 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 de marzo 1998 Sus características estratégicas Deseamos resaltar el relevante papel del sector energía en la evolución de las sociedades contemporáneas y, además de su necesaria gravitación económica, también su peso en el orden político, social y cultural. Es de aceptación universal que el sector energético es a la infraestructura material básica, el equivalente de la educación para la configuración cultural esencial. Ningún país será realmente soberano mientras no tenga asegurado el manejo irrestricto de estas áreas, pues la soberanía, en la práctica, se manifiesta en la elevación de las condiciones de vida del pueblo. En una República que mostraba deformaciones propias de su dependencia externa, los gobiernos populares nacen como producto de uno de los pocos aciertos del Modelo de la Generación del 80: la enseñanza pública. Dentro de ese contexto, por los bienes energéticos, los argentinos debíamos pagar a empresas extranjeras, precios muy superiores a los de otros países, mientras que los mandatarios del Régimen se encargaban de frenar la explotación de nuestros recursos. Cuando se comenzó a privilegiar el desarrollo pleno de las personas y el consiguiente crecimiento equilibrado del país, nació una política que pretendía -y obtuvo- la colocación de los bienes energéticos a disposición de todos los sectores sociales. La creación de Y.P.F., Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica y otras empresas estatales, constituyeron la herramienta elegida. La supervivencia del Modelo neoliberal vigente requiere la abstención de la participación estatal en el sector energético, al mismo tiempo que la degradación del sistema educativo. Que los grupos económicos dominantes, consideren a los hidrocarburos como simples mercancías y a la satisfacción de las necesidades energéticas como un objetivo que se alcanza por la sola acción de las fuerzas del mercado, es correcto, porque de su negocio se trata. Pero cuando esas ideas son adoptadas por quienes nos gobiernan, adquieren el carácter de disparates técnico políticos cuyas secuelas negativas afectarán a varias generaciones de argentinos. La Guerra del Golfo Pérsico de 1992 no fue realizada para democratizar Kuwait. Sólo la motivó el control de las mayores reservas hidrocarburíferas del planeta. La continuidad del conflicto, es el último ejemplo demostrativo de su valor estratégico, pues para la potencia hegemónica no existen límites para proteger sus intereses vitales. La Argentina -precursora en considerar al petróleo un bien de carácter estratégico y no renovable, y poseedora de reservas escasas-, marchando a contramano de la historia, constituye un ejemplo único de involución energética. Su política, sólo cosecha elogios interesados o comprados y es contemplada con asombro en los países y foros donde priva la racionalidad. Somos el único país que funda su política energética en criterios no estratégicos y de corto plazo. determinados por los grupos económicos sin ningún tipo de participación estatal en defensa del bien común. La energía, un bien social Sin embargo, en el Documento del Congreso Nacional de Delegados de Noviembre de 1996, de la C.T.A., se aprobó el despacho de la Comisión de Energía, donde se expresaba : "Esta comisión evaluó que la energía es un bien social, todo lo contrario de lo que se plantea desde los sectores de poder, como modelo energético y de país ; donde todo se compra y todo se vende, inclusive la energía. Con alrededor del 80 % de las empresas estatales privatizadas o concesionadas, con distinta estructura jurídica (atomización), con innumerable cantidad de compañeros en la calle, pérdida de salarios, seguridad laboral, estabilidad, tercerización, etc., es que llegamos a la conclusión que debemos tener en nuestras manos los recursos naturales." Cuando la gestión energética dependía del estado, aunque influenciado por los grandes intereses monopólicos, todavía en las épocas del "estado de bienestar", la presencia de las grandes empresas públicas de energía, como YPF, Gas del Estado, A.y E. E., etc. favoreció la continuidad de un decoroso nivel de vida para los trabajadores y para la población en general. La privatización o concesión