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Ley de Radiodifusión de la dictadura Luis Pablo Giniger
[12/05/2009] La Ley de Radiodifusión de nuestro país, dictada por la última dictadura militar, lleva ya casi 30 años de vigencia. Una norma que fue funcional a la Doctrina de la Seguridad Nacional y también a las sucesivas políticas neoliberales. No fueron pocas las voces que se alzaron en su contra en todos estos años, desde 1983
a esta parte se presentaron alrededor de 50 proyectos de ley que, en la mayor parte de los casos, durmieron en algún cajón del Congreso o transcurrieron sin pena ni gloria. A partir de algunas reformas, durante el período 1989-1999, en el que se desarrollaron los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, se
relizaron modificaciones a la norma que reconfiguraron el mapa mediático. El alto grado de concentración, el poder casi monopólico de los multimedios y la marginación de las organizaciones sin fines de lucro fueron sus principales características. Nuestro país está todavía muy lejos de contar con un sistema de medios más solidario. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol y garantizar la diversidad cultural y el pluralismo. El siguiente artículo plantea un recorrido por la legislación en materia de radiodifusión desde la última dictadura militar hasta el día de hoy. No pretende dar cuenta de todos los decretos y de cada una de las modificaciones a la Ley hechas en los últimos años, el objetivo de estas líneas es hacer un panorama del mapa mediático argentino y dejar la puerta abierta para las modificaciones necesarias.
Cuando la ley justifica los mediosHace veintisiete años que la Ley de Radiodifusión está vigente. El dato en sí no tendría mayor significación si no fuera porque se trata de un decreto de la última dictadura militar que, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, hizo de la comunicación un sistema funcional a sus intereses. No fueron pocas las voces que se alzaron en su contra en todos estos años, sobre todo desde la vuelta a la institucionalidad democrática en 1983. Desde entonces se presentaron alrededor de 50 proyectos de ley que, en la mayor Esta situación no describe la ausencia de políticas públicas en la materia, por el contrario, fueron muchas las medidas tomadas y todas –o casi todas- sirvieron para profundizar el modelo vigente. Empujados por el clima social, cada uno de El sistema de medios ideado por la Ley 22.285 estableció en su momento la distribución equitativa de canales de televisión y emisoras de radio entre las tres Fuerzas Armadas: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Ese esquema Hasta entonces, los medios de comunicación podían ser privados o estatales, en ningún caso podían estar en mano de cooperativas u organizaciones sociales sin fines de lucro y debían ser argentinos. La última dictadura militar instaló mucho más que un sistema de opresión y terror. Fue el instrumento para desarrollar un fenomenal proceso de reconversión política y económica que llegó a su cumbre en la década del 90 con las privatizaciones, los despidos masivos, la flexibilización laboral, la desregulación de la jubilación y las obras sociales y la entrada de los grupos financieros internacionales. En lo que hace a la radiodifusión, los primeros cambios se dieron luego del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, pero el gran quiebre llegó con la década del 90. Al igual que en el resto de América Latina, se privatizaron los canales y En todos estos años, la Ley 22.285 sufrió muchísimas modificaciones, sobre todo en los artículos que refieren a la propiedad de los medios de comunicación. La flexibilidad obtenida a partir de estos cambios permitió a las empresas de Del lado de los postergados quedaron aquellos que, sin las posibilidades que otorga el gran capital, insisten en querer comunicar desde una visión social y solidaria. Las cooperativas, por ejemplo, fueron durante muchos años el patito feo. Recién a partir de una reforma del artículo 45º de la Ley 22.285, de agosto de 2005, fueron habilitadas para gestionar medios de comunicación. Sin embargo, la reforma no fue completa, el texto del nuevo artículo excluye a las Rápidos para los negociosA comienzos de la década del 90 se sanciona en los Estados Unidos una norma clave para el proceso de conformación de multimedios: la Ley de Telecomunicaciones, que posibilitó la fusión de medios masivos de comunicación que hasta ese momento no podían hacerlo. Para Guillermo Mastrini y Martín Becerra, “en las últimas