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Se hizo justicia en Misiones [29/10/2009] Los ex coroneles Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Federal Penal de Posadas, tras ser hallados culpables de delitos de lesa humanidad cometidos en Misiones durante la última dictadura militar, como responsable del Área 232 y primer gobernador de facto de la provincia, respectivamente.
Se hizo justicia Prisión perpetua fue la condena que aplicó este viernes el Tribunal Federal Penal de Posadas a los ex coroneles Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti, acusados y encontrados culpables de los delitos de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, tormentos seguidos de muerte y robos, todos ellos ocurridos entre los años 1976 y 1977 en Misiones donde el primero estuvo a cargo del Área 232 del Ejército y el segundo fue el primer gobernador designado por la junta de comandantes de la dictadura militar.
Fuera del tribunal, del que fueron desalojados tras abuchear a los ex militares cuando estos hicieron uso de la palabra tras escuchar la condena, numerosos ex presos políticos, familiares de muertos y desaparecidos, amigos y militantes políticos, aplaudieron, lloraron y entonaron cánticos al conocerse el veredicto, al tiempo que portaban fotografías de las víctimas de la dictadura. Ambos ex militares fueron acusados decenas de hechos de secuestro con privación ilegítima de la libertad agravada, torturas y asesinatos, y tras más de un mes de debate oral y público, durante el cual se escucharon los testimonios de 94 testigos, de los cuales 55 fueron víctimas de detenciones y torturas, el Tribunal Federal Penal condenó a Caggiano Tedesco, acusado de 43 casos de privación ilegítima de la libertad agravada, por dos hechos de privación ilegítima de la libertad, tres hechos de tormentos seguidos de muerte, dos casos de privación ilegal de libertad, dos de torturas y un robo agravados, todos en concurso real; mientras que Beltrametti, llevado a juicio por 39 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, fue condenado por un hecho de privación ilegítima de la libertad y dos hechos de tormento seguido de muerte. Los querellantes y la fiscalía Los fiscales Vivian Barboza y Guillermo Sther, tras considerar a los imputados, ahora condenados, como “autores mediatos” de los hechos por los que se los enjuició, afirmaron que ambos son responsables porque actuaron “basados en la estructura de poder, porque estaban en la cima del poder, donde estaban las decisiones”, y, en consecuencia, solicitaron que sean condenados a prisión perpetua. De su lado, el abogado Juan Bautista Martínez, querellante en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, detalló que durante la dictadura militar el país fue dividido en tres zonas, en las que actuaban las fuerzas conjuntas, “para facilitar la persecución y detención de los opositores políticos”, y destacó que en Misiones esa zona se denominó Área 232. Martínez mencionó el informe del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de la autopsia de los restos de la docente y militante política Susana Ferreira en el que se aseguró que presentaba lesiones múltiples por proyectiles de arma de fuego en la cabeza y el tórax; rotura múltiple de todos los huesos del cuerpo. “Fue prácticamente destrozada en su cautiverio”, subrayó y reiteró que la práctica de la desaparición forzada de personas “tiene característica de perversidad porque el desaparecido no sabe cuál va a ser su suerte y tampoco lo saben sus familiares. Esa incertidumbre se mantiene hasta el día de la libertad y en el caso de los desaparecidos continúa hasta hoy”, como ocurre con Sergio Paniagua y Elida Villanueva, quienes permanecen en condición de detenidos desaparecidos porque se pudo comprobar que fueron secuestrados por los grupos de tareas que actuaban en Misiones. Para Martínez, Caggiano Tedesco y Beltrametti fueron responsables del sometimiento a torturas con la aplicación de la picana eléctrica a los detenidos, a quienes se los encadenada, colgaba y se los sometía también al “submarino”. Aseguró que las mujeres eran violadas sistemáticamente y que en los centros clandestinos de detención se los mantenía encapuchados en condiciones de vida infrahumanas. También solicitó la pena de prisión perpetua. A su turno, el abogado Ramón Enriquez, querellante por parte de la familia de Susana Ferreira coincidió con la fiscalía y con Martínez al