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Avance del Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad [18/05/2005]
La misión de este estudio es promover la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad en la sociedad y fomentar el cumplimiento de los derechos humanos. Además, documenta los problemas y obstáculos de estos ciudadanos en cada país. Una característica que hace único al IDRM es que los investigadores locales son personas con discapacidad o familiares de los mismos, con reconocida trayectoria en este área, en sus repectivas comunidades. Por Sonsoles Casete El Informe Regional de las Américas 2004 destaca que todos los países analizados, excepto Belice, Canadá, Guyana, Honduras, Surinam y Estados Unidos, han suscrito la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo proceso de ratificación obligó a los firmantes, por lo menos, a dictar algunas leyes sobre discapacidad. Además del derecho internacional, las constituciones nacionales de la mitad de los países de la región identifican de manera específica a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Catorce países sancionaron leyes que abordan de manera exclusiva la protección de las personas con discapacidad y muchos otros incluyen los temas relacionados a la discapacidad en otros tipos de leyes. Es importante destacar que Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Uruguay y Estados Unidos han sancionado leyes que prohíben la discriminación de las personas con discapacidad. Sin embargo, gran parte de estas normas carecen de disposiciones que exijan su cumplimiento. A modo de ejemplo, el documento cita el derecho al sufragio. Si bien éste es un derecho universalmente reconocido en toda la región, sólo un grupo reducido de países se esfuerza por garantizarles a las personas con discapacidad el ejercicio pleno y efectivo de este derecho. En Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay, las personas sordomudas son consideradas jurídicamente incapaces. En Brasil, El Salvador, Guyana, Jamaica y Perú, las personas con discapacidad mental pueden ser despojadas de sus derechos. Lo mismo les ocurre a las personas con discapacidades sensoriales -las personas ciegas, por ejemplo- en El Salvador, Guatemala y Guyana. Por último, Canadá, según informa, no admite la inmigración de personas con discapacidad cuya salud represente una posible carga financiera para el Estado. Sólo el 40% de los países tienen una versión en formato alternativo de su Constitución Política y sólo unos pocos de ellos convierten otros documentos de interés nacional en accesibles. Son pocos los países que cuentan con sistemas para que las personas con discapacidad puedan comunicarse con las autoridades en caso de emergencias complejas
Según los datos disponibles, puede aseverarse que los niños con discapacidad suelen ser excluidos de los sistemas educativos. En Colombia, sólo el 0,32% de los alumnos tienen una discapacidad. Las cifras son similares en Argentina (0,69%) y en México (0,52%), mientras que en Uruguay y Nicaragua se advierten porcentajes levemente superiores (2,76% y 3,5%, respectivamente). Al comparar la población infantil con discapacidad estimada con la cantidad de niños inscritos en el sistema educativo, se observa que sólo entre el 20% y el 30% de los niños con discapacidad asisten a la escuela. Canadá y Costa Rica son los únicos países que registraron niveles significativamente más elevados de participación en el sistema educativo, mientras que algunos países obtuvieron índices más bajos. En Bolivia, por ejemplo, se estima que entre el 74% y el 97% de los niños con discapacidad no reciben ningún tipo de educación. La exclusión del sistema escolar puede deberse a muchos motivos, entre ellos, las acciones de los docentes, los directores de las escuelas y los padres o bien a la inexistencia de edificios accesibles o la ausencia de servicios. Entre los países que exigen formación específica en educación especial se encuentran Belice -que en fecha reciente estableció la obligatoriedad de esta capacitación- y Bolivia. El acceso a la educación varía según el tipo y el grado de discapacidad. En particular, es común que las escuelas no acepten a niños con discapacidades severas. En Chile, las primeras sólo alcanzan, como promedio, 6,4 años de escolaridad. En Brasil sólo el 10% termina el 8º grado. La cifra es similar en el nivel secundario en Ecuador, mientras que en El Salvador sólo el 5% termina la escuela secundaria. Algunos países, tales como Canadá y Costa Rica, ubican a la mayoría de los alumnos con discapacidad en ámbitos educativos inclusivos. Por otro lado, el 70% de los niños con discapacidad en México y el 90% en Surinam asisten a escuelas especiales. En Chile, sólo el 19% de los alumnos con discapacidad reciben educación inclusiva en el nivel primario a pesar de que el objetivo fijado es el de integrar a estos niños al sistema educativo convencional.