a explotadores privados de dichas actividades, transfirió la renta fiscal que ellas producían a los nuevos prestatarios que la remesan como beneficios al exterior, al par que se acentúa la penuria del pueblo: desempleo, precarización laboral, mísero nivel de vida o directamente marginación y recesión de la actividad comercial e industrial, no vinculada con los grandes intereses económicos transnacionales, etc. Cabe preguntarse pues: ¿Cuántos habitantes de la Argentina advierten, hasta qué punto el empeoramiento de su seguridad, de su calidad de vida, de sus posibilidades de progreso, se asocian a las privatizaciones de las grandes empresas públicas de energía, tales como YPF? ¿Cómo se pudo llegar a persuadir, desde el poder del gobierno, de los ideólogos de la política, la economía y la cultura, - oficial y del "establishment "-, desde el periodismo y los medios masivos de difusión, etc., a amplias masas de la población del país, sobre la conveniencia o necesidad de las reformas que se impusieron al mismo? Primero fue la sucesiva designación de administradores, directores, o interventores en las empresas públicas que, salvo muy pocas y honrosas excepciones, respondían a intereses distintos a los del país, normalmente al influjo de los recambios políticos - con o sin golpes militares -, que se sucedieron. Esto facilitó un cierto descrédito para dichas empresas, que fueron en muchos casos saboteadas o vaciadas y, sobre todo forzadas a endeudarse, especialmente durante el período de la dictadura de los años 70. La descapitalización, a la que en muchos casos fueron sometidas, trajo como consecuencias mermas en la disponibilidad de servicios o productos. En semejante contexto, los argumentos mas difundidos, en contra de la empresa pública fueron:
Con respecto a la "ineficiencia" del estado, nos permitimos transcribir lo que sigue a continuación (*): "En 1943, luego de 90 años de explotación del servicio de gas distribuido por redes en manos privadas, solamente el 6 % de la población nacional recibía el servicio (unos 190.000 usuarios) en el Gran Bs. As. y otras 4 grandes ciudades del país (La Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán). En 1944 se produjo la nacionalización de dichas empresas, pasando el sistema a YPF en primer lugar y luego a Gas del Estado en 1946. Luego de 45 años de explotación estatal, el número de usuarios residenciales ha llegado a alrededor de cuatro millones y representa poco mas del 40 % de la población del país, en un total de 260 localidades distribuidas en la Capital Federal y 18 provincias desde Jujuy a Tierra del Fuego." Y se agrega más adelante: "Si tomamos como punto de referencia la tarifa promedio vigente para el consumo residencial de la Capital Federal en el momento de la nacionalización, puede verse (...) que en menos de 10 años y sin cambios tecnológicos importantes, se redujo la tarifa a la quinta parte (de un nivel 1000 en 1943/44 a un nivel 200 en 1952/58). En la década de los ‘60 la sustitución total del gas manufacturado por gas natural y la rápida expansión del servicio, permitieron una reducción adicional del 40 % con lo cual se llega a un nivel 120. Entre 1967 y 1975 una nueva mejora substancial (de 50 %), con lo cual la tarifa llega a un valor de 60 o sea un 6 % de la que cobraba la empresa privada 30 años antes. Entre 1976 y 1989 este nivel se mantuvo relativamente estancado, aun que con fuertes oscilaciones (entre 40 y 95) que respondían a cambios de política energética y/o procesos fuertemente inflacionarios." (*)Carlos E. Suarez y Roberto Kozulj; " Las propuestas de privatización de Gas del Estado y la eficiencia empresaria". REALIDAD ECONOMICA N° 102 - Agosto-Septiembre 1991. Señalaremos que Gas del Estado tenía, al momento de privatizarse, un importante superávit. El argumento de la "ineficiencia" es claramente falso e intencionado igualmente para el caso de las demás empresas de energía. YPF no hubiera sido "la única empresa petrolera del mundo que daba pérdidas", -como argumentaron los privatistas-, si no se la hubiese forzado a subsidiar a las refinerías de las compañías Shell y Esso con el precio del crudo, mientras pagaba mucho mas, por el que los contratistas privados le entregaban (muy por encima