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“El Estado es el principal incumplidor de las leyes de discapacidad”

[10/12/2006] El abogado Pablo Rosales, experto en discapacidad, dijo que en todo el país hay graves dificultades para cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con capacidades diferentes

Pablo Rosales es el autor de “La discapacidad en el sistema de salud argentino”, entre otras publicaciones. A los 43 años, este abogado se desempeña como director de posgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, pero eso no le impide recorrer buena parte del país cuando es invitado a dar conferencias. Esta semana estuvo en Río Cuarto y habló con PUNTAL, antes de dictar unas jornadas en el Concejo Deliberante.

- ¿Cuál es el derecho de las personas discapacitadas que menos se cumple en nuestro país?

- Creo que habría que hacer hincapié en el trabajo porque si uno no tiene trabajo, en general, no tiene acceso a la salud porque no tiene un ingreso, no tiene acceso a la educación y, muchas veces no puede formar una familia porque no puede mantenerla.

Por el cupo laboral del 4 por ciento el Estado tiene la obligación de contratar a personas con discapacidad idóneas para la tarea. Es cierto que no todos pueden trabajar, pero los que pueden hacerlo no están en las mismas condiciones en un mercado feroz como lo es el actual, por eso la Constitución Nacional desde 1994 plantea que el Estado necesita apoyar a las personas con discapacidad, entre otros colectivos.

- ¿La Constitución lo pone al ciudadano con discapacidad en posición de reclamarle al Estado por ese trabajo?

- En realidad, hay un cambio de paradigma que es necesario remarcar. Se pasa de un objeto de asistencia a un sujeto de derechos.

Quién no está familiarizado con la idea de ayudar a la persona con discapacidad dándole dinero o una ayuda puntual, pero no considerándolo como un titular de derechos dándole un trabajo para que pueda ganar su propio dinero. En general se lo considera como un objeto de asistencia. Entonces, cambiar este paradigma implica que son titulares de estos derechos y si esto es así lo pueden reclamar. ¿Por qué?, porque el Estado se comprometió con los estados internacionales a proveérselo.

- ¿Hay jurisprudencia de reclamos de este tipo?

- Hubo muchos reclamos para que el Estado cumpla con el cupo laboral. En realidad, salieron sentencias favorables en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias. La dificultad es que esto no modifica en general la mirada del Estado. El Estado considera que tiene determinados espacios en el ámbito público y una vez que se agotan, no se puede tomar nuevo personal. Y esto no es lo que dice la Constitución, ni lo que dicen los tratados internacionales.

El cupo se debe cumplir y el Estado debe crear esos espacios para las personas con discapacidad. El tema es que cuando los derechos no se reclaman -sobre todo si son derechos sociales- se ceden. El Estado tiene una doble cara porque es el principal obligado pero también es el que principalmente violenta esas obligaciones. La única posibilidad es que las personas a través de la Defensoría del Pueblo o a través de la Justicia, reclamen el ejercicio de esos derechos.

- ¿La ley sólo obliga a los entes públicos?

- El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que son 4 los colectivos protegidos: las personas con discapacidad, los niños, las mujeres y los ancianos. La Constitución obliga al Estado a hacer acciones positivas. El caso más importante de acciones positivas que se registró en la corte norteamericana fue el “caso Brown”, a raíz de que las escuelas estaban segregadas entre blancos y negros.

Entonces, la corte obligó a que hubiera cupos de personas negras en escuelas que eran generalmente para la raza blanca. Es así como funciona la acción positiva. El cupo tiene la función de hacer que el Estado le otorgue trabajo a estas personas pero también, por otro lado, que genere un cambio en la mirada social para que se entienda que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar. La idea es que el cupo no dure eternamente.

- ¿En cuántas provincias se cumple el cupo?

- No es cumplido prácticamente por ningún organismo público, no es Córdoba la excepción. Córdoba es la regla porque en realidad todas las provincias y el Estado Nacional tienen dificultades con el cumplimiento del cupo.

Podríamos preguntarnos, en un mercado donde podemos elegir los trabajadores, por qué deberíamos elegir a una persona con discapacidad. Si el Estado no acompaña con una política de difusión y promoción de estos derechos no hay ninguna razón para que esto cambie.

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