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- 29/10/08 - Prevision Social
LA CTA APOYA EL PROYECTO DE REESTATIZACION DEL SISTEMA PREVISIONAL

[30/10/2008] Documento leido en la Camara de Diputados de la Nacion en defensa de la Re-estatizacion del Sistema Previsional

FUNDAMENTOS

1) Desde su fundación la CTA defendió un sistema de seguridad social público de reparto y cuestionó, por todos los medios, la privatización del sistema previsional, llevado adelante a partir de la sanción de las leyes 24241 y 24463. Es por ello que apoyamos plenamente la eliminación del sistema de capitalización y su reemplazo por un régimen de reparto.

2) El régimen privado de capitalización fue una verdadera estafa para los trabajadores argentinos.

3) En medio del vendaval financiero desatado por la actual crisis mundial, que devaluó implacablemente todas las colocaciones bursátiles, se pone de manifiesto con mayor claridad que los sistemas de este tipo, no hacen más que convertir a los aportantes en rehenes de un juego especulativo que no conocen ni controlan, beneficiando a los bancos y a los numerosos intermediarios financieros, pero nunca a los jubilados.

4) La re-estatización del sistema jubilatorio permite la reversión de uno de los componentes centrales de las reformas estructurales realizadas en la década pasada, en donde la creación de las AFJP y la merma de recursos que el nuevo sistema implicó para el sistema de seguridad social fueron determinantes en el incremento del déficit del sector público cuya deuda creció el 75%.

5) Las fluctuantes condiciones existentes en los mercados de capitales y las cuantiosas comisiones cobradas por las administradoras no hacían otra cosa que transferir recursos desde los trabajadores al sistema financiero. El proceso de re-estatización permitirá la adquisición adicional de recursos genuinos para el sistema de seguridad social que contribuirán así a asegurar el pago de las jubilaciones y pensiones de manera sostenida.

6) El régimen privado de AFJP a probado ser costoso e ineficiente.

ESPEJITOS DE COLORES

1) La reforma previsional introducida en 1994, se instauró un mecanismo que tendría a la capitalización individual como el elemento central de la futura jubilación del trabajador. La reforma estuvo inspirada en el modelo previsional promovido en América Latina por el Banco Mundial), que tomaba como referencia explícita al “exitoso” sistema chileno.

2) A pesar de la campaña mundial en favor de este esquema, su grado de difusión internacional fue más bien un fracaso: a fines de la década de 1990, solamente 11 países periféricos habían privatizado total o parcialmente sus sistemas previsionales.

3) Los principales argumentos detrás de la propuesta de reforma eran que de este modo se iba a resolver el déficit crónico del sistema provisional y al mismo tiempo, permitiría lograr un aumento del ahorro interno, fomentar el mercado doméstico de capitales.

4) El sistema no respondió, en los hechos, de la manera en que prometían los impulsores de la reforma.

5) No todos, sin embargo, fueron perdedores: el esquema resultó altamente beneficioso y se convirtió en una fuente de grandes negocios para el sector financiero y el capital concentrado local e internacional.

LOS MOTIVOS DEL FRACASO

Baja proporción de aportes efectivos.

El porcentaje de aportes realizados respecto del total de afiliados al sistema de capitalización ha resultado llamativamente bajo durante todo el período de vigencia del régimen: poco más de un tercio.

Estos datos muestran que el régimen de capitalización no reduce –como se argumentaba- la evasión o morosidad previsional.

El bajo nivel de aportes efectivos se traduce inexorablemente en un menor nivel de jubilación futura, la situación descripta no es exclusiva de la Argentina, sino que parece ser inherente al régimen de capitalización. En Chile, sólo se ingresan aportes por el 50% de los afiliados.

Baja proporción de afiliación voluntaria

La visión idílica de que el régimen iba a promover que los trabajadores buscaran maximizar su jubilación futura eligiendo la AFJP que les garantizara mayor rentabilidad estuvo lejos de verificarse en el período de vigencia del sistema.

