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Publicado en el diario El puntal de Río Cuarto el 30 de abril del 2006
Masivo incumplimiento en los tratamientos para discapacitados

[2/05/2006] Es la principal causa de reclamos en el Area de la Discapacidad. También hay irregularidades en el cupo laboral, en los boletos de transporte y en la falta de adecuación de edificios y locales comerciales.

El incumplimiento de las obras sociales en la cobertura de tratamientos para diversos tipos de discapacidades es la principal causa de denuncias en el Area de la Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto. Carlos D’Intino, titular del organismo, destacó que son masivas las observaciones contra las mutuales que se niegan a brindar la asistencia, pese a que están obligadas por ley.

“Las obras sociales deben cubrir el 100 por ciento de la atención médica y los tratamientos de la discapacidad de las personas. Esto no quiere decir que la cobertura sea en todas las patologías, pero sí en las que están vinculadas a la discapacidad. En este sentido, el incumplimiento es mayoritario en las mutuales, sean sindicales o del Estado, salvo el PAMI que ha mejorado sustancialmente su atención”, indicó D’Intino.

El funcionario municipal precisó que las denuncias que ingresan al Area son derivadas a la Defensoría del Pueblo o se asesora a los familiares del discapacitado para iniciar acciones legales. “La Defensoría actúa pero a veces es necesaria la participación de un abogado. Nosotros sugerimos la intervención del letrado porque con la intimación de una carta documento las mutuales modifican su actitud hacia al paciente, aunque lamentablemente, a veces, se demoran hasta 6 meses”, precisó.

Las prepagas no están obligadas a la cobertura total de los tratamientos, según explicó D’Intino, y tienen mayores posibilidades de no incluir personas con discapacidad en su oferta asistencial. En el caso de las obras sociales no existe argumento legal para evitar la prestación.
Los inconvenientes surgen en los procesos médicos más costosos, fundamentalmente ligados a los discapacitados motrices. Algunas obras sociales deciden hacerse cargo de los tratamientos pero no cubren el traslado del paciente, “lo que significa una evidente contradicción a la realidad que vive la persona”, precisó D’Intino.

Otras irregularidades

Desde el área de la Discapacidad advirtieron un notorio incumplimiento en Río Cuarto de la normativa nacional que protege los derechos de los discapacitados. Una de las falencias más evidentes es la falta de condiciones mínimas estructurales y urbanas.

“No se cumple con la ley nacional que exige la existencia de rampas y medidas de construcción adecuadas para el traslado y movilidad de quienes tienen dificultades motrices”.

“Es cierto que no hay ciudad en el mundo que esté en condiciones óptimas para las necesidades del discapacitado, pero se necesita un adecuado proceso de concientización para que las obras cumplan con los requisitos de la ley y para que la sociedad entienda la realidad de la persona con discapacidad. En la ciudad hay muchas rampas, pero a veces los ciclistas o automovilistas se estacionan enfrente como si no importara”, destacó D’Intino.

El funcionario señaló que muchos edificios construidos recientemente cumplen con las normativas pero desvirtúan la obra al aplicar recursos estéticos. “Hay lugares con rampas para discapacitados a las que les han colocado cerámicos, ni siquiera pueden subir sin resbalarse las personas que no tienen dificultades motrices. Esto se debe cambiar”, enfatizó.

La falta de lugares públicos, ya sean comercios o restaurantes, aptos para la circulación sin obstáculos, es otra de las falencias advertidas. En muchos ámbitos, los baños están en un primer piso o el acceso es angosto y difícil de transitar.

El cupo laboral en el Estado y la falta de participación de emprendimientos comerciales privados en la integración del discapacitado es otra variable de una silenciosa discriminación.

Nueve de cada 10 discapacitados en la ciudad están desocupados y en el municipio hay poco más de un 2 por ciento del total de personas empleadas, pese a que una ley nacional, a la cual el Estado local está adherido, exige un mínimo del 4 por ciento.

