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Por Alberto Montero Soler* Vista la intensidad de la respuesta diplomática del gobierno español ante el boliviano tras cada uno de los contenciosos que la empresa transnacional Repsol-YPF viene manteniendo con la justicia de aquel país, a uno rápidamente le asalta una duda básica: ¿es Repsol-YPF una empresa española?. Y es que si el gobierno español está convirtiendo reiteradamente la defensa de los intereses de Repsol-YPF en Bolivia en una cuestión de estado es porque asume, en principio, dos postulados básicos.
Y, en segundo lugar, el gobierno español encontraría una mejor justificación para su defensa de los intereses de Repsol-YPF si esta compañía transnacional fuera de capital mayoritariamente español. En ese caso, y asumido el primer postulado, el gobierno podría al menos alegar a su favor que está defendiendo los intereses de una compañía española en el mundo, por muy cuestionable moralmente que esto pudiera resultar dadas las implicaciones del primer postulado. Pues bien, con lo que uno no puede dejar de sorprenderse es que un gobierno que, reitero, se califica a sí mismo de progresista no sólo asuma como propio el primer postulado -lo que ya en sí mismo es una profunda inconsistencia-, sino que lo haga incluso tras haber constatado cuál es el accionariado de la referida empresa transnacional. Porque lo primero que alguien tendría que haberle comunicado al presidente del gobierno español es que Repsol-YPF es una empresa de capital mayoritariamente extranjero y que, por lo tanto, cuando estaba enviando sucesivamente a Bolivia a su ministro de Asuntos Exteriores, al secretario de Estado de dicho Ministerio o a la propia Vicepresidenta Primera lo estaba haciendo en defensa de los intereses de unos accionistas que ni siquiera iban a poder votarle y que, en en su mayoría, tampoco pagan sus impuestos en España. ¿De quién es Repsol-YPF? Así, según la información proporcionada por la propia compañía, la composición de su accionariado a junio de 2006 era la siguiente. Por un lado, hay que destacar el grupo de inversores estables que tienen un volumen de participaciones significativas en el capital social de la empresa, es decir, más de un 4% del total de las acciones. Ese grupo de inversores estables está integrado, en primer lugar, por el grupo financiero La Caixa que posee un 9,1% del capital social de la empresa. Le sigue Repinves, una sociedad de gestión de cartera de valores mobiliarios del sector energético, de telecomunicaciones y de infraestructura viaria, que es participada, a su vez, por La Caixa y que posee el 5,02% del capital de Repsol-YPF. Junto a los dos anteriores se encuentra Pemex Repcon Lux, una empresa filial con sede en Luxemburgo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), el grupo estatal petrolero de ese país, que posee el 4,8% de Repsol-YPF. Al margen de ese grupo de inversores estables, la mayor parte del capital social de Repsol-YPF (un 81,07%) está sometido a libre cotización en los mercados de valores -cotiza en los de Madrid, Nueva York y Buenos Aires- y es aquí donde nos encontramos con algunos datos que no estaría de más que el gobierno español tomara en cuenta a la hora de decidir su política exterior en este tema. Así, por un lado, hay que destacar que, de ese 81%, tan sólo el 29,87% se supone que es de titularidad española. De ese porcentaje, el 14,36% se encontraría en posesión de los inversores minoristas, es decir, de pequeños inversores nacionales; mientras que el 15,5% restante estaría en manos de inversores institucionales. Estos últimos son empresas dedicadas a la compra y venta de activos financieros con fines especulativos y que, como puede suponerse, su único objetivo es obtener la máxima rentabilidad de sus inversiones con independencia de cuáles sean los métodos que las empresas en las que invierten utilicen para lograr los máximos beneficios. Y, por otro lado, el 51,2% del capital social de Repsol es propiedad de inversores extranjeros. La titularidad de ese capital se divide en un 17,33% que es propiedad de inversores estadounidenses, entre los que destacan las participaciones de tres grandes corporaciones financieras (Chase Nominee Ltd., Capital Group International Inc. y State Street Bank and Trust) que, en su conjunto, según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la compañía para el año 2005, llegaron a poseer ese año un poco más del 21% del capital social de Repsol-YPF. Y el 33,88% del capital restante estaría en manos de titulares del resto del mundo sin identificar. Las conclusiones de Perogrullo En primer lugar, y sólo teniendo en cuenta el capital de libre flotación de la empresa, ya nos encontramos con que más del 