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[3/11/2006] Más de 2, 2 millones de argentinos tiene algún tipo de discapacidad. El 92% en edad de trabajar está desempleado mientras que el 40% no tiene ningún tipo de cobertura médica y social. La ausencia de políticas públicas efectivas, el incumplimiento de la ley, los índices de pobreza, la flexibización laboral y la desocupación agudizan la situación. La pelea del Departamento de Discapacidad de la CTA Nacional para incidir sobre esta realidad, su desarrollo organizativo hacia las provincias y la conciencia de los trabajadores como base para la transformación.

Por Juliana Ramírez

“Me acuerdo de aquella primera reunión que tuvimos en CTA a fin de que se incorpore la temática de la discapacidad. Éramos un grupo de compañeros que en ese momento estábamos desocupados, que frente a las políticas asistencialistas, decíamos: ’No, queremos trabajar!’. Y así fue que sobre la base de considerar que más allá de la condición de ser formal, registrado, precarizado, en negro, cuentapropista o sin empleo, se nos reconoció como laburantes, abriéndonos un lugar de lucha y resistencia en pie de igualdad con el resto de los trabajadores”. Así lo recuerda Carlos Ferreres, quien a los 18 años un accidente le produjo una discapacidad motriz y, entonces, a los años de encierro, le siguieron las búsquedas infructuosas de trabajo, el rechazo y la discriminación hasta que decidió retomar la militancia. “Me ayudó mucho ser de Parque Patricios y ser hincha de Huracán” bromea, sin dejar de nombrar al Frente de Lisiados Peronistas, que fundado por José Poblete en los ’70 organizó a los trabajadores con discapacidad, sentando las bases de lo que hoy se conoce como cupo laboral. Desde mediados del ’97 Ferreres encabeza el Departamento de Discapacidad de la CTA Nacional.

Una persona con discapacidad motriz trabajando

Hasta ese entonces en el sindicalismo argentino la temática era prácticamente inexistente en parte porque había pocos trabajadores con discapacidad ocupados, y por tanto, sin posibilidad de afiliarse. De esta forma, la CTA se convirtió en la primer central obrera que se ocupó de la temática, abriendo sus puertas como a tantos sectores que el modelo neoliberal dejó fuera del sistema. Sin embargo, que el 92% de las personas con discapacidad en edad de trabajar estén desempleadas - último dato que arroja el Ministerio de Trabajo en el ’99- hace que hacia la propia clase trabajadora las problemáticas asociadas a la discapacidad no sean visibles, y hacia el conjunto de la sociedad, que la persona con discapacidad no pueda ser reconocida como un ser productivo.

- La discapacidad como problema social

Las limitaciones ya sean físicas, sensoriales o mentales que afectan a las personas no dependen sólo de cada individuo sino de las posibilidades de integración y promoción que la sociedad le ofrece. Lo que hace que esa persona se constituya en lo que llamamos “persona con discapacidad” es el contexto, un entorno hostil que se traduce en barreras urbanísticas, arquitectónicas, al transporte y a la comunicación; todos obstáculos hacia la participación e integración plenas. Y que este estado de situación se mantenga está profundamente enlazado con la cuestión cultural: el prejuicio, los mitos, la ignorancia, el miedo a la diferencia y el reconocimiento de que a lo largo de nuestro ciclo vital podemos llegar a adquirir una discapacidad.

Como expresa Liliana Díaz, médica integrante del Departamento de Discapacidad CTA Nacional “hay que considerar la discapacidad como una situación de vida, que generalmente comienza con un problema biológico o médico pero no es condición sólo dependiente de la salud, es una interacción entre el funcionamiento humano y el ambiente que no toma en cuenta los diferentes niveles y necesidades funcionales de las personas”.

- Sin excusas

La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, ENDI, cuantificó por primera vez en nuestra historia, el porcentaje de personas con discapacidad: Los resultados, dados a conocer a fines del 2004, establecieron que 2.176.123 son personas con algún tipo de discapacidad. Otros datos a resaltar son: en una de cada cinco familias pobres hay una persona con discapacidad; el 12% es menor de 15 años; el 48% tiene entre 15 y 65 años y el 40% es mayor de 65.

