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Despacho especial, 12 de enero del 2004
El departamento de Discapacidad de la CTA ante la nueva resolución de la Secretaría de Transporte

[12/01/2004]

Por pedido de las empresas operadoras del transporte automotor de pasajeros, el 30 de diciembre el Secretario de Transporte dictó la Resolución Nº 424/03.

Como otras que le precedieron, ésta extiende nuevamente en el tiempo el permiso para no renovar los vehículos de más de diez años de antigüedad por unidades con adecuaciones que permiten transportar también a personas con dificultades en su movilidad o comunicación.

Esta renovación la imponen las leyes Nº 24.449, 24.314 y el Decreto 467/98.

Las negativas consecuencias de la nueva resolución sobre el derecho de las personas con discapacidad a poder usar este modo de transporte público, confirman la verdadera naturaleza de la no menos reciente Resolución Nº 417/03 dictada por el Ing. Ricardo Jaime, norma que establece tanto frecuencias mínimas para los vehiculos accesibles como la publicidad de las mismas y sobre la cual nuestro Departamento circularizó hace pocos días un documento crítico.

Hace seis meses advertimos al mencionado Secretario que no debía seguir prorrogando los plazos de renovación de unidades por el perjuicio que causaba a las personas con movilidad o comunicación reducida.

Pero al Ing. Jaime, que firmó estas resoluciones tan rechazadas por nuestro Departamento y otras Ongs como promovidas por las empresas, no le interesa el daño que acarrea a las personas la deuda incumplida de 2.600 unidades accesibles que, según el ente de control (CNRT), tenían las prestatarias del servicio al 31 de diciembre de 2001.

Mucho menos le interesan los perjuicios que conlleva la no incorporación de alrededor de 3.000 vehículos con elementos de accesibilidad en remplazo de igual cantidad de unidades que no tienen esa característica y cuya antigüedad para prestar servicio ha vencido. Con el dictado de la Resolución Nº 424/03, las empresas se verán “obligadas” a renovar este año 14 unidades.
El actual Secretario no sólo reitera el hábito de sus predecesores, perjudicar a las personas con discapacidad y favorecer a las empresas, sino que tiene dificultades con la verdad.

El 7 de enero de 2004, Jaime nego haber recibido objeción alguna al proyecto base de la Resolucion Nº 417/03, pese a tener directo y personal conocimiento que por el rechazo de nuestro Departamento y otras ONGs, el 3 de diciembre se debió suspender a último momento el acto en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas en el que se pensaba firmar dicha norma y presentarla como evidencia de la preocupación que tiene la Secretaría de Transporte respecto del tema.

Entre otras cuestiones, es por eso que hace más de dos meses consideramos improductivo continuar tratando con el citado Secretario, tomamos la decisión de denunciarlo ante el INADI y decidimos recurrir a un nivel más alto y presentar el caso a la justicia.

Siempre y cuando las prestatarias del servicio no logren su propósito de aumentar por decreto el número de los tres años que la reglamentación de la Ley de Tránsito otorga para que bajo ciertas condiciones las unidades de más de diez años de antigüedad puedan continuar en servicio - y sea quien sea el que ocupe la titularidad de la Secretaría - en el comienzo de los años venideros se renovará el dictado de este tipo de resoluciones.

Los secretarios de transporte pasan, las empresas quedan y éstas son las que deciden.

Sólo con la unión más amplia posible de diferentes sectores sociales, nuestra organización y lucha, lograremos el efectivo ejercicio de nuestros derechos.

Secretaria de Comunicación y difusión -
Departamento de Discapacidad -
Central de los Trabajadores Argentinos

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