La “competencia” entre las AFJP, que se presentaba como garantía de eficiencia, rentabilidad y menores comisiones, es otra ilusión.

Bajo nivel de cobertura

Según se vaticinaba, el nuevo régimen subsanaría la presunta falta de incentivos para la afiliación al sistema previsional anterior, lo que debía expresarse en un aumento del nivel de cobertura. No obstante, es claro que –una vez más- las promesas no se plasmaron en la realidad.

En 1995, el 76,8% de las personas mayores de 65 años poseía cobertura previsional; en 2003, en cambio, la proporción de beneficiarios en ese rango de edad cayó al 70,9%. El postulado de que con un sistema de cuentas individuales se iba a aumentar el porcentaje de aportes es, indudablemente, equivocado. Se basa en una teoría que considera que realizar o no dicho aporte es una decisión del individuo que se ofrece a trabajar. En algún sentido, este razonamiento parece responsabilizar al propio trabajador por el trabajo en negro. Sin embargo, el empleo no registrado es resultado de condiciones estructurales del mercado laboral, donde deben considerarse entre otros factores el nivel de desempleo y, por lo mismo, la ausencia de controles estatales.

Altos costos del sistema

A los elementos señalados se suma un aspecto crucial del sistema: sus altísimos costos.

Pese a que las administradoras no incurren en ningún gasto de recaudación, ya que la percepción total de aportes y contribuciones está a cargo del Estado a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las AFJP se apropiaron en promedio de un tercio de los montos recaudados desde 1994.

Entre el 2002 y 2003

4 de cada 10 pesos destinados a los fondos de capitalización individual se perdían en concepto de comisiones de las AFJP. Al mismo tiempo, el gran peso de las comisiones en las contribuciones anuales transformaron al sistema argentino en uno de los más ineficientes del mundo: por caso, hacia fines de la década de 1990, el costo administrativo del régimen privado nacional era 47% superior al chileno y 60% superior al uruguayo. Pero este costo no sólo es elevado respecto de otros regímenes privados, sino que se ha mostrado mucho más oneroso que el sistema previsional estatal local. Según información de la ANSES, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 tan sólo el 1,6% de las contribuciones y los recursos tributarios percibidos con fines previsionales, lo que resulta veinte veces más barato que el costo de administración del sistema de capitalización.

Esta transferencia de recursos de los aportantes a las administradoras de fondos superó los 10.600 millones de dólares entre julio de 1994 y junio de 2006, es decir, fue superior al presupuesto público de Seguridad Social aprobado para esos años. Como se ve, en lugar de la eficiencia el sistema parece concebido para maximizar el beneficio de las administradoras: la gigantesca transferencia de riqueza es injustificable.

Profundización del déficit del sistema público.

La privatización de una parte significativa del sistema previsional repercutió en una fuerte contracción de ingresos en el régimen público de reparto. El constante drenaje de afiliados y aportantes hacia el régimen de capitalización y las sucesivas reducciones de las contribuciones patronales a lo largo de la década pasada (cayeron del 16% a fines de 1991 al 7% en promedio a fines del año 1999) profundizaron el desfinanciamiento del sistema estatal. Se estima que, desde la creación de las AFJP, el sistema de seguridad social público resignó anualmente recursos por un monto cercano a los 5.500 millones de pesos constantes de 2006 en concepto de recaudación perdida y 6.000 millones de pesos constantes de 2006 por la reducción de las contribuciones.

Se trata de una cifra anual apenas inferior a la suma de los presupuestos de Salud, Educación y Ciencia y Técnica de la Administración Pública Nacional.

En definitiva, la promesa de una mejora en las cuentas públicas no sólo no se cumplió, sino que el deterioro derivado de la privatización previsional fue notable. Mientras que en 1994 el 78,7% de los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se obtenía de aportes y contribuciones, diez años después esos fondos no llegan a explicar el 50% de los recursos.

Destino inseguro de los fondos acumulados.