décadas es posible identificar cuatro procesos que intervienen para cristalizar el ordenamiento económico de la información y la inversión de las lógicas de desarrollo Es muy difícil analizar a los multimedios sin tener en cuenta su estrecha vinculación con emprendimientos de la industria o las finanzas. En realidad, la fusión de distintos medios de comunicación con empresas de rubros totalmente Esta dinámica hizo que, en materia de comunicación, los movimientos empresariales se anticipen a la legislación. Según una investigación realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad –con sede en Lima– “la dificultad por parte de los Estados latinoamericanos para establecer políticas claras que favorezcan algún grado de participación de la sociedad es un factor histórico. Puede afirmarse que ha sido el mercado el que ha fijado de hecho las principales estrategias en el sector infocomunicacional para que, con posterioridad, el Estado ajustara el marco regulatorio a dicha situación”.2 En el caso específico de nuestro país, y a pesar de las restricciones, las grandes cadenas de televisión norteamericanas fueron encontrando espacios por donde colarse. En un principio los tres canales de Buenos Aires tuvieron una relación Y entonces fueron los multimediosEl período 1989-1999, en el que se desarrollaron los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, fue el de las grandes reformas y la reconfiguración del mapa mediático. El alto grado de concentración, el poder casi monopólico de los multimedios y la marginación de las organizaciones sin fines de lucro fueron sus principales características. A eso Al poco tiempo de asumir Menem, y en el marco de la llamada Ley de Reforma del Estado (23.696), se decidió la modificación del artículo 45º de la Ley de Radiodifusión y se configuró la base de lo que terminaría siendo la privatización de los medios de comunicación estatales. Fue como repartir una torta en la que hubo muchas porciones para las grandes empresas y nada para las organizaciones sin fines de lucro. No hubo entonces ningún tipo de modificación a favor de las cooperativas, ya que se mantuvo en el texto del artículo 45º el veto a que el capital social pudiera administrar un canal de televisión o una radio. Sin embargo, tiempo después, se hizo una excepción: con la Resolución 858/90 del COMFER, se agregó a la Iglesia Católica Apostólica Romana en la categoría de personas estatales, con capacidad para ser titulares de licencias de radiodifusión. A partir de este proceso, hoy tenemos en nuestro país dos grupos económicos que concentran la mayor parte de los medios de comunicación: el Grupo Clarín y el Grupo ADMIRA (Telefónica de España). Su diversificación en negocios e inversiones va mucho más allá de lo estrictamente comunicacional. Entre otras cosas maneja el negocio de Direct TV con la empresa Hughes, de General Motors; parte de sus medios gráficos con Techint, una de las grandes beneficiadas tras las privatizaciones (electricidad, gas, petróleo, siderurgia, peajes, etc.); parte de la televisión del interior con el Grupo Mas Tec (fundado por el anticastrista Mas Canosa), y otras iniciativas similares.3 Por su parte, el grupo Admira es el resultado del desmantelamiento del CEI. El Citicorp Equity Investments nació en 1992 prácticamente como un emprendimiento financiero, pero rápidamente se fue convirtiendo en uno de los grupos que más disposición mostró para acompañar la gestión y los sucesivos intentos de re-reelección de Carlos Menem. Raúl Moneta, por entonces titular del Banco República y amigo personal del caudillo riojano, al poco tiempo integraba la conducción del Grupo4. Seis años después de su conformación, el grupo ya poseía varios canales de cable y de televisión abierta, entre ellos TELEFÉ (por el que pagó 1200 millones de dólares), seis canales del interior y, el 50% de Canal 9 y sus cuatro canales Con la salida del menemismo, el CEI se disolvió y la mayor parte de sus acciones fueron compradas por Telefónica de España. Buena parte de los medios no absorbidos por Telefónica terminaron formando parte del Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F), de neto capital norteamericano. Poco antes de abandonar el poder, Carlos Menem impulsó un nuevo decreto, el 1005/99, que dio marco legal a una situación que ya existía de hecho: la gran concentración de la propiedad de los medios. Algunos de los puntos incluidos en el decreto fueron:6 Algo más que dejar hacerEn 1999, Fernando De la Rúa asumió el gobierno con varias promesas en el bolsillo. Una de