de los costos habituales de YPF), además de cargar con una innecesaria deuda de 6.000 millones de Dólares, suma ésta, que realmente no recibió. Vale esto también con respecto a lo de las "tarifas subsidiadas". Muy sencillo hubiese sido remediar estas situaciones con gobiernos al servicio del país en su conjunto y no de un sector del privilegio, aplicando una administración sana y transparente, en la que pueda intervenir cada sector interesado, incluyendo a los trabajadores de cada área y a los usuarios. En cuanto al carácter estatizante y socializante de la gestión energética, cabe señalar que : en el período anterior a su privatización, los servicios eléctricos tuvieron una expansión sin precedentes en el país, extendiendo su red nacional para brindar el suministro al 85 % de la población, realizando grandes obras hidroeléctricas, iniciando el equipamiento de generación nuclear y elaborando al mismo tiempo una planificación consistente para la demanda futura, todo ello en un lapso de poco mas de 40 años. ¿No constituye esto un desarrollo dinámico de la economía? La planificación tuvo como meta principal, privilegiar la utilización de recursos renovables y aplicar un criterio conservacionista para los perecederos, contrariamente a las conductas actuales en el sector. Lo socializante, -que nunca existió-, hubiera sido una gestión en la que los trabajadores y profesionales de cada empresa, así como los usuarios y la comunidad en general, alcanzaran a tener una participación efectiva en su desenvolvimiento. El "agotamiento de un modelo de gestión", tal como se decía entonces, y la falta de recursos para revertir la crítica situación de los servicios eléctricos a fines de los años ‘90, fue otra de las falacias que propalaron los privatistas, poco antes de la sanción de las Leyes de los marcos regulatorios para electricidad y gas.
Por lo tanto, los recursos monetarios existieron cuando se los necesitaba, pero fueron malversados y ello formó parte de una estrategia destinada a desacreditar las empresas públicas de energía, bien conocida desde la época del Plan Pinedo (cuando se nacionalizó la CADE), y que aún se emplea en la actualidad. En el momento de la privatización, la empresa nacional A. y E.E. poseía 97 centrales con 357 máquinas generadoras, con 3.751 MW. de potencia nominal; SEGBA, en sus 3 centrales a vapor y varias a turbo-gas, tenía 2.355 MW. de potencia instalada ; la CNEA, con 2 centrales nucleoeléctricas, 1.020 MW. ; Hidronor, con 3 centrales hidráulicas poseía 2.500 MW. de potencia instalada ; ESEBA, con 4 centrales a vapor y varias a turbo-gas completaba 1075 MW. ; EPEC, con 16 centrales, entre térmicas e hidráulicas contaba con 606 MW. de potencia y la CTMSG (parte argentina de la central binacional), tenía una potencia de 1080 MW. Se agregan otras generaciones menores con 1.605 MW. , lo que totalizaba 13.992 MW. En cuanto a las líneas de transmisión, se contaba con un total de 35.022 Km. de líneas, de las cuales eran 7.080 Km. en 500 kV. ; 1.100 Km. en 330 kW. ; 1891 Km. en 220 kV. y 24.951 Km. en tensiones menores. Esto es solamente, en lo referente a las estructuras de generación y transmisión, de las empresas eléctricas del país. Falta incluir en este resumen, el conjunto de subestaciones transformadoras de las redes de transmisión, los laboratorios de mediciones, los equipos para mantenimiento de estas instalaciones, vehículos, centros de capacitación, servicios de sanidad y seguridad industrial, administración, etc. Todo esto, sin contar los sistemas de distribución, que constituyen, por si solos, un universo casi comparable a lo anterior. Pero si intentáramos una estimación del valor, siquiera económico, de las empresas eléctricas el país, no se puede omitir la inclusión, de la gigantesca inversión de esfuerzo humano que ellas representan, y no solo el empleado para la operación, el mantenimiento, la gestión o el trabajo cotidiano, sino también, el esfuerzo de capacitación y perfeccionamiento, el estudio permanente, que permite alcanzar destreza y dominio en diferentes campos y que valió, por muchos años, para los profesionales y técnicos de dichas empresas, un generalizado prestigio y reconocimiento, por su capacidad y solvencia en las ciencias y