Esta realidad significa que se pueden determinar las necesidades y abordar sus soluciones de un modo específico, dejando al Estado sin más excusas para llevar a cabo políticas públicas y programas eficaces. Que un informe de Naciones Unidas advierta que entre el 70% y el 80% de las discapacidades son evitables no es un dato menor.

- Principal causa de discapacidad: la pobreza

En Argentina el 70% de la población menor de 18 años continúa viviendo en la pobreza. Esto se traduce en que hay niños insuficientemente alimentados que aumentarán la proporción de personas con discapacidad.

Otras causales de discapacidad son: la flexibilización laboral, el trabajo en negro y los accidentes de tránsito. Sobre estos temas se advierte que sólo se dan a conocer los índices de mortalidad, no así de las personas que quedan afectadas por una discapacidad.

La violencia y la tendencia demográfica indican el crecimiento de una población más vieja y más urbana, también factores de riesgo para la incidencia de enfermedades discapacitantes.

- Acceso restringido

“Si no estuviera la cámara de fotos, te aseguró que no se acercaba a ver si necesitaba algo”. María Alejandra Avila se refiere al inspector de turno que se encontraba en la parada de la línea 150 donde intentábamos dar un ejemplo de la falta de acceso al servicio de transporte de colectivos. Alejandra, integrante del Depto. de Discapacidad CTA Nacional, adquirió la discapacidad a causa de una secuela de poliomielitis en el ’61, luego de las fuertes epidemias que tuvieron lugar en la segunda mitad de la década del ’50. Por no contar con colectivos adaptados, recuerda que hizo su carrera teniendo que superar obstáculos, “viajaba desde Lanús hasta la sede la facultad de psicología de la UBA y el mayor problema era cómo subir y cómo bajar mientras que en los horarios pico había chóferes que me decían que espere uno vacío”.

Una persona con discapacidad motriz esperando el colectivo

La ley nacional Nº 24.314, Accesibilidad de personas con movilidad reducida, que abarca el acceso al medio físico, urbano, arquitectónico y al transporte, se refiere no sólo a las personas con discapacidad sino también a los ancianos, a las embarazadas, a las personas lesionadas o que cargan bultos. Su decreto reglamentario Nº 914 de 1997 obligó a las empresas de transporte a incorporar gradualmente unidades especialmente adaptadas poniendo como plazo el año 2002.

En el 2003 la CTA le solicitó a la Auditoria General de la Nación hacer un relevamiento sobre el transporte y se comprobó que sólo el 12% había cumplido con la ley. Sin embargo, hoy las empresas continúan beneficiándose tanto de subsidios extras como de prórrogas en los plazos de renovación.

A esto se debe sumar el decreto Nº 118/2006 que redujo la obligación de las empresas a destinar una plaza por un discapacitado y una para su acompañante por servicio. Cabe señalar que la ley Nº 25.635 establece la gratuidad en todo el transporte público de pasajeros para las personas con discapacidad cualquiera sea el destino.

El caso del incumplimiento de la ley en lo referente al transporte es un ejemplo de la violación de derechos que afectan a las personas con discapacidad; situación que se traslada a otros ámbitos.

En nuestro país la legislación en discapacidad a pesar de ser amplia y profusa es de un incumplimiento muy alto. En 1981 se sancionó a nivel nacional la ley N° 22.431 Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Tendiente a asegurar la atención médica, la educación y la seguridad social, con el tiempo fue modificada por otras leyes de mayor alcance.

Una persona con discapacidad motriz intentando transitar por las veredas rotas

En referencia al trabajo se instituyó la ley N° 24.308 de Concesiones para la instalación de pequeños comercios y la ley Nº 25.689 que establece que el Estado nacional, provincial y municipal, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos están obligadas a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4%. En el 2005 la ciudad de Buenos Aires pareció querer dar un paso más en este sentido y estableció un cupo del 5% (ley Nº 1502)

Además de que el alto índice de desempleo no se condice con esta obligación, para las personas con discapacidad que sí consiguen un empleo, también les resulta una pelea poder conservarlo o aspirar a mejoras. Informes del INADI muestran que el mayor caudal de denuncias que recibe proviene de personas con discapacidad por ser mal tratadas en los ámbitos laborales y no ser ascendidas.

