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La distribución del ingreso [13/12/2005] La perdida de ingresos por parte de los trabajadores en las tres últimas décadas fue dramática. La torta, es decir todas las riquezas que se producían en el país en 1974, se repartía entre el 48,5 por ciento que le tocaba al conjunto de los trabajadores y el 51,5 por ciento que iba a las manos de los dueños del capital, que por cierto siempre son una minoría en cualquier sociedad. Luego del terror y el saqueo de la dictadura militar, más la hiperinflación y las políticas aplicadas a lo largo de los años ’90, el apogeo del neoliberalismo, la torta siguió creciendo, pero la parte de los trabajadores se desmoronó a sólo un 30,4 por ciento. La peor distribución del ingreso en toda la historia.
¿Cómo y por qué se produjo ese derrumbe? Ello se explica en el estudio especialmente preparado por los compañeros economistas de la FeTIA y que se encuentra en esta entrega. Los gráficos y los números que muestran la declinación de los ingresos de los trabajadores son elocuentes; en realidad constatan científicamente la degradación cotidiana de la vida social experimentada por todos durante esos años. Asimismo, se explica la falsedad de la teoría del derrame, o sea, la repetida sentencia de que hay que crecer para que una vez que la copa rebalse caigan las gotas abajo. Desde mediados de los ’70 el salario real se desploma y nunca puede recuperarse. Además todas las seguridades para el mundo de trabajo van por una pendiente hacia una sociedad cada vez más injusta. ¿Cómo salir? “Los obstáculos existentes son numerosos. No es un dato menor la profunda fractura que afecta al movimiento obrero. La desocupación, la fragmentación del mercado laboral y la emergencia del “sindicalismo empresario” son el reflejo de esa fractura que dificulta la cohesión del campo popular. Si bien la generación de empleo se ha recuperado respecto a la profunda caída introducida por la devaluación en el 2002, la mayor parte de ese crecimiento corresponde al mercado informal, con lo cual los trabajadores no logran salir de la pobreza debido a que obtienen remuneraciones muy bajas. En la actualidad, el salario del sector industrial en empresas que pagan “en blanco” se ubica en torno a los $900. Pero los trabajadores informales del sector obtienen sólo $400, es decir, se trata de un empleo de pobreza, porque dichos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta que cubra sus necesidades básicas. Es una situación relativamente novedosa en la Argentina: ya no basta con estar ocupado para evitar la pobreza. En este marco, es fundamental recuperar el protagonismo de los trabajadores en la lucha por la recuperación salarial como mecanismo que promueva el crecimiento del consumo interno, la generación nuevos puestos de trabajo en el sector formal para incorporar a la amplia masa de desocupados existentes al mercado laboral y, de este modo, estimular el crecimiento de los perimidos ingresos y mejorar la distribución”, indica el estudio, que vale leer en su totalidad y difundir entre los compañeros. La distribución del ingreso: un objetivo innegociable para los trabajadores tras 30 años de retroceso
Durante los últimos 30 años, los trabajadores sufrieron una brutal reducción de sus ingresos. A partir del cambio de un modelo basado en la producción industrial y el mercado interno por otro basado en la valorización financiera y el endeudamiento externo, los asalariados perdieron las posiciones conquistadas en términos de la distribución del ingreso a través de las luchas sociales sostenidas durante muchas décadas. Los trabajadores han escuchado permanentemente durante los últimos 30 años que, para incrementar sus ingresos, primero es necesario “agrandar la torta”. En eso se basa la denominada “teoría del derrame” que ha pretendido ocultar desde lo discursivo esta fenomenal transferencia de ingresos que los trabajadores han perdido en forma sistemática desde la dictadura militar en adelante. Lo que resulta paradójico es que la torta no sólo no se agrandó, sino que además los trabajadores perdieron. La riqueza no se esfumó en el aire sino que se redistribuyó desde los trabajadores hacia los propietarios del capital (Gráfico 1). Gráfico 1 En 1974, la Argentina tenía un producto per cápita de 10.143 dólares . Durante la década del ’90, el producto per cápita alcanzó, en promedio, los 10.085 dólares, un valor casi idéntico al