tecnologías electroenergéticas. Se entregó así, el fruto del trabajo acumulado por técnicos y trabajadores argentinos durante mas de 40 años de esfuerzos del país y, el patrimonio logrado con los aportes del pueblo, en virtud de los impuestos instituidos por Ley para tales fines, que ningún inversor privado podría haber generado. Las ventas y/o concesiones de las empresas de energía se realizaron a precios muy por debajo de sus valores de inventario y según estimaciones de su valor comercial, realizadas por consultores extranjeros, a satisfacción del FMI y el BM. En el s/sector eléctrico, la reforma comenzada en 1992 procedió,- en base a la nueva Ley del marco regulatorio eléctrico -, a desintegrar vertical y horizontalmente su cadena productiva: generación, transmisión y distribución, con la intención declarada de promover la competitividad en el mercado eléctrico y la privatización de los activos. De las 3 empresas de jurisdicción nacional: A.y E.E., SEGBA e Hidronor, se formaron, - como unidades de negocio -, 26 generadoras, 5 transportistas y 3 distribuidoras. Existen además, en las provincias, 14 empresas distribuidoras privadas y algunas generadoras y transportistas. El ingreso obtenido por las ventas de las centrales generadoras en relación a los precios de reposición a nuevo, -según se trate de turbovapor o turbogas-, varió entre 0.5 y 0.10, para las primeras, y entre 0.75 y 0.17 para las últimas. El menor valor de los generadores turbovapor, sugiere ya, la intención de sus nuevos propietarios, de convertirlos en el futuro en unidades de ciclo combinado, como la realidad actual está confirmando. Debe recordarse, que mientras un equipo a vapor consume alrededor de 2.400 kCal./kWh, el de ciclo combinado (vapor / turbogas) solo requiere entre 1.500 y 1.700 kCal./kWh. En general, el producido por la enajenación de los activos del s/sector eléctrico podría estimarse en alrededor de un 30% de su verdadero valor, teniendo en cuenta su vida útil residual. En el momento de la privatización. Cuando salió a la venta el paquete de acciones de YPF, existía una estimación de su valor patrimonial en unos 24.000 millones de U$S, que los consultores internacionales rebajaron a 12.000 millones, argumentando, entre otras cosas, una calidad inferior del crudo y un volúmen de reservas un 28% menor que el hasta entonces reconocido oficialmente. La fijación de 19 U$S/acción, significó que el verdadero valor reconocido equivalía a 6.600 millones de U$S (27.5 % del estimado original). No se insistirá en la conducta del s/sector petrolero en cuanto a los contratos de concesión o asociación para explotación y sus consecuencias sobre las actividades de refinación, transporte, comercialización, etc. Solo cabría señalar la paulatina reducción de la exploración, que de un promedio aproximado de 120 pozos por año, descendió a 80 pozos entre 1990 y 1993, presentando algún repunte mas tarde, sobre todo en la cuenca marítima, al Sur del país. En cuanto al gas natural, la actividad que desarrollaba Gas del Estado antes de su privatización, quedó fragmentada también, de acuerdo a una nueva Ley del marco regulatorio del gas, con fundamentos parecidos a los del s/sector eléctricos. Se reconocen como sujetos de la nueva legislación a: transportistas, distribuidores, subdistribuidores, comercializadores, almacenadores y grandes consumidores. Se originaron pues, 2 empresas transportistas y 8 distribuidoras con licencia para actuar durante 35 años. Las dos primeras poseen el 70% de las respectivas acciones y las distribuidoras entre el 70 y 90%. Los ingresos obtenidos varían entre el 50 y 75% del valor real, reconocido oficialmente, por ejemplo: Transp. Gas Norte: el precio de 248 millones de U$S contra un valor de 430 millones (57.6%); Metrogas S.A.: el precio de 362 millones contra un valor de 694 millones de U$S (52 %). Las trabajadores, a través de estas reformas del sector energía, han sufrido el azote de la mal llamada racionalización, previa a las privatizaciones, para atraer mejor a los inversores y posteriormente a las mismas, aplicando la reformulación de planteles, despidos directos o encubiertos, mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, etc., todo ello con la complicidad de