solicitar para ambos acusados la condena a prisión perpetua. Enriquez refirió que Caggiano Tedesco y Beltrametti fueron responsables en su condición de máximas autoridades de un sistema encargado de mantener, sostener y ejecutar en Misiones el plan sistemático de naturaleza criminal” que se impuso en marzo de 1976. “Susana Ferreira y Julio Benítez fueron dos de las miles de víctimas del plan sistemático” que también en Misiones “instauró la máquina del terror y la muerte”. “Susana Ferreira falleció el 17 de diciembre de 1976 en el área 232 por politraumatismos, fue cobardemente asesinada estando prisionera, sin posibilidad de defenderse”, alegó el querellante. “Mataron a Susana Ferreira y a Julio Benítez pero no mataron sus ideales, sus ejemplos”, dijo Enriquez y destacó los testimonios de “las mujeres que volvieron del infierno y contaron lo que le sucedió para buscar justicia”. Los condenados Caggiano Tedesco no pudo mantener el silencio cuando escuchó que había sido condenado a prisión perpetua. Pidió la palabra, que le fue concedida por el tribunal, “porque tuvieron el derecho elemental a la defensa que no le otorgaron a nuestros familiares”, según el testimonio de uno de los presentes entre el público, y dijo: “Yo no torturé a nadie”. Hizo un extenso relato de su trayectoria como militar y admitió que en el Área 232 a su cargo hubo personas detenidas, pero aseguró que fue él quien las “legalizó” para que sean juzgados por tribunales militares. En efecto, decenas de hombres y mujeres misioneros, tras ser secuestrados y torturados, fueron sometidos a los llamados Consejos de Guerra, donde, asistidos por defensores militares designados por quienes los mantenían detenidos, fueron condenados a entre 10 y 24 años y once meses de prisión. Esos Consejos de Guerra fueron anulados al retorno de la democracia, en 1983. “He sido celoso de los derechos humanos, nunca hice abuso de la autoridad, no fui autoritario, no podía echar por la borda una formación religiosa”, aseguró Caggiano Tedesco. Su defensor, Roberto Fabio, pidió su absolución por el principio de legalidad, haciéndose eco de lo planteado por la defensa de Juan Antonio Beltrametti, la defensora oficial Susana Criado, quien alegó que en el juicio “se violó el principio de legalidad, ya que la Argentina adhirió a la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en el año 2003 y no puede ser aplicada con retroactividad”. Beltrametti también pidió hablar y dijo: “Siempre fui un buen cristiano”, al tiempo que reinvidicó a la dictadura cuando enfatizó que fue instaurada “para erradicar los vicios que afectan al país”. Su defensora también pidió la absolución “por extinción de la acción penal” y en forma subsidiaria la “falta de adecuación penal por no ser aplicable la teoría del autor mediato”. Fuente: H.I.J.O.S. También en Noticias El derecho a la identidad es inseparable del derecho a la libertad Buscar a alguien es desesperante y esperanzador, porque el encuentro es tan reconfortante, que hace que se pueda sostener el camino previo. Cuando las Abuelas ven el abrazo de un nieto con su abuela, además de sentirse parte del encuentro, saben que algún día podrán tener el suyo. Y eso mueve todo. uicio a genocidas en Tucumán: H.I.J.O.S. pide cárcel común, perpetua y efectiva De a poco la verdad va saliendo a la luz Cuando empezamos a decir que la dictadura del ´76 fue cívico-militar parecía muy lejano ver a los genocidas condenados a cárcel común, con reclusión perpetua y efectiva. Y más lejano aún parecía ver a los cómplices civiles siendo juzgados. Haciendo historia con la Justicia Empezaron los Juicios a los represores de la última dictadura cívico-militar. Primera noche en una cárcel común El último presidente de la dictadura militar, el ex general Reynaldo Bignone, fue condenado como coautor de medio centenar de privaciones ilegales de la libertad y torturas, cometidas en Campo de Mayo en 1977. Condenados Causa Campo de Mayo El Tribunal de San Martín condenó a Reinaldo Bignone a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura y le revocó la prisión domiciliaria. Junto al dictador fueron sentenciados otros cinco represores. Todos deberán cumplir la condena en una cárcel común. Los cómplices del hambre de hoy son los mismos que ayer Comunicado de Prensa- H.I.J.O.S. Tucumán: Juicio al represor Bussi Discurso leido en la plaza de Mayo 24 de marzo de 2010 |
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