de 1974. Sin embargo, la distribución del ingreso fue completamente diferente. Mientras en 1974 los asalariados participaban con el 48,5% del producto bruto interno, en los ’90, dicha participación se redujo al 30,4%. En otras palabras, la Argentina produjo en los ’90 un volumen similar de bienes y servicios por habitante que en 1974, pero la distribución fue sustancialmente diferente y los trabajadores tuvieron que ceder nada menos que 18 puntos porcentuales que en términos del PBI actual equivalen a 27.000 millones de dólares, o 1.821 dólares por habitante La puja distributiva en perspectiva histórica La distribución funcional del ingreso es el indicador que da cuenta del resultado de la pugna que entablan los sectores del capital y el trabajo por la apropiación de la riqueza generada en el país. El nivel de los salarios y el de la ocupación son entonces los principales determinantes de esa distribución, de modo que un patrón de crecimiento sustentado en el mercado interno y con mayor cohesión en el movimiento obrero constituirá un escenario más favorable para que los trabajadores obtengan una porción más elevada del ingreso nacional. Por el contrario, un modelo que ponga el acento en la producción primaria y en las manufacturas con escaso valor agregado, tenderá a redistribuir ingresos en un sentido contrario. Más aún, en economías abiertas el sector manufacturero se verá permanentemente amenazado por las producciones de países que ofrezcan menores costos salariales, generando un efecto disciplinador sobre los trabajadores argentinos. La actual distribución del ingreso, la más regresiva de la historia, es el resultado de las políticas económicas que se implementaron de la última dictadura militar en adelante. Como se puede apreciar en el Gráfico 2, entre 1950 y 1976 la puja distributiva fue considerable y permanente, pero en ese contexto la participación de los trabajadores siempre se ubicó entre el 37% y el 51% del producto. A partir del derrocamiento de los primeros gobiernos peronistas por el golpe militar de 1955, los sucesivos ajustes impuestos por los gobierno militares llevaron a una considerable caída de la participación de los trabajadores, pero en los años ’60, tanto por la propia lógica de acumulación del modelo de sustitución de importaciones fuertemente asentado en el mercado interno, como por la fuerte movilización social potenciado por la consolidación del sindicalismo combativo y antiburocrático, los trabajadores fueron recuperando una distribución del ingreso más equitativa. Durante la tercera presidencia de Perón se llegó a nuevamente niveles de distribución similares a los de la década del ’50, pero sería la última vez en el siglo XX en que la Argentina se acercara a consolidar esa matriz distributiva. Los cambios introducidos por la última dictadura militar condujeron a modificar drásticamente la distribución del ingreso. En primer lugar, por la represión política tendiente a desarticular la fortaleza que tenía el movimiento obrero y que llevó a la desaparición de 30.000 compañeros. En segundo lugar, porque la nueva política económica de apertura comercial y financiera cambió el eje del patrón de crecimiento, debilitando la posición de fuerza de los trabajadores. En los años ’90, la nueva oleada de política neoliberales introdujo el desempleo como variable de ajuste a la baja de los salarios y elemento de profundización de la fractura en los sectores del trabajo. Si bien, el factor estructural fundamental en la generación del desempleo es la desindustrialización, su notable incremento durante la vigencia de la Convertibilidad se facilita e incentiva a partir de la denominada “desregulación del mercado de trabajo” que impulsan los organismos financieros internacionales y la fracción dominante local. La misma forma parte del vasto proceso de destrucción de las funciones básicas y estratégicas del Estado que se implementa durante estos años, pero es en este campo donde esa política alcanza su mayor profundidad por la organicidad que detenta para la consolidación del proyecto dominante. De allí que R. Cortés y A. Marshall (1999) señalen que: “a partir de 1991 se diseñaron proyectos para cada área social, pero la transformación avanzó más en aquéllas (laboral y de seguridad social) definidas como indispensables para el éxito de la estrategia económica y rentables para el sector privado, aún cuando fue precisamente en estas mismas áreas que la capacidad