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El gobierno había anunciado en junio la remisión de un proyecto a la Legislatura para incorporar a la provincia a esa norma
Entre Ríos: Se demora la adhesión a la Ley de Discapacidad y se complican las prestaciones

[22/10/2007]

En junio el gobierno anunció que promovería un texto legislativo que permita a Entre Ríos adherir a la Ley Nacional de Discapacidad número 24.901. La norma, sancionada en 1997, instrumentó un sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, y obligó a las obras sociales a dar cobertura total, y al Estado, a prestar igual cobertura a las personas que carezcan de una mutual. Desde 2001 distintos proyectos de adhesión han tenido la misma suerte en la Legislatura entrerriana: cuentan con media sanción de Diputados, pero duermen el sueño de los justos en el Senado. Hace diez días, Marcela Tornelli, mamá de Facundo, un nene con trastorno generalizado del desarrollo (TGD), integrante de la Asociación de Padres de Autistas (Aspadea), recurrió a la Cámara alta para que le expliquen por qué no hay tratamiento de esos proyectos de adhesión, y se encontró con la respuesta de siempre: no le contestaron nada.

“Esta adhesión es necesaria, de modo que el Estado pueda garantizar el bien común. El bien común no es para algunos, sino para todos. Y para eso se necesitan soluciones de fondo, y la solución de fondo viene de la mano de leyes que incluyan a todos. Pero vemos que no hay intención real de llegar a todos, y que además los fondos se dedican para otros fines. Fondos hay, el tema es cómo se administran. Llega mucho dinero a la provincia para discapacidad, y se administra de una forma arbitraria”, dice.

Ese “manejo arbitrario”, señala, provoca que algunos sectores con discapacidad “queden sin cobertura”. No sólo social, sino también educativa: Facundo pudo acceder a una escuela común sólo después de que sus padres consiguieron que se capacitara a docentes auxiliares. Pero ahora el Consejo de Educación resolvió sacar a concursos esos cargos, y, como en el juego de la oca, todo vuelve atrás. “No hay una política en serio. Son cosas aisladas, que no llegan a todos”, afirma.

Tampoco se cumplió aquella promesa oficial de promover la adhesión a la Ley Nacional de Discapacidad, completa Tornelli. “Ni siquiera presentaron un escrito en el Senado”, añadió.

La abogada victoriense María Silvina Mostafá se ha especializado en litigar contra el Instituto Obra Social de la provincia de Entre Ríos (IOSPER) por la falta de cobertura integral a personas discapacitadas, producto de la falta de adhesión a la norma nacional.

“Esta no adhesión genera muchos problemas, y la paradoja es que es la propia gente la que debe pagar de su bolsillo la atención médica. Así, la obra social, al no haber adhesión, no cubre 100 por ciento, y lo enmascara a través de los créditos asistenciales. Es decir, el afiliado pide un préstamo al IOSPER para pagarse la cobertura. En 2006 con un fallo sentamos jurisprudencia sobre este tema, y el Superior Tribunal en su sentencia le corrió traslado al Poder Legislativo, para que tomara conocimiento. Pero todo sigue igual”, señala.

¿Cuál es la consecuencia de esta no adhesión a la ley nacional?
Básicamente, se están coartando los derechos de las personas discapacitadas. No se les permite el libre acceso a las prestaciones que necesitan. Y esto es así porque no se toma la decisión política que se requiere. El fundamento para la no adhesión es la falta de recursos para hacer frente a la obligación de dar cobertura a las personas sin obra social. Pero la propia ley prevé que la Nación envíe los fondos. Claro que el requisito es que la Nación ejerce el control directo sobre el uso final de esos recursos.

No obstante, el titular del IOSPER, Silvio Moreyra, admite que “hay un problema de financiamiento para aplicar la ley nacional. Nosotros no recibimos recursos nacionales, como sí los reciben las obras sociales sindicales. Los recursos salen de la Ley del Cheque, y al ser el IOSPER una obra social provincial, no puede acceder a esos fondos. El Gobierno está trabajando en permitir que la obra social provincial pueda acceder a esos fondos”, explicó.

La ley

La Ley Nacional número 24.901, compuesta de 41 artículos, prevé en su articulado una cobertura preventiva durante el proceso de gestación, y establece que si “se detecta patología discapacitante en la madre o el feto, durante el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha además los tratamientos necesarios para evitar discapacidad o compensarla, a través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que se puedan aplicar”.

También, establece la necesidad de aplicar “prestaciones de rehabilitación”, terapias educativas, prestaciones educativas y prestaciones asistenciales. E incluye servicios específicos como estimulación temprana, capacitación laboral, el funcionamiento de centros de día y centros educativos terapéuticos, todos servicios financiados por las obras sociales, o por el Estado en caso de que la persona carezca de cobertura social.

El artículo 34º dice además que cuando las personas con discapacidad “presentaren dificultades en sus recursos económicos y/o humanos para atender sus requerimientos cotidianos y/o vinculados con su educación, habilitación, rehabilitación y/o reinserción social, las obras sociales deberán brindar la cobertura necesaria para asegurar la atención especializada domiciliaria que requieren”.

Pero mientras aquella ley no tiene alcances efectivos en Entre Ríos, los tropiezos se vuelven angustiosos para muchos, como el que vivió Paula, una mujer beneficiara de un Plan Jefes, con una hija discapacitada. Como la nena está inscripta en Santa Fe, debió acudir a la Defensoría del Pueblo de Paraná para que en Entre Ríos le resultara menos complicado acceder a servicios básicos hospitalarios.

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