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Publicado en La Mañana de Córdoba
Piden agilizar certificación de discapacidad

[13/03/2006] Para el reclamo formal, la Defensoría del Pueblo consideró que el trámite es fundamental para todas aquellas personas que deseen acreditar su minusvalía. Habría alrededor de mil solicitudes retrasadas.

Representantes de la Defensoría del Pueblo de Córdoba se reunirán mañana con la coordinadora de las Juntas de Certificación Unica de Discapacidad que funcionan en la provincia, Alicia Maggi. El objetivo del encuentro es fijar algunas premisas para acelerar la obtención del documento oficial que avala el impedimento físico o intelectual de quienes padecen una patología.

La demora de hasta seis meses para conseguir un turno en alguna de las Juntas que funcionan en la Capital fue también motivo de un pedido de informes que ingresó formalmente el martes pasado en la Legislatura. La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR), Isabel Bianciotti, solicitó información sobre el total de Juntas de Certificación que funcionan en la provincia, la cantidad de profesionales que trabajan en ellas y el plazo de realización del trámite, entre otras cuestiones.

“El planteo que va a hacer la Defensoría es el mismo que ya hizo en el 2004, cuando nos habían prometido el funcionamiento pleno de 27 juntas en toda la provincia”, confió a LA MAÑANA la defensora del Pueblo Adjunta, Jessica Valentini. En esa oportunidad, Nelson Filippi se había reunido con el titular del Ministerio de Salud, Roberto Chuit, para intentar revertir las demoras que el trámite traía aparejado en el interior provincial y que generaba un importante número de denuncias ante el organismo comisionado del Poder Legislativo.

De acuerdo en el 2000 fueron constituidas, en forma provisoria, 27 Juntas de Certificación, correspondiendo la mayoría de ellas a cabeceras de departamentos. Pero lo cierto es que la falta de precisiones sobre los lugares donde efectivamente están funcionando es uno de los inconvenientes con el que se topan a diario los médicos a cargo de las siete juntas que existen en la ciudad Capital. “Nos pasa que viene gente de Unquillo, Argüello e incluso, de Villa Allende, siendo que en esta ciudad supuestamente está conformada una junta”, precisó una de las médicas del Hospital Pediátrico.

Asimismo, otro de los especialistas indicó que “existe mucha desinformación; la gente viene al Misericordia porque en algunos organismos oficiales les informan -erróneamente- que acá es en el único lugar donde van a conseguir un certificado válido”.

Barreras visibles_

De acuerdo a datos del INDEC, el 7,1 por ciento de la población del país posee algún tipo de discapacidad. Una estimación que englobaría a cerca de 250 mil cordobeses, aproximadamente.

“Los inconvenientes hoy están. A través de la Dirección de Discapacidad asesoramos a un promedio de doce personas por día que necesitan el certificado para iniciar todo tipo de trámites; por eso, más de una vez aceptamos el solo comprobante del turno para dar inicio formal a un expediente”, manifestó el titular de esa cartera municipal, Diego Redoni, para quien “una de las principales falencias que vemos es la falta de un sistema de información digitalizado que funcione en red, que permita conservar datos sobre las personas que realizan el trámite”.

Para Redoni, “incluso, como no existe un único criterio en las Juntas, hay gente que va presentando su caso en una y en otra, hasta que consigue que alguna avale lo que ellos acreditan como su discapacidad”.

Menos “cacareo”

En los fundamentos del pedido de informes número 8.728 presentado por Bianciotti se hizo hincapié en que “la discapacidad no es una entelequia, no es una palabra abstracta, sino que es un impedimento real y concreto que afecta a personas de carne y hueso que, seguramente, preferirían menos cacareos y más acciones positivas”.

La legisladora cuestionó al Ejecutivo acerca de la cantidad de Juntas de Certificación que funcionan en la provincia discriminando Capital e interior y detallando los domicilios y localidades respectivamente; la cantidad de profesionales que trabajan en cada una de ellas; el plazo en que se realiza el trámite de obtención del certificado de discapacidad y los motivos por los que puede demorarse y qué medidas concretas se implementarán para solucionar el peregrinaje de estas personas que necesitan con urgencia una respuesta.Pero no fue el único reclamo formal ingresado al recinto.