de negociación de quienes se oponían a la reconversión era mayor” (pág. 209). Gráfico 2 FUENTE: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a datos de BCRA, Altimir y Becaria (1999) y Lindemboin, Graña y Kennedy (2005) Desde este punto de vista, durante la vigencia del régimen de Convertibilidad se despliega una política sistemática, pero con idas y vueltas en función de los diferentes conflictos sociales resultantes, orientada a remover la normativa que modelaban el mercado de trabajo. Es así como a lo largo de esta década se replantean, mediante decretos del Poder Ejecutivo, las normas sobre la determinación salarial (se elimina la indexación salarial, se descentraliza la negociación colectiva y se vinculan las variaciones salariales a la evolución de la productividad); se limita el derecho de huelga; se altera el régimen de vacaciones; se privatiza el sistema de prevención de accidentes de trabajo; se ponen en vigencia diversas formas de contratos temporarios que disminuyen el costo para los empresarios (los denominados “contratos basura”); se reducen los aportes patronales a la seguridad social y las asignaciones familiares; se redujeron las indemnizaciones por despido; etcétera. Todas estas políticas consolidan una notable precariedad en el mercado de trabajo y un salto cualitativo en las condiciones de explotación de la mano de obra que es generalizado pero reconoce como epicentro a las grandes empresas oligopólicas, sustento de los sectores dominantes en la Argentina. Como señalan J. Santarcangelo y M. Schorr (2000): “en definitiva, una creciente precarización laboral y una cada vez más desigual y regresiva distribución del ingreso constituyen dos de los rasgos centrales que caracterizaron al desempeño de las empresas más grandes que actuaron en el medio local durante la década pasada” (pág. 90). El rumbo adoptado por el sindicalismo parece haber sido definitorio en la transformación del mercado de trabajo y el consecuente avance del capital sobre el trabajo. No se trata, únicamente, de un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias y relaciones de fuerzas imperantes durante la salida de la crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, sino en la inscripción plena de la estructura sindical como una pieza clave del transformismo argentino, que trae aparejada una modificación substancial de su funcionamiento tradicional, aún de aquella variante burocrática y negociadora que es duramente criticada por J. W. Cooke durante las décadas precedentes. De allí que durante la década de los años ‘90 surgiera una nueva central sindical combativa y alternativa a la CGT: la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) . La CTA es una expresión sindical y social de los sectores populares que se comienza a gestar en noviembre de 1991 durante el denominado “Encuentro de Burzaco”, para organizarse como tal, en noviembre de 1992, durante el primer Congreso Nacional de los Trabajadores Argentinos. Esta experiencia está enraizada con la tradición combativa y popular del sindicalismo argentino -como la “CGT de los Argentinos” y el programa de “Huerta Grande”-, y se sustenta en la participación popular, la autonomía del Estado y los partidos políticos. Se trata del intento más profundo por reconstituir la fragmentación de los trabajadores plasmando un movimiento social donde converjan no sólo a los trabajadores ocupados sino también los desocupados, jubilados, etcétera. La primera expresión general de la integración del sindicalismo al poder establecido consiste en asumir y difundir entre los trabajadores que, ante las nuevas circunstancias, la defensa del salario no es más la principal reivindicación de los trabajadores sino que ahora esta es reemplazada por la mera defensa de los puestos trabajos, dado el sistemático incremento de la desocupación desde el inicio mismo de la Convertibilidad. Esta concesión es seguida por otra, que consiste en adoptar en los hechos la visión de los sectores dominantes acerca de los factores que impulsan el desempleo, asumiendo que se origina en la “rigidez” del mercado de trabajo (altos salarios, aportes patronales elevados, alta indemnización por despidos, etcétera), lo cual indica que la denominada “flexibilización” laboral es el camino aconsejable para solucionarla. Si bien, ambas líneas de acción podrían interpretarse como un error en la estrategia sindical de esos años, las dudas se disipan cuando se