50% del mismo está en manos de inversores extranjeros. O lo que es igual, que a pesar de que su casa matriz esté ubicada en España, la empresa es de capital mayoritariamente extranjero. En segundo lugar, hay que destacar la presencia de capital estadounidense en la compañía a través de las participaciones de las tres grandes corporaciones financieras citadas. De hecho, una de ellas, el Chase Nominee Ltd., poseía en 2005 una participación del 10,175% del capital social de Repsol-YPF, mayor, por ejemplo, que la participación directa de La Caixa. Y, sin embargo, ¿sabe alguien que el gobierno de Estados Unidos se haya inmiscuido concretamente en el problema de Repsol-YPF en Bolivia? Aunque, bien pensado, dado que su injerencia en el país ha sido constante y generalizada a todos los ámbitos de la política y de la economía del país -y, en este sentido, no debe olvidarse que la Embajada de Estados Unidos en Bolivia es la segunda de América Latina, tras la de Colombia, en número de funcionarios estadounidenses-, tampoco necesitaban centrarse específicamente en los problemas de dicha empresa para continuar con su presión global. En tercer lugar, si a al 51,2% del capital social en manos de titulares extranjeros le sumamos la participación estable de Pemex Repcon Lux, que era del 4,8%, tenemos ya que el 55% del capital de la empresa está fuera de control nacional. La participación de esta última empresa en Repsol-YPF no deja de ser paradójica si se considera que, mientras México, a través de su empresa estatal del sector de hidrocarburos, tiene intereses directos en Repsol-YPF, el Estado español carece de participación directa en la misma. Con lo cual, ¿no tendría más sentido que quienes mandaran a las mayores instancias de su cuerpo diplomático a defender los intereses de Repsol-YPF en Bolivia fueran los mexicanos? Ellos sí que participan de forma directa en esa empresa, mientras que el Estado español no. Y, por otro lado, también resulta cuando menos singular que la participación de PEMEX en Repsol-YPF se haya vehiculizado a través de una empresa filial localizada en Luxemburgo, es decir, en un paraíso fiscal cuando existe una filial de la misma con sede España, Pemex Internacional España, que, sorprendentemente, sólo posee una acción de Repsol-YPF. ¿Dónde paga Pemex Repcon Lux los impuestos derivados de las ganancias que le reporten las acciones de Repsol-YPF? ¿En Luxemburgo o en España?. Y, en cuarto lugar, sólo queda señalar que, en el mejor de los casos, el capital español o de ascendente presuntamente español en Repsol-YPF es de apenas el 44% del total. Un porcentaje en el que, por ejemplo, algo más del 15% se encuentra en manos de inversores institucionales dedicados a la especulación con sus títulos. ¿Son los intereses de estos últimos los que dice proteger el gobierno español en sus misiones diplomáticas a Bolivia? ¿O son los intereses del grupo financiero La Caixa? Porque de lo que sí tengo serias dudas es de que sean los de los tenedores minoristas españoles, pequeños ahorradores que cuentan con poco más del 14% del capital de la empresa, de forma muy desperdigada y sin capacidad de presión sobre el gobierno. La conclusión final de lo hasta aquí expuesto es más que evidente: ni Repsol-YPF es una empresa mayoritariamente española ni sus intereses en Bolivia son coincidentes y/o convergentes con los que deberían ser los del gobierno español. Ya va siendo hora de que alguien se dé cuenta de que cuando se privatiza una empresa, todo lo relacionado con ella deja de ser un asunto público y se convierte en un asunto de índole exclusivamente privada, como lo son sus beneficios cuando llega la hora de repartirlos. Es más, este gobierno debería ser consciente de que el Estado no puede convertirse en un vehículo de presión sobre otros gobiernos o sobre la justicia de otros Estados. O, lo que es más grave, dado que la diplomacia española representa a este país y a sus ciudadanos ante el mundo, flaco favor les hace cuando, sumisa y servil, acude a la llamada de Repsol-YPF para que presione en su favor sobre quienes, durante décadas, han vivido oprimidos y ahora, tímidamente, sólo reclaman lo que les pertenece. Negárselo es vergonzoso e inmoral y, por favor, que no lo hagan en nuestro nombre. *Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. También en DELITOS DE REPSOL Otra denuncia pone en jaque a YPF por la contaminación en La Ribera de Quilmes (FeTERA SEMANAL N° 531 03.11.09). No hay cura para el mal que aqueja a los vecinos de la Ribera de Quilmes. En las últimas horas, el veneno salido de un oleoducto volvió a inundar calles y viviendas con el olor pestilente del petróleo. Vivir en la zona es una trampa mortal. Los derrames de hidrocarburos