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- 14/10/08 - BAE - Nota - Sup. Aniversario
La agenda social contra viento y marea

[14/10/2008] El análisis de Hugo Yasky: Secretario General de la Central de los Trabajadores de la Argentina

Al inicio del mandato de la presidenta Cristina Kirchner desde la CTA insistíamos con la necesidad de marcar como eje de discusión de la nueva etapa el profundizar las políticas de distribución de la riqueza. Sin embargo, las turbulencias desatadas a poco de iniciar su mandato por el conflicto protagonizado por las cuatro entidades empresariales del agro, trastocaron abruptamente lo que se suponía iba a ser el período de gracia inicial de un gobierno recién asumido.

Lo cierto es que al término de esos meses de intensa disputa en que los factores de poder y la oposición se alinearon detrás de la mesa de enlace, emergió un gobierno debilitado y desorientado, más preocupado en recuperar la vertical que en acometer grandes desafíos. Ahora estamos siendo testigos del inicio de otras turbulencias, pero en el corazón mismo del capitalismo mundial. El estallido de la burbuja financiera en los Estados Unidos, el efecto dominó sobre las economías de Europa y la onda expansiva que repercutirá en el resto de las regiones del planeta, constituye un hecho cuyas consecuencias puede significar un quiebre del sistema a gran escala que trastoque todo lo hasta ahora conocido en materia de crisis económica global. Señalo estos dos hechos para empezar a referirme a la agenda para el próximo año ya que entiendo que, a distinto nivel, tendrán una fuerte gravitación sobre la misma.

En el 2009 continuará el crecimiento de la economía, aún a pesar del efecto de desaceleración producido por la combinación de factores internos y externos. Pero, tal como sucedió hasta ahora, este crecimiento no significará por sí mismo mejores condiciones de vida para el conjunto de nuestra población. Por el contrario, si no se establece una agenda de políticas públicas que tengan como prioridad nacional una mejor distribución de la riqueza, la inercia que genera la actual matriz distributiva seguirá agrandando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Ésa y no otra, es para nosotros la gran deuda a saldar y el principal punto de la agenda política que, sin más dilaciones, debería encararse en el próximo año.

Dicho de otro modo, el núcleo del problema que no se ha podido resolver en este período que arrancó en el 2003 –como sí se han resuelto otros– es el de la desigualdad social. Es un hecho incontrastable la fuerte reducción de la desocupación que, de rebote, reactivó las demandas salariales y reinstaló en la dinámica social la puja distributiva.

No obstante, los logros en este plano han sido desparejos. Los mayores avances se obtuvieron entre los trabajadores de las ramas más rentables de la actividad industrial y en algunos tramos del sector público, principalmente docentes y estatales de las jurisdicciones con mayores recursos.

Pero cuanto más descendemos hacia la base de la pirámide salarial, más evidentes son los signos de los límites estrechos de este proceso de recuperación del ingreso. En esa parte de abajo de la pirámide están la mayoría de los asalariados urbanos y rurales del NEA y del NOA, tanto del empleo público como privado. Aún más, en muchas de esas provincias se remunera el trabajo en el sector público con planes sociales a valor actual de 300 pesos. En esa parte de abajo están también la mayoría de los no registrados y los que trabajan intermitentemente en la periferia de los grandes conglomerados urbanos, aunque en las estadísticas figuren como ocupados.

Esa inmensa brecha social tiene cifras que, tras seis años consecutivos de fuerte crecimiento de la economía, hace impostergable la agenda distributiva. Se trata de darle soluciones a esos habitantes del mapa de la pobreza que todavía no tuvieron la posibilidad de recibir algún beneficio concreto de este dilatado ciclo de crecimiento económico.

Más distribución de la riqueza y más democracia, ese creemos debe ser el eje en torno del cual gire la agenda del próximo año. Por supuesto, avanzar en esa dirección significaría discutir me- El análisis de Hugo Yasky* didas que difícilmente se puedan llevar adelante si no se generan las condiciones de participación y movilización social que legitimen una intervención mucho más activa del Estado en el reparto de la riqueza. Asumir la decisión de erigir en política prioritaria de gobierno la construcción de un modelo distributivo más equitativo, implica sincerar que con el derrame de la copa por sí solo, no se resuelve ni el tema de la pobreza ni el de la desigualdad. Esto es, que para distribuir mejor hay que sacarle a aquellos que más tienen y darle a los que menos tienen. Es decir, invertir el sentido de la acumulación en su matriz neoliberal que responde exactamente a la premisa contraria: beneficiar a los que más tienen en desmedro de los que menos tienen. Por ejemplo, a través de una reforma progresiva del sistema tributario.

Por ejemplo, impulsando la derogación de la Ley de Entidades Financieras que data de la época de Martínez de Hoz. Por ejemplo, gravando de una vez por todas las transacciones financieras que gozan de un privilegio que no tienen los que compran un paquete de polenta y tributan puntualmente a través del IVA. Si éstas y otras reformas estructurales de signo transformador se llevaran adelante, el Estado podría contar con la masa de recursos necesarios para garantizar las políticas públicas que muevan la aguja de donde quedó clavada en términos de indigencia y de pobreza.

La extensión de la asignación por hijo para todos los trabajadores no registrados y para los hijos de los desocupados, que venimos reclamando desde hace años, debería ser la medida que inaugure el tiempo de asumir definitivamente como prioridad nacional la resolución del drama de la desigualdad social.

" Secretario general de la CTA"

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