percibe que, al mismo tiempo, la estructura sindical se consolida mediante la participación en las nuevas actividades económicas que surgen de la desestructuración estatal que da lugar al predominio del denominado “sindicalismo empresario”. No se trata, solamente, del fortalecimiento desigual de las obras sociales como fuente de financiamiento sino la inserción del sindicalismo en la administración de fondos de pensión (AFJP), la administración de la participación accionaria de los trabajadores de las empresas privatizadas e, incluso, de la adquisición y/o participación en los servicios públicos privatizados. De esta manera, la integración (cooptación) de las conducciones sindicales por parte del bipartidismo hace que el sindicalismo deje de defender los intereses de los trabajadores y se integre al bloque de poder pero reteniendo el control de la estructura sindical, haciendo posible la reformulación del mercado de trabajo y sometiendo a los trabajadores a condiciones de explotación desconocidas, al menos desde los primeros gobiernos peronistas en adelante. La política económica de la dictadura militar, caracterizada por la apertura comercial y financiera y la emergencia de un nuevo polo de poder económico, alteraron profundamente las bases de la distribución del ingreso vigente hasta la fecha introduciendo un régimen de disciplinamiento social que condujo a una profunda regresividad de la misma. En muy poco tiempo, la participación de los trabajadores cayó al 30% del producto y tras el “experimento” de Martínez de Hoz y de endeudamiento externo, la regresividad distributiva llegó a un piso histórico: 22,6% del PBI en 1982. Lo ocurrido en los ’90 es una historia trágica y conocida: tras una recuperación inicial como resultado de la reactivación económica tras la crisis hiperinflacionaria, se produjo una persistente caída en la participación de los trabajadores en el producto que se agudiza aún más tras la devaluación que da por terminada la Convertibilidad. Los frutos del crecimiento económico que se produjo hasta el año 1998 (con excepción de la crisis de 1995) estuvieron lejos de “derramarse” hacia los trabajadores, los cuales perdieron una parte considerable en la distribución del ingreso. La reducción del salario real como uno de los factores centrales del deterioro en la participación del ingreso de los trabajadores Sin dudas, uno de los aspectos cruciales que explican el continuo deterioro de la equidad distributiva (así como también los períodos de mejora) es la evolución de los salarios reales. El gráfico 3 permite apreciar su evolución en el largo plazo, pudiéndose constatar como desde la década del ’40 hasta mediados de los años ’70, los salarios reales experimentan una tendencia ascendente. En esa evolución hay alzas y retrocesos propios de la puja distributiva, pero la tendencia global es al crecimiento y el salario promedio de cada década es superior al de la precedente. Esta situación se revierte a mediados de los años ’70, cuando la dictadura militar provoca una inédita reducción del salario real que será irreversible porque le sigue una fase descendente. El salario de los años ’80 cae el nivel del promedio de los ’60. Posteriormente, el salario de los años ’90, cae por debajo del nivel del promedio de los años ’50. Finalmente, el salario en los 2000, se reduce al nivel promedio de los años ’40. A la escalera ascendente de los 35 años comprendidos entre 1940 y 1975 le sigue una escalera descendente de casi 30 años de persistente deterioro. Gráfico 3
FUENTE: Esquivel y Maurizio (2005) Cabe señalar que la estabilización del nivel de salario real durante la convertibilidad fue acompañada por la irrupción de una desocupación inédita hasta ese momento. La conjunción de esos dos procesos (salario real y desocupación) dan lugar, como se analizó anteriormente, a un nuevo deterioro en la participación de los asalariados en el ingreso. El deterioro de la participación de los trabajadores en el ingreso a través del análisis de la distribución personal del ingreso Una forma alternativa de analizar la distribución del ingreso es la denominada distribución personal del ingreso consiste en comparar los ingresos individuales o familiares de los distintos estratos poblacionales de acuerdo a sus niveles de ingreso. El coeficiente de Gini es una medida de las inequidad presente en esta forma de medir la distribución del ingreso, variando entre 0 y 1. Cuando su valor es