la burocracia sindical, que participa en el programa de transformaciones, gestionando la dádiva de los microemprendimientos y otras formas de tercerización, administrando la mentira de los programas de propiedad participada, y, de hecho, aceptando el congelamiento salarial, la flexibilización y precarización del trabajo. De los 535.000 desempleados de la administración pública en general, como resultado de la reforma del estado, en cada érea del sector la reducción de personal es enorme: en la ex-SEGBA, de 22.000 agentes, quedan en las empresas residuales apenas 8.000, en la ex-ESEBA, de 6.000 agentes, quedan apenas un poco mas de 2.000. El cuadro es aún mas dramático para YPF , A.y E.E. y muchas otras ex-empresas públicas. Otra consecuencia siniestra de las privatizaciones, es el empeño de los nuevos empresarios en perseguir las organizaciones sindicales combativas que defienden los derechos de los trabajadores energéticos; se intenta desconocer el mandato de delegados y dirigentes, procurando dislocar la unidad de dichos gremios y tratando a la vez de abrir las puertas al sindicalismo traidor Los beneficios anuales declarados en los balances de las empresas beneficiarias de las privatizaciones del sector energía, son muy importantes y se citan como prueba de su eficiencia. También se hace resaltar el hecho de que el precio del kWh. En el mercado eléctrico mayorista (MEM), que en Agosto/92 alcanzó un nivel de 58 milésimos de U$S, descendió al año, a 30 milésimos,valor, alrededor del cual todavía continúa oscilando. Pero las tarifas eléctricas al consumidor final, lejos de descender, son altísimas y pueden aumentar. Veamos los valores de tarifas residencial / comercial / industrial [millsU$S/kWh]: Argentina: 118.5 / 210.8 / 183 ; Brasil: 47.8 / 58.6 / 28.5; Méjico: 45.4 / 124.9 / 48.9; Chile:118.1 / 99.6 / 69.1 ; etc. ¡De modo que la única clase dirigente de América - incurablemente rentista , que se le ocurre cobrar 183 mills el kWh la tarifa industrial, es la argentina! ¡Después se reclama rebajar el costo laboral para hacer competitivas nuestras exportaciones! Este es el modelo de país que quieren imponernos. Para los hidrocarburos es lo mismo: un galón de nafta en EEUU cuesta 1U$S (1 galón USA = 3,78 litros); un litro de nafta en argentina cuesta 1U$S. Pero las naftas y el petróleo y demás hidrocarburos son commodities, es decir simples mercancías, para los ideólogos fundamentalistas actuales. Por lo tanto, si se da el negocio, hay que succionar los yacimientos a reventar y vender todo lo que se pueda al precio mas alto posible (*). Después el mercado lo arregla todo. (*) Ver: Gustavo Calleja:"Los Hidrocarburos, su caracter estratégico y los sofismas liberales" (REALIDAD ECONOMICA, N° 153 — Enero/Febrero 1998). Esta doctrina, hoy en boga, constituye la mas grave amenaza para el futuro argentino a muy corto plazo. Veinte años atrás las reservas de petróleo alcanzaban para otros 20 años y las de gas natural para 40 años, aproximadamente, pero esa evaluación tenía que interpretarse de esta manera: la producción de un año de dichos hidrocarburos, que era consumida en el mismo lapso, era compesada por las reservas que se iban descubriendo en igual período, y ese horizonte de agotamiento siempre seguía alejándose en el tiempo y quedaba a 20 y 40 años. BALANCE DEL MODELO VIGENTE 1) Políticas Ese nivel de subordinación muestra agravantes, originados en: a) la aparición en sectores básicos de la economía con características monopólicas u oligopólicas, en manos de grupos empresarios mayoritariamente extranjeros; b) haber quedado atados a precios internacionales, sobre los que no influenciamos ni siquiera mínimamente. Esta circunstancia es grave, por tratarse de bienes estratégicos e imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades económicas; c) la entrega de la potencial riqueza petrolera y gasífera de Malvinas, con consecuencias que pueden significar el final de nuestros reclamos de soberanía, dado el caso de resultar positiva la política exploratoria británica. 