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LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO A LA ENERGIA EN SAN LUIS

FeTERA SEMANAL Nº 443 - Año 10

El derecho a la electricidad en la provincia de San Luis, Argentina, está en manos de grupos económicos privados que desde hace muchos años, reducen a sus trabajadores a la condición de esclavos del siglo XXI, y a los usuarios, en simples clientes, sin derechos, que no tiene posibilidad de exigir calidad y continuidad en el servicio eléctrico, ni tienen derecho a recibir el mismo, cuando los valores abusivos de la tarifa eléctrica, superan la capacidad de pago; en una sociedad con una alta tasa de pobreza y gran conflicto social

En la década de los 90 se privatizó la empresa provincial de electricidad, SESLEP (perteneciente al gobierno de la provincia) y pasó a manos privadas, transformándose en EDESAL S.A; integrante del grupo Emdersa.

El control de Emdersa —la firma que concentra las distribuidoras eléctricas de Salta, San Luis y La Rioja—quedó bajo la órbita de tres fondos extranjeros. El consorcio integrado por JP Morgan, Whitewater y De Shaw Laminar elevó su participación del 19,5 al 78,2% a cambio de US$ 85,7 millones. Las acciones fueron adquiridas a la empresa GPU —que tiene entre sus accionistas al fondo local Coinvest y al grupo norteamericano Nextar—, la cual se quedó con el 21,7% de las tres eléctricas del interior. Inicialmente, las privatizadas Edelar, Edesal y Edesa fueron manejadas por el Exxel, el fondo del ex Citibank Juan Navarro. Sobre fines de los 90, pasaron a manos de la norteamericana GPU. Tras la crisis económica de 2001, GPU decidió abandonar el país y le vendió Emdersa a la norteamericana First Energy. Al poco tiempo, el timón de las distribuidoras recaló en los bancos HSBC y JP Morgan, que terminaron vendiendo las acciones a los inversores locales que manejan los hermanos Ruete Aguirre y al grupo norteamericano Nextar. Ahora, el control mayoritario volvió el JP Morgan que esta vez lleva como acompañantes a los fondos Whitewater y DE Shaw Laminar. En total, las tres distribuidoras facturan algo más de $ 320 millones por año y prestan servicio a casi 600.000 usuarios.

A partir de la mencionada privatización, a los trabajadores de la actividad eléctrica se les obligó a que masivamente renunciaran a su sindicato gremial y a la empresa, para formar sociedades contratistas (todas S.R.L.) con los mismos trabajadores renunciantes (cabe aclarar que muchos de esos trabajadores no fueron nunca reincorporados ni si quiera a través de las mencionadas S.R.L.).

Es decir que la misma EDESAL decide "tercerizar", a manos de dichas contratistas, la mano de obra necesaria para el funcionamiento normal del servicio eléctrico.

A este tema, que ya de por sí es bastante grave y anómalo, se le sumó que las empresas contratistas fueron inducidas (por no decir obligadas) por EDESAL para que incorporaran y rigieran a sus empleados por el Convenio Colectivo de Trabajo de la UOCRA, esto no sólo constituye para los trabajadores de la electricidad una importantísima disminución en los beneficios que corresponden a su actividad, sino que es también una flagrante violación a la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), que en su art. 7 dispone que las partes (en este caso tanto la Contratista como Edesal S.A.) en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenios colectivos de trabajo, o laudos con fuerza de tales.

Al mismo tiempo, muchísimos de los usuarios a los que atiende esta empresa, perdieron el derecho a la energía eléctrica, debido a los altos precios de la misma.

Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley (es decir la nulidad del contrato, la cual debería ser declarada de oficio por los jueces).

Por los motivos expuestos es que entre el 20 y el 21 de diciembre/07, el Secretario de Organización de la FeTERA, Gabriel Martínez, estuvo reunido en la ciudad de San Luis, (ciudad distante 835 km de la Capital Federal), con los trabajadores de las empresa contratistas de EDESAL, donde una vez analizadas las circunstancias de conflicto local, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se denunció el fraude laboral de EDESAL y además se denunciaron los mecanismo y circunstancias por medio de los cuales esta empresa, como muchas otras en la Argentina, limitan el derecho a la energía de sus usuarios.

El Secretario General de la CTA San Luis, José Pérez dijo en esta conferencia de prensa "…hay una cuestión importante para aclarar, que como decía el compañero Gabriel; esta situación es fruto de los marcos de privatización; y además, no estamos hablando con empresas que no tienen poder adquisitivo, fondos o recursos; éstas son empresas que generan excedentes y lo que es importante que la sociedad rescate, es que la empresa que hoy hace este tipo de cosas con los trabajadores, es la misma empresa que no tiene piedad en cortarle la luz a los vecinos, aunque no haya enviado intimación de pago y luego cobra tres o cuatro veces más por la reconexión y esta es una empresa que nos pertenecía a todos, que el mismo gobernador decía, antes de su privatización, que era una empresa que no daba pérdidas, y hoy condena a sus trabajadores y persigue y discrimina a los usuarios…".

Por su parte Gabriel Martínez, expresó .."que la privatización de los servicios públicos, en este caso del servicio eléctrico, trajo como consecuencia, entre otras situaciones, la desmejora en la calidad del servicio y la pérdida del derecho, por parte de los usuarios, a acceder libremente al servicio eléctrico, como bien social esencial, mas allá de sus posibilidades económicas.

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