Uno de los principales problemas que enfrenta la población con discapacidad en la región es el desempleo y la marginación laboral. Según la información obtenida, alrededor del 70% de las personas con discapacidad de la región están desempleadas o excluidas de la fuerza laboral. México informa de que el 14% de las personas que trabajan no recibe sueldo y otro 22,6% gana menos del salario mínimo. Una situación similar se observa en Brasil, donde ese porcentaje se eleva al 30%. Otro claro ejemplo de la falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad es el tipo de trabajo al que pueden acceder. En Chile, sólo un tercio de las personas con discapacidad ocupadas tienen un trabajo de jornada completa. Muchas tienen empleos informales, trabajan por cuenta propia o están subempleadas. En Bolivia, casi el 40% son trabajadores independientes o informales, mientras que en Honduras, el 73% trabaja en forma independiente o en relación de dependencia pero sin recibir remuneración alguna. En Canadá, por ejemplo, se informa que un 36% de las personas con discapacidad que poseen un empleo son víctimas de acoso. Frente al alto nivel de desempleo de la población con discapacidad, un grupo de países de la región sancionó leyes o formuló políticas dirigidas a integrar a las personas con discapacidad al mercado laboral. Varios de ellos, como Argentina, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Uruguay o Venezuela, establecieron cupos para la cantidad de personas con discapacidad que el gobierno o las empresas de determinado tamaño deben contratar. Si bien algunas compañías privadas cuentan con políticas de no discriminación, ya sea formales o informales, la mayoría carece de ellas.
En gran parte de la región, el acceso al seguro médico depende del estado ocupacional, de modo que las altas tasas de desempleo pueden privar de cobertura a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el 84% de las personas con discapacidad en Ecuador no tiene ningún tipo de cobertura médica. En Chile, sólo el 7% tiene un seguro médico privado, mientras que entre el 60% y el 80% recibe asistencia a través del sistema de salud público. Asimismo, es común que las compañías de cobertura médica rechacen a las personas con discapacidad. Este tipo de discriminación ha dado lugar a una gran cantidad de denuncias en Uruguay. Cuando las personas con discapacidad no pueden acceder a una cobertura médica, son los gobiernos los que deben asumir la responsabilidad de proveerles atención médica y rehabilitación. Lamentablemente, aunque acepten esta responsabilidad, en muchos países carecen de los recursos necesarios y, en consecuencia, los servicios que prestan son deficientes. Tampoco abundan los profesionales médicos debidamente capacitados para asistir a las personas con discapacidad.
En toda la región, las personas con discapacidad suelen vivir con sus familias y no de forma independiente. Si se considera la totalidad de los países de la región, dos tercios no poseen un centro de Vida Independiente. Sin embargo, existe una excepción positiva, que es un proyecto de "vivienda sustentable" para personas con discapacidad en El Salvador. En algunos casos, las personas con discapacidad pueden acceder a viviendas subsidiadas o a facilidades para la compra, adaptación o mejora de la vivienda. La mayoría de los países, sin embargo, no ofrece ningún tipo de subsidio. En la actualidad, muchos países están destinando la mayor parte de su trabajo a resolver la situación habitacional de las personas con discapacidad. Los países que propusieron o aprobaron en fecha reciente iniciativas de vivienda son Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Guyana, Honduras y México. Sin embargo, aún se desconoce el impacto que tendrán estas iniciativas. En República Dominicana, por ejemplo, no se construyeron viviendas adaptadas a pesar de que ése era uno de los requisitos. De la misma manera, en Guatemala se acordó que se asignaría el 5% de las viviendas sociales a las personas con discapacidades sensoriales, pero sólo 18 personas resultaron beneficiadas. Muchas personas con discapacidad son internadas en instituciones contra su voluntad en la mayoría de los países de la región, lo cual ha dado lugar a algunas de las violaciones más flagrantes y abusivas de los derechos humanos. Si bien en muchos países, en teoría, las personas con discapacidad pueden negarse a someterse a un tratamiento médico o psiquiátrico, rara vez se tiene en cuenta esa decisión en la práctica. En Bolivia, por ejemplo, a menudo las personas con discapacidad desconocen que tienen ese derecho y, por lo tanto, no lo ejercen. Algunos países, tales como Costa Rica y Canadá, informan de que han emprendido iniciativas para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad.