ellas era sancionar en poco tiempo una nueva Ley de Radiodifusión. No lo hizo. Sin embargo, las primeras medidas del presidente en materia de medios de comunicación no se hicieron esperar demasiado: una de ellas fue el veto -mediante el Decreto 152/99- de la Ley Nº 25.208 promulgada el 24 de noviembre de ese año por la gestión de Menem. Se trataba de la conformación de una sociedad estatal, no gubernamental, controlada por el Congreso, a cargo de la administración de Argentina Televisora Color (ATC - Canal 7), Radio Nacional, el (SOR) Servicio Oficial de Radiodifusión y la RAE Paradójicamente, en enero de 2001, el mismo De la Rúa creó a través del decreto Nº 94/01 el Sistema Nacional de Medios Públicos, conocido como multimedios oficial, para integrar el SOR, Canal 7 y la Agencia de Noticias TELAM7. No hubo otras medidas resonantes hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder. La “Era K” también comenzó con promesas de una nueva Ley de Radiodifusión... tampoco pasó nada y más que cambios en la materia hubo Esta mal llamada ley de defensa de las industrias culturales se limita a evitar que aquellos grupos que aún no habían quedado en manos del capital extranjero serán absorbidos por sus acreedores externos por no pagar. Así el Estado convalida deudas asumidas para sostener el proceso de concentración de la propiedad, no establece una política a futuro y se limita a resguardar las posiciones de un selecto grupo de empresarios sin siquiera establecer alguna compensación”8. Lo que se conoció como Ley de Industrias Culturales era en realidad un anhelo de los principales multimedios argentinos, sobre todo, de los de capital nacional. Mucho se habló de la relación de los medios de prensa y el poder político, pero más allá de todo tipo de especulaciones lo cierto es que esta ley benefició a estos grupos y fijó nuevas normas en cuanto al origen de la propiedad, aunque sin complicar a los grupos extranjeros radicados en el país con La sorpresa la dio la Corte Suprema de Justicia cuando dictó, en el año 2003, la inconstitucionalidad del artículo 45º de la Ley 22.285, que impedía que las cooperativas fueran propietarias de medios de comunicación. Pero para que esta medida entrara en vigencia era necesaria la intervención del Congreso y fue recién en agosto de 2005 que se votó la modificación del artículo 45º de la Ley de Radiodifusión, permitiendo que las organizaciones sin fines de lucro brinden ese tipo de servicios (Ley 26.053 de sustitución del artículo 45º de la Ley Nº 22.285). Sin embargo, nuevamente, la reforma fue a medias y quedaron fuera del texto las cooperativas de servicios públicos, precisamente las únicas en condiciones de dar la prestación a nivel competitivo. En mayo de ese mismo año, el presidente Néstor Kirchner había sancionado la medida probablemente más polémica en materia de radiodifusión impulsada durante su mandato: el decreto 527 por el que se suspendió por 10 años el cómputo del plazo de licencias a los gerenciadores de los principales medios de comunicación, otorgándoles, de hecho, el usufructo por 25 años. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, las compras, las ventas, la extranjerización y la conformación de nuevos grupos de medios se mantuvieron con el mismo ritmo de siempre. En el año 2004, por ejemplo, se realizó una de las operaciones más importantes vinculada al negocio de los medios de comunicación: la que encabezó el empresario Daniel Hadad con la compra de Canal 9. El interés del empresario por los medios de comunicación comenzó en 1997, cuando adquirió de manera poco clara la AM 710 (Radio Municipal). Con la compra del canal 9 sus negocios se expandirían hasta lograr conformar un grupo que incluía, además de Radio 10 y FM La Mega, la revista La Primera, el diario InfoBAE, tres emisoras del interior (Mar del Plata, Resistencia y Paraná) y el portal de internet Infobae.com. A comienzos de 2007, Daniel Hadad vendió el De la misma forma, el empresario Francisco De Narváez, también de origen menemista, pudo consolidar un importante grupo de medios durante el gobierno de Kirchner. El heredero de Casa Tía es hoy propietario de El Cronista Comercial, Radio “La Red” y el canal de televisión abierta América TV, entre otros medios de comunicación. Estos negocios y movimientos económicos no fueron clandestinos y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), encargado de fiscalizar los medios argentinos, apenas si acusó recibo de estas maniobras y del origen de los fondos con los que se realizaron estas operaciones. El