[14/05/2009] Para el secretario de Comunicación y Difusión de la CTA, Juan Carlos Giuliani, los trabajadores de la prensa y la comunicación deben participar activamente en la discusión de la propuesta presidencial que dará fin a la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar.
“Es la respuesta a una demanda de más de veinticinco años de las organizaciones sociales”, sostuvo Juan Carlos Giuliani, secretario General de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA), al analizar el preproyecto de la presidenta Cristina Fernández para una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La nueva norma reemplazará a la ley mediante la cual la dictadura militar excluyó de la radio y la televisión a sindicatos, mutuales, cooperativas y otras entidades de la sociedad civil, y permitió durante el gobierno de Carlos Menem la formación de los grupos monopólicos que hoy dominan el mercado comunicacional argentino.
El periodista y dirigente gremial advirtió que más allá de las intenciones coyunturales del gobierno, lo importante es construir una nueva ley que garantice el derecho social a la información como uno de los derechos humanos fundamentales. Es el mejor homenaje, dijo Giuliani, a los periodistas desaparecidos durante la dictadura militar.
El preproyecto establece que un tercio del espacio será para las organizaciones sociales. ¿Están en condiciones de asumir el desafío, político y de contenido, pero también tecnológico, necesario para que un medio tenga gran alcance?
Las organizaciones populares estamos en condiciones de hacernos cargo de nuestros propios medios, como lo muestran desde hace más de una década numerosas experiencias de medios audiovisuales, radiales, gráficos y en la red.
Por sólo nombrar algunos ejemplos cercanos, en la provincia de Córdoba tenemos dos empresas recuperadas por sus trabajadores, los diarios cooperativos Comercio y Justicia en Córdoba y El Diario del Centro del País, en Villa María. La FM Sur, en Villa Libertador, de Cecopal (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal); Prensared, la agencia digital del Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba); la cooperativa de Las Varillas, que tiene su propio medio; Radio Revés, de los estudiantes de comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba; u otros emprendimientos que sin ser de organizaciones populares tienen un discurso distinto al de las grandes empresas, como el periódico Otro Punto, en Río Cuarto, de Alejandra Elstein, la Revista Sur, también riocuartense, de Hernán Vaca Narvaja; o Nuevo Sumario, que en Alta Gracia dirige Jorge Conalbi.
¿Además de incluirlos en el espacio audiovisual, el Estado debe intervenir para promover los medios de la sociedad civil?
Las mayores dificultades de estos medios son los recursos económicos porque nosotros somos organizaciones sin fines de lucro. Entonces es necesario que se habiliten líneas de crédito para el sector. En cuanto a lo profesional, locutores, operadores, periodistas, fotógrafos… hemos dado muestras, está absolutamente probado que somos capaces de sostener nuestros propios espacios.
¿Cómo asegurar que los medios del Estado, para los cuales el proyecto presidencial destina otro tercio del espacio, sean públicos, y no del gobierno?
Con la participación de los sectores de la sociedad civil, fundamentalmente de los trabajadores de la comunicación, los usuarios de los servicios de radio y televisión. Formando conducciones que representen al conjunto de la sociedad para que esos medios no sean, como hasta ahora, botín del gobierno de turno. Hay ejemplos bien conocidos en el mundo, de cómo funcionan los medios públicos.
¿Y bajar de 24 a 10 el número de licencias permitidas?
¿Por qué diez? Es un número caprichoso. Yo creo que deben ser menos. ¿Por qué no solamente tres, o dos? Creo que a eso hay que revisarlo.
¿Qué es lo más importante que debe garantizar la nueva ley?
Su aplicación, porque una buena ley puede funcionar en la realidad, o ser letra muerta. Allí tenemos al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que asegura trabajo, salario justo, vacaciones, vivienda digna… y bien sabemos que muchos de esos derechos no se cumplen en lo más mínimo. Entonces, lo más importante frente a esta nueva ley, es que seamos capaces de construir una fuerza social que le dé sustento, que modifique la relación de fuerzas, porque el sector de los grandes grupos va a poner toda su fuerza para impedirla.