más bajo, menor es la inequidad y, por el contrario, cuanto más se aproxime a 1, la distribución del ingreso reflejará mayor inequidad. Como se puede apreciar en el Gráfico 4, a partir de mediados de los años ’70 el aumento de la desigualdad fue persistente, llegándose a la mayor inequidad hacia fines de 2001 y con la crisis desatada en 2002. La mejora en la distribución del ingreso comenzó en 2003 pero se estancó en 2004, año en el que se regresó al nivel del año 2000. Cabe asimismo destacar, que, históricamente, la Argentina tuvo una distribución del ingreso más equitativa que otros países de América Latina, pero los cambios señalados llevaron a que este diferencial dejase de existir. En 1974, la Argentina mostraba una distribución del ingreso mucho más equitativa y los trabajadores tenían participaciones en el producto que superaban ampliamente a la de países como Brasil, Chile, México, Colombia y Bolivia, entre otros, y sólo resultaba comparable con la de Uruguay y Costa Rica, si bien estos dos países estaban por debajo de la Argentina. En 1998, la Argentina mostraba una sustancial caída en la equidad distributiva que la acercaba a otros países que, incluso, habían logrado mejorar sus niveles de equidad. Gráfico 4
FUENTE: Esquivel y Maurizio (2005) NOTA: a partir del año 2003, el INDEC comenzó a publicar las estadísticas socio-laborales resultantes de la Encuesta Permanente de Hogares en forma trimestral. Si bien la metodología de estimación es similar, existen algunas diferencias que hacen imposible empalmar la serie histórica con la nueva, razón por la cual se presenta la discontinuidad que se observa en este gráfico Cuadro 1 FUENTE: CEPAL (2005)
Obstáculos y caminos para revertir la inequidad distributiva Esta matriz distributiva se encuentra estrechamente relacionada con las características y el funcionamiento estructural de la economía que rigen en la Argentina, más allá de sus matices, desde 1976. Proponer cambios en la distribución del ingreso implica necesariamente redefinir las bases de ese patrón de acumulación de capital, de manera tal de vincularla más a la valorización productiva con fuerte anclaje en el mercado interno y el consumo de los sectores populares y abandonar el régimen de valorización financiera. En este marco, es fundamental recuperar el protagonismo de los trabajadores en la lucha por la recuperación salarial como mecanismo que promueva el crecimiento del consumo interno, la generación nuevos puestos de trabajo en el sector formal para incorporar a la amplia masa de desocupados existentes al mercado laboral y, de este modo, estimular el crecimiento de los perimidos ingresos y mejorar la distribución. Los obstáculos existentes son numerosos. No es un dato menor la profunda fractura que afecta al movimiento obrero. La desocupación, la fragmentación del mercado laboral y la emergencia del “sindicalismo empresario” son el reflejo de esa fractura que dificulta la cohesión del campo popular. Como se puede observar en el Gráfico 5, la brecha entre trabajadores en blanco del sector privado y los no registrado y empleados públicos se ha ampliado en la post-convertibilidad. Sólo los trabajadores registrados del sector privado lograron -a comienzos de este año- recuperar los niveles de salario real de fines de 2001, mientras que el resto de los trabajadores continúa subsistiendo con salarios reales que son hasta un 28% más bajos que los de fines de 2001. De los desocupados que había en 2003, el 44,4% consiguió ocuparse en 2004. Pero de ese porcentaje, sólo 6,9% consiguió un empleo en blanco en el sector privado. La mitad (22,4%) obtuvo trabajo en el sector privado pero “en negro” mientras que el 3,4% obtuvo un empleo público y el 11,7% obtuvo empleos temporarios no asalariados. Se trata entonces de un marco de creciente precariedad laboral que, lejos de solucionar la gravedad del problema, contribuye a cristalizar un estado de fragmentación en el mercado laboral y el campo popular. El resto de las personas que estaban desocupadas en 2003 pasó a la inactividad (26,6%), permaneció desocupado (27,3%) u obtuvo un plan de empleo (1,8%). Gráfico 5 Esta situación indica que no alcanza con la recuperación económica para mejorar la situación de los trabajadores. Antes bien, es necesario complementar el crecimiento económico con estrategias tendientes a mejorar los ingresos de los trabajadores y favorecer la creación de más puestos de trabajo en el mercado