En febrero de este año, los integrantes del bloque PAIS presentaron un proyecto de resolución, por el cual solicitan al Poder Ejecutivo informe “respecto de las demoras alarmantes en la entrega del Certificado Unico de Discapacidad, a las personas que desean solicitarlo, por parte de las autoridades responsables de otorgarlo, como trámite previo para acceder a los beneficios que están contenidos en la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas”.

Y en diciembre del 2005, un proyecto de ley de la legisladora Nélida Luján (UCR) solicitaba el incremento del número de juntas médicas habilitadas para expedir el certificado, de conformidad con el artículo dos de la mencionada norma nacional.

Vale considerar que es el Poder Ejecutivo provincial el que, por vía de decreto reglamentario, tiene la facultad concedida por el gobierno nacional para determinar la constitución de las nuevas Juntas Médicas y la designación de los hospitales públicos provinciales en donde prestarán servicios.

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- TRAMITE DE VALIDEZ OFICIAL

Sin turno hasta junio para el certificado de discapacidad

Si bien no existen datos oficiales, existen cerca de mil expedientes en trámite para ser resueltos. En Córdoba funcionan siete Juntas de Certificación, que atienden un promedio de 20 pacientes por día.

VALERIA TRECCO / vtrecco@lmcordoba.com.ar

Magdalena nunca se preocupó por obtener un certificado médico que corroborara que su hijo Lucas era sordo. Simplemente porque, cuando hace cinco años los médicos le dieron el diagnóstico de hipoacusia, creyó que no podría hacer demasiado por él merced a su precaria situación socioeconómica.

Además, porque entonces nadie le planteó que existía una ley nacional que amparaba al 7,1 por ciento de los cordobeses que padece algún tipo de discapacidad, de acuerdo a las cifras del INDEC.

“El chico fue creciendo bien a la par de los hermanos, que son los que lo estimulan permanentemente. Pero hace unos meses, la doctora del hospital me dijo que teníamos comenzar la rehabilitación, y que yo podía pedirle a las autoridades que me ayuden a comprar los audífonos”, explicó la mujer.

En realidad, la médica hizo más que eso. La asesoró para que tramitara un pase libre para que ella y su hijito viajen gratis desde su casa al hospital valiéndose del transporte público de pasajeros, y así no tener que soportar el gasto de los pasajes.

“En la Dirección de Discapacidad me dijeron que tengo que llevar el certificado, que me va a servir para todos los trámites que yo haga por mi hijo. Que lo tengo que tener siempre para conseguir cosas para él”, dice convencida.

Así, la mujer se enteró que en la ciudad de Córdoba funcionan cinco Juntas de Certificación de Discapacidad dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia. Y que sólo ellas están autorizadas para avalar la discapacidad de las personas que viven en la ciudad y sus zonas de influencia.

Sin embargo, lo cierto es que la demanda constante hace que los médicos que las integran estén sobrepasados de trabajo y que, por ello, deberá esperar (como mínimo) dos meses antes de que el caso de Lucas sea examinado.

Un simple relevamiento por los hospitales públicos de la ciudad donde funcionan permitió corroborar ese dato. Al respecto, vale mencionar que en el 2000 se conformaron 27 juntas en el interior provincial, aunque actualmente se mantienen en actividad 16 de ellas.

En el Hospital Misericordia funcionan tres juntas de certificación. Allí se atiende un promedio de 20 pacientes por día, de acuerdo al esquema de turnos previamente dados. Sin embargo, a esa lista deberán agregar además aquellos que intentan completar su trámite o llegan allí a pedir asesoramiento sobre otras gestiones.

En tanto, mayo será la fecha para quienes vayan por el mismo motivo al Hospital Pediátrico o al Tránsito Cáceres de Allende. Se agregan a ellos otras dos Juntas que, funcionan en el Neuropsiquiátrico y en el Hospital Córdoba, donde los plazos para la recepción de la solicitud se acortan a abril o mayo.