¿La sociedad se comprometerá en los foros regionales a los que convocó la presidenta? Aunque muchos de los Cabildos Abiertos del año pasado para discutir la ley fueron convocantes, por lo general movilizaron sólo gente directamente vinculada a la comunicación por su actividad profesional…
Los foros regionales comienzan el lunes en El Chaco y siguen en otras provincias. Serán dos o tres meses durante los cuales, como trabajadores de la comunicación, tenemos la obligación de llevar nuestra propuesta, de criticar, de proponer, de mejorar. De darle carnadura a este proyecto. ¿Si habrá mucha participación…? Eso no lo puede garantizar nadie. Existe cierta anomia en la sociedad. Nosotros no hemos sido capaces de transmitir que el derecho a la información tiene el mismo rango que otros derechos humanos básicos como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda...
¿Por qué esa incapacidad?
Es una autocrítica que nos debemos. Primero, tenemos una debilidad concreta respecto de nuestros patrones. Una diferencia abismal respecto del poder. Nuestra capacidad de amplificar nuestro pensamiento está muy limitada. Y además, porque la urgencia de la lucha gremial diaria, mediatiza la posibilidad de concientizar, de llegar al conjunto de la población, con un discurso que instale que el derecho social a la información y a la libre expresión corresponden a los derechos humanos fundamentales. Es una disputa por el sentido, una batalla que debemos dar. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina insistimos en que no hay distribución de la riqueza, sin democratización de las comunicaciones.
La oposición ha criticado duramente el proyecto presidencial. Lo acusan de oportunista, de pretender manipular a los medios, de querer medios leales en vísperas electorales… Elisa Carrió dijo que pone de rodillas a los medios y aseguró que no tiene problemas en defender a grandes grupos económicos si es para defender la libertad de prensa.
Estamos totalmente en contra de esas posiciones de la oposición, fundamentalmente de la señora Carrió, cuyas declaraciones demuestran, por si hacía falta, que es funcional al Grupo Clarín. La libertad de prensa que ella defiende es en realidad la libertad de las grandes empresas.
¿Y las críticas de la diputada Norma Morandini, que como periodista siempre apoyó el reclamo por una nueva Ley de Radiodifusión?
No es lo importante si el proyecto surge por conveniencia o por oportunismo. Hace veinticinco años que venimos luchando por esto. Lo mismo que por la reestatización de las aseguradoras de fondos de pensión, de Aerolíneas Argentinas y del Área de Material Córdoba. Son instrumentos por cuya nacionalización siempre hemos estado a favor, independientemente de las motivaciones de los gobernantes y si se terminan o no llevando a cabo los anuncios. Lo que no podés es estar en contra por especulaciones electoralistas. Me interesa que tengamos la posibilidad de construir una nueva ley.
¿No existe el riesgo de quedar pegados al gobierno?
Destacamos esta iniciativa, reivindicando la autonomía de los trabajadores del Cispren y de la CTA que en su momento nos permitió criticar el decreto 527, del ex presidente Néstor Kirchner, que habilitó diez años más de licencia para la televisión abierta y antes de dejar su mandato autorizó la fusión de Cablevisión y de Multicanal, poniendo el setenta por ciento del negocio del cable en manos del grupo Clarín. Con esa misma autonomía, rescatamos hoy la decisión de la presidenta Cristina Fernández de presentar este proyecto, que ha sido durante veinticinco años, la demanda de las organizaciones sociales. Yo creo que a treinta y tres años del golpe, es el mejor homenaje que podemos rendir a los más de cien periodistas desaparecidos durante la dictadura.
La Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM-CTA), saluda y celebra la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza la norma de la dictadura militar y recoje el ideario plasmado en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Multitudinaria muestra de algarabía popular frente al Congreso de la Nación.
"En nombre de los trabajadores argentinos unidos en la CTA venimos a expresar la convicción de que estamos participando de un hecho de trascendencia histórica, puesto que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual implica reparar una deuda histórica con todo el pueblo argentino".
La Coalición por una Radiodifusión Democrática aseguró que "el momento es ahora" y celebró el debate en Diputados de los proyectos de Servicios de Comunicación Audiovisual que retoman los 21 puntos presentados hace cinco años e insta a dar rápido tratamiento al proyecto que tiene 25 años de debate.
El envío al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual movió, desde el jueves pasado, una multiplicidad de opiniones.
El jueves 27 de agosto al mediodía, una nutrida columna de la Central de Trabajadores de la Argentina participó de la masiva marcha que unió la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional en respaldo a la sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Previamente, participó de la firma del proyecto en Casa de Gobierno.
