(Crítica de la Argentina 24.03.10). A 34 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar, y en pleno proceso de enjuiciamiento a los perpetradores del horror, queda aún pendiente posar la mirada sobre quienes fueron los beneficiarios. Las declaraciones del ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge Acosta, en las que explicó que “el gran problema fue dejar gente viva”, fueron sin dudas irritantes pero a la vez caricaturescas. Muestran una y otra vez la naturaleza de un grupo de militares entrenados para matar, aleccionados en la doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas, o en la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Fueron educados en una época que redefinió el rol de los ejércitos latinoamericanos en función de hipótesis de enemigos internos considerados subversivos o comunistas, en base a los intereses y presiones de Estados Unidos durante la guerra fría, quien les proveyó armamentos para tales fines al tiempo que bloqueó todo desarrollo para guerras convencionales.

Si bien es cierto que el proceso de enjuiciamiento a los militares tiene enormes falencias, por otro lado es indiscutible que la Argentina es, por lejos, el país que más ha avanzado en investigar y hacer justicia en el contexto latinoamericano. Pero sólo en el discurso de estos vetustos genocidas puede tener sentido entender el golpe de 1976 motivado por la lucha anticomunista. Esta vía discursiva esconde la actuación civil de aquella época y el hecho de que aquellos sucesos arrojaron claros beneficiarios, que no están aún en la picota.

La cacería. Para marzo de 1976 las agrupaciones armadas ya estaban derrotadas o en franca retirada. Los principales sindicatos independientes y los liderazgos disidentes fueron eliminados: René Salamanca, del SMATA; Agustín Tosco, de Luz y Fuerza; Raimundo Ongaro, del sindicato gráfico, y Julio Guillán, máximo dirigente de los telefónicos, se encontraban en retroceso. Quienes no tenían ya intervenidas sus organizaciones muy pronto pasarían por esa experiencia. Las huelgas masivas de la dirigencia de la CGT constituyeron acciones defensivas para cuidar el salario frente a la descontrolada inflación. El gobierno de Isabel Perón pudo haber sido calificado de muchas maneras, pero sin duda no fue un refugio de comunistas.

No hay ningún elemento concreto que muestre una escalada revolucionaria en la Argentina previa al golpe, sino más bien todo lo contrario. La toma del poder por parte de los militares, lejos de desatar la resistencia popular, fue vista como la crónica de una muerte anunciada. Claro está, muy pocos sabían lo que se venía. El secretario general de la CGT, Casildo Herrera, anunció desde Montevideo y sin tapujos: “Me borré”. El Congreso de la Nación, a diferencia de otros golpes anteriores en los que algunos legisladores mostraron algún ánimo de resistencia, dejó a los militares que lo intervinieron solos con el eco de sus botas como única compañía. Algunos diputados, incluso, previsores, días antes habían pedido por anticipado el pago de sus dietas.

No hubo guerra civil: el 62% de los detenidos desaparecidos fueron capturados en sus casas, lo que pone de manifiesto que más bien se trató de una cacería. No de una guerra, como quiso (y quiere) instalar cierto sector ligado a los militares.

Pero sin peligro comunista y casi sin resistencia ¿qué es lo que vino a instalar la dictadura más sangrienta de nuestra ya de por sí violenta bicentenaria historia? ¿Quiénes se beneficiaron?

En 1975 se publicó un estudio que resultaría muy influyente y que dio la tónica a los tiempos por venir. Había sido encargado por la Comisión Trilateral (integrada por varios de los más poderosos grupos económicos del mundo). Allí se quejaban de lo que llamaban “un exceso de democracia”, que había conducido a una “igualdad inaceptable” en detrimento de la gobernabilidad y la factibilidad de los negocios, y por ello diagnosticaban que se imponía recuperar la autoridad y realizar los ajustes económicos necesarios. Éste será el discurso de una naciente derecha mundial.

En la Argentina, un exótico y complejo maridaje se concretó entre las Fuerzas Armadas, con sus ideologías nacionalistas, por un lado, y los más encumbrados y concentrados grupos empresariales nacionales y extranjeros, con sus ideas liberales. La astucia del planteo del liberalismo económico consistió en convencer a las Fuerzas Armadas de que el esquema político-institucional que procuraban reemplazar estaba ligado estrechamente al ordenamiento económico que le daba sustento. El plan económico fue justificado en tanto atendía, de ese modo, más que a objetivos económicos, a los objetivos políticos del proyecto de transformación de las Fuerzas Armadas.

La idea de esta unión tuvo pretensiones de largo aliento. Nada más y nada menos que fundar una nueva Argentina, pero para ello era necesario no sólo eliminar a los grupos políticos que se opusieran sino las condiciones económico sociales existentes.

Todos para uno. Una apreciación del programa económico no puede sino enfatizar su crudo carácter clasista. Más allá del enorme beneficio que significó el enorme endeudamiento protagonizado por algunas grandes empresas, del que finalmente se hace cargo el Estado, lo que está en juego es un cambio estructural. Los salarios nominales fueron congelados en medio de un proceso inflacionario agudo facilitado por la liberalización generalizada de los precios. El salario de los trabajadores sufrió la caída más brutal que se registre. Si tomamos a 1975 como base 100 tenemos que para 1978 se ubica en 53,9.

Otro tanto ocurre con la ocupación que no para de caer durante todo el período de gobierno militar. Por ello no es casual que más del 50% de los desaparecidos sean trabajadores asalariados. Las acciones militares en las fábricas y la desaparición de delegados gremiales fue una constante ampliamente comprobada.

En el conjunto, los precios agropecuarios fueron exceptuados de las retenciones a la exportación y alentados por el incremento de la tasa de cambio, lo que trajo como consecuencia que subieron por encima de los restantes precios. Entretanto, una intensísima especulación en títulos públicos produjo una enorme transferencia de riquezas desde los ahorristas de las clases medias a las empresas y grupos financieros.

Los beneficiarios de estas políticas supieron acompañar y agradecer. El propio ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, había sido hasta 1976 presidente de Acindar y representante de la emblemática APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) que estaba conformada por la CEA (Consejo Empresario Argentino), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de grandes tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos. Su programa de acción planteaba “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras, las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”.

El impulso decisivo al golpe lo protagonizan el 16 de febrero de 1976, en el que declaran un paro patronal que recibe un apoyo masivo y paraliza el país. Su último acto antes de disolverse fue la publicación de una solicitada aparecida el 24 de marzo de 1977, en la que felicitan al gobierno por el rumbo encarado y los logros conseguidos.

La Argentina que emergió con el fin de la dictadura fue más pobre, más desigual y más condicionada. Los militares perpetradores no son hoy una alternativa de poder real y tienen sobre sí la condena de la mayoría de la población, más allá de las declaraciones de algún político trasnochado. Pero el esquema de relaciones sociales y económicas que emergió después de los años de plomo ha logrado escapar a la condena y se ha naturalizado. Lo bueno de los aniversarios es que son una oportunidad para escaparnos un poco de las chicanas políticas de cada día y plantear los debates profundos que nos debemos.