.893 se publicó en el Boletín Oficial el 20 de enero. Pero en la práctica faltaba su reglamentación, es decir, definir cómo se iba a conseguir el pase libre. Sin embargo, todo hacía pensar que sería un trámite simple: de hecho, el ex subsecretario de Tránsito porteño, Fernando Verdaguer, había estimado entonces que "a partir de marzo" ya iba a estar todo listo.

Pero eso aún no ocurrió. En primer lugar, por los conocidos cambios en el Gobierno porteño. Jorge Telerman asumió formalmente el 13 de marzo y tiempo después cambió varias autoridades, incluidas las de la Subsecretaría de Tránsito (hoy su titular en Gustavo Alvarez). Por eso, aquel plazo de marzo se estiró, y Tránsito recién terminó su parte de la reglamentación en junio.

El expediente pasó entonces al Ministerio de Derechos Humanos, que debía dar la última palabra. Pero la directora de Discapacidad, Mónica Bianchi, firmó el 5 de julio una nota en la que decidió "no proceder con la reglamentación". ¿El motivo? Que en la Legislatura había un proyecto para modificar la ley.

Esa iniciativa, presentada en marzo, pertenece al diputado Juan Manuel Velasco, del ARI, que explicó: "La ley, como quedó redactada, sólo favorece a los discapacitados dueños de sus autos. La modificación que propongo es que se beneficie a todos los vehículos que tengan el Símbolo Internacional de Discapacidad, el mismo que hoy ya usan, por ejemplo, para estacionar gratis. De esta forma se favorecerá también a otros discapacitados que no pueden manejar, como los ciegos, pero que igual necesitan moverse en auto, manejado por algún familiar".

Lo cierto es que, en busca de favorecer a más gente, durante todo este tiempo nadie consiguió ningún beneficio. Para Velasco, esto es culpa del Gobierno. "Tranquilamente podrían haber reglamentado la ley como estaba y esperar la corrección. Que haya un proyecto de modificación no es justificación suficiente. Con ese criterio no se podría aplicar ninguna ley sobre la que hubiera algún proyecto modificatorio". Lo cierto es que, si bien se estima que el proyecto sería aprobado en dos meses, aún no hay fecha confirmada.

En el Gobierno se defienden. Mónica Bianchi (que es hipoacúsica y también fue diputada) afirmó: "Los legisladores deberían leer mejor lo que votan. Así como está, la ley resulta discriminatoria entre los propios discapacitados. Por eso preferimos esperar la corrección. Me comprometo a tener lista la reglamentación para ponerla en práctica no bien la Legislatura apruebe la nueva ley". Mientras tanto, los discapacitados deberán seguir esperando.

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