2) Económicas. a) la desarticulación del modelo energético integrado (eléctrico y de combustibles) que había permitido obtener un desarrollo geográficamente equilibrado y socialmente accesible, por sistemas descentralizados, monopolizados regionalmente, administrados por empresas privadas a un costo muchísimo mayor y con un deterioro en la calidad de los servicios prestados, donde tiene especial influencia el despido indiscriminado del personal, por el simple hecho de haber pertenecido a una empresa pública o no comulgar con las ideas privatistas imperantes; impuestos que gravaban tanto el crudo procesado, como a los combustibles líquidos , que eran destinados a la construcción de fuentes de energía renovables y a la ampliación y mantenimiento de las redes vial y ferroviaria, como también de los tributos internos al consumo sobre los bienes energéticos destinados al sistema jubilatorio. Además, los petroleros han sido beneficiados con la exención de los derechos aduaneros, la modificación del régimen legal para la liquidación de las regalías, la concesión de subsidios ocultos, tales como elreconocerles el precio internacional en el caso que deban vender obligatoriamente su producción en el mercado interno. b) la apropiación por parte de intereses privados de los reconocerles el precio internacional en el caso que deban vender obligatoriamente su producción en el mercado interno. c) el abandono de los criterios de uso racional de la energía, que ha provocado : 1) el aumento de la extracción de petróleo, obtenida esta última a costa de la depredación de los mejores yacimientos, del incremento espectacular de los gases venteados y de la degradación del medio ambiente; 2) la paralización del desarrollo del consumo de gas natural, cuyo incremento productivo de los últimos años se debe a su utilización en usinas; 3) la concreción de cuantiosas e irresponsables exportaciones de petróleo y gas, cuando los niveles reales de reservas son desconocidos por la Secretaría de Energía y aumentan o disminuyen de acuerdo a las necesidades de los negocios de los concesionarios; 4) la virtual desaparición de las inversiones en exploración como en la construcción de ductos destinados al mercado interno como también de represas hidroeléctricas- que nos conduce, inexorablemente, a la pérdida del autoabastecimiento petrolero y gasífero. d) la venta -en procesos plagados de actos ilícitos y, en algunos casos resucitando formas jurídicas abandonadas en el mundo, como las concesiones petroleras- a precio vil de los activos ha significado la pérdida para el Estado de importantes fuentes de ingresos, que obtenía a través de las tarifas o los impuestos aplicados sobre las mismas. Esta cesión de recursos, ha sido asegurada a los privados mediante la vigencia de niveles tarifarios desproporcionadamente altos y la sanción de normas regulatorias que los protegen a costa de la expoliación y desprotección de los trabajadores y de los usuarios de menor poder económico. Todo ello, sin olvidar un deterioro alarmante en la calidad y seguridad de los servicios; e) la desarticulación de la Secretaría de Energía, con el consiguiente abandono de la totalidad de sus actividades de control, y la integración de los nuevos entes reguladores con los mismos responsables de haber conducido un proceso privatizador caótico y corrupto o con funcionarios que los han transformados en dependencias de las empresas prestatarias. Es por todo lo expuesto, que debe considerarse al sector energía como una actividad estratégica vital para la Nación, sin cuyo dominio no es concebible la existencia autónoma y soberana de la misma. La denominación "producto o bien estratégico", implica su condición de no negociable, esto es: que no es mercancía, que es un bien social, un bien comunitario. Por ello, nuestras reivindicaciones deben llevar, como primera bandera, la defensa del pleno poder de decisión del pueblo de la Nación, sobre todas las áreas del sector energía, excluyendo toda injerencia de intereses particulares con fines de lucro sobre las misma, planificando y organizando su explotación, con la finalidad de extender sus beneficios a toda la población, para mejorar su calidad de vida y ofrecer seguro apoyo a la actividad productiva, industrial y agropecuaria y asegurar una base firme a la seguridad y defensa nacional. Esto equivale a afirmar que, a partir de ahora, se deberán buscar los caminos que permitan revertirla actual