“En la Municipalidad hay aproximadamente 20 personas discapacitadas que trabajan diariamente. Aunque la cifra no es la adecuada, en otros ámbitos la situación es aún más crítica. En el Ministerio de Trabajo de la Nación, por ejemplo, sólo un 0,68 por ciento del total de la planta de empleados tiene algún tipo de discapacidad. En los bancos, organismos estatales como la AFIP o Rentas, en la Universidad o en las escuelas públicas la cifra también es mínima”, explicó.

La incorporación de trabajadores discapacitados exige idoneidad para el cargo y la participación en un concurso público. El Estado tiene, de todos modos, la obligación de crear actividades para que puedan ser ocupadas por personas con algún tipo de dificultad.

En el ámbito privado no existe obligatoriedad, aunque surgen incentivos laborales para incorporarlos. Aquellas empresas interesadas en sumar a trabajadores con alguna discapacidad obtienen un descuento en el impuesto a las ganancias equivalente al 70 por ciento del gasto anual en el sueldo del empleado.

“Está comprobado que la persona discapacitada tiene menor riesgo de padecer un accidente porque es mayor la concentración y el cuidado que tienen al momento de realizar una actividad. Sin embargo el temor por parte de los empleadores existe”, puntualizó.

Nota asociada:

En los secundarios enseñarán las leyes que protegen a discapacitados

Es para evitar la discriminación y la violación de las normas que se refieren a discapacidad. El programa municipal empezará con 6 escuelas, pero la idea es llegar a todos los colegios de la ciudad

El titular del Area de la Discapacidad, Carlos D’Intino, anunció que a partir de la segunda quincena de mayo se lanzará un programa de capacitación para alumnos secundarios sobre la legislación actual que protege los derechos de los discapacitados.

El objetivo, dijo, es crear agentes multiplicadores para concientizar a los jóvenes sobre las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad y el cumplimiento de la ley.

“Se va a formar a alumnos de quinto y sexto año con talleres impulsados por profesionales de la Municipalidad y la Universidad Nacional de Río Cuarto, que van a dar conceptos básicos de la discapacidad, adecuados a la adolescencia, para que asuman el compromiso de multiplicar el mensaje a una edad donde es difícil llegar”.
Aunque muchos de los chicos conviven a diario en las aulas con compañeros que sufren alguna limitación motriz o visual, desconocen cómo lograr una mejor integración con ellos.

“Existe mucho desconocimiento, aunque son espontáneos en sus inquietudes y tienen ganas de aprender. Hace algunas semanas fui a dar una charla a un secundario y una chica me preguntó si yo era ciego de verdad. Le respondí que no había otro modo de serlo (risas). Más allá de la anécdota, creo que se requiere de un lenguaje y una actitud especial para llegar a los jóvenes y son ellos mismos quienes pueden hacer más efectivo el trabajo”, precisó D’Intino.
Por la falta de personal para dictar las actividades y la necesidad de analizar la respuesta de los estudiantes, el programa sólo se realizará en 6 secundarios de la ciudad, 3 privados y 3 públicos, y luego se ampliará a todos los colegios interesados en los talleres.

El proyecto estará coordinado por la licenciada Carolina Pérez, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y funcionaria del Area de la Discapacidad. También participarán el profesor Daniel Tissera, a cargo de Deportes Especiales del municipio, docentes de Educación Especial de la Universidad y un abogado especialista en derechos y discapacidad.

Según precisó D’Intino, ya comprometieron su participación los colegios Goretti, ex Nacional, Mariquita Sánchez de Thompson y Da Vinci.

“Las charlas no son efectivas siempre. A veces a los 10 minutos los chicos ya están dispersos y se olvidan de lo que estamos contando. Es necesario llegar a ellos desde un lenguaje común y que se convierta en un diálogo entre jóvenes la discusión por los derechos y necesidades de los discapacitados. Por eso apelamos a la creación de agentes multiplicadores”, señaló.

Cuando finalice el proceso de capacitación, los alumnos podrán presentar un proyecto de tipo legislativo o de concientización para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, que será impulsado por el municipio para que pueda ser ejecutado.
“Hace algunos años pusimos en práctica una idea similar, con la coordinación de la doctora Graciela Saracho, y surgió entre los estudiantes la idea de crear un Banco de Sangre. Creo que la apuesta funcionó y esperemos que también sea efectiva esta vez”.

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