Una persona con discapacidad motriz trabajando

En materia de salud a través de la ley 24.901 se creó el Sistema de prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Pero que el 40% de las 2, 2 millones de personas con discapacidad, tal como lo refleja la ENDI, no cuente con ningún tipo de cobertura médica ni social parece alejar el propósito de garantizar la universalidad de la atención. Otro dato significativo es que sólo el 14, 6% posee el certificado de discapacidad, el documento público que posibilita el acceso a las coberturas sociales y al transporte público gratuito. Por ejemplo, conseguir un turno para tramitar el certificado en el Servicio Nacional de Rehabilitación (Ramsay 2250) puede llevar hasta ocho meses de espera.

Otro de los derechos de las personas con discapacidad están contendidos en la ley Nº 24.714 que establece un Régimen de Asignaciones Familiares que consiste en el pago de una suma mensual al trabajador por cada hijo que se encuentre a su cargo en esa condición, sin límite de edad.

Con referencia al ámbito educativo la legislación muestra su lado más excluyente. “La ley federal de Educación recluyó a la educación especial en ese invento llamado ’Regímenes Especiales’ desplazando a la educación especial a un tercer lugar de importancia, sin siquiera dejar establecida su obligatoriedad. Y el acuerdo Marco para la Educación Especial que excluyó en su elaboración a las personas con discapacidad y a los trabajadores de la educación” explica Néstor Carasa, secretario de educación especial de SUTEBA e integrante del Depto. de Discapacidad CTA Nacional. Hoy ante la posibilidad de una nueva ley nacional de educación se espera poder modificar esta situación con la participación de los trabajadores de la educación, alumnos, familias y trabajadores con discapacidad.

Una persona sin discapacidad ayudando a sortear el obstáculo de un cordón a una persona en silla de ruedas

“Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”. Art. 75 inc. 23 nuestra ley suprema es contundente e inequívoca.

De la preocupación a la acción

* Por Carlos Ferreres

La constitución del Departamento de Discapacidad de la CTA fue una decisión conciente de la clase para incidir sobre una temática que agravia a la condición humana. Las personas con discapacidad por su condición no acceden a los más elementales derechos y no existe ni hay voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos de implementar políticas públicas que tiendan a la integración y a la participación social. Los trabajadores reaccionamos frente a la injusticia y tenemos la capacidad para organizarnos, crear instrumentos y generar acciones para modificar la realidad. En tal sentido la sola enumeración de las actividades de la CTA en el 2005 y 2006 revelan el compromiso renovado y creciente.

- Realización de las Jornadas Regionales “Discapacidad y Derechos Humanos”

- Participaron 1600 trabajadores y 14 secretarios generales

- Creación de 7 nuevos Departamentos de Discapacidad CTA provinciales y 5 en vías de constitución de un total de 16

- Conformación del Grupo de Trabajo de Discapacidad de la CTA, integrado por los máximos referentes de la CTA del ámbito estatal, educativo y judicial.

Es importante el aporte que los trabajadores podemos brindar desde lo ideológico, desde lo organizativo, desde la articulación de la lucha con otros actores sociales y políticos, con las organizaciones de personas con discapacidad. Sentimos que avanzamos. Que desarrollamos acciones que ubican a la CTA como un actor relevante en la temática.

También sentimos y sabemos que no es suficiente y que es preciso profundizar nuestro trabajo hacia el interior de la propia Central. Hay señales promisorias que muestran que ese compromiso se fortalece en organización. Más de 10 provincias llevan como candidatos en sus listas a compañeros que asumirán la tarea específica de la temática.

Es estimulante advertir que esta Central para los próximos 10 años seguirá aportando por más democracia, soberanía, libertad y dignidad para todos los argentinos.

* Director del Departamento de Discapacidad CTA Nacional- Mesa Nacional CTA

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