generados por la petrolera YPF, siguen afectando a cientos de habitantes del lugar, donde familias enteras sufren los vicios de una contaminación sin pausa. Suplementos FeTERA (FeTERA SEMANAL N° 529 21.10.09). "El miércoles 7 de octubre de 2009, aparece en el diario Clarín con el título: “España: el PP, más complicado en un caso de corrupción”, una nota que da cuenta de la trama de sobornos, financiación ilegal y evasión fiscal que involucra a funcionarios de la derecha española y que investiga desde febrero pasado el juez de la Audiencia Nacional de España, con sede en Madrid, Baltasar Garzón. En la misma se señala que, hasta esa fecha, se encuentran imputados unos 70 miembros del Partido Popular madrileño y que, asimismo, se comienza a investigar una trama que podía tener vinculaciones en las regionales del PP pertenecientes a Galicia y Castilla- León." Suplementos FeTERA Kirchner quiere que empresarios amigos compren otra parte de la petrolera YPF (FeTERA SEMANAL n| 497 03.03.09). No es casual la mención al rey de España, un hombre que mantiene los mejores contactos en la Argentina y que estuvo a fines del año pasado haciendo averiguaciones entre algunos dirigentes políticos del peronismo que no tienen buena sintonía con los Kirchner para saber qué había de cierto en esas versiones que hablaban de la posibilidad de una compra no precisamente amigable por parte de empresarios cercanos al matrimonio K. Suplementos FeTERA REPSOL-YPF: "Sponsor Oficial de los enfermos y muertos en la Ribera de Quilmes" (FeTERA SEMANAL N° 497 02.03.09). Vecinos de La Ribera del Río de Quilmes acompañados por FeTERA-CTA marcharon y protestaron dentro de la Municipalidad de Quilmes para exigir la provisión de agua potable, la remedición de la contaminación producida por YPF-REPSOL y el cumplimiento estricta de la Emergencia Ambiental establecida en el distrito. Las actividades de REPSOL en distintos países latinoamericanos. Desde el inicio de exploraciones sísmicas, hasta la compra de empresas. DENUNCIAN QUE REPSOL VIOLA LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS EN EL AMAZONAS PERUANO Según un informe de la ONG Oxfam, la multinacional española no negocia y en muchos casos no informa a las poblaciones nativas de dónde extrae petróleo y gas. Por ley, cada tribu debe dar consentimiento antes de que una empresa se instale en su territorio. El desarrollo que se está produciendo en el derecho internacional de los derechos humanos en relación al establecimiento de responsabilidades de actores no gubernamentales, especialmente de las empresas trasnacionales, hace que podamos determinar cierto grado de responsabilidad de la empresa Repsol YPF por las vulneraciones de los pactos internacionales de derechos humanos que se están produciendo en las zonas donde la empresa opera. Especial responsabilidad tienen las empresas trasnacionales que trabajan en América, dada la obligación que tienen de respetar los derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales aplicables en estos países, tal y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 36 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. .LAS CLAVES DE LA VENTA DE REPSOL La compra del 9,2 por ciento de Repsol-YPF por parte de la constructora Sacyr-Vallehermoso, anunciada el lunes pasado, es el último episodio de una saga que tendrá profundas consecuencias para la mayoría de los países latinoamericanos en los que operan capitales de origen español vinculados al mercado energético. TRANSNACIONALES ESPAÑOLAS EN BOLIVIA La llegada de las empresas transnacionales españolas a Bolivia a partir de la década de los noventa se orientó, esencialmente, hacia los sectores estratégicos de su economía y la compra, total o parcial, de las empresas públicas que operaban en los mismos. Unos sectores en los que la capacidad instalada era suficiente como para no requerir de unos excesivos niveles de inversión de cara a la continuidad de la provisión del bien o servicio público en cuestión y que, al eliminarse la regulación sobre los precios públicos, ofrecían perspectivas de obtención de una elevada rentabilidad. Pero, además, esa inversión también se orientó hacia otro tipo de sector estratégico: el de la producción/extracción de las abundantes materias primas que posee Bolivia, especialmente hidrocarburos. LA JUSTICIA BOLIVIANA, LOS DELITOS DE REPSOL Y LOS INTERESES "ESPAÑOLES" Bolivia no es un país pobre pero es el país más empobrecido de América Latina. La empresa multinacional Repsol-YPF es una petrolera que gana millones de dólares a costa de retribuir lo menos posible a sus trabajadores y a los dueños de los recursos que explota, por ejemplo, en Bolivia. |
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