La mayoría de los países tiene leyes en virtud de las cuales los edificios deben ser accesibles para las personas con discapacidad. En muchos casos, estas normas sólo se aplican a edificios nuevos o remodelaciones de edificios ya existentes. Sin embargo, rara vez se exige el cumplimiento de las mismas. En Perú, por ejemplo, según la ley, todas las obras de adaptación deberían haber finalizado en junio de 2003, pero hasta la fecha de redacción de este informe, no se había aplicado ninguna sanción por el incumplimiento de ese plazo. Los informes también dan cuenta de que a menudo las adaptaciones que se realizan son parciales e inadecuadas. A título ilustrativo, se indica que se construyen rampas que son demasiado pronunciadas y sanitarios que no son accesibles. Belice, Honduras y Surinam son algunos de los países que no tienen leyes sobre accesibilidad. Asimismo, la falta de condiciones de accesibilidad a menudo se extiende a los espacios públicos. Algunos de los obstáculos comunes son la ausencia de rampas en las aceras, el bloqueo de las rampas existentes y la falta de señales sonoras u otro tipo de señalización accesible en los cruces de calles. A esto se suman la irregularidad de las superficies y la presencia ubicua de vendedores ambulantes. En la región tampoco existen sistemas de transporte accesibles. Sólo Brasil, Canadá, Jamaica y Estados Unidos informan de que tienen sistemas de autobuses accesibles en algunas ciudades. En muchos casos, como en el de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, el transporte es parcialmente accesible, con una cantidad reducida de unidades o estaciones de tren adaptadas. El sistema de transporte en general continúa siendo inaccesible desde el punto de vista funcional debido a que las adaptaciones no son uniformes. En la actualidad, en Costa Rica se está llevando adelante una iniciativa para adaptar el 8% de los autobuses. Para muchas personas con discapacidad, los medios de transporte privados o los taxis son las únicas opciones confiables, si bien los costos de ambos servicios son prohibitivos.
La mayoría de los países de la región tiene un organismo como responsable de formular y coordinar la política sobre discapacidad. En algunos, como Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, México y Panamá, estos organismos han ayudado a elaborar un plan de acción sobre discapacidad. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, por otro lado, aún no ha adoptado medidas concretas. Chile y Guyana, por su parte, realizaron planes de acción sobre discapacidad a nivel nacional sin la intervención de un organismo coordinador. Más aún, en la mayoría de los casos, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en estas estructuras de coordinación son mínimas. Existen, sin embargo, excepciones, como en el caso de Ecuador, donde la población con discapacidad tuvo una gran influencia en las leyes y políticas promovidas por el Consejo Nacional de Discapacidades, y el de México, donde se fomenta la participación de las organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad, entre otras entidades. El foco de la actividad de las ONG varía a lo largo de la región. En algunos países, como en Canadá, el movimiento de y para las personas con discapacidad está bien desarrollado mientras que en otros, como Argentina y Costa Rica, las actividades de las organizaciones no gubernamentales están más limitadas a la provisión de servicios para la población con discapacidad. En esos países, estas organizaciones no pueden o no desean intervenir en acciones de incidencia y defensa de los derechos humanos. La investigación revela que en muchos países no existe coordinación entre los grupos de y para personas con discapacidad, a pesar de que se reconoce la necesidad de fomentar la cooperación para que el accionar de estos grupos sea eficaz. Para más información: www.cirnetwork.org También en Documentos Modulo Aspectos legales de la Discapacidad Elaborado y producido por Elaborado y producido por LOS TRABAJADORES Y LA DISCAPACIDAD Elaborado y Producido por Equipo Elaborado y producido por Los apartados de “Salud Laboral y Discapacidad” y la “Guía para el Relevamiento de Puestos de Trabajo” fue elaborado por el Equipo Docente de Capacitación en Salud Laboral - ATE Provincia de Buenos Aires (Prof. Beatriz Horrac, Lic. en T.O. María José Occhi y Tca. en H.S. Magali Arocena) Mayo de 2009 La nueva Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad LA DISCAPACITACIÓN SOCIAL DEL “DIFERENTE” Un trabajo de Mauricio, Mareño Sempertegui, Departamento de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Regional Córdoba Capital. Becario Investigador SECyT - UNC. mauriciomareno @gmail.com y Fernanda, Masuero Lic. en Ciencias Políticas. Ha realizado trabajos vinculados a las temáticas de género y discapacidad. fernandamasuero @ciudad.com.ar OIT Informe Global sobre igualdad en el trabajo 2007 A pesar de los progresos alcanzados, la discriminación en el trabajo es persistente y adopta nuevas formas. "El panorama mundial de la lucha por superar la discriminación evidencia un contraste de fracasos y de progresos decisivos", dice el informe de la OIT. Informe del Grupo de Trabajo al Comité Especial Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad Grupo de Trabajo, Nueva York, 5 a 16 de enero de 2004 Pautas de Estilo Periodístico sobre Discapacidad El jueves 25 de agosto fue presentado el manual "Pautas de Estilo Periodístico sobre Discapacidad", escrito por la Periodista Alejandra Noseda, con la colaboración del Periodista Gabriel Michi y el Profesor Alfredo Bértola. |
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