Desconocer las herramientas

“Partamos de la base de que hay mucho desconocimiento de parte de la gente. Muchos nos presentan su discapacidad socioeconómica como motivo fundamental para conseguir el certificado. Incluso, está la presión de las obras sociales, que de manera incorrecta le plantean a un afiliado que ser diabético es equivalente a ser discapacitado y que entonces deben recurrir al Estado para que los ayude a paliar la enfermedad”, reconoció una de las médicas fisiatras que tiene a su cargo evaluar los casos que se presentan.

Es la situación que se planteó con Alicia, una mujer que padece VIH y quería que la ley nacional la abarcara. Sin embargo, el sida no está considerado como una discapacidad y, por lo tanto, se generaron los canales necesarios para que su caso fuera abordado en otro ámbito de la salud pública.

“Lo que tratamos de hacer es un filtro durante la primera consulta. Hay muchos que, erróneamente, llegan hasta acá porque creen que son discapacitados. Y lo que hacemos es asesorarlos para que entiendan que la ley no los abarca”, indicó la especialista en discapacidad.

En ese escenario, el rol de los médicos fisiatras resulta de una importancia fundamental, ya que se trata de pacientes a los que se debe dar un diagnóstico de función y no de etiología. “Los fisiatras estamos preparados para evaluar que es todo aquello que la persona no está en condiciones de hacer”, refirió la especialista.

Gestionar el certificado

Cuando un paciente llega por primera vez a la Junta de Certificación de Discapacidad mantiene una pequeña entrevista con los médicos, en la que se hace una evaluación preliminar del caso. Si están dadas las condiciones y se encuadra en la ley de protección de las personas con discapacidad, se le otorgará un turno para que presente toda la documentación exigida.

Entre la primera y la segunda cita, pueden llegar a transcurrir entre dos y cinco meses (según se trate de un niño o un adulto). “El mayor nivel de retraso se plantea con los adultos, sobre todo cuando se trata de discapacidades motrices o intelectuales, que requieren de exámenes más específicos. Pero, en general, en los hospitales pediátricos hay mayor agilidad para obtener el certificado médico”, manifestó uno de los médicos que tiene a su cargo la atención de los más pequeños.

Los interesados deberán entregar información atinente a historias clínicas, estudios previos que se hubieran realizado o complementarios exigidos, y todo aquel registro o constancia de la discapacidad aducida.

Los Certificados Unicos de Discapacidad expedidos por las juntas oficialmente constituidas en cada provincia tienen alcance nacional. Su tiempo de validez es limitado, pudiendo extenderse hasta los cuatro años, contados desde la fecha de emisión.

Cada junta está conformada por un trabajador social, un médico fisiatra y un psicólogo, equipo que podrá evaluar la conveniencia de realizar nuevos exámenes y, consecuentemente con ello, otorgar una nueva cita al paciente.

“Para acreditar la discapacidad mental, uno de los pasos a cumplir es el diagnóstico según DSM 4, una evaluación multiaxial que permite determinar el coeficiente intelectual del paciente. Cuando una persona plantea no poder cubrir los costos de ese examen, tendrá que sacar otro turno con el profesional idóneo para ello que haya en el hospital (casi siempre, un psicólogo). Y ahí vuelve a paralizarse el expediente hasta que ese paso se cumple”, indicó otra de las médicas especializadas en pediatría.

El amparo legal

- ¿Qué es el certificado de discapacidad?

Es un documento público que acredita la discapacidad, según lo establece la Ley Nacional 22.431.

- ¿Cuál es el objetivo de esta ley?

Proteger integralmente a las personas con discapacidad.

- ¿Qué beneficios ofrece?

Habilita para tramitar el pase libre en el transporte público de pasajeros, el símbolo internacional de acceso (que se utiliza para los autos, por ejemplo), realizar gestiones ante las obras sociales y otros relacionados con el Régimen de Asignaciones Familiares (ANSeS).

- ¿Qué casos se contemplan?

La Junta Médica entenderá en casos de discapacidad menta(incluyendo aquí el síndrome de Down), motora, visual, visceral y auditiva.

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