formal. El sector empresario ha sostenido que no puede otorgar aumentos salariales si no vienen acompañados de incrementos de productividad. Sin embargo, tal como se demostró en las anteriores ediciones de Engranajes, el sector empresario se niega a reconocer los anteriores aumentos de productividad que no fueron trasladados a salarios. Más aún, en ellos se mostró también que el escenario post-convertibilidad favoreció una extraordinaria recomposición de la rentabilidad en el sector industrial, de modo que es posible otorgar aumentos salariales sin que ello se traduzca en inflación sino tan sólo en una reducción de los hoy extraordinarios niveles de rentabilidad empresarial. La mejora en los salarios en el sector formal y la formalización de los trabajadores informales deben ser la punta de lanza de una estrategia de mejora en la distribución del ingreso. Estos son los elementos que juntan las puntas entre los tres sectores: los trabajadores formales, los precarizados y los desocupados. Bibliografía citada • Altimir, Oscar y Luis Beccaria (1999): “Distribución del ingreso en la Argentina”, CEPAL, Serie Reformas Económicas Nro. 40, Santiago de Chile. • CEPAL (2004): “Desarrollo productivo en economías abiertas”, Santiago de Chile. • CEPAL (2005): “Panorama social de América Latina”, Santiago de Chile. • Cortés, Rosalía y Adriana Marshall (1999): “La reforma social de los noventa”, Desarrollo Económico, Nro. 154, Buenos Aires. • Esquivel, Valeria y Roxana Maurizio (2005): “La desigualdad de los ingresos y otras inequidades en Argentina Post-Convertibilidad”, Observatorio Argentina, Economics Working Group, Serie Policy Papers, New School University. • Lindemboin, Javier; Juan Graña y Damián Kennedy (2005): “Distribución funcional del ingreso en Argentina. Ayer y hoy”, CEPED, Documento de Trabajo Nro. 4, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. • Santarcangelo, Juan y Martín Schorr (2000): “Desempleo y precariedad laboral en la Argentina durante la década de los noventa”, Estudios del Trabajo Nro. 20, ASET. También en Documentos Ingreso Ciudadano para la niñez Las tareas para la construcción de un sindicalismo democrático y participativo Video - Situacion actual de la crisis economica mundial El trabajador afiliado a un sindicato con simple inscripción puede postularse a Delegado Gremial El golpe de Estado de 1976 que instauró la dictadura militar constituyó la mayor tragedia de la historia argentina. Toda la vida social, política, económica y cultural fue profundamente modificada. Sin embargo, la diferencia con todos los golpes militares anteriores reside en la aplicación de un terrorismo de Estado sistemático, inédito y salvaje. Tal como ocurrió con todas las dictaduras de nuestra historia, en 1976 se arrasó con las instituciones y se cercenaron los derechos y garantías constitucionales. El golpe de 1976 fue mucho más allá: se propuso aniquilar la organización de los trabajadores, los cuerpos de delegados, las comisiones internas, los delegados de sección; todo intento de autonomía y democracia en el seno de la producción. Asimismo, planificó y ejecutó la liquidación de las leyes laborales que los trabajadores habían conquistado y defendido a lo largo de décadas, con un nivel de organización y combatividad de los mayores en América Latina. Complicidad patronal-militar en la última dictadura militar Desarrollar la Industria Nacional y recuperar los Recursos Energéticos La conjunción de políticas desarrolladas en el marco del modelo neoliberal tuvo como resultado directo la desestructuración total del aparato productivo nacional y la extranjerización de la mayor parte del capital restante. La apuesta estratégica de los sectores hegemónicos por la apertura indiscriminada de los mercados derivó en la desaparición de gran parte de la pequeña y mediana industria, la deslocalización de algunas grandes empresas, y la absorción y concentración en grandes grupos económicos de otras. Al mismo tiempo y como parte de la misma lógica, se produjo una transferencia de gran parte del capital productivo a capital financiero. Acompañando este proceso, se destruyeron la mayor parte de las protecciones legales al trabajo, se generó un contexto de desocupación masiva y se sumió a gran parte de la población en la pobreza y la indigencia. Características de la desindustrialización en la Argentina durante las últimas décadas |
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