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- 24/04/07 - Gentileza La Educación en nuestras manos. Revista editada por SUTEBA
PARITARIA SOCIAL

HUGO YASKY SECRETARIO GENERAL CTERA - CTA
[24/04/2007] "...Estamos planteando la necesidad de ir a una “paritaria social”, que no se circunscriba a definir la recomposición de los salarios sino que incorpore temas como el seguro de empleo y formación, la convocatoria al Consejo del Salario y una legislación que nos permita ponernos a resguardo de la precarización laboral y de los despidos sin causa..."

¿Qué significa una “paritaria social”?

A partir del debate realizado en marzo con representantes de las regionales de todo el país, la CTA resolvió profundizar la pelea por lograr una agenda social que plantee como objetivo un compromiso con la distribución de la riqueza, que es, para nosotros, el núcleo duro de la disputa con el modelo neoliberal. La economía de nuestro país sigue creciendo y esto es un dato positivo, pero relativo en tanto el producto de ese crecimiento se sigue concentrando en pocas manos. Apenas hay un goteo, lo que significaría tener que transcurrir largas décadas para ir modificando, de manera homeopática, la grave situación social heredada de los 90, que todavía castiga a los más débiles. Hemos planteado como norte para esta etapa de la CTA generar una convocatoria que movilice a las distintas fuerzas que conforman la Central en torno a un abanico de propuestas que tienen como denominador común la agenda social.

¿Qué incluye este reclamo de agenda social?

Desde la recomposición de los salarios hasta cuestiones como la situación de los desocupados y las demandas de los movimientos sociales. Estamos planteando la necesidad de ir a una “paritaria social”, que no se circunscriba a definir la recomposición de los salarios sino que incorpore temas como el seguro de empleo y formación, la convocatoria al Consejo del Salario y una legislación que nos permita ponernos a resguardo de la precarización laboral y de los despidos sin causa. La decisión de avanzar en la eliminación de la doble indemnización puede tener como efecto rebote, el aumento de los índices de precarización laboral en la medida que ya conocemos prácticas empresarias que consisten en despedir a los planteles que están en relación de dependencia formal para volver a contratarlos a través de terceros, lo que se conoce como tercerización. Dentro de esta agenda incorporamos también la disputa por la recuperación del sistema jubilatorio de reparto estatal, el sistema solidario que nos va a permitir enfrentar la lógica del mercado que se impuso a principios de los noventa cuando ese derecho se convirtió en un gran negocio para crear lo que denominaban un mercado de capitales.
¿Qué acciones se plantean en relación a este tema?
La apertura de un plazo de seis meses para posibilitar el traspaso de los que hoy están en las AFJP va a significar para nosotros un gran desafío, una verdadera batalla cultural en la que vamos a ir a disputar por la conciencia de los trabajadores. La CTA va a organizar para el 25 de abril -es un miércoles, un símbolo de la lucha de los jubilados- una movilización frente al Congreso donde vamos a anunciar a los trabajadores y a toda la comunidad de nuestro país el inicio de una campaña activa, incorporada como parte de su plan de acción, para promover el traspaso de los que hoy están en las AFJP a los efectos de consolidar el sistema estatal de reparto y garantizar la base para que en el futuro inmediato podamos avanzar en la recuperación de la movilidad del 82%. Nosotros sabemos que si no hay caja de reparto estatal no hay movilidad del 82%, lo que hay es capitalización, hay negocio bursátil, hay lógica de mercado. Va a ser una disputa muy fuerte.

¿Qué implicancias tiene para esta disputa el que éste sea un año electoral?

Efectivamente, es un año que va a estar marcado por el reñidero en que se suele convertir el terreno de la política cada vez que hay una elección nacional. Incorporar los temas sociales en la agenda pública necesita de un actor que los traccione, de un sujeto que los ponga en la agenda política y en la calle, ése es el papel que queremos asumir como CTA en esta etapa. Modificar de manera ascendente los niveles salariales, establecer un subsidio universal por hijo, lograr un seguro de empleo y formación que no sea simbólico, contar con los subsidios que harían falta para garantizar cooperativas de trabajo, es decir hablar de recursos que garanticen mejores condiciones de vida para nuestro pueblo significa plantearse la necesidad de reformas estructurales sin las cuales es muy difícil que esto se consiga. Caeríamos en mero voluntarismo si pensáramos que con dos o tres decretos se pueden garantizar estas políticas. Por supuesto, luchas como las de los docentes consiguiendo el piso salarial de $1040 y las que se plantean otros gremios sirven para recuperar parte de lo perdido; pero para que no sean parches o recomposiciones coyunturales, los trabajadores tenemos que reclamar reformas de fondo. En ese sentido la CTA resolvió incorporar algunas propuestas que están en línea con lo que fue la construcción de las leyes de Financiamiento Educativo y Nacional de Educación. Debatimos y aprobamos reclamar la conformación de un fondo compensador para establecer un piso salarial a nivel nacional para los trabajadores del sector público en las provincias, seguimos sosteniendo la necesidad de garantizar un subsidio por hijo a todos los hogares sin exclusión, creemos impostergable encarar una reforma tributaria que modifique el actual esquema injusto en el que pagan más los que menos tienen. En síntesis, mover el tablero para avanzar en reformas estructurales que hagan viable cambiar la matriz distributiva que impuso la lógica neoliberal. Creemos que está haciendo falta definir una agenda social que traslade a este terreno la actual etapa histórica de cambios que estamos atravesando los países de la región. Así como hubo en los 90 una agenda de conculcación de derechos que abrió paso al arrasador proceso de desigualdad y empobrecimiento, que hizo eclosión los días 19 y 20 de diciembre de 2001, hoy hay que pensar en una suerte de pacto nacional que garantice una política que tenga como norte la distribución de la riqueza y la generación de condiciones de vida digna para la clase trabajadora.

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