situación de : los hidrocarburos, el carbón, los recursos hídricos, la electricidad (la núcleoelectricidad en particular) y todas las fuentes no convencionales aprovechables en el país. Ello requerirá establecer nuevas formas de propiedad del pueblo de la Nación sobre los recursos energéticos y organizar su empleo y el desarrollo de la producción de los bienes y servicios que de ellos dependan, por medio de una nueva organización empresaria regulada desde el estado, de acuerdo a un auténtico proyecto nacional. También será preciso reconstruir los centros y laboratorios de investigación tecnológica y científica, correspondientes a cada área: petroleo y gas, carbón, nuclear, hidráulica, sistemas eléctricos de potencia, fuentes no onvencionales, etc., que fueron devastados du-rante las reformas llevadas a cabo por el actual gobierno. Los requerimientos que deberán cumplirse, en esa nueva situación por la que lucharemos, hombro a hombro con otras fuerzas y sectores de la sociedad argentina serán:
El futuro Los efectos de esta política repercuten en los bolsillos populares, ya sea directamente, por medio de las tarifas de los servicios y los precios de los combustibles líquidos, e indirectamente, a través de los impuestos indirectos que reemplazan a los derogados o disminuidos. También a causa del aumento de los costos industriales, que es el motivo principal en las crisis de los pequeños y medianos industriales y del empobrecimiento de zonas anteriormente prósperas. En un sector donde la consideración de las inversiones destinadas al largo plazo no puede obviarse, haber dejado librado a la decisión de las empresas la configuración de la matriz energética futura es un acto de insensatez, que compromete el destino de grandes zonas del interior y la competitividad de la industria nacional dentro del ámbito regional. Llegará el momento en que la Nación deberá poner al sector energético al servicio del interés general y de la racionalidad. Para ello habrá que afectar los intereses de quienes detentan el poder real. Debemos estar convencidos que en los sectores básicos de la economía el Estado no puede ceder ni un ápice de su poder. Donde se haya claudicado deberá ser revertida la situación, porque de otra forma será imposible gobernar y permitir a los argentinos disfrutar de los bienes que les pertenecen. No existen actos irreversibles, ni la seguridad jurídica puede consistir en avalar procesos plagados de irregularidades y convertirse en cómplices. La seguridad jurídica impone la obligación de investigar todos los ilícitos, incluyendo a los corruptores y a los corrompidos. Si fuimos capaces de concretar el Nunca Más de los Derechos Humanos, también debemos serlo para realizar el Nunca Más Económico. Hugo A Hirsuto José J Rigane También en Electricidad- térmica - nuclear- hidráulica - otras Por no aplicar la Tarifa de Interés Social la Justicia le requiere respuesta al Intendente del Partido de La Costa Suplementos FeTERA Resumen de problemas jubilatorios relacionados con la Ley 22.929* Suplementos FeTERA Para la celebración de paritarias en la Autoridad Regulatoria Nuclear desde la APCNEAN presentamos acción de amparo ante la Justicia (FeTERA SEMANAL N° 579 04.11.10). la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), presentó ante la Justicia una Acción de Amparo por Mora, con el objeto que se intime, en los términos del art. 28 de la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) para que se expida sobre la solicitud de convocatoria a la celebración de Paritarias en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Suplementos FeTERA Propuesta de modificación de la Ley 24 498/95 Suplementos FeTERA "Se construye siendo parte de las iniciativas que nos permitan vivir con dignidad" Suplementos FeTERA Funcionamiento de una Central Nuclear Suplementos FeTERA EDENOR deberá realizar obras para garantizar un servicio de calidad Suplementos FeTERA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "A 15 AÑOS DE UNA BATALLA HEROICA" Suplementos FeTERA A 15 Años de una Batalla Heroica Suplementos FeTERA EDEA S.A. no cumple con la Ley del marco regulatorio en San Clemente del Tuyú Suplementos FeTERA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras secciones...