Como se mencionó anteriormente, un argumento recurrente para apuntalar el cambio del sistema previsional consistía en que los aportes previsionales, al encontrarse identificados y asignados a una persona concreta, no iban a poder ser desviados hacia otros fines, como podía ocurrir con el sistema provisional estatal. Sin embargo, esto también es incorrecto.

Una parte significativa de la cartera de las AFJP fue prestada al Estado a través de la adquisición de títulos y bonos públicos. Como se mostró anteriormente, el déficit generado por la introducción del sistema privado incrementó las necesidades de financiamiento del sector público. Pero lo curioso es que una porción relevante de este déficit fue financiada con los propios recursos administrados por las AFJP. Es decir, el Estado sigue utilizando gran parte de los fondos transferidos a las AFJP para afrontar el déficit creado por la misma reforma, sólo que los recursos que vuelven a las arcas fiscales se encuentran diezmados por las comisiones cobradas por las empresas privadas y generan una mayor deuda por la obligación de devolver el capital y los correspondientes intereses.

Cuando se llevó adelante la modificación del sistema provisional y se instauró el sistema de fondos acumulables en cuentas personales, uno de los argumentos esgrimidos para implementar el cambio hacía énfasis en las bajas jubilaciones que recibían los pasivos en aquel momento. Se sostenía que el sistema de AFJP iba a poder, por el contrario, brindar no sólo una mayor cobertura, sino también remuneraciones sustancialmente mayores.

Resulta relevante contrastar esta promesa con la realidad mediante una proyección que establezca cuál sería el ingreso percibido como jubilación por un trabajador medio que realizó todos sus aportes a una AFJP.

Un trabajador con el salario promedio actual, que tiene la densidad de aportes media, termina obteniendo una jubilación vitalicia inferior a la tercera parte de la jubilación mínima actual.

A modo de conclusión: la actual crisis del sistema previsional.

Desde una perspectiva general, la evolución del SIJP desde su puesta en marcha da muestras de ineficiencia, altos costos económicos y prácticamente nulos beneficios sociales.

Lo único cierto es que el sistema de capitalización privado significó el fin de un esquema solidario y redistributivo sumamente cuestionado para reemplazarlo por otro que no resuelve los problemas de antaño, agudiza la desigualdad después del retiro y crea espacio para un redondo negocio privado.

El Estado, por su parte, perdió cuantiosos recursos y al mismo tiempo asumió mayores compromisos.

La contracara de este fenómeno son las exorbitantes ganancias y la proliferación de las oportunidades de negocios para el capital financiero. Las AFJP, controladas mayoritariamente por la banca local y extranjera, pudieron apropiarse de una porción creciente de la riqueza, a expensas de los ingresos del Estado y la remuneración actual y futura de la clase trabajadora.

A diferencia de la lógica con la que fue creado el SIJP, la filosofía del régimen estatal de jubilaciones y pensiones vigente al momento de la reforma de 1994 se caracterizaba por ser un sistema de transferencia intergeneracional, en donde la jubilación de quienes habían aportado en el pasado era pagada por los actuales trabajadores. Estos, a su vez, percibirían una jubilación financiada por los futuros trabajadores activos. En un contexto de crecimiento del producto y, en particular, de los salarios y del empleo, este sistema es capaz de brindar un apreciable beneficio para los aportantes.

El sistema público tiene además el mérito de no desviar cuantiosas comisiones a las AFJP, lo que hace que, se puedan obtener jubilaciones más elevadas.

Se impone rediscutir si tiene o no sentido destinar parte de los aportes previsionales al pago de las AFJP, cuando las jubilaciones presentes y futuras lejos de estar garantizadas en un nivel decente van a ser francamente miserables, a menos que el Estado mantenga su responsabilidad de asegurar ingresos mínimos para los jubilados. En ese caso, el sistema demostrará, por reducción al absurdo, que el Estado es el único responsable de las condiciones de los pasivos y que lo que funciona hoy es una verdadera estafa para los trabajadores individuales y para la sociedad en su conjunto.

Fuente de este informe: Centro de Estudios para desarrollo Argentino

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