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Sólo el dos por ciento de las personas con discapacidad accede a los programas de salud y educación

[11/08/2006] El dato surge de un informe de la Organización Panamericana de la Salud.

Un cuarto de la población está afectada directa o indirectamente por un caso en su familia.

Al menos 85 millones de personas sufre una discapacidad en Latinoamérica, y sólo el dos por ciento de ellos accede a los programas de salud, educación y rehabilitación acordes con las necesidades especiales que poseen, de acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las cifras, que fueron difundidas ayer por la Asociación de Padres de Infantes con Trastornos Neurológicos (Apadin), indican que un cuarto de la población latinoamericana está afectada directa o indirectamente por un caso de discapacidad en su familia o alguna de sus amistades.

Se entiende por discapacidad a toda limitación en una actividad que se origina por una deficiencia y que afecta a una persona transitoria o permanentemente, en forma total o parcial, para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico, social o laboral.

La OPS focalizó la necesidad de profundizar la información sobre los derechos con los que cuentan las personas con necesidades especiales dentro del ámbito y de la región en que se desempeñan.

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) indican que en Argentina la población con discapacidad asciende a 2.176.123 personas, de las cuales 1.010.572 son varones y 1.165.551 mujeres.

El informe de Apadin acotó que las limitaciones y restricciones que sufren las personas con discapacidad no dependen solamente de ellas, sino también del entorno físico y cultural en que se encuentran.

En ese sentido, aludió a las barreras arquitectónicas y urbanísticas, falta de recursos y al no cumplimiento de la legislación vigente para discapacitados en varios ámbitos.

La abogada Laura Subies, integrante de Apadin, coincidió en la importancia "de que las personas con necesidades especiales sepan cuáles son sus derechos para hacerlos valer y que más cantidad de gente cuente con la cobertura necesaria".

Subies enumeró algunos de los aspectos de la legislación vigente y acotó que "para acceder a las prestaciones básicas contempladas en la ley, las personas con necesidades especiales deben obtener un certificado de discapacidad".

Ese certificado lo emite el Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Secretaría de Programas Sanitarios, Servicio Nacional de Rehabilitación, que establece los criterios y elabora la normativa de evaluación y certificación de la discapacidad.

Subies puntualizó en materia de cobertura de salud que "es importante saber que las empresas de medicina prepaga o las obras sociales tienen la obligación de brindar la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas".

La abogada explicó que "en todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera".

Respecto a las deficiencias arquitectónicas que presentan las ciudades para personas con discapacidad, precisó que "el sistema de protección integral de los discapacitados establece como prioridad la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos".

Subies agregó que esa norma "obliga a la construcción de una rampa, como el reemplazo de escaleras y escalones para salvar cualquier tipo de desnivel que afecte a una persona con necesidades especiales y que el sitio a donde acceda, sea de fácil acceso".

Respecto a lo derechos laborales sostuvo que "el Estado debe emplear personas con discapacidad dentro de sus entidades".

Destacó que "el gobierno porteño sancionó la ley de Incorporación de personas con necesidades especiales al Sector Público de la ciudad que regula la incorporación, en una proporción no menor al 5 por ciento de su plantel".

Sobre las necesidades educacionales de los discapacitados, afirmó que "debe saberse que el prestador de salud debe cubrir aquellas acciones de enseñanza programadas, de acuerdo con los requerimientos de cada persona desde el momento de la estimulación temprana".

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