camino por recorrerNo todo fue complicidad y connivencia en estos años. Muchos de los casi 50 proyectos que se presentaron para cambiar la Ley de Radiodifusión buscaban cambios significativos y la sanción de una norma que asegurara mayor democracia, equilibrio y pluralismo en materia de comunicación. Nuestro país está todavía muy lejos de contar con un sistema de medios más solidario. Como señala la Coalición XXI, Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, 12 “El Estado tiene el derecho y el deber de Democracia es sinónimo de multiplicidad de voces y el modelo de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, inaugurado en la década del 90, fomenta la unidireccionalidad de los mensajes y de la información. Quizás uno de los problemas principales que se debe enfrentar es la cuestión del acceso a los servicios de telecomunicaciones que, en la región, es todavía muy reducido. “En la década del 90 se verificó un aumento en relación Por otro lado es muy difícil deshacer de un día para otro el camino recorrido durante 25 años. Los medios de comunicación forman parte del bloque dominante y resulta complejo pensar en construir contrahegemonía prescindiendo de ellos. A esta altura deberíamos haber aprendido la lección. En nuestro país la experiencia de los multimedios estuvo, y sigue estando todavía, atravesada por el monopolio, la corrupción y hasta el lavado de dinero. Es cierto que no se trata de un fenómeno extendido a todas las provincias del país, pero está muy instalado en las más grandes y, por lo general, éstas arrastran a las más chicas en tendencia y en contenidos. El Estado no ha permanecido ausente de todo este proceso, al contrario, ha hecho lo necesario para favorecer, desde el punto de vista de la legislación y las normas, la concentración y la uniformidad en los contenidos. En todo caso lo que faltó es una política de Estado que comprenda y estimule a la radiodifusión como servicio público en función de las necesidades populares. La sociedad no debe ni puede dejar de exigir que el Estado ocupe su lugar y asuma la defensa del derecho de los argentinos por una comunicación democrática. Pero al mismo tiempo, desde los distintos sectores que conforman el campo popular, es importante estimular la creación de medios de comunicación propios que contribuyan a reflejar una realidad que no tiene pantalla en la CNN, en los programas de concursos ni en Gran Hermano. 1) Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín: “50 años de concentración de medios en América Latina: del patriarcado artesanal a la valorización en escala”. Material de la Cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación, Cs. Sociales. UBA. También en Aportes para el debate Radio y televisión en Argentina El presente trabajo tiene como objetivo realizar un repaso de las principales normas que históricamente se dictaron sobre la radiodifusión y que configuraron el sistema de medios en Argentina. Consideramos que resulta importante y necesario conocer cómo desde el Estado se fueron estableciendo normas sin el menor debate ni la participación ciudadana y ni siquiera institucional, formulando políticas que tuvieron como principal objetivo satisfacer intereses comerciales en desmedro de procurar una efectiva democratización de los medios de comunicación masivos. Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía vigente. Los autores realizan una meticulosa e interesante reflexión sobre la relación entre la crisis sufrida por la República Argentina y su sistema de Medios de Comunicación Social. Se aborda el asunto desde diversas perspectivas: económica, política, cultural, empresarial, etc. También se hace referencia a los fenómenos de la convergencia mediática y globalización de los mercados. Orígenes y características del proceso de concentración y extranjerización Es innegable la profunda transformación que, a lo largo de la última década, tuvo lugar en el ámbito de las comunicaciones en nuestro país. Para precisar su contenido es preciso avanzar en la consideración de las características que presenta este proceso, así como en quiénes son sus protagonistas y cuáles son sus principales consecuencias. Este análisis particular, sin embargo, guarda íntima relación con los siguientes tres aspectos. La propuesta de proyecto de ley de la democracia llamada de Servicios de Comunicación Audiovisual propone cambios sustanciales a la ley